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Sentencia AP-31-21 — Registro 17665

Resumen

Acto recurrido que resuelve declarar sin lugar la aplicación del principio de retroactividad penal, asimismo declara sin lugar la revisión de medidas planteadas por las partes procesales, con relación a la causa instruida por suponerlas responsables de los delitos de Fraude Continuado, Operaciones Financieras Ilícitas y Lavado de Activos. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución dictada en audiencia de revisión de medida, que resuelve sobre diferentes situaciones planteadas por la defensa, inter alia, la falta de la redacción, lectura y notificación de la sentencia condenatoria, en relación a las encausadas Magda Edy López Sierra y Dilia Lizeth López Sierra, se ha vulnerado en perjuicio de las recurrentes en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..." ..." Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con observancia de las disposiciones contenidas en la ley procesal penal, realice una valoración suficientemente motivada de los fundamentos jurídicos aplicables al caso sub júdice, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución emitida en audiencia de revisión de medida, celebrada en fecha treinta de junio del año dos mil veinte, en relación a las encausadas Magda Edy López Sierra y Dilia Lizeth López Sierra y la falta de redacción, lectura y notificación de la sentencia condenatoria..." ..." Se hace un llamado de atención al órgano jurisdiccional para que en lo sucesivo se emitan las sentencias dentro de los plazos en ley y no de manera tardía sin justificación alguna..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del año dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, a favor de las señoras MAGDA EDY LOPEZ SIERRA Y DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por las respectivas defensas privadas, contra la resolución de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal (Sala Primera), que resuelve declarar sin lugar la aplicación del principio de retroactividad penal, asimismo declara sin lugar la revisión de medidas planteadas por las partes procesales, con relación a la causa instruida contra las señoras MAGDA EDY LOPEZ SIERRA y DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, por suponerlas responsables de los delitos de FRAUDE CONTINUADO, OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de COOPERATIVA DE MUJERES MIXTAS (COMIXMUL), EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que las actuaciones dictadas por la referida Corte de Apelaciones, a todas luces son ilegales, arbitrarias y atentatorias de derechos y libertades fundamentales de sus patrocinadas y garantizadas en nuestra ley fundamental en los en los artículos 60, 82, 89, 90 y 96 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3 del Pacto de San José y 615, 616 y 624 del Código Penal.-ANTECEDENTES: 1) Que, en Audiencia de Revisión de Medidas, celebrada en fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, entre otras situaciones planteadas por las partes resolvió: (Sic) “… También es oportuno mencionar que en fecha 9 de septiembre del año 2019 se emitió un fallo por parte de este Tribunal mediante el cual se resolvió, entre otros, lo siguiente, de declaró la responsabilidad penal de la señora Magda López, por el delito de Fraude Continuado en perjuicio de la cooperativa mencionada y también de ocho delitos de Operaciones Financieras Ilícitas en perjuicio del Sistema Nacional. También a la señora Lizeth López Sierra, se le condeno por el delito de Fraude. Y también se le condenó por operaciones Ilícitas Financieras a la señora Martha Alicia… También a las señoras Marta Lopez, se le condenó por un delito de Lavado de Activos, Dilia se le condenó por Lavado de Activos. Como consecuencia de dicho fallo condenatorio en fecha 17 de octubre del año 2019, se llevó a cabo la audiencia de terminación de pena, donde cada una de las partes esgrimieron sus argumentos solicitando cada pena concreta a imponer en el delito que les fueron condenados a los señores mencionado… pues como reiteramos en fecha 9 de noviembre del año 2019 se les enervó su estado de inocencia, con lo cual su condición jurídica o estatus jurídica ha cambiado. ES decir, que los mismos tienen calidad de condenados por el fallo condenatorio emitido por este Tribunal competente que lo dictó en su momento. Y si bien, la misma no se encuentra notificada, pero la misma equivale materialmente a una sentencia, tal como así igualmente lo ha compartido, lo que es la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Además, ya fallos esgrimidos por la Sala de lo Constitucional, en relación a los recursos de exhibición en revisión, que hablan precisamente de que cuando una persona ha sido condenada aun y cuando no esté la sentencia, pues cambia su estatus de presuntamente inocente ha condenado… La sentencia. Esta pronta notificarse. Se tenía previsto notificarla antes de entrar en vigencia el código, sin embargo. No debemos desconocer que ante la pandemia que ha azotado al país nivel mundial ha sido imposible finalizarla…” -Subrayado añadido- (Folios del 3-11 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia).-2) Que conociendo de los recursos de apelación promovidos por la defensa, contra la resolución de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto por las respectivas Defensas Privadas - 2) CONFIRMAR la resolución Apelada…” (Folios del 71-77 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia).-3) La recurrente Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, compareció ante este Tribunal Constitucional, en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de las señoras MAGDA EDY LOPEZ SIERRA Y DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, afirmando la recurrente que las actuaciones dictadas por la referida Corte de Apelaciones, a todas luces son ilegales, arbitrarias y atentatorias de derechos y libertades fundamentales de sus patrocinadas, garantizadas por nuestra ley fundamental. (Folios del 1-7 de los autos).- 4) Que en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37[1] de la Ley del Ministerio Público. (Folio 36 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003..-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley..-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las respectivas Defensas privadas, en contra de la resolución dictada en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha treinta de junio del año dos mil veinte, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal (Sala Primera), consecuencia de ello confirma la resolución apelada, que resuelve sobre la petición de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable y la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a las imputadas; por considerar el Ad-quem que: (Sic) “2.- Al revisar los agravios expuestos por el impetrante, así como las diligencias de mérito se colige que las señoras Martha Alicia Hernández Zepeda, Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra y Victoria del Carmen Flores Escobar tiene a la fecha la condición jurídica de Condenadas, por los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Delitos Financieros, Fraude Continuado y Lavado de Activos en perjuicio del Sistema Financiero Nacional, Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul) y la Economía del Estado de Honduras; de manera que en principio no se está frente a una medida cautelar, al haberse quebrantado a este momento su principio de inocencia, ya que como se evidencia de llevo a cabo el juicio oral y publico que determinó su culpabilidad, solicitando los Impetrantes que a las condenadas le sea aplicado el principio de retroactividad de la ley, puesto que con el nuevo código penal la pena puede ser modificada y de conformidad a la norma procesal otorgársele las medidas contenidas en el articulo 173; como bien lo señala el Tribunal de Sentencia en su resolución, las señoras Martha Alicia, Magda Edy, Dilia Lizeth y Victoria del Carmen ya tiene una sentencia condenatoria y la imposición de una pena, si bien es cierto no existe materialmente la sentencia, precisamente por la complejidad del caso y el número de imputados, se ha establecido es conforme a la norma sustantiva en el momento de la comisión del delito que le fue impuesta y después del juicio oral y público, de manera que dichos alegatos de la modificación de la pena no es competencia del Tribunal en mención, para lo cual debe los impetrantes alegarlos en las instancias correspondientes y señalados por el A-Quo; no siendo pues posible modificar la pena y conforme a lo que establece la norma procesal no ha cumplido el termino requerido para modificar o sustituir la misma…” -Lo subrayado es añadido- (Ver folio 76 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia).-CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y formalización de la acción constitucional de Amparo, promovida por la defensa de las señoras Magda Edy Lopez Sierra y Dilia Lizeth Lopez Sierra, la recurrente si bien en los antecedentes hace relación a la revisión de la medida cautelar impuesta a sus representadas, en la exposición de los derechos y libertades públicas que estima vulneradas, centra sus alegatos en el retardo de dictado de la sentencia, una vez celebrado el juicio oral y público, vulnerando con ello el debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 160, 163 y 171 último párrafo del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente argumenta para que el juzgamiento sea conforme al derecho proclamado por el artículo 90 de la Constitución de la República es más que necesario que el juzgador observe y respete a la perfección el ordenamiento procesal penal. Pues bien, para garantizar plenamente que se esta produciendo un “debido proceso”, los jueces y los tribunales deben respetar y potenciar las garantías constitucionales y procesales de los imputados. Dejar vencer términos y plazos procesales es una violación al debido proceso. La garantista hace alusión a las sentencias de amparo penal, emanadas de este Alto Tribunal con número de expediente 936-2012 y 1026-2014, en relación a lo que es el debido proceso. Argumenta la peticionaria que sus patrocinadas fueron objeto de un proceso penal sin concurrir, en relación a ellas, los presupuestos que exige la Constitución de la República en el artículo 90, se esta produciendo una clara violación al debido proceso, pues no se esta observando el derecho a un justo y legal proceso, ya que no se puede llevar a una persona a un juicio oral y público y luego dictar la sentencia dos años después, solo por dar el beneficio de la duda al ente acusador estatal y satisfacer en alguna medida los apetitos vengativos de la persona denunciante. Aunado a ello expone también la recurrente en amparo que, el juez es el sujeto procesal mayormente obligado por razón de su cargo a observar que esa celeridad y economía procesal sean realizadas y que se cumpla la realización pronta y efectiva de la justicia penal y no puede justificarse bajo ningún término que no se haya dictado sentencia a la fecha, ya que el Tribunal es quien tiene la dirección del proceso. La justicia va más allá de las circunstancias personales del juzgador, que en todo momento debe dar prioridad al cumplimiento de sus deberes y ponderarlos por encima de sus propios intereses personales, por muy sensibles que estos sean. -El subrayado es añadido-CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (8): Que, en relación al debido proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que el artículo 8[2] de la Convención consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, entendido éste como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”[3]. De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales -también conocidas como garantías procesales-, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. De acuerdo con el Tribunal, “los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos”[4]. Asimismo, el Tribunal ha destacado que el artículo 8 de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual, entendido por la propia Corte como una “norma imperativa de Derecho Internacional”, no se agota ante el hecho que se tramiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que estos aseguren, en un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo”. A partir de ello se desprende que “los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces y tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos”. -Lo subrayado es añadido-CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que toda persona tiene a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, asimismo en esa serie de derechos que conforman el debido proceso se establece que las partes tienen derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; por ello se vuelve imperativo determinar si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de las encausadas Magda Edy Lopez Sierra y Dilia Lizeth Lopez Sierra y confirmar la resolución dictada en Audiencia de Revisión de Medidas se encuentra fundamentada en ley y respetando el debido proceso que debe regir en todo procedimiento penal, en aras de fortalecer el Estado de Derecho al que aspira la ciudadanía en general.- CONSIDERANDO (10): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[5].-CONSIDERANDO (11): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. -CONSIDERANDO (12): Que uno de los principios básicos del proceso penal, es el contenido en el artículo 8 del Código Procesal Penal, conforme al cual la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal; este principio básico encuentra congruencia con los actos procesales y los plazos, estableciendo el artículo 160 de la norma en comento y citado por la recurrente en Amparo, al referir que los actos procesales serán cumplidos dentro de los plazos establecidos por la ley o por los tribunales de justicia; siguiendo esta idea, en los artículos del 341 al 345 se desarrolla lo atinente a la sentencia condenatoria, determinándose en el artículo 343 segundo párrafo que en lo relativo a la redacción lectura y notificación de la sentencia se estará a lo prescrito en los artículos 338 y 340, en lo precedente.- CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem en relación al tiempo transcurrido entre la celebración de la audiencia de determinación de la pena, correspondiente a la segunda fase de la sentencia condenatoria y la redacción, lectura y notificación de la misma, se limita a indicar que no existe materialmente la sentencia por la complejidad del caso y el número de imputados, sin hacer ninguna valoración en relación a que habían transcurrido más de nueve meses desde el dictado en forma oral de la sentencia condenatoria, dato que este Alto Tribunal advierte conforme se indica en la audiencia de revisión de medida de fecha 30 de junio del año 2020, para concluir la Corte recurrida sin ningún asidero jurídico en relación al plazo razonable y la observancia que los actos procesales serán cumplidos dentro de los plazos establecidos por la ley, que se declara No Ha Lugar el recurso de apelación promovido y por ende confirma la resolución apelada.