Sentencia AP-233-17 — Registro 17281
Resumen
Se interpuso recursos de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, que declara sin lugar la excepción de incompetencia promovido por la Defensa del acusado; con relación a la causa instruida por el delito Usurpación. Estima la Fiscal del Ministerio Público que la decisión de la Corte de Apelaciones es violatoria del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (18): Que, en atención a los argumentos expuesto por la Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a que la excepción que debió promoverse en el caso sub-júdice es la falta de acción y no la de competencia, este Alto Tribunal estima acertado tal argumento, ello es así pues según la doctrina todos los órganos jurisdiccionales tienen atribuida la potestad jurisdiccional, entendida por la propia Constitución como la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, la que, por motivos diversos, se atribuye a esos órganos en atención a ciertas reglas que determinan y precisan los asuntos en los cuales actuaran con potestad. A ese conjunto de reglas se le denomina competencia; en ese orden de ideas comienza indicando el artículo 54 del CPP que “Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas”, en el caso en estudio se presentó requerimiento fiscal por el delito de Usurpación, por ende, los Juzgados de Letras con jurisdicción penal tienen competencia para conocer de los requerimientos fiscales planteados por el Ministerio Público, al tenor de lo establecido en el artículo 58 del CPP. Como bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público, la excepción que debió plantearse es la de falta de acción y no la excepción de incompetencia, pues de existir dos documentos que acrediten la propiedad del bien inmueble que se encuentra en litigio, lo procedente era promover la excepción por falta de acción y dirimir las diligencias a la instancia civil, ante la imposibilidad de proseguir la causa en la instancia penal, por estarse resolviendo sobre el mismo asunto, en relación a la propiedad del inmueble en la instancia civil, pues al decretarse un sobreseimiento, sea éste provisional o definitivo, veda al ente acusador la posibilidad de promover de nuevo acción por el delito de Usurpación ante los efectos de cosa juzgada material que genera el dictado de un sobreseimiento definitivo.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “ CONSIDERANDO (21): Que siguiendo esta idea en cuanto a la valoración de la prueba y a efecto de dar respuesta a los argumentos expuestos por el recurrente en Amparo a favor de la sociedad mercantil Lotificadora Las Lomas, Sociedad Anónima, una lectura detenida de los antecedentes, revela lo siguiente: a) Que el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal en contra del ciudadano Gustavo Alejandro Villela Suazo, por el delito de Usurpación de un Lote de Terreno de una extensión de veintitrés (23) manzanas, ubicado en Playa Grande, en el Municipio de Amapala, departamento de Valle; b) Que el Ministerio Público adjunta en la documentación que acompaña al Requerimiento Fiscal, Testimonio de Escritura Pública No. 69; c) Que la Defensa del encausado al momento de promover la excepción de incompetencia hace alusión al Testimonio de Escritura Pública No. 69 ut supra y la Escritura 566 de fecha 4 de noviembre del año 2002; observa este Tribunal Constitucional, que la motivación externada por la corte recurrida hace referencia a lo que la doctrina refiere en cuanto a la excepción de incompetencia, asimismo la definición en lo que al delito de usurpación concierne, no obstante a ello en relación a la prueba aportada en la audiencia inicial, no hace una valoración acorde a los principios exigidos en la ley penal adjetiva, en el orden de señalar cuáles son esos elementos de prueba con la que se estima acreditada la propiedad en litigio por ambas partes, observando esta Sala de los antecedentes que se hace relación a varios testimonios de Escrituras Públicas, pues en atención a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 54 del CPP, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes. CONSIDERANDO (22): Que como bien lo indican los recurrentes en Amparo, se entiende el debido proceso como un conjunto de garantías que la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras y en vigor, le entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales y órganos administrativos, que puedan reclamar cuando no estén conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que las resoluciones sean debidamente motivadas y fundadas; en consecuencia es de obligatorio cumplimiento lo establecido en el último párrafo del artículo 54 del CPP, siempre y cuando la parte que pretenda promover una excepción procesal, a efecto de resistirse a la acción interpuesta por el demandante, en el caso específico por tratarse de un asunto que versa sobre el derecho de propiedad en el caso de Usurpación, se acredite que efectivamente ambas partes poseen título de dominio sobre el bien inmueble que se dice está siendo usurpado. CONSIDERANDO (23): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (24): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (25):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a las consideraciones fácticas y jurídicas relacionadas en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, y el imperio de la ley, lo que incluye la aplicación del principio iura novit curia, debiendo asimismo hacer la valoración respectiva de cada uno de los testimonios de Escrituras Públicas relacionadas, situación que fue obviada por el Tribunal recurrido en el fallo que se ampara.