Sentencia AP-208-20 — Registro 17668
Resumen
Acto recurrido que declaró con lugar parcialmente apelación contra la del a-quo, con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad en los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita. En perjuicio del impetrante. Otorgandose la accion de amparo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." El Ministerio Público ha invocado que los derechos constitucionales que considera quebrantados son el debido proceso en relación con el principio de legalidad, en ese orden de ideas, al establecer el texto constitucional que nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, coloca en el Tribunal Constitucional el deber ineludible de confrontar si el juzgador de instancia ha observado tales formalidades, derechos y garantías, así pues es de vital importancia que el juzgador ajuste su proceder dentro de las facultades que expresamente le ha conferido la ley, estando obligado a aplicar aquellas normas que regulan los casos concretos, en ese sentido, está obligado a interpretar los preceptos en el sentido y alcance para el cual estos han sido sancionados, siendo esta precisamente una garantía para todo justiciable y partícipe del proceso penal; ya antes esta sala de lo constitucional ha sostenido que correspondía a la justicia penal determinar el sentido o alcance de las normas sustantivas que se han vinculado con los derechos señalados como conculcados, de tal manera que, al haberse definido la controversia sustantiva por la Corte Suprema de Justicia a través de su órgano competente, queda el examen pendiente a esta jurisdicción de determinar, si las actuaciones del tribunal de instancia han sido consecuentes con la decisión adoptada por el máximo tribunal de Justicia en su rol de garante de las formalidades y derechos que los intervinientes tienen para que se emplee el ejercicio intelectivo adecuado para la correcta interpretación de la norma material que construye el fondo del proceso; dicho esto, resulta claro para esta Sala de lo Constitucional que la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la causa penal no es lo suficientemente completa como para asegurar una aplicación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto que permitan una interpretación consecuente con la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de justicia, comprometiendo de este modo el debido proceso y el principio de legalidad por lo que es procedente otorgar la garantía de amparo solicitada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Roxana Lucila Castro, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra los señores Marlon Humberto Banegas Ruiz, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y Uso Indebido de Indumentaria Policial en perjuicio de la Fe Pública; Roger Aguinaldo Flores Rodríguez, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Armes Orlando Flores Rodríguez, a quien se le supone responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Nelson Genaro Flores Rodríguez, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita; Diógenes Edgardo Flores Flores, a quien se le supone responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y Uso Indebido de Indumentaria Policial en perjuicio de la Fe Pública.- ANTECEDENTES: 1) En fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, los Agentes Fiscales, los Abogados José Cruz Mejia y Josselyn Villeda, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Marlon Humberto Banegas Ruiz, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y Uso Indebido de Indumentaria Policial en perjuicio de la Fe Pública; Roger Aguinaldo Flores Rodríguez, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras: Armes Orlando Flores Rodríguez, a quien se le supone responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Nelson Genaro Flores Rodríguez, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita: Diógenes Edgardo Flores Flores, à quien se le supone responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y Uso Indebido de Indumentaria Policial en perjuicio de la Fe Pública (Folios 1-6 del antecedente). 2) En fecha veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de la sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, resolvió: PRIMERO: Decretar AUTO FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores MARLON HUMBERTO BANEGAS RUIZ por suponerle responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FURGO DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA, USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, ROGER AGUINALDO FLORES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, ERMES ORLANDO FLORES RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, NELSON GENARO FLORES RODRIGUES por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE MUNICION DE USO PROHIBIDO Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y DIOGENES EDGARDO FLORES FLORES, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE MUNICION DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGUIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS de generales ya expresadas en el preámbulo de este Auto de Formal Procesamiento y la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA. SEGUNDO:- Decreta asimismo a los encartados MARLON HUMBERTO BANEGAS RUIZ, ROGER AGUINALDO FLORES RODRIGUEZ, ERMES ORLANDO FLORES RODRIGUEZ, NELSON GENARO FLORES RODRIGUEZ Y DIOGENES EDGARDO FLORES FLORES la medida Cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA lo anterior con fundamento en los Artículos 69, 80, 303 y 304 de la Constitución de la República; 32 y 332 b del Código Penal; 173 numeral 3, 178, 179, 184, y 297 Y 298 del Código Procesal Penal. Y MANDA: NOTIFIQUESE A LAS Librar PARTES los oficios correspondientes.- EL PRESENTE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO (Folios 123-127 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Yaxkin Roman Urbina Bonilla, en su condición de Defensor Privado, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictó sentencia mediante la cual falló: "I.-CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA; II. REVOCAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores ERMES ORLANDO FLORES RODRIGUEZ - DIOGENES EDGARDO FLORES FLORES, por suponérseles responsables de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO DE HONDURAS; III.- ORDENAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores ERMES ORLANDO FLORES RODRIGUEZ Y DIOGENES EDGARDO FLORES FLORES, por suponérseles responsables de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; IV.- CONFIRMAR LOS DEMAS PRONUNCIAMIENTOS DEL FALLO." (Folios167- 179 del antecedente). 4) La recurrente, la Abogada Roxana Lucila Castro, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) En fecha quince de marzo de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción de mérito, presentada por la Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, precisó que la resolución contra la cual se interpone la demanda de amparo es la proferida por la Corte Tercera de Apelaciones, en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve que resolvió con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte defensora de los ciudadanos ERMES ORLANDO FLORES RODRIGUEZ Y DIOGENES EDGARDO FLORES FLORES y revocó el auto de formal procesamiento. Manifiesta el recurrente que los derechos constitucionales que estima quebrantados son el debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, estimando que al analizar la resolución recurrida, se ordenó el sobreseimiento definitivo a favor de los ciudadanos ERMES ORLANDO FLORES RODRIGUEZ y DIOGENES EDGARDO FLORES FLORES, por considerar que debe aplicarse el decreto legislativo 269-2017, ampliado por el decreto 52-2017, que concede el beneficio de amnistía hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho para que aquellos ciudadanos que no han acudido al registro de cualquier arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la Armería, procedan a registrarla con la documentación restante, estimando el juzgador que ello implica una derogación tácita temporal del artículo 332-b del código penal. Sobre este razonamiento, expresa el recurrente que una ley solamente puede ser derogada cuando el congreso nacional así lo establezca, de manera que no acontece la derogación tácita como lo ha señalado el sentenciador ad quem, lo que constituye una interpretación errónea de los alcances de las normas que contienen dicho decreto, pues los acusados de ningún modo se dirigían en ese momento a realizar el trámite de inscripción de las armas de tipo comercial que portaban y que les fueron decomisadas, con plena indiferencia tanto a la oportunidad de poder regularizar su tenencia, como a la norma penal que reprocha dicha conducta contenida en el artículo 322-b del código penal. Destaca que los decretos de veda-amnistía no albergan causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o causa absolutoria a la punibilidad, sino que son gracias para que todo aquel que tenga en su poder una arma sin el respectivo permiso de autoridad administrativa, proceda a registrarla; la aplicación inadecuada de los decretos en estudio constituye una flagrante violación al debido proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia; en relación al principio de legalidad, el poder tiene sus fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al juez la obligación de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, orientándose por la búsqueda del verdadero sentido de la norma, por lo que debió confirmar la resolución apelada. CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1].CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional en relación al tema traído por el Ministerio Público al conocimiento y decisión de la Justicia Constitucional referente a los llamados decretos de veda /amnistía, ha sido una discusión nada pacífica que ha visto como se han pronunciado fallos contradictorios y que se reseña a continuación: a) La sentencia AP-0398-2014 de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que denegó el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que confirma el sobreseimiento provisional dictado por el a quo; quedando sobreseído en forma provisional el delito de posesión ilegal de arma comercial. b) La sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el a quo sobreseyendo al encausado por el delito de posesión ilegal de arma comercial y prohibida, ordenando la Sala de lo Constitucional continuar con el proceso penal. c) La sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el a quo, sobreseyendo en forma provisional la causa por el delito de portación ilegal de arma comercial. La Sala de lo Constitucional en dicha oportunidad determinó que el objeto de los decretos legislativos no es despenalizar los delitos contenidos en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino motivar a la ciudadanía para que procediera al registro de las armas comerciales que tuvieren en posesión, a fin de que el Estado pudiera controlar el parque de armas de fuego que circulan en el país. d) La sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que le ordena al a quo que proceda a dictar sobreseimiento definitivo. Para la Sala de lo Constitucional el decreto 184-2013 no revoca ni reforma el artículo 332-A y 332-B del Código Penal, sino que está regulando temporalmente dichas disposiciones con el fin de lograr el registro de armas comerciales en poder de los ciudadanos y la entrega de armas prohibidas a la autoridad competente para su destrucción. De manera que con la veda concedida por el Estado se ha restringido el ius puniendi de forma temporal, en cuanto a la aplicación de los artículos ya citados del Código Penal. e) La sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del ad quem mediante la cual se dictó sobreseimiento definitivo, luego de revocar el auto de formal procesamiento que dictó el a quo por el delito de portación de arma prohibida de fabricación casera. En el considerando número ocho la Sala repite la misma argumentación que sostuvo en la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los efectos de la veda dispuesta en los decretos (184-2013 y 63-2014), señalando que el Estado ha restringido el ius puniendi de forma temporal, en cuanto a la aplicación de los artículos 332-A y B del Código Penal. El resultado final es el sobreseimiento definitivo. f) La sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del ad quem mediante la cual se confirma el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia, en relación con el delito de portación de arma prohibida de fabricación casera. La Sala de lo Constitucional en esta oportunidad fue del criterio que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto; más bien expresó la Sala, refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del decreto, no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego, documentación que acreditara su registro, igualmente quedó en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la correspondiente ley de armas… esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el treinta de julio de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente. g) La sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el ad quem, luego de revocar el auto de formal procesamiento que se había dictado en primera instancia por el delito de posesión ilegal de armas de fuego y municiones prohibidas de un imputado y posesión de armas de fuego comercial y municiones en contra de otro imputado. En relación con los decretos (184-2013 y 63-2014), la Sala de lo Constitucional estableció que, en dicho caso de mérito, no concurre el efecto que producen estos decretos. Es decir, el conceder a la ciudadanía un tiempo de veda para acudir a inscribir las armas de fuego de tipo comercial y entregar las armas prohibidas, sin enfrentar ninguna consecuencia jurídica. Agrega que dichos decretos no despenalizan bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto. El resultado del amparo entonces es que continúe el proceso penal. h) La sentencia AP-0241-2015; AP-351-2015; AP-0365-2015; AP-0370-2015 (acumulación) de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. La Sala con dicha sentencia resuelve otorgar el amparo AP-0241-2015 interpuesta por el Ministerio Público; y deniega los amparos AP-351-2015; AP-0365-2015; AP-0370-2015, interpuestos por los defensores de distintos imputados. En resumen, el resultado de segunda instancia fue así: i) La corte de apelaciones revocó a uno de los encausados (Imputado A), el sobreseimiento provisional que había dictado a su favor el a quo por el delito de posesión de arma de fuego prohibida y ordenó en su contra auto de formal procesamiento. En el caso AP-0241-2015 la Sala estimó el amparo del Ministerio Público. ii) Por otra parte el tribunal de alzada revocó el auto de formal procesamiento que el órgano de primera instancia había dictado en contra de otro encausado (Imputado B), por el delito de posesión ilegal de arma comercial, ordenando que en su lugar se dictase sobreseimiento definitivo por ese delito. iii) También en relación con el (Imputado B), el ad quem decidió confirmar el auto de formal procesamiento por el delito de posesión ilegal de arma prohibida. iii) Finalmente el ad quem confirmó el auto de formal procesamiento a favor de un tercer encausado (Imputado C), dictado por el juez de primera instancia por el delito de posesión ilegal de arma comercial. La Sala de lo Constitucional en resumen al decidir sobre los amparos interpuestos, optó porque que en todos los casos se mantuvieran los autos de formal procesamiento, teniendo como fundamento para ello lo señalado en el considerando número ocho, cuando expresa que el propósito del decreto legislativo número 184-2013, es que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, que carecieren de factura de compra procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que no constituye una despenalización de delitos, como tampoco tiene por finalidad permitir la impunidad. La Sala en este caso, explica que la veda que introduce el decreto aludido era una motivación para la ciudadanía, para que efectuase el trámite de registrar sus armas comerciales y con ello el Estado obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país. Señaló la Sala que el ad quem confirió al decreto 184-2013, “… un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial…” i) La sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el ad quem, luego de revocar el auto de formal procesamiento que se había dictado en primera instancia por el delito de posesión ilegal de arma de fuego [comercial]. En esta ocasión la Sala repite la misma argumentación de la sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, señalando que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del período de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto; más bien, expresó la Sala, refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del decreto, no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego, documentación que acreditara su registro, igualmente quedaron en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de armas… esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el siete de mayo de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente. j) La sentencia AP-0404-2015 de fecha veintiocho de febrero del presente año, que sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución del iudex ad quem que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo del delito de portación ilegal de arma comercial dictado por el juez de primera instancia, quien estimó y declaró procedente la falta de acción penal del Ministerio Público. La Sala determinó básicamente que el asunto de mérito no corresponde a la jurisdicción constitucional, entre otros argumentos, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional; esto en virtud de que el alegato de la amparista tiene como propósito que se establezca la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley; extremo que se estima un asunto de instancia, el cual sólo puede ser conocido por los órganos de justicia ordinaria penal.- CONSIDERANDO (6): Que, ante la nueva discusión del tema, esta vez en relación al decreto legislativo 269-2017 ampliado por el decreto 52-2017, como precedente, la sala de lo constitucional estimó unificar la jurisprudencia en relación a los decretos veda/amnistía, en ese sentido se puede observar que la Sala de lo Constitucional con relación al sentido correcto de aplicación de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, ha tenido varias posiciones. Por una parte, ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo, también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. Por último, la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. Es así que fruto de la diversidad de posiciones admitidas por esta Sala, resulta apremiante una decisión que ponga fin a las diferentes líneas jurisprudenciales y asuma una sola.- En principio, la Sala observa que todas las garantías de amparo que fueron presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas. Para la Sala es válido apuntar que estas garantías de amparo, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos. Dicho de otra manera, la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal. Ahora bien, dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional.[2]- La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley. Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo. Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores[3] para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional. La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad. De manera que ante el planteamiento de quien pide amparo lo que procede es denegar la presente garantía constitucional por ser esa la posición más acorde con el mandato constitucional y legal; sin embargo, estima procedente ratificar los argumentos que expuso en la sentencia que declaró el sobreseimiento de la garantía constitucional de mérito. En dicha sentencia se expuso lo siguiente: “De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplía a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial, A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país. Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la razón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí. La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo,…”[4] CONSIDERANDO (7): En virtud de que la jurisprudencia establecida por este Tribunal Constitucional en relación a los denominados decretos Veda/Amnistía, estableció que corresponde a la Jurisdicción Penal, dilucidar la controversia suscitada en relación a si la temporalidad de tales decretos representa un despenalización temporal de la conductas sancionadas por el artículo 332 A y B del código penal, es de vital importancia examinar cada caso en concreto a efectos de confrontar si se da el quebranto constitucional denunciado tomando en consideración lo que en efecto ha podido resolver la Justicia Penal. CONSIDERANDO (8), La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, hoy día ha dilucidado esa controversia y en sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veinte pronunciada en el recurso de casación número 510-2017 ha determinado: “Decretos Legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A) Sala de lo Constitucional: En sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B) Sala de lo Penal: La Sala de lo Penal, a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo 063-2014, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184- 2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 063-2014 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. – Los hechos declarados probados, ut supra transcritos, cuentan que el día 21 de Noviembre de 2014, el señor José Ricardo Coto Rápalo, se encontraba en la Colonia Suyapa, sector de Chamelecón, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, portando sin autorización de autoridad competente, un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, serie Y97764, hecho que se ajusta al ámbito situacional que precisamente regula el artículo 332-B del Código Penal, por lo que le asiste la razón al Ministerio Público al alegar que el tribunal de sentencia omitió su aplicación indebidamente. Fue fundamento del a-quo para absolver al acusado la aplicación del decreto legislativo 184-2013, prorrogado por el decreto 063-2014, al interpretarlo como cuerpo normativo que derogaba tacita y temporalmente el artículo 332-B del Código Penal. La Interpretación que es errónea como ya se ha explicado, pues el propósito de éste es otro.- Sala de lo Penal desea dejar establecido que ninguno de los Decretos Legislativos que hoy se identifican como “Decretos de Veda/Amnistía”, albergan causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o causa absolutoria a la punibilidad, sino que son gracias que el Poder Legislativo ha concedido; los decretos estipulan la obligación de la inscripción de las armas de fuego comercial, que es la misma obligación que existe en los tiempos donde dichos decretos no tienen vigencia, siendo la única diferencia que durante la vigencia de aquellos los habitantes no tienen que presentar la totalidad de la documentación que se exige normalmente; entonces el plazo señalado en los decretos no es un tiempo de gracia para portar el arma de manera impune, sino gracia para que el registro se realice satisfaciendo requisitos mínimos”. CONSIDERANDO (9): El Ministerio Público ha invocado que los derechos constitucionales que considera quebrantados son el debido proceso en relación con el principio de legalidad, en ese orden de ideas, al establecer el texto constitucional que nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, coloca en el Tribunal Constitucional el deber ineludible de confrontar si el juzgador de instancia ha observado tales formalidades, derechos y garantías, así pues es de vital importancia que el juzgador ajuste su proceder dentro de las facultades que expresamente le ha conferido la ley, estando obligado a aplicar aquellas normas que regulan los casos concretos, en ese sentido, está obligado a interpretar los preceptos en el sentido y alcance para el cual estos han sido sancionados, siendo esta precisamente una garantía para todo justiciable y partícipe del proceso penal; ya antes esta sala de lo constitucional ha sostenido que correspondía a la justicia penal determinar el sentido o alcance de las normas sustantivas que se han vinculado con los derechos señalados como conculcados, de tal manera que, al haberse definido la controversia sustantiva por la Corte Suprema de Justicia a través de su órgano competente, queda el examen pendiente a esta jurisdicción de determinar, si las actuaciones del tribunal de instancia han sido consecuentes con la decisión adoptada por el máximo tribunal de Justicia en su rol de garante de las formalidades y derechos que los intervinientes tienen para que se emplee el ejercicio intelectivo adecuado para la correcta interpretación de la norma material que construye el fondo del proceso; dicho esto, resulta claro para esta Sala de lo Constitucional que la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la causa penal no es lo suficientemente completa como para asegurar una aplicación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto que permitan una interpretación consecuente con la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de justicia, comprometiendo de este modo el debido proceso y el principio de legalidad por lo que es procedente otorgar la garantía de amparo solicitada.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROXANA LUCILA CASTRO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Cortés, en fecha doce de agosto del dos mil catorce (2014). SEGUNDO: La resolución objeto de la acción de amparo, no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir el derecho al debido proceso y el principio de legalidad. TERCERO: La Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Cortés, debe dejar sin valor ni efecto la resolución del recurso de apelación pronunciada en fecha doce de agosto del dos mil catorce (2014) pronunciando la que en derecho corresponde. Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO. HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0208-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.
[2] Esta es una cuestión que de manera exclusiva sólo puede ser esclarecida por la jurisdicción penal por medio de los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Penal), por medio de la casación. Este recurso es el idóneo por su naturaleza nomofiláctica para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas; y nunca la garantía constitucional de amparo.
[3] Se hace referencia a la línea jurisprudencial de denegatorias iniciada con la sentencia AP-0398-2014 de fecha 20 de abril de 2016, seguida de estas otras: la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; la sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Como a la línea jurisprudencial de otorgamientos iniciada con la sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis y que continuó con estas: sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0241-2015 y otras de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.
[4] Véase acciones de amparo 0283-2015, 0688-2015, 198-2016 y 329-2016.