- CONSIDERANDO (14): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa le resolución; elemento este último que ha sido obviado por el Tribunal Ad-Quem, en atención que el derecho al debido proceso comporta que se observe el plazo razonable en el dictado de las resoluciones, en atención con la norma que indica en forma explícita el tiempo en que deberá darse la redacción y lectura de la sentencia condenatoria, si bien el plazo razonable no es un concepto de sencilla definición como la indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe asegurar el acceso a la justicia de las personas en un tiempo razonable, ya que una demora prolongada o “la falta de razonabilidad en el plazo, constituye, en principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales”[6]. Aunado a ello se le está vedando a los ahora condenados el poder recurrir el fallo ante una autoridad superior que revise la decisión adoptada por el A-quo, otro de los derechos implícitos en el debido proceso y contenido en el artículo 8.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, el derecho a recurrir el fallo es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de suprior jerarquía orgánica”[7], que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contraria al derecho”. -CONSIDERANDO (15): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución dictada en audiencia de revisión de medida, que resuelve sobre diferentes situaciones planteadas por la defensa, inter alia, la falta de la redacción, lectura y notificación de la sentencia condenatoria, en relación a las encausadas Magda Edy López Sierra y Dilia Lizeth López Sierra, se ha vulnerado en perjuicio de las recurrentes en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con observancia de las disposiciones contenidas en la ley procesal penal, realice una valoración suficientemente motivada de los fundamentos jurídicos aplicables al caso sub júdice, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución emitida en audiencia de revisión de medida, celebrada en fecha treinta de junio del año dos mil veinte, en relación a las encausadas Magda Edy López Sierra y Dilia Lizeth López Sierra y la falta de redacción, lectura y notificación de la sentencia condenatoria.-CONSIDERANDO (17): Se hace un llamado de atención al órgano jurisdiccional para que en lo sucesivo se emitan las sentencias dentro de los plazos en ley y no de manera tardía sin justificación alguna. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, a favor de las señoras MAGDA EDY LOPEZ SIERRA y DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA, contra la Resolución proferida en fecha VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, siendo imperativo se dicte nueva resolución en observancia a las disposiciones contenidas en la ley procesal penal, en atención al plazo razonable, los actos procesales y los plazos en que deben ser dictados los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución dictada por el A-quo en audiencia de revisión de medidas, celebrada en fecha treinta de junio del año dos mil veinte, en relación a las encausadas MAGDA EDY LOPEZ SIERRA y DILIA LIZETH LOPEZ SIERRA y la falta de redacción, lectura y notificación de la sentencia condenatoria. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Villela Zavala. - NOTIFÌQUESE. Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central uno (1) días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0031-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En los asuntos promovidos por el Ministerio Público, se omitirá el dictamen fiscal previsto en las leyes de la República.

[2] Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a… b… c… d… e… f… g… h. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…

[3] Opinión Consultiva OC-9/87, par. 27; Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú.

[4] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Garantías Judiciales Artículo 8. Juana Maria Ibáñez Rivas, citando las sentencias Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, par. 147 y Caso Mohamed vs. argentina, par. 80; asimismo Opinión Consultiva OC-9/87, par. 28 y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, par. 115. Fundación Konrad Adenauer Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Impreso en Guatemala por Magna Terra Editores en diciembre de 2014. Págs. 212 y 213.

[5] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.

[6] Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago. Párr. 145 y caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Párr. 164.

[7] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 158 y 161 y Caso Mohamed vs. Argentina, párr. 97.