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1. La Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; y 2. El Abogado GAMAL N. HIRMAS, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA LAS LOMAS, S.A., ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, departamento de Valle; en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, que declara sin lugar la excepción de incompetencia promovido por la Defensa del acusado; con relación a la causa instruida contra el señor GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, por suponerlo responsable del delito USURPACIÓN en perjuicio de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA LAS LOMAS, S.A. Estima la Fiscal del Ministerio Público que la decisión de la Corte de Apelaciones es violatoria del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica; en tanto la representación procesal de LOTIFICADORA LAS LOMAS, S.A. estima que el acto reclamado es arbitrario y violatorio de derechos, libertades y garantías fundamentales que la Constitución de la República de Honduras reconoce a todos los habitantes de su territorio, como ser el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, el Abogado WILFREDO ANDINO AMADOR, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, por suponerlo responsable del delito USURPACIÓN en perjuicio de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA LAS LOMAS, S.A. (Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2)Que mediante auto de fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, la Juez de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, se excusó de seguir conociendo del proceso penal incoado al señor Gustavo Alejandro Villela Suazo, excusa que fue aprobada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación a una demanda civil en la que intervienen las mismas partes que ahora promueven Requerimiento Fiscal, ordenando remitir las diligencias al Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle. (Folio 51fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)3)Que seguido que fue el trámite legal, en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, celebró Audiencia Inicial, en la que el Abogado MARCO TULIO DURON, en su condición de defensor privado del encausado GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, interpuso Excepción de Incompetencia, resolviendo el Juzgado de Letras citado: (Sic) “DECLARA SI LUGAR LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, ya que ni siquiera la defensa técnica, probo por lo menos la mínima y eficacia actividad probatoria para que este tribunal infiera en la presente resolución, en razón que la defensa técnica señala y prueba que en efecto hay dos lotes debidamente reinscritos uno por la cantidad de 128 manzanas y el otro por la cantidad de 23.34 manzanas mismos que se desprenden del testimonio numero 566 por la cantidad de 273 manzanas de la hacienda denominada el Carmen, que es aquí donde defensor sea equivocado al plantear dicha excepción considerando este que se trata de la misma hacienda EL CARMEN, pero en ningún momento la excepción planteada de incompetencia fue probada ya que el tribunal es competente para conocer de las diferentes materias establecidas en la legislación hondureña, a criterio de este juzgador lo que debió interponer la defensa es una excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y en el peor de los casos una acción de prejudicialdad, ya que existe en esta judicatura un expediente civil y el otro penal tal es el caso, por otra parte establece los testimonio 68 y 69 refieren claramente que el lote supuestamente usurpado está fuera del lote de las 128 manzanas, y que tal como sea quedado acreditado que el mismo se desprende en un testimonio número 69 con la cantidad de 23.34 manzanas, que se puede observar en dicho instrumento dicho lote se encuentra totalmente fuera de las 128 manzanas y es el lote de 23.34 manzanas que efectivamente el ministerio publico presento dicho requerimiento fiscal, por suponer que está siendo usurpado por parte del señor GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA….” (Folios del 105 al 113 de la pieza de antecedentes primera instancia).4)Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marco Tulio Duron Valeriano, en su condición de Defensor del encausado Gustavo Alejandro Villela Suazo, en fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, emitió Resolución por medio de la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, contra resolución proferida en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, en fecha siete (7) de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en la causa penal instruida contra GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de LOTIFICADORA LAS LOMAS S.A.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCION RECURRIDA, de fecha siete (7) de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en el sentido de dirimir a la justicia ordinaria civil y en consecuencia se sobresee la presente causa….” (Folios del 10 al 14 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada).5)Que en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante esta Sala de lo constitucional, interponiendo acción constitucional de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), recurso que fue registrado en esta Sala con el número SCO-0233-2017; por estimar la recurrente, que dicha resolución es violatoria del derecho al debido proceso, contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción en fecha quince de noviembre del año dos mil diecisiete y omite la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios del 1-6 y 31 de los autos)6)El Abogado GAMAL N. HIRMAS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA LAS LOMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, afirmando que la resolución del Ad-quem, de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, es arbitrario y violatorio de derechos, libertades y garantías fundamentales que la Constitución de la República de Honduras reconoce a todos los habitantes de su territorio, como ser el principio de legalidad y del debido proceso y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 38-41fv de los autos)7)Que en fecha veintidós de mayo del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por ser parte en el asunto sometido a estudio, conforme a lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 58 de los autos) 8)Que en fecha dos de mayo del año dos mil veintidós, esta Sala de lo Constitucional al apreciar de los autos, que las acciones constitucionales con registros números 233-2017 y 334-2017, se dirigen contra el mismo acto reclamo, dispuso su acumulación, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y produzcan una sola sentencia. (Folio 73 de los autos)CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, ante este Alto Tribunal, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; asimismo el Abogado GAMAL N. HIRMAS, compareció en fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada LOTIFICADORA LAS LOMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por considerar los recurrentes que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha veinte (20) de Enero del año dos mil diecisiete (2017), es arbitraria y violatoria de derechos, libertades y garantías fundamentales que la Constitución de la República de Honduras reconoce a todos los habitantes de su territorio, como ser el principio de legalidad y del debido proceso y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (2): Que el caso en estudio se origina en fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, el Abogado WILFREDO ANDINO AMADOR, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor GUSTAVO ALEJANDRO VILLELA SUAZO, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de LOTIFICADORA LAS LOMAS S.A.CONSIDERANDO (3): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria Con Lugar del Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa; recurso de apelación que se interpone contra la resolución adoptada por el A-quo en fecha 7 de Noviembre del año 2016, al declarar Sin Lugar la Excepción de Incompetencia promovida por la defensa del encausado Gustavo Alejandro Villela Suazo, en el proceso incoado por el Ministerio Público por el delito de Usurpación. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, revoca la resolución recurrida, en el orden de dirimir las diligencias a la justicia ordinaria civil y en consecuencia sobresee la causa penal iniciada en el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle.CONSIDERANDO (4): Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en atención a la vulneración al principio-derecho del debido proceso expone que éste se produce al motivar en la resolución de excepción de incompetencia de tribunal interpuesta por el apoderado defensor que “lo pretendido con la excepción planteada es que la misma no se continúe conociendo por la vía del proceso penal, sino por la vía del proceso civil”. Se afirma lo anterior, al compartir lo señalado por el A-quo, en cuanto a que lo correcto era plantear la excepción contenida en el numeral 2 del artículo 46 del Código Procesal Penal, que regula la excepción por falta de acción, por ser la figura procesal especifica para realizar los alegatos expuestos por el apoderado defensor, dado que la génesis del conflicto es que ambas partes aseguran ser los legítimos propietarios del inmueble objeto del proceso, donde ambos ostentan sus respetivos títulos de propiedad y cuya controversia ya está siendo conocida por el mismo juzgado mediante la vía civil, la cual debe ser previamente agotada. De esto último, se confirma lo aseverado por el A-quo al señalar que el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo es competente para conocer de las diferentes materias establecidas en la legislación hondureña, entendida la competencia como la capacidad de un determinado órgano jurisdiccional para tomar conocimiento de una causa, dejando de considerar el Ad-quem la amplia competencia de los Juzgados de Letras Seccionales y que la excepción invocada en el caso sub judice resulta del hecho de la falta de acción del ente acusador. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con sus argumentos, la Fiscal del Ministerio Público sostiene que, sirve de sustento al Ministerio Público lo dispuesto en el último párrafo del artículo 54 del CPP. Es decir si bien es cierto el ofendido ha presentado un titulo con lo cual acredita la propiedad del inmueble que es ocupado por el imputado, no se puede obviar que el encausado también presentó en audiencia inicial otra escritura pública con la cual acredita esa misma condición, por lo que al no haber otro medio de prueba que indique con total certeza que se trate de bienes inmuebles distintos, debe previamente ser resuelto en el tribunal competente del fuero civil, al que las partes deben someter a su valoración todos los documentos de su propiedad; y hasta una vez determinada la legitima propiedad del inmueble en litigio, así como su ocupación, resultaría procedente el ejercicio de la acción penal por el delito de usurpación.CONSIDERANDO (6): Que, como segunda vulneración al debido proceso, la Fiscal del Ministerio Público indica que ésta se produce en cuanto a decretar el sobreseimiento de la causa, inobservando lo dispuesto en el artículo 139, párrafo cuarto -el cual procede a trascribir-. Esto es así, debido a que la sentencia interlocutoria que declara procedente una excepción de falta de acción, no genera los efectos de cosa juzgada material, pues el juez no decide sobre el fondo del asunto al no valorar prueba y su efecto inmediato es dirimir la causa al tribunal competente que deba conocer el asunto por la vía civil. Contrario a los efectos del sobreseimiento de la causa, que ya vencido el quinquenio sin que haya habido actividad procesal que permita la continuidad del proceso o declarado el sobreseimiento definitivo, una vez alcanzada su firmeza, son resoluciones que producen la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material y no podría ser atacada con posterioridad; lo que en definitiva causa grave daño al Ministerio Público, que en caso de acreditarse que efectivamente el legitimo propietario del inmueble es la sociedad Lotificadora Las Lomas S.A., le impediría instar una nueva persecución penal sobre el mismo asunto. CONSIDERANDO (7): Que el abogado GAMAL N. HIRMAS, en el planteamiento de su acción constitucional realiza en orden cronológico los hechos que culminan en la interposición de un requerimiento Fiscal por el delito de Usurpación en contra del señor Gustavo Alejandro Villela Suazo. Sostiene el recurrente en amparo, que la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones, violenta disposiciones constitucionales, puesto que no existen dos inscripciones vigentes sobre el mismo terreno, y por lo tanto, no se debate cuestión alguna referente al derecho de dominio sobre un bien raíz, sino que, por el contrario, el juicio versaba sobre el lugar en que se han realizado los actos del imputado (Lugar de desarrollo de la actividad material del agente). Dice el impetrante que la Corte acusada ha caído en la trampa, pues el imputado presenta escritura pública de dominio no sobre el inmueble usurpado, sino que sobre uno que es colindante al mismo y ejemplifica -como si se usurpara un bien inmueble en la colonia Hato de en medio de Tegucigalpa y se elude la persecución del ilícito simplemente presentando una escritura sobre un bien inmueble ubicado en la aledaña colonia Kennedy- CONSIDERANDO (8): Que en relación a la vulneración del principio de legalidad y debido proceso el recurrente sostiene que la resolución recurrida ha sido proferida en flagrante violación de las normas adjetivas contempladas en el Código Procesal Penal, produciéndose violación del principio constitucional al apartarse la Corte denunciada de los siguientes postulados: *Que el asunto objeto del presente amparo tiene carácter penal y no civil como lo ha estimado la Corte acusada, al dirimir a lo civil un asunto eminentemente criminal violenta el debido proceso; *La Corte ha sido víctima de un engaño perpetrado por una parte, en detrimento patrimonial de la otra; *En efecto, la contraparte ha obtenido una resolución judicial a su favor fundada en un ardid cuyo destinatario ha sido la Corte acusada; *La Corte ha sucumbido a las afirmaciones conscientemente falsas (e ilícitas) proferidas por el acusado. Continúa refiriendo el impetrante que el litigio no está referido a inmuebles, sino que a uno solo, un inmueble que es objeto de usurpación y que para eludir el enjuiciamiento criminal el imputado acredita la propiedad del inmueble contiguo. En relación a lo dispuesto en el artículo 54 del CPP, el impetrante aduce que el párrafo final tiene carácter taxativo, es decir, contiene una enumeración limitativa y no susceptible de ampliarse a los asuntos que deben ser dirimidos por tribunales civiles. CONSIDERANDO (9): Que continuando con su exposición, el impetrante indica que el derecho a la defensa es una garantía adjetiva y de carácter formal, que da legitimidad al llamado procedimiento justo o debido proceso, ya que lo mínimo que se puede esperar en un debido proceso es tener acceso a él en amparo de los propios derechos; expresa el impetrante que su representada ha quedado en total indefensión, víctima de un delito de usurpación, delito permanente en que la actividad del agente se prolonga en el tiempo, condenada a observar impasible el inmenso daño patrimonial que se le causa única y exclusivamente en virtud del ardid maquinado por el imputado y al cual inocente y negligentemente ha sucumbido la Corte acusada. CONSIDERANDO (10): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional observa que en el acto que se reclama, el Tribunal recurrido hace una exposición amplia a lo que la doctrina refiere en relación a la excepción de incompetencia, asimismo la definición que la doctrina realiza en lo atinente al delito de Usurpación; en ese orden de ideas es importante relacionar algunas consideraciones adoptadas por la autoridad recurrida conforme a las cuales considera que la acción penal iniciada debe dirimirse a la competencia civil, así tenemos que considera la Corte de Apelaciones: “al efecto esta Corte entiende y aclara que con la excepción planteada no se pretende apartar al Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, del conocimiento de dicha causa, pues lo pretendido con la excepción planteada, es que la misma no se continúe conociendo por la vía del proceso penal, si no por la vía del proceso civil, petición que esta Corte comparte, pues ha quedado claramente establecido que la génesis de la causa objeto del presente estudio se origina en la disputa de bienes inmuebles ubicados en la misma jurisdicción, los cuales en un inicio constituían un solo cuerpo, pero debido a ventas hechas por los antecesores propietarios, dicho inmueble ha sido dividido en varias parcelas; constando en actos los documentos respectivos que acreditan que dicho inmueble inicialmente contaba con una extensión superficial de 273 manzanas, denominada Hacienda el Carmen y de las cuales la parte acusadora es propietaria de un lote de terreno de una extensión de 23 manzanas, funcionando en la misma la empresa mercantil denominada Lotificadora Las Lomas; continua indicando la resolución que se recurre que: “… en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado, que el hoy acusado ha acreditado con el respectivo testimonio de escritura ser el respectivo propietario del inmueble del cual se acusa está usurpando; por tanto goza de su posesión y de la propiedad del mismo; razones que hacen necesaria continuar dirimiendo dicha causa por la vía civil, en el expediente que según ha sido planteado se encuentra en su curso legal en el Tribunal A-quo….” –Énfasis suplido y entrelineado es nuestro CONSIDERANDO (12): Que el Título VII del Código Penal, desarrolla los Delitos Contra la Propiedad, estableciendo el precepto 227 de la norma indicada, que: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acrediten en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado.”CONSIDERANDO (13): Que como bien lo indica la Corte recurrida, la Usurpación es definida en la doctrina general como delitos contra la propiedad inmueble que se cometen con ánimo de provecho, así tenemos entonces conceptos en relación a lo que es la Usurpación: Usurpación. Acto por el que un individuo se apodera ilícitamente de un bien o de un derecho ajeno; de modo violento o mediante engaño. //2. Ficción que hace un individuo de la identidad, dignidad, cargo, facultades, etc., de una persona que no es él sino otro. //3. Aquello que es quitado, arrebatado o fingido sin derecho para ello. //4. En materia jurídica, el termino usurpación puede aludir al arrebatamiento de bienes, de derechos o de condiciones personales; todas conductas ilícitas con su correspondiente sanción. //5. Como delito contra el patrimonio, la usurpación es la conducta que ejecuta el que con violencia física o moral, amenazas, engaño, u otros medios ilícitos, se apodera de un bien inmueble ajeno arrebatándolo de manos de su dueño, poseedor o tenedor legítimo. La usurpación puede hacerse con intención de hacerse poseedor, o simplemente para apoderarse en el momento del bien; una vez cometido tal acto el delito se considera consumado. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera; sujeto pasivo o víctima, el tenedor, poseedor o dueño del inmueble. La ley establece las sanciones correspondientes, así como los medios de que dispone el dueño o el poseedor para recobrar el dominio del bien. CONSIDERANDO (14): Que la excepción procesal es una herramienta jurídica a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que ha interpuesto el demandante. El objetivo de la excepción procesal es impedir que el procedimiento siga su curso normal y que el juez entre a valorar el fondo del asunto por el que se demanda a una persona. Citando a Hugo Alsina, lo define como “Son la defensa que el demandado alega para paralizar o extinguir los efectos de la Demanda. Es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento”. Se llama excepción a toda defensa que el demandado opone para dilatar o destruir la acción del demandante, teniendo en cuenta estas dos opciones, la doctrina ha establecido una distinción, según que la defensa ataque al procedimiento o al fondo del derecho y las ha subdividido en dilatorias y perentorias, según que paralicen o extingan la acción o el derecho. CONSIDERANDO (15): Que el Código Procesal Penal, admite solo tres clases de excepciones en el procedimiento penal a saber: 1. La incompetencia; 2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3. La extinción de la acción penal. Conforme a la distinción establecida por la doctrina, la excepción por falta de acción puede considerarse como una excepción de carácter dilatoria, ello es así, porque ataca a la forma y no el fondo del procedimiento, en atención a que la acción no debió promoverse o no pueda proseguirse, ante la falta de requisitos en la presentación de la demanda. En el caso bajo estudio, la defensa del acusado, promovió la excepción de incompetencia, fundamentándose en lo establecido en el último párrafo del Artículo 54 del CPP, que desarrolla lo relativo a la jurisdicción penal; el párrafo último del relacionado artículo de la ley adjetiva penal define: “… No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles.”. CONSIDERANDO (16): Que la jurisdicción es un servicio público, en virtud del cual todos los ciudadanos tienen el derecho a pedir que la jurisdicción se ejerza, y ese ejercicio no opera de forma arbitraria, sino que está reglado por normas. La jurisdicción corresponde ejercerla a órganos de carácter público. La limitación más importante que pesa sobre la jurisdicción es la de que no puede estar regida más que por la ley y la Constitución que informa aquella. Así tenemos que todos los órganos jurisdiccionales tienen atribuida la potestad jurisdiccional, entendida por la propia Constitución como la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, la que, por motivos diversos, se atribuye a esos órganos en atención a ciertas reglas que determinan y precisan los asuntos en los cuales actuaran con potestad. A ese conjunto de reglas se le denomina competencia, concepto que es definido por GOMEZ COLOMER, como “el conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado”. El Artículo 137 de la LOAT, la concibe como “la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”. CONSIDERANDO (17): Que podemos afirmar que una lectura detenida del último párrafo del artículo 54 del CPP, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes, debiendo evidentemente abstenerse de conocer del asunto, si resulta probado por la parte que así lo alegue, que tal situación no debe ventilarse en la instancia penal, de no ser así, deberá entonces el Tribunal penal resolver la cuestión conforme a las reglas propias de su materia, y al solo efecto de la represión penal que proceda en el caso. CONSIDERANDO (18): Que, en atención a los argumentos expuesto por la Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a que la excepción que debió promoverse en el caso sub-júdice es la falta de acción y no la de competencia, este Alto Tribunal estima acertado tal argumento, ello es así pues según la doctrina todos los órganos jurisdiccionales tienen atribuida la potestad jurisdiccional, entendida por la propia Constitución como la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, la que, por motivos diversos, se atribuye a esos órganos en atención a ciertas reglas que determinan y precisan los asuntos en los cuales actuaran con potestad. A ese conjunto de reglas se le denomina competencia; en ese orden de ideas comienza indicando el artículo 54 del CPP que “Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas”, en el caso en estudio se presentó requerimiento fiscal por el delito de Usurpación, por ende, los Juzgados de Letras con jurisdicción penal tienen competencia para conocer de los requerimientos fiscales planteados por el Ministerio Público, al tenor de lo establecido en el artículo 58 del CPP. Como bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público, la excepción que debió plantearse es la de falta de acción y no la excepción de incompetencia, pues de existir dos documentos que acrediten la propiedad del bien inmueble que se encuentra en litigio, lo procedente era promover la excepción por falta de acción y dirimir las diligencias a la instancia civil, ante la imposibilidad de proseguir la causa en la instancia penal, por estarse resolviendo sobre el mismo asunto, en relación a la propiedad del inmueble en la instancia civil, pues al decretarse un sobreseimiento, sea éste provisional o definitivo, veda al ente acusador la posibilidad de promover de nuevo acción por el delito de Usurpación ante los efectos de cosa juzgada material que genera el dictado de un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO (19): Que conforme lo manda el artículo 202 del CPP, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (20): Que, según la doctrina, en la valoración individualizada de los medios de prueba, el Tribunal tendrá que razonar “…sobre [cada una de] las pruebas que se han practicado y sobre el grado de convencimiento que cada una le ha proporcionado y [sólo después], en función de la plural incidencia de todas ellas, sobre por qué ha llegado a una determinada conclusión y no a otras…”. De este modo se evita la elusión de una verdadera motivación fáctica so pretexto de una mal entendida “apreciación conjunta de la prueba”. Asimismo, se ha dicho que la sana crítica pretende superar, dentro de un proceso de progresiva racionalización de la valoración del material probatorio, el sistema de “prueba legal”, pero también el criterio de la “íntima convicción” y de la “apreciación en conciencia”, como modalidades de la “libre apreciación de la prueba”. Las reglas de la sana crítica, se han equiparado a las llamadas “máximas de experiencia”. Citando a STEIN, el autor indica que éste las definió –en palabras tantas veces transcritas- como “…definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretende tener validez para otros nuevos…”. Como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad. CONSIDERANDO (21): Que siguiendo esta idea en cuanto a la valoración de la prueba y a efecto de dar respuesta a los argumentos expuestos por el recurrente en Amparo a favor de la sociedad mercantil Lotificadora Las Lomas, Sociedad Anónima, una lectura detenida de los antecedentes, revela lo siguiente: a) Que el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal en contra del ciudadano Gustavo Alejandro Villela Suazo, por el delito de Usurpación de un Lote de Terreno de una extensión de veintitrés (23) manzanas, ubicado en Playa Grande, en el Municipio de Amapala, departamento de Valle; b) Que el Ministerio Público adjunta en la documentación que acompaña al Requerimiento Fiscal, Testimonio de Escritura Pública No. 69; c) Que la Defensa del encausado al momento de promover la excepción de incompetencia hace alusión al Testimonio de Escritura Pública No. 69 ut supra y la Escritura 566 de fecha 4 de noviembre del año 2002; observa este Tribunal Constitucional, que la motivación externada por la corte recurrida hace referencia a lo que la doctrina refiere en cuanto a la excepción de incompetencia, asimismo la definición en lo que al delito de usurpación concierne, no obstante a ello en relación a la prueba aportada en la audiencia inicial, no hace una valoración acorde a los principios exigidos en la ley penal adjetiva, en el orden de señalar cuáles son esos elementos de prueba con la que se estima acreditada la propiedad en litigio por ambas partes, observando esta Sala de los antecedentes que se hace relación a varios testimonios de Escrituras Públicas, pues en atención a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 54 del CPP, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes. CONSIDERANDO (22): Que como bien lo indican los recurrentes en Amparo, se entiende el debido proceso como un conjunto de garantías que la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras y en vigor, le entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales y órganos administrativos, que puedan reclamar cuando no estén conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que las resoluciones sean debidamente motivadas y fundadas; en consecuencia es de obligatorio cumplimiento lo establecido en el último párrafo del artículo 54 del CPP, siempre y cuando la parte que pretenda promover una excepción procesal, a efecto de resistirse a la acción interpuesta por el demandante, en el caso especifico por tratarse de un asunto que versa sobre el derecho de propiedad en el caso de Usurpación, se acredite que efectivamente ambas partes poseen título de dominio sobre el bien inmueble que se dice está siendo usurpado.CONSIDERANDO (23): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (24): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (25):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a las consideraciones fácticas y jurídicas relacionadas en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, y el imperio de la ley, lo que incluye la aplicación del principio iura novit curia, debiendo asimismo hacer la valoración respectiva de cada uno de los testimonios de Escrituras Públicas relacionadas, situación que fue obviada por el Tribunal recurrido en el fallo que se ampara. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 12, 13, 14, 46, 47, 54, 139 y 141 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1.- OTORGANDO los recursos de amparo interpuesto por los Abogados: 1.- SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. SCO-0233-2017); 2.- GAMAL N. HIRMAS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada LOTIFICADORA LAS LOMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (Reg. No. SCO-0334-2017); ambos contra la Resolución de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; 2.- Que el Tribunal recurrido la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, proceda a dictar nuevamente resolución, ante el otorgamiento de la garantía de Amparo promovida, observando las consideraciones de hecho y derecho relacionadas en el presente libelo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal (Acumulado) registrado en este Tribunal con el número SCO-233 y 334-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.