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Sentencia AP-217-23 — Registro 16969

Resumen

Sentencia resolvió recurso de apelación contra Resolución dictada por Juzgado de primera instancia en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple en perjuicio de víctima; La Sala observó que el recurrente no expuso en sus agravios el perjuicio que le produce el acto reclamado dictado por la Alzada; por lo que no cumple las normas procesales; Advirtiendo que la Resolución se emitió con las formalidades de ley, garantizando los derechos constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de la exposición que realizó no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado dictado por la Alzada, el que obra de los antecedentes el cual después de analizado por ésta Sala, se advierte que se emitido conforme a los términos y bajo las formalidades exigidos por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto del estudio de la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no se advierte que vulnere los derechos contenidos en la norma fundamental..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectada, toda vez que el recurrente no ha expuesto en que forma han sido vulnerados los derechos específicos que invoca, no advirtiendo esta Sala después de analizada la resolución denunciada, quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de la exposición que realizó no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado dictado por la Alzada, el que obra de los antecedentes el cual después de analizado por ésta Sala, se advierte que se emitido conforme a los términos y bajo las formalidades exigidos por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto del estudio de la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no se advierte que vulnere los derechos contenidos en la norma fundamental..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectada, toda vez que el recurrente no ha expuesto en que forma han sido vulnerados los derechos específicos que invoca, no advirtiendo esta Sala después de analizada la resolución denunciada, quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de agosto del año dos mil veintitrés.VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO ÁVILA FUNEZ, a favor de JUAN MANUEL BONILLA GARCÍA, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra JUAN MANUEL BONILLA GARCÍA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de JOSÉ ARMANDO ALONZO HERNANDEZ CONSIDERANDO: Que el recurrente señala que con la emisión del acto reclamado se han vulnerado tanto el derecho de defensa como el debido proceso, no obstante, de la exposición que realizó no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado dictado por la Alzada, el que obra de los antecedentes el cual después de analizado por ésta Sala, se advierte que se emitido conforme a los términos y bajo las formalidades exigidos por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el recurrente en su escrito de interposición hace mención referente a su pretensión a la apertura a pruebas en el recurso de apelación con el fin de ejercer el derecho de defensa, no obstante, no se observa del planteamiento del impetrante ante la Alzada tal pretensión por lo que del acto reclamado no se aprecia ningún razonamiento en tal sentido, motivo por el cual esta Sala no emitirá juicio alguno sobre este aspecto ni en lo concerniente a los diferentes aspectos que ha expuesto el recurrente en el escrito de interposición del recurso de amparo, toda vez que su disertación gira en torno a lo que comprende el quebranto al derecho de defensa y debido proceso, empero, omitió señalar en que sentido la Alzada mermó estos derechos al dictar la resolución denunciada.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que la reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto del estudio de la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no se advierte que vulnere los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectada, toda vez que el recurrente no ha expuesto en que forma han sido vulnerados los derechos específicos que invoca, no advirtiendo esta Sala después de analizada la resolución denunciada, quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO ÁVILA FUNEZ, a favor de JUAN MANUEL BONILLA GARCÍA, contra una resolución emitida en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0217-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL