Sentencia AP-33-22 — Registro 16963
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que declaró Con Lugar el recurso de apelación contra la interlocutoria del a-quo, que había declarado sobreseimiento definitivo por uno de dos tipos penales que se prosigue; en relación a la causa instruida por suponerlos responsables del delito de inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente, siendo el ofendido la administración pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, la recurrente expone que la resolución de la Alzada se motiva en conductas penales cuya acción delictiva fueron derogadas en el nuevo Código Penal, argumentos que no son de recibo, en atención a que si bien el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal..." …" Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación..." …" Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, la recurrente expone que la resolución de la Alzada se motiva en conductas penales cuya acción delictiva fueron derogadas en el nuevo Código Penal, argumentos que no son de recibo, en atención a que si bien el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal..." …" Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación..." …" Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Ana Luisa Alvarado Mejía, a favor del señor Miguel Arcángel Rosales Izcano, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, que declara con lugar la Excepción de Falta de Acción promovida por la defensa, en consecuencia dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado; en relación a la causa instruida contra los señores Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales Izcano, por suponerlos responsables del delito de Inutilización de Registros Destinados a Servir como Medio de Prueba ante Autoridad Competente, en perjuicio de la Administración Pública. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado en perjuicio de su representado, la dignidad humana, debido proceso, principio de legalidad, principio de retroactividad de la ley penal cuando la misma favorece el delincuente o procesado y el derecho de defensa, contenidos en artículos 59, 82, 90, 96 y 221 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Carmen Leticia Turcios Barrios, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales Izcano, por suponerlos responsables del delito de Inutilización de Registros Destinados a Servir como Medio de Prueba ante Autoridad Competente, en perjuicio de la Administración Pública. (Folios del 1-6 del tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo)2) Que en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la Abogada Ana Luisa Alvarado Mejía, en su condición de Apoderada Defensora del señor Miguel Arcángel Rosales Izcano, solicitando la aplicación del principio constitucional de retroactividad de la ley penal vigente, por ser favorable a los intereses de su representado, peticionando se decrete Sobreseimiento Definitivo en virtud que el hecho no está tipificado como delito en virtud de haberse derogado el Decreto Número 144-83 contentivo del Código Penal de 1984, el cual regulaba en su artículo 358-A la conducta atribuida a su representado, derogación que se efectúo mediante el Decreto número 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 y publicado en el Diario oficial La Gaceta en fecha 10 de mayo de 2019, contentivo del nuevo Código Penal vigente en su artículo 634. (Folios del 608-612 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, conociendo del incidente promovido por la Defensa del señor Miguel Arcángel Rosales Izcano, en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual fallo: (Sic) “PRIMERO: Declarar con lugar la Excepción de FALTA DE ACCION, solicitada por la defensa, por ende: Dicta a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, de generales conocidas en la presente causa SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, por suponerlo responsable del delito INUTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. SEGUNDO: Dicta a favor del señor JUAN CARLOS CRUZ, de generales conocidas en la presente causa SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, por suponerlo responsable del delito INUTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, por efecto extensivo en el estado procesal. TERCERO: Se instruye al señor secretario que una vez firme la sentencia de mérito, extienda la correspondiente carta de libertad por el delito antes indicado, a favor de los señores MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO y JUAN CARLOS CRUZ. CUARTO: Se ordena continuar el presente proceso por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA, por ende, se mantienen la medida cautelar impuesta durante la sustanciación del presente juicio a los imputados de autos. Que se notifique el presente sobreseimiento a las partes…” (Folios del 636-638 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo)4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Carmen Leticia Turcios Barrios, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la sentencia interlocutoria referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado EL Ministerio Publico contra EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por la excepción de retroactividad de la ley penal, de fecha siete de junio del dos mil veintiuno, en la causa seguida contra el imputado JUAN CARLOS CRUZ Y MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, por el delito de INUTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE LA AUTIRIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LA ADMINISRACION PUBLICA.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA.- EN CONSECUENCIA: Que el tribunal siga con el curso del proceso, y respecto a la retroactividad, una vez planteada, se determine conforme al artículo 616 del código Penal de decreto 130-2017 respecto a la pena señalada en la norma vigente para los hechos…” (Folios 8-19fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem)5) Que la recurrente, Abogada Ana Luisa Alvarado Mejía, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha seis de enero del año dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Miguel Arcángel Rosales Izcano, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, lesiona gravemente garantías constitucionales como ser el debido proceso, la legalidad de actuaciones y el derecho a la defensa, provocándose con este tipo de resoluciones la inseguridad jurídica contemplada en nuestra Constitución de la República de Honduras, ya que toda persona tiene derecho a obtener una resolución justa y apegada a derecho por parte de los órganos jurisdiccionales, asimismo que se respeten las garantías que la Constitución otorga. (Folios del 1-6 de los autos)6) Que en fecha veinticinco de julio del año dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, la acción de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 31 de los autos)CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, compareció en fecha seis de enero del año dos mil veintidós, ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), vulnera en perjuicio de su representado, la dignidad humana, debido proceso, principio de legalidad, principio de retroactividad de la ley penal cuando la misma favorece el delincuente o procesado y el derecho de defensa, contenidos en artículos 59, 82, 90, 96 y 221 de la Constitución de la República, provocando con este tipo de resoluciones la inseguridad jurídica contemplada en nuestra Constitución de la Republica de Honduras. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos de vulneración a las garantías y derechos constitucionales como ser debido proceso, principio de legalidad de actuaciones y principio de retroactividad de la ley penal cuando la misma favorece al delincuente o procesado, la recurrente sostiene que la presente acción de Amparo va argumentada y fundamentada en que el sentenciador ha irrespetado los derechos, garantías y formalidades establecidas en la Constitución, los Pactos Internacionales y Ley Procesal Penal, en consecuencia es necesario exponer que al momento de la infracción imputada a su patrocinado se encontraba vigente el artículo 358-A del Código penal (Decreto número 144-83) y la Corte en mención en su fallo del 12 de noviembre del 2021, indica que el mismo es incluyente dentro de la conducta del articulo 513 numeral 2 del Código Penal Decreto 130-2017, delito que se tipifica como Encubrimiento, negándosele así a su representado un derecho constitucional o bien que integre el bloque constitucional de carácter procesal penal, es decir, su situación se ha agravado con la interposición errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional como es el de la retroactividad de la ley penal. CONSIDERANDO (4): Continúa exponiendo la recurrente en Amparo que la Corte de Apelaciones de Comayagua conceptualiza el principio de identidad como aquel que normalmente se aplica a un hecho, la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, sin embargo, el Principio de Identidad y la Retroactividad de la Ley penal mas favorable van relacionadas entre sí, en cuanto a la exigencia que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre previstas en la ley; es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos, es decir, se trata de un pilar fundamental en el derecho penal (también principio básico del derecho en general) y procesal penal, consagrado -tal y como lo indica la Corte de Apelaciones- en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo -sostiene la recurrente- en un fallo inédito, la Corte de Apelaciones de Comayagua, le da un sentido contrario a esta garantía del Derecho Penal e indica que se encausa en un delito que evidentemente es más grave el cual se le imputa a su representado. Dice el artículo 513 numeral 2 relacionado este con el delito de Asesinato. La recurrente afirma que el delito tipificado en el artículo 358-A del Código Penal Decreto 144-83, no era más que un delito de infidelidad en cuanto a la custodia de documentos, es decir, tratar de proteger el (los) documento (s) frente a agresiones materiales con distintas dinámicas comisivas, la sustracción destrucción, inutilización u ocultación, total o parcial del documento objeto de custodia por el funcionario, sujeto activo del delito y que en la modalidad de “ocultación” han de incluirse los supuestos de paralización del trámite obligado, no entregar o incluso dilatar indefinida y sensiblemente la presencia del documento, haya sido ocultado impidiendo que surta los efectos que resulten del mismo documento. CONSIDERANDO (5): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en relación a declarar sin lugar la excepción por falta de acción, promovida por la defensa, en el ordinal cuarto de la motivación de la referida resolución al argumentar: (Sic) “… El planteamiento del caso, se nos presenta como la aplicación del principio penal de la retroactividad de la ley, en los términos el desaparecimiento de las conductas típicas en la nueva ley, el delito de Sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público u objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente., regulado en el artículo 358-A del Código Penal de decreto 144-84, “conducta que en el criterio del tribunal recurrido ha desparecido en el nuevo Código de Decreto 130-2017; para hacer aplicación del principio penal, es necesario acudir al contenido literal de la norma autorizante, en su párrafo segundo (art. 615 párrafo segundo CPP); señala la norma de comento “Si de acuerdo con el presente Código, los actos que se están juzgando, o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictara sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutara”, de aquí surgen algunas exigencias para el juzgador a) que para el estudio de la retroactividad de las normas penales, que derogan conductas, se parte de “los actos” que se estén juzgando, y que regula la ley del tiempo (principio de identidad), esos actos no se encuentren regulados en la nueva ley; b) la calificación o nomenclatura que se le dé a una norma en la ley anterior y que no aparezca en la nueva ley no es tenida en cuenta; y c) que el estudio deberá hacerse en todo el cuerpo de la nueva ley; que en relación al acto o actos, regulados por la ley (Decreto 144-83), esos actos deberían estar no regulados en la nueva ley (Decreto 130-2017); Que la pretensión de la recurrente es que se adecue la conducta regulada en la antigua norma, a la conducta que regula el nuevo Código Penal de Decreto 130-2017, en el artículo 513 referente a la figura penal de ENCUBRIMIENTO, que establece los actos de a) ocultar, alterara o inutilizar el cuerpo y los efectos o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; Como se apreciara, esos son los actos que se regulan en la nueva ley (decreto 130-2017); implica entonces que la finalidad de la conducta, es para encubrir o favorecer a los responsables del delito, con los fines de encubrir, eludir la investigación de los hechos o abstraerse de la acción de la justicia, o para que los autores se beneficien u obtengan provecho del delito cometido; que los hechos de acusación contra el imputado, lo constituyen según la formalización de la audiencia preliminar… CONSIDERANDO (6): Que, de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a revocar la resolución dictada por el A-quo, lo que deriva en que la excepción de falta de acción promovida por la defensa, a favor del encausado señor Miguel Arcángel Rosales Izcano, sea revocada, igual suerte corre el sobreseimiento definitivo decretado; por lo que a criterio de la recurrente en Amparo, se vulnera el principio de retroactividad de la ley penal, pues los hechos acusados a su representado y contenidos en el artículo 358-A (Decreto 144-83) se encuentran despenalizados en el nuevo Código Penal contenido en el Decreto 130-2017. CONSIDERANDO(7): Que la recurrente en Amparo se centra en afirmar que se vulnera el principio de retroactividad de la ley penal, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, en atención a que el tipo penal o conducta acusada a su representado se encuentra despenalizada en el nuevo Código Penal; en ese orden de ideas el artículo 96 constitucional invocado por la recurrente como vulnerado establece: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. La nueva ley invocada, el Decreto 130-2017 que contiene el Código Penal, dispone en el artículo 615 de las Disposiciones Transitarias lo siguiente: “Retroactividad de la Ley Penal más Favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. -Énfasis y subrayado añadidos-CONSIDERANDO(8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Énfasis y subrayado añadido-CONSIDERANDO(9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (10): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal en fecha 17 de noviembre del año 2017, en contra del imputado Miguel Arcángel Rosales Izcano, por el delito de Inutilización de Registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente, contenido en el artículo 358-A del Código Penal vigente en ese entonces Decreto 144-83, la conducta reprochada por el ente acusador al imputado dispone“Quien sustraiga, oculte, destruya o inutilice registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público u objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente, se sancionará con reclusión de tres (3) a seis (6) años. Si el autor del hecho fuere el mismo depositario, además de la pena anterior se le impondrá la de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena. Si el hecho se comete por culpa del depositario, se le impondrá a éste multa de diez mil (L. 10,000.00) a treinta mil (L. 30,000.00) lempiras. Al igual que la Corte de Apelaciones recurrida, este Alto Tribunal es del criterio que el Código Penal Decreto 130-2017, vigente después de la fecha de presentado el Requerimiento Fiscal en contra del imputado Miguel Arcángel Rosales Izcano, reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris, diferente: Encubrimiento. Que describe el tipo penal de la siguiente forma:“Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1-Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento;2-Ayudando a los responsables a eludir la investigación del delito o a sustraerse de la acción de la justicia.3-Auxiliando a los responsables para que se beneficien u obtengan provecho del delito cometido.Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). Se debe imponer la pena anterior en su límite máximo e inhabilitación especial de cargo u otro oficio público por tiempo de dos (2) a cuatro (4) años si el encubridor es funcionario o empleado público que actúa con abuso de sus funciones. Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria”. CONSIDERANDO (12) Que En relación a lo esbozado por la recursista sobre la no tipificación de la conducta por la cual fue presentado Requerimiento Fiscal a su patrocinado, aduciendo que el delito no existe en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, la conducta delictiva sigue siendo reconocida en el nuevo Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada la conducta, en atención a los hechos narrados en el Requerimiento Fiscal y en la Audiencia Preliminar como bien lo enfoca la Corte Recurrida, por lo que lo motivado por la Alzada se muestra congruente en atención a los hechos y fundamentos de derechos invocados, a efecto de concluir que el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, debe ser declarado con lugar, debiendo en consecuencia proseguirse con el curso del proceso, por ello de plantearse el A-quo la procedencia de la retroactividad de la ley penal, deberá sujetarse a los parámetros y reglas legales establecidas en el artículo 616 del Código Penal Decreto Número 130-2017, como atinadamente motiva la autoridad recurrida. Como corolario de lo anterior no se encuentra evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al principio de retroactividad de la ley penal invocados. CONSIDERANDO (13): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, la recurrente expone que la resolución de la Alzada se motiva en conductas penales cuya acción delictiva fueron derogadas en el nuevo Código Penal, argumentos que no son de recibo, en atención a que si bien el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal. CONSIDERANDO(14): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(15): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 513, 615 y 616 del Código Penal Decreto 130-2017. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, contra la resolución de fecha DOCE (12) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÍQUESE. - NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Tegucigalpa, M.D.C., catorce de agosto del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, en su condición de Representante Procesal del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintidós (22) de marzo del presente año dos mil veintitrés (2023), y por la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra el auto de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por la excepción de la retroactividad de la ley penal, dictado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que declara Con Lugar la Excepción de Falta de Acción, promovida por la Defensa y consecuencia de ello dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, por suponerlo responsable del delito de Inutilización de Registros Destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente, en perjuicio de la Administración Pública. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho.CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la recurrente, se aprecia del mismo, que éste fundamenta su recurso solicitando la reposición en relación a la interpretación de la ley y la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, en consideración a que “Se entiende por ley penal más favorable” tanto aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta considerada anteriormente delictiva, o la que crea una nueva causa de justificación, de inculpabilidad y de impedimento a la operatividad de una penalidad, ya sea que se hubiese sancionado con anterioridad a la sentencia, como así también si se hubiese sancionado durante su ejecución, descripción que no es taxativa. Sostiene la peticionaria que se puede comprobar que la calificación jurídica invocada por el Ente Acusador en contra se su representado en el vigente Código Penal no existe, en consecuencia, lógicamente debe aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal por ser favorable a su representado. Continuando con sus argumentos, sostiene la recurrente que el artículo 46 del Código Procesal Penal señala la enumeración de las excepciones y que la excepción de falta de acción resulta aplicable en el caso que nos ocupa, pues del estudio de los antecedentes procesales, la ausencia de la tipificación jurídica que dio como resultado la calificación jurídica de los hechos contenidos en el requerimiento fiscal en el vigente Código Penal, siendo evidente la atipicidad de los hechos denunciados. Asimismo, la peticionaria hace alusión a los textos normativos que reconocen el Debido Proceso y referidos a las garantías judiciales, principio de legalidad y la no retroactividad de la ley (salvo en materia penal, cuando beneficia al reo), igualdad ante la ley. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto de que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.CONSIDERANDO (5): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera el principio de retroactividad de la ley penal, ni el derecho al debido proceso, como arguye el peticionario, ello es así, porque como lo ha dejado establecido este Tribunal de Justicia Constitucional en el fallo que es recurrido y según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe interpretar como ley penal mas favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito. La recurrente de nuevo expone como agravios que le causa la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional, los mismos que ya fueron expuestos en el escrito de presentación y formalización del recurso de Amparo, sobre los cuales este Tribunal se pronunció en el fallo constitucional de fecha veintidós de marzo del presente año dos mil veintitrés; es así que en el considerando 12 se da respuesta a la tesis expuesta por la recursista, en atención a que la conducta reprochada a su representado se encuentra despenalizada en el nuevo Código Penal; se hace especial énfasis en que si bien el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, la conducta delictiva sigue siendo reconocida en el nuevo Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada la conducta, en atención a los hechos narrados en el Requerimiento Fiscal y en la Audiencia Preliminar. En relación a la garantía genérica del debido proceso es menester reiterar que como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. Para que se considere vulnerado se hace necesario que lo haya sido alguno o algunos de los elementos implícitamente reconocidos en él, y en el caso sub júdice, la recurrente expone que las conductas penales atribuidas a su representado fueron derogadas en el nuevo Código Penal, argumentos que no son de recibo, en atención a que si bien el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintidós (22) de marzo del presente año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintidós (22) de marzo del presente año dos mil veintitrés (2023), por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés y la Resolución de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0033-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.