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Sentencia AP-191-22 — Registro 15871

Resumen

Resolución que confirma sobreseimiento definitivo con relación a la causa que instruida contra imputada, por suponerla responsable de la comisión del delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación,en la cual impetrante argumenta no se realizó la audiencia inicial tal y como la configura el artículo 292 del Código Procesal Penal, esto es con la presencia de la defensa y el fiscal del Ministerio Publico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."11): Siempre y en relación con el considerando que antecede esta Sala estima que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la motivación no da una repuesta integral al problema puesto a su conocimiento. El A-quo emite una resolución dictando un Sobreseimiento Definitivo sin haber contado con la presencia del fiscal del ente acusador, en tanto sin aporte probatorio, ni establecimiento de los hechos concretos; La audiencia inicial tiene una configuración legal que no puede soslayarse. Debe realizarse con las presencias de las partes y en ella debe existir una mínima actividad probatoria, la confrontación de los argumentos de cargo y descargos para saber si puede darse la pertinencia y conducencia en cuanto a lo peticionado por la fiscalía y la defensa. En la causa bajo estudio eso no sucedió. El dictado de un Sobreseimiento Definitivo debe estar ceñido a los presupuestos establecido en el artículo 296 del Código Procesal Penal; La Corte de Apelaciones en su motivación no hace un razonamiento sobre tales presupuestos, los cuales no pudieron ser, puesto que no se realizó la audiencia inicial tal y como la configura el artículo 292 del Código Procesal Penal, esto es con la presencia de la defensa y el fiscal del Ministerio Publico. Todo ello atenta contra el proceso penal preestablecido por lo tanto se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Siguiendo ese orden de ideas y del estudio del caso subjudice, esta Sala aprecia que en la presente causa ha existido una desnaturalización de las formas procesales, lo cual ha tenido como consecuencia la vulneración de derechos. Así mismo esta Sala observa que la Fiscal asignada en el caso bajo estudio ha demostrado negligencia al momento de cumplir lo que establece su ley orgánica en el artículo 1 que señala: “El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad. Esto exige una responsabilidad y diligencia sobre las causas que llevan los fiscales de dicha institución puesto que tiene una encomienda transcendental como ser velar en favor de la colectividad del país. La fiscal personada en las presentes diligencias tuvo que haber tenido una mayor pericia y ser más diligente para comunicar sus peticiones o informaciones al órgano jurisdiccional. Por otro lado, el Juzgado de Letras Seccional y la Corte de Apelaciones deben recordar que los derechos fundamentales estatuidos en la Constitución se distribuyen de manera uniforme entre victima e imputado. El proceso penal tiene una finalidad, la cual es la búsqueda de la verdad, toda decisión que se tome en ese cometido debe ser de manera equilibrada, respetando los cánones procesales y poniendo en relieve el valor que antes hemos mencionado: Justicia. En la búsqueda de la verdad el A quo tiene un rol activo en el sentido que puede hacer requerimientos al Ministerio Publico quien goza de unidad de actuaciones, para que de forma inmediata haga personar agentes fiscales para que se presenten a las causas que estén activas. De recibir una respuesta negativa debe usar todos los mecanismos a su disposición para que prime el fin del proceso y no decantarse por el posicionamiento de alguna de las partes. Es menester de esta Sala recordar el articulo 5 y 16 de la ley orgánica del Ministerio Publico: Artículo 5.- “El Ministerio Público es único para toda la República y sus representantes ejercerán las funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica en la materia y en el territorio para el que han sido designados, salvo lo que disponga en casos y situaciones especiales el órgano superior jerárquico del organismo mediante resolución fundada. Artículo 16.- Son atribuciones del Ministerio Público. 1. Velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y de las leyes;2. Ejercitar de oficio las acciones penales que procedan de acuerdo con la ley; 3. Velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia y porque en los Juzgados y Tribunales de la República se apliquen fielmente las leyes en los procesos penales y en los que tenga que ver el orden público o las buenas costumbres. […] Por consiguiente La inobservancia del Debido Proceso ha sido patente en la causa de mérito, por lo que es procedente Otorgar la garantía de amparo. CONSIDERANDO (13): Que el otorgamiento del recurso de amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, deba realizar una nueva audiencia inicial donde estén presentes las partes y puedan confrontarse los elementos probatorios que conduzcan a establecer certeza en cuanto a la acusación presentada por el Ministerio Público, estableciendo si existe o no merito en la acusación, o se pueda probar la extinción de la acción penal, así mismo atendiendo los principios de igualdad y contradicción, se realice una valoración suficientemente motivada, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de dictar Sobreseimiento provisional, Sobreseimiento Definitivo, Auto de Formal Procesamiento tal como lo indica los artículos 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, el derecho al respeto de las formas procesales, etc..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha uno de abril de dos mil veintiuno, con relación a la causa que instruida contra la señora Hilda Maria Cabrera Morales, por suponerla responsable de la comisión del delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, el Agente Fiscal, Abogada Hilda Rivera, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora Hilda Maria Cabrera Morales, por suponerla responsable del delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación. (Folios 1-6 vuelto del expediente del A-quo) 2) En fecha uno de abril de dos mil veintiuno [1], el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, en la celebración de la audiencia inicial, dictó sentencia mediante la cual dispuso: “…1.-SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO sobre el hecho que se le imputa a la señora HILDA MARIA CABRERA MORALES y que se subsume en el delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.-2.-Se revocan las medidas cautelares sustitutivas impuestas en el presente juicio.-…” (Folios 99-104 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Hilda Consuelo Rivera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Abogada HILDA CONSUELO RIVERA, Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la Resolución de la Audiencia Inicial de fecha uno de abril del dos mil veintiuno, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora HILDA CABRERA MORALES, en la causa incoada en su contra por suponérsele responsable de la comisión del delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN; 2) CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, dictada el uno de abril de dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Olancho, que decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora HILDA CABRERA MORALES, por suponérsele responsable de la comisión del delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.” (Folios 190-203 del antecedente) 4) Que la recurrente, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de la encausada HILDA MARIA CABRERA MORALES por suponerla responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, consecuencia de ello CONFIRMA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, dictada el uno de abril del año dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Olancho. CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y Formalización del Recurso de Amparo constitucional, promovido por el Ministerio Público centra sus exposición “en advertir a esta Sala de lo Constitucional que con la resolución emitida por el Tribunal de Apelación se ha vulnerado inter alia el derecho constitucional al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, al no haber observado las formalidades establecidas en el artículo 294 del Código Procesal Penal, el cual establece: “El día y hora señalados, tendrá lugar la audiencia inicial con la presencia del imputado, el defensor, el fiscal y el acusador privado, en su caso. La ausencia del imputado o del acusador privado no impedirá que se celebre la audiencia…”. “De la norma trascrita se aprecia que la norma procesal exige la presencia obligatoria del fiscal y el defensor para poder llevar a cabo la audiencia inicial en fecha primero de abril del año 2021, sin la comparecencia del representante del Ministerio Público, es una clara inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en las normas procesales del sistema acusatorio y se le violenta el derecho al ente acusador de intervenir en el mismo, pese a constar en la misma acta de audiencia inicial que horas antes de dar inicio a la misma, el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, recibió correo electrónico a las ocho y veinte minutos de la mañana, por parte del fiscal Miguel Gómez, conteniendo escrito de solicitud de reprogramación de audiencia inicial y solicitando se señale nueva fecha para la celebración de la misma, no siendo resuelta en ese momento por el Juzgado sino hasta las diez de la mañana, en la que se declaró abierta y dio inicio a la cuestionada audiencia.” CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público sigue exponiendo en su interposición de amparo: “… del estudio de los antecedentes y del razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre el Sobreseimiento Definitivo confirmado por el Ad-Quem, y decretado en una audiencia inicial que se desarrolló fuera del marco legal establecido en la norma adjetiva penal, confrontando los postulados constitucionales que se garantiza el respeto del ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente.” CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de Alzada en la parte conducente de la resolución impugnada deja establecido lo siguiente: (Sic) “DECIMO: Se aprecia del expediente: 1) La Audiencia Inicial no se efectuó el treinta y uno de marzo, fecha y hora señalada, como se hace constar a folio N. 76, del expediente por no haber comparecido la Fiscalía del Ministerio Público; 2) En la misma fecha: i) La Defensa Privada, pidió Constancia del motivo impidió la realización de la Audiencia Inicial, en su fecha y ii) el señalamiento de fecha para la realización de esta, con fundamento en el plazo vencido para la celebración de la audiencia inicial, fijado por el artículo 292 del Código Procesal Penal; 3) El juzgado de primera instancia, declaro con lugar la petición, presentada el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno por la defensa privada y señalo Audiencia Inicial, al efecto para el día uno de abril del dos mil veintiuno, a las ocho de la mañana; 4) La abogada Hilda Rivera, Agente de Tribunales, adscrita a Fiscalía Especial de }protección de Etnias y Patrimonio Cultura, presentó solicitud de Reprogramación de Etnias y Patrimonio Cultural, presento solicitud de Reprogramación de Audiencia inicial señalada para el día jueves 01 de abril del 2021. Pide “… se señale nueva fecha para la realización de audiencia inicial para la reintegración de labores a partir del martes…”; y 5) El Acta de la Audiencia Inicial, efectuada el uno de abril del dos mil veintiuno, constata la incomparecencia de la Fiscal del Ministerio Publico.” DECIMO PRIMERO: El artículo 292 del Código Procesal Penal ordena: Artículo 292.- Decisiones que deben adoptarse después de prestada la declaración. Prestada la declaración por el imputado o después que este manifieste su voluntad de abstenerse de declarar, el juez decretara la detención judicial por el termino de ley o en su caso, las medidas cautelares sustitutivas a que quedara sujeto a la libertad provisional, por falta de mérito para ser detenido. Así mismo, en este caso señalara día y hora para la celebración de la audiencia inicial, dentro de un plazo que no debe exceder de seis días, si el imputado queda detenido o, dentro de un plazo que no debe exceder de quince días si no queda detenido. A esa audiencia, las partes deben comparecer con sus testigos y demás medios de prueba. DECIMO SEGUNDO… DECIMO TERCERO: La abogada HILDA RIVERA, en su condición de Agente Fiscal Del Ministerio Publico, Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural no compareció a la Audiencia Inicial, señalada para el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno, fecha en que venció el plazo determinado por la Ley para su celebración. Así mismo, falto su presencia en la Audiencia programada para el día uno de abril del próximo siguiente, procediendo a celebrar audiencia sin su presencia. DECIMO CUARTO: En las circunstancias indicadas: Incomparecencia del Representante del Ministerio Público, a la audiencia inicial, de plazo legal vencido, procede el A-Quo, informar al superior jerárquico de la fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, la incomparecencia injustificada de la fiscal asignada, al expediente registrado bajo el número 080-2020, en la primera instancia, en la audiencia inicial y liberar a la imputada en el auto motivado, por Falta de Méritos. Motiva este convencimiento: Uno: el invocado Artículo 292 del Código Procesal Penal, impone al juez, la obligación de señalar audiencia inicial, en el plazo exigido, no pudiendo postergar la celebración de la Audiencia, sin justificación apreciable por el Tribunal; Dos: No se determina caso fortuito ni causa de fuerza mayor entre los motivos indicados para excusar la inasistencia del Representante del Ministerio Publico, a la audiencia inicial. Tres: No existió imputación efectiva. No fue ratificado el Requerimiento Fiscal. La fiscalía del Ministerio Publico, no propuso ni evacuo medios probatorios para sustentar el Requerimiento Fiscal. Cuatro: Debió declararse Falta de Méritos por no haberse realizado la Audiencia Inicial en el plazo debido y extender carta de libertad a favor de la señora HILDA MARIA CABRERA MORALES; