Sentencia AP-22-23 — Registro 17967
Resumen
Acto recurrido que otorgó el recurso de amparo contra la del a-quo, con relación a la causa instruida contra el señor Jorge López Meza, por suponerlo responsable del delito de Asesinato.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; En ese orden de ideas el artículo 198 relacionado a la finalidad de los medios de prueba, reza: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”. Así el artículo 199 relacionado a los medios de prueba permitidos, en el párrafo tercero dispone: “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, el dejar en indefensión al Ministerio Publico, mediante una resolución carente de motivación y fundamentación jurídica..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del dos mil veintitrés.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE LOPEZ MEZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JUAN PABLO RIVERA AVILEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, presentando Requerimiento Fiscal, contra el señor JORGE LOPEZ MEZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JUAN PABLO RIVERA AVILEZ. Asimismo, solicitó se autorizara la toma de declaración de testigos con las formalidades de prueba anticipada y se señalara la audiencia respectiva. (Folios 18-19 de la pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, emitió resolución en la cual resolvió: (SIC) “1.- Admitir el Requerimiento Fiscal que antecede junto con los documentos que se acompañan en contra del señor JORGE LOPEZ MEZA, a quien el Ministerio Público le presentó requerimiento fiscal por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JUAN PABLO RIVERA AVILEZ.- 2.- Líbrese en contra del imputado antes señalado cuantas órdenes de captura sean necesarias, y una vez habido el mismo, llévese a cabo la audiencia de Declaración de Imputado en presencia del Defensor que designare el encausado, caso contrario se le nombrará un Defensor Público, en lo demás resuélvase conforme a derecho corresponda.- 3.- Y siendo que el Ministerio Público solicitó la declaración de testigos con la formalidad de prueba anticipada se declara sin lugar la misma, por no ser suficientes los motivos justificativos expuestos por el Ministerio Público que no se ajusten a los presupuestos establecidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal.-…” (Folios 40 y 41 de los antecedentes).- 3) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintidós, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado CRISTIAN FERNANDO ORTIZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia del Departamento de Francisco Morazán, por estimar el recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la pieza de antecedentes) .-4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó su sentencia en fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, contra la resolución de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la causa que se instruye en el expediente 4124-2022 contentivo de las diligencias seguidas contra el señor JORGE LOPEZ MEZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO MEDIANTE ALEVOSIA en perjuicio de JUAN PABLO RIVERA AVILEZ.- SEGUNDO: ORDENA Restablecer los derechos fundamentales vulnerados denunciados por el impetrante.-…” (Folios 57 al 59 de la pieza de antecedentes).-5) Que en fecha seis de enero del año dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesta por el MINISTERIO PUBLICO a través del agente de tribunales JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, actuando en representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, que inadmite la práctica de medios de prueba testificales propuestos como prueba anticipada por el ente fiscal, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra del señor JORGE LOPEZ MEZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JUAN PABLO RIVERA AVILEZ.-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, que inadmite la práctica de medios de prueba anticipada de testigos del caso, propuestos por el ente fiscal en el requerimiento fiscal presentado contra del señor JORGE LOPEZ MEZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JUAN PABLO RIVERA AVILEZ, argumentando el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, (SIC) “3.- Y siendo que el Ministerio Publico solicitó la declaración de testigos con la formalidad de prueba anticipada se declara sin lugar la misma, por no ser suficientes los motivos justificativos expuestos por el Ministerio Publico que no se ajustan a los presupuestos establecidos en el artículo 277 del Código Procesal Penal.-“. Arguye el pedidor que se vulnera el derecho de defensa y debido proceso consignados en la Constitución de la República en los artículos 82 y 90, por la inobservancia por parte del A-quo, de lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal, pues no se pronuncia motivadamente tal como lo manda el artículo 141 del Código Procesal Penal, pues el Órgano Jurisdiccional pese a tener clara una petición y el motivo por el cual se solicita la misma, no da una respuesta razonada, motivada y fundada en derecho sobre una petición de un sujeto procesal, petición que consiste en la autorización por parte del Órgano Jurisdiccional para la practica de prueba anticipada consistente en la declaración testifical de los señores Alfredo Rivera Avilez y José Antonio Villalobos, testigos presenciales del hecho. Con lo cual se ha dejado en indefensión y por ende sin prueba al Ministerio Público, por lo cual, al no permitir la práctica de dicha diligencia de forma anticipada, se coloca en un estado de indefensión al Ministerio Publico y no le permite ejercer su mandato constitucional de ejercer la acción penal pública.- CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual Falla: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, al estimar el Ad-Quem que la inadmisión de los medios de prueba solicitada como prueba anticipada, conlleva una vulneración del derecho de defensa, pues al desestimar la A-quo la práctica de la prueba anticipada de los testigos presenciales de los hechos en el caso de Asesinato que se le sigue al imputado Jorge López Meza, se violenta el debido proceso, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal y en atención a la gravedad del delito y posible pérdida de la prueba, la A-quo debió permitir la práctica de la prueba anticipada peticionada por el Ministerio Público y garantizar el acceso a la justicia de los parientes de la víctima que son considerados como personas en condiciones de vulnerabilidad y de esa forma prevenir se genere impunidad en el caso sometido al conocimiento del Juez. Que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, para la propia defensa constitucionalizados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ejercitables en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo de la defensa, consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal sin desconocerlo u obstaculizarlo. Si se contraviene o restringe el derecho a probar se quebranta el orden constitucional y convencional, ello es así porque estos derechos fundamentales están reconocidos no solo en la Constitución, sino también en normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de derechos civiles y Políticos. Argumenta también el Ad-quem que no comparte el criterio emitido por el A-quo, por lo cual es procedente que la A-quo siguiendo las reglas y principios del proceso penal, proceda a tomar la prueba anticipada propuesta por el Ministerio Publico, consistente en la declaración de los testigos SANTOS ALFREDO RIVERA AVILEZ Y JOSE ANTONIO VILLALOBOS. Por la cual la Corte estima que se han lesionado las garantías constitucionales de debido proceso y derecho de defensa, pues el Juzgado de Letras Seccional de Tela, con un razonamiento insuficiente e irrazonable inadmitió la práctica de prueba anticipada propuesta por el Ministerio Publico.-CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan, en el orden, el primero: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; el segundo, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”.-CONSIDERANDO (6): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (7): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; En ese orden de ideas el artículo 198 relacionado a la finalidad de los medios de prueba, reza: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”. Así el artículo 199 relacionado a los medios de prueba permitidos, en el párrafo tercero dispone: “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, el dejar en indefensión al Ministerio Publico, mediante una resolución carente de motivación y fundamentación jurídica.-CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141 y 317 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023), recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0022-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL