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Sentencia AP-212-21 — Registro 17420

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y revocó auto de formal procesamiento dictado por Juzgado de Primera Instancia que consideró acreditado el indicio racional de la participación del imputado como Representante legal Oso Polar S de R L en el delito que se le imputa, a quien se le supone responsable del delito de Defraudación Fiscal en perjuicio de la Administración Pública; La Autoridad recurrida en base al Decreto Legislativo 51-2018 y sus reformas referente al beneficio de amnistía tributaria considera que no procede la responsabilidad penal del imputado por errores en sus declaraciones tributarias ya que dichos Decretos permiten presentar rectificaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo de dos mil veinte, por la cual declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto a favor del señor CARMELO RIZZO PERALTA y revoca el auto de formal procesamiento decretado en su contra; se aprecia que el Ad-Quem concluye que el espíritu del legislador al aprobar la amnistía tributaria y aduanera es que las empresas puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias, y en el caso de autos resulta evidente que el obligado tributario no realizó correctamente el entero del impuesto sobre la renta en los periodos establecidos por la autoridad tributaria, tal como ha quedado acreditado en el informe técnico reportado por parte del Servicio de Administración de Rentas (SAR) que obra en el expediente de mérito (ver folio 477 de la pieza del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios)..."..."esta Sala aprecia que la existencia del decreto 51-2018 y sus reformas, resulta ser un beneficio de amnistía que se concederá de manera automática a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones o manifestaciones en forma extemporánea, indistintamente del período, antes del 31 de diciembre de 2017, sobre la deuda tributaria o aduanera relativa a las multas, recargos o intereses por la presentación extemporánea, según sea el caso, como sanción accesoria y que no deban el tributo causado en la declaración que la originó; tal como se encuentra plasmado en el literal f) del artículo 1 del decreto 51-2018; de igual manera el literal g) establece que el beneficio de amnistía es aplicable a lo concerniente al Impuesto Sobre Ventas, excepto al Impuesto Sobre Ventas originado por la venta de bienes y servicios que ha sido recaudado por los responsables y no enterado en forma ante el Fisco..."..."para esta Sala, queda evidenciado cuales son los tributos en concepto de impuesto sobre venta que el obligado tributario debió enterar como tal, los cuales ascienden a L.1,103,097.15 y como impuesto sobre la renta la cantidad de L.183,689.96 y que no fueron enterados en tiempo y forma por el obligado responsable de la recaudación; quedando claro que el señor Carmelo Rizzo, en su condición de representante legal de Oso Polar S. de R.L. no realizó en los periodos establecidos por la autoridad tributaria el entero del impuesto sobre la renta; y en cuanto al débito fiscal alegado por la defensa, este debe ser declarado mediante declaración jurada mensual por parte del preceptor de dicho impuesto..."..."tal como lo dejó establecido el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios en la audiencia inicial en el numeral 14 de su motivación, el accionar del imputado respondió a la intención que tuvo al ejecutar el hecho delictivo, mismo que fue consumado; lo que se traduce en el elemento subjetivo de dolo, que no es mas que la voluntad consiente del sujeto activo del delito de lograr el resultado esperado a sabiendas que eso es prohibido y que se cumple en el caso de autos; en tal sentido, al haberse acreditado el indicio racional de participación del señor Carmelo Rizzo, el juzgado ya referido procedió a dictar auto de formal procesamiento; criterio que esta Sala comparte; y en consecuencia es del parecer que debe otorgarse la presente acción de amparo..."..."el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, y los antecedentes del caso en estudio, esta Sala aprecia que no ha existido un razonamiento adecuado por parte de ese órgano colegiado, puesto que si bien es cierto el decreto 51-2018 junto con las ampliaciones realizadas al mismo, amparan mediante el beneficio de amnistía tributaria, a que los obligados tributarios para que puedan presentar sin sanción administrativa por el cumplimiento extemporáneo de su obligación de tributar; no menos cierto es que en el caso de mérito, según obra en los antecedentes, pese a que se cumplió con la obligación formal de presentar las declaraciones ante la administración tributaria, no obstante, no se cumplió en su totalidad con la obligación material de enterar todo lo que percibió en concepto de impuesto sobre ventas en el plazo ya establecido, puesto que la obligación era pagar las retenciones que había realizado mensualmente, sin ocultar sus ingresos reales de los impuestos percibidos en concepto de impuesto sobre ventas y sobre la renta, los cuales no fueron enterado al Estado de Honduras..."..."esta Sala considera que son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, puesto que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán ha quebrantado las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad que según la impetrante deben prevalecer en todo proceso penal, en consecuencia debe ser otorgado el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo de dos mil veinte, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor CARMELO RIZZO PERALTA por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS FABRICIO ERAZO ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CARMELO RIZZO PERALTA por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en la audiencia inicial celebrada los días siete de febrero de dos mil veinte, el citado juzgado dicto resolución en la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR las EXCEPCIONES DE LA INCOMPETENCIA Y DE FALTA DE ACCION NO PUEDA PROSEGUIRSE PRESENTADA por la defensa Técnica del imputada. SEGUNDO: DECRETA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al señor CARMELO RIZZO PERALTA, en su condición de Representante legal de la sociedad mercantil OSO POLAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. TERCERO: En relación a la medida cautelar a imponer, considera a la suscrita que la medida idóneo proporcional son las MEDIDAS SUSTITUTIVAS a la prisión preventiva establecidas en el artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal que son las siguientes: 5) Someter al imputado bajo el cuidado o vigilancia de su Apoderado Legal abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES quien deberá informar CADA QUINCE DIAS de la conducta de su representado a esta Judicatura a su vez se le hace saber al Abogado Defensor que SE HACE RESPONSABLE Y QUEDA OBLIGADO A TRAER A SU REPRESENTADOS A LAS AUDIENCIAS QUE ESTE JUZGADO SEÑALE SIEMPRE Y CUANDO SEA NECESARIA SU PRESENCIA. 6) Obligar al imputado a presentarse periódicamente a reportarse en el control que para tal efecto se lleva en la secretaría del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE FRANCISCO MORAZAN, cada VIERNES, comenzando a partir del día VIERNES CATORCE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO (2020) en horas laborales. 7) Se prohíbe al imputado salir del País sin la previa autorización de esta judicatura; para lo cual se deberá libra la aleta migratoria respectiva. 10) El imputado se compromete depositar la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 500,000.00) en concepto de FIANZA DEPOSITARIA, procédase a la ejecución de la misma para lo cual enviase atento oficio al señor Gerente del Banco Central de Honduras, a la cuenta que esta Judicatura maneja en esa institución bancaria, MISMA que ya fue depositada tal como consta en el certificado de depósito número 01211 del Banco Central de Honduras, por la cantidad antes descrita al respectivo Fiador el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, el que una vez en él se proceda a redactar la ESCRITURA APUD ACTA correspondiente.- Acto seguido se le hace sabe al imputado que de no cumplir condichas medidas estas pueden se revocadas. CUARTO. POR NOTIFICADA LAS PARTES DE LA PRESENTE RESOLUCION. “(FOLIO DEL 543 AL 575 de la pieza principal). 3) Que en fecha seis de marzo del año dos mil veinte, Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Marco Antonio Zelaya Reyes y Luis Ramón Romero Ochoa. 2.- REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO decretado contra el señor Carmelo Rizzo Peralta. 4) La recurrente Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de marzo el año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha seis de marzo del año dos mil veinte, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, esta Sala recibió escrito de formalización de la acción de Amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil veinte, que declara ha lugar el recurso de apelación y revoca el Auto de formal procesamiento decretado contra el señor CARMELO RIZZO PERALTA en su condición de representante legal de la sociedad mercantil OSO POLAR S. DE R.L. por el delito de defraudación fiscal contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente manifiesta que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones impugnada violenta los derechos consagrados en los artículos 1, 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar que al revocar el auto de fecha diez de febrero de dos mil veinte, la Corte de Apelaciones Penal, ha roto el orden constitucional y ha violentado las garantías constitucionales que deben regir en todo proceso, en primer lugar, por trasgredir la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho de defensa y como principios básicos de todo proceso, pues del análisis de lo resuelto se puede constatar que el Ad-Quem resolvió sobre argumentos que el apelante nunca planteó en sus agravios, violentando el principio dispositivo, principio de congruencia y el principio de legalidad. Aunado a ello, se señala también que la resolución dictada por el A-Quo está ajustada a derecho, dado que el obligado tributario cumplió con la obligación formal de presentar las declaraciones ante la administración tributaria, no obstante, no cumplió con la obligación material de enterar todo lo que percibió en concepto de impuesto sobre ventas en el plazo establecido por la ley. Que la defensa ha pretendido sustentar su tesis ofertando como medio de prueba las rectificaciones realizadas a las declaraciones de impuesto sobre ventas presentadas al Servicio de Administración de Rentas en procedimiento administrativo, los cuales fueron inadmitidos por el A-Quo puesto que corresponden a un periodo fiscal diferente al periodo que originó la presente causa, la cual corresponde al periodo fiscal del año 2018 en los meses de mayo a octubre, y la rectificaciones presentadas por la defensa, corresponden a otros años y otros periodos fiscales; en tan sentido, resulta improcedente que el Ad-Quem base su resolución en medios de prueba que no fueron admitidos en su momento procesal oportuno y en un derecho de amnistía que no es aplicable sobre el impuesto sobre ventas, resultando lesiva la resolución proferida por la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando la impetrante que la Corte de Apelaciones no debió emitir un sentencia valorando medios de prueba que fueron inadmitidos en audiencia inicial, pues pese a ser claro y evidente que se haya acreditado la participación del imputado, el Ad-Quem con su resolución ha violentado derechos y garantías constitucionales; si bien es cierto, el decreto 51-2018 concede un beneficio de amnistía y regularización tributaria a favor de quien aplique o lo solicite, tal beneficio consiste en que no serán sancionados administrativamente por el cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar las declaraciones; es decir que el decreto supra indicado no lo exime del pago de los impuestos que el Estad de Honduras ha dejado de percibir, por lo que se considera que el tribunal de segunda instancia con su resolución ha pretendido implantar un criterio de que no existe responsabilidad administrativa, mucho menos penal, a través de una interpretación y aplicación errónea del Código Tributario, puesto que el obligado tributario nunca tuvo la intención de solicitar la amnistía y regularización referida; considerando esta recurrente que el comportamiento del señor Carmelo Rizzo Peralta constituye el delito de defraudación fiscal. CONSIDERANDO (6): Que el A-Quo en su resolución de fecha siete de febrero de dos mil veinte considera que se ha acreditado el indicio racional de participación del imputado, siendo procedente que se dicta auto de formal procesamiento al señor Carmelo Rizzo Peralta por suponerlo responsable del delito de defraudación fiscal en perjuicio de la Administración Pública, en concepto de impuesto sobre la renta e impuesto sobre la venta por la cantidad de L.1,103,097.15; ello por considerar que el accionar de el imputado respondió a la intención que tuvo de ejecutar el hecho delictivo, mismo que fue consumado. CONSIDERANDO (7): Que en fecha seis de marzo del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán dictó resolución mediante la cual declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto a favor del señor Carmelo Rizzo Peralta y revoca el auto de formal procesamiento decretado en contra de dicho señor por considerar que mediante el decreto 51-2018, se concedió beneficio de amnistía y regularización tributaria consistente en un perdón a favor de quien aplique o lo solicite, consecuencia de ello, el legislador decretó tal amnistía tributaria la cual comprende que los obligados no serán sancionados administrativamente por el cumplimiento extemporáneo de su obligación de tributar y que comprende las obligaciones y pagos que debieron hacerse antes de diciembre de 2017; posteriormente, mediante decreto 129-2017, se amplía el decreto antes referido y se faculta a los obligados tributarios a presentar sus declaraciones tributarias previas al periodo comprendido hasta el 31 de mayo de 2018. De igual manera, mediante decreto 180-2018 se dispone que se amplía nuevamente el decreto 51-2018 y sus reformas, facultando al obligado tributario a poder presentar sus declaraciones tributarias extemporáneamente y además podrá rectificar los errores que hubiere cometido en las declaraciones que ya hubiere presentado, sean estas de impuestos sobre la renta o impuesto sobre ventas, enmiendas, correcciones o rectificaciones que podrá hacer según la aplicación de dicho decreto 51-2018. Por tanto, esta Corte de Apelaciones considera procedente declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto a favor del señor Carmelo Rizzo y revoca el auto de formal procesamiento decretado contra dicho acusado, por considerar que es evidente el espíritu del legislador al aprobar la amnistía tributaria y aduanera para que las empresas puedan ponerse al día en sus obligaciones tributarias, resultando improcedente considerar que, en este caso, la empresa mercantil Oso Polar S. de R.L. o su representante legal, puedan tener responsabilidad penal por errores en sus declaraciones tributarias cuando los decretos legislativos referidos les permite presentar las correspondientes rectificaciones de las mismas. CONSIDERANDO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce del caso concreto. CONSIDERANDO (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo de dos mil veinte, por la cual declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto a favor del señor CARMELO RIZZO PERALTA y revoca el auto de formal procesamiento decretado en su contra; se aprecia que el Ad-Quem concluye que el espíritu del legislador al aprobar la amnistía tributaria y aduanera es que las empresas puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias, y en el caso de autos resulta evidente que el obligado tributario no realizó correctamente el entero del impuesto sobre la renta en los periodos establecidos por la autoridad tributaria, tal como ha quedado acreditado en el informe técnico reportado por parte del Servicio de Administración de Rentas (SAR) que obra en el expediente de mérito (ver folio 477 de la pieza del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios). CONSIDERANDO (10): Que en el decreto legislativo 51-2018, el legislador contempla como espíritu del mismo que el obligado tributario goce del beneficio de la amnistía y regularización tributaria, la que consiste en el perdón a favor de quien le aplique o la solicite sin ningún tipo de sanción administrativa, el cumplimiento extemporáneo de su obligación de tributar y comprende las obligaciones y pagos que debieron realizar antes de diciembre del año dos mil diecisiete; además de realizar las rectificaciones a las declaraciones ya sean tributarias o aduaneras que hubieren presentado antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y que hubieren presentado con error; siendo aplicable esta amnistía también al impuesto sobre ventas. CONSIDERANDO (11): Que mediante decreto 129-2017 se amplía la vigencia del decreto 51-2018 para que los obligados tributarios presenten sus declaraciones tributarias previas, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y de igual manera para que presenten las rectificaciones a las declaraciones que hubieren presentado con error. Asimismo, se hizo una nueva ampliación a dicha amnistía, mediante decreto 180-2018, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2019; en donde se dispone ampliar la vigencia del decreto 51-2018 y sus reformas hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. CONSIDERANDO (12): Que para la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, el obligado tributario podrá presentar sus declaraciones tributarias extemporáneamente y además podrá rectificar los errores que hubiere presentado, ya sean de impuesto sobre ventas o impuesto sobre la renta; enmiendas, correcciones o rectificaciones, amparados en el decreto 51-2018; y en el caso en estudio, el señor Carmelo Rizzo, en su condición de gerente general de Oso Polar S. de R.L., se le acusa de haber presentado declaraciones de los impuestos sobre la renta y sobre ventas conteniendo errores en sus montos o cantidades reportadas durante los periodos de mayo a octubre del año dos mil dieciocho y de acuerdo a lo estipulado en los decretos y referidos, toda empresa o persona jurídica podrá rectificar sus declaraciones, por tanto, si las mismas presentan inconsistencias podrán enmendarlas sin que ello conlleve una responsabilidad administrativa y mucho menos penal, por lo que se considera procedente declarar ha lugar el recurso de apelación y revocar el auto de formal procesamiento decretado en contra del señor Carmelo Rizzo. CONSIDERANDO (13): Que en ese orden de ideas, esta Sala aprecia que la existencia del decreto 51-2018 y sus reformas, resulta ser un beneficio de amnistía que se concederá de manera automática a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones o manifestaciones en forma extemporánea, indistintamente del período, antes del 31 de diciembre de 2017, sobre la deuda tributaria o aduanera relativa a las multas, recargos o intereses por la presentación extemporánea, según sea el caso, como sanción accesoria y que no deban el tributo causado en la declaración que la originó; tal como se encuentra plasmado en el literal f) del artículo 1 del decreto 51-2018; de igual manera el literal g) establece que el beneficio de amnistía es aplicable a lo concerniente al Impuesto Sobre Ventas, excepto al Impuesto Sobre Ventas originado por la venta de bienes y servicios que ha sido recaudado por los responsables y no enterado en forma ante el Fisco. CONSIDERANDO (14): Que según se desprende del informe técnico extendido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el señor Carmelo Rizzo es socio y representante legal de la sociedad mercantil Oso Polar, encontrando los fedatarios fiscales que presenta declaraciones de impuesto sobre ventas con valores cero, dese mayo a septiembre de dos mil dieciocho y las facturas de ventas, las consigna a nombre de su cliente y principal distribuidos Carmelo Rizzo Peralta con nombre comercial Consultores Morania, quien si tiene documento autorizado por la administración tributaria; además de encontrarse Oso Polar con bloqueo por facturación desde el periodo 2015 por presentar deudas con la administración tributaria. Que como conclusiones del informe técnico se desprenden que el obligado tributario como Oso Polar S. de R.L. tiene deudas con la administración tributaria de varios impuestos, así como liquidaciones adicionales no exigibles, para el periodo 2018 se determina diferencias en la línea de ventas debido a que declaró valores en cero de noviembre a diciembre de ese mismo año, no cumpliendo en el mes de octubre con la obligación formal de la presentación de la declaración. El señor Carmelo Rizzo, como Consultora Morania, para el periodo 2017, se revisó en el sistema de la administración tributaria y se verificó que solicitó actualización tributaria al 2017 según decreto 129-2017; además tiene deudas con la administración tributaria de varios impuestos, tiene omisos de declaración de retención en la fuente para los periodos del 2017-06 al 2018-11 y 2019-01 al 2019-09. De igual manera, el obligado tributario tiene bloqueo de facturación por omisos y por deuda. CONSIDERANDO (15): Que para esta Sala, queda evidenciado cuales son los tributos en concepto de impuesto sobre venta que el obligado tributario debió enterar como tal, los cuales ascienden a L.1,103,097.15 y como impuesto sobre la renta la cantidad de L.183,689.96 y que no fueron enterados en tiempo y forma por el obligado responsable de la recaudación; quedando claro que el señor Carmelo Rizzo, en su condición de representante legal de Oso Polar S. de R.L. no realizó en los periodos establecidos por la autoridad tributaria el entero del impuesto sobre la renta; y en cuanto al débito fiscal alegado por la defensa, este debe ser declarado mediante declaración jurada mensual por parte del preceptor de dicho impuesto. CONSIDERANDO (16): Que constituye delito de defraudación fiscal según lo establecido en el artículo 392-D del Código Penal, toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del fisco, considerándose como tales entre otras… 3) la disminución total o parcial de cualquier impuesto, contribución o tasa análoga a la que originan con motivo de cualquier operación o transacción fraudulenta; 17) en incumplimiento de los responsables o agentes de retención de retener, los valores correspondientes cuando no se subsane tal hecho en la forma prevista en el artículo 184 del Código Tributario; 19) omitir las declaraciones o informaciones que le suministre a las autoridades tributarias, datos o informaciones que de cualquier modo tergiversen sus obligaciones tributarias. CONSIDERANDO (17): Que tal como lo dejó establecido el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios en la audiencia inicial en el numeral 14 de su motivación, el accionar del imputado respondió a la intención que tuvo al ejecutar el hecho delictivo, mismo que fue consumado; lo que se traduce en el elemento subjetivo de dolo, que no es mas que la voluntad consiente del sujeto activo del delito de lograr el resultado esperado a sabiendas que eso es prohibido y que se cumple en el caso de autos; en tal sentido, al haberse acreditado el indicio racional de participación del señor Carmelo Rizzo, el juzgado ya referido procedió a dictar auto de formal procesamiento; criterio que esta Sala comparte; y en consecuencia es del parecer que debe otorgarse la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (18): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, y los antecedentes del caso en estudio, esta Sala aprecia que no ha existido un razonamiento adecuado por parte de ese órgano colegiado, puesto que si bien es cierto el decreto 51-2018 junto con las ampliaciones realizadas al mismo, amparan mediante el beneficio de amnistía tributaria, a que los obligados tributarios para que puedan presentar sin sanción administrativa por el cumplimiento extemporáneo de su obligación de tributar; no menos cierto es que en el caso de mérito, según obra en los antecedentes, pese a que se cumplió con la obligación formal de presentar las declaraciones ante la administración tributaria, no obstante, no se cumplió en su totalidad con la obligación material de enterar todo lo que percibió en concepto de impuesto sobre ventas en el plazo ya establecido, puesto que la obligación era pagar las retenciones que había realizado mensualmente, sin ocultar sus ingresos reales de los impuestos percibidos en concepto de impuesto sobre ventas y sobre la renta, los cuales no fueron enterado al Estado de Honduras. CONSIDERANDO (19): Siendo así las cosas, esta Sala considera que son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, puesto que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán ha quebrantado las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad que según la impetrante deben prevalecer en todo proceso penal, en consecuencia debe ser otorgado el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (20): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, luego del estudio de la foliada se aprecia que la Corte de Apelaciones Penal no aplicó correctamente dicho ordenamiento jurídico, siendo procedente otorgar la presente acción de amparo por las razones expuestas. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 392-D del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y demás leyes aplicables. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0212-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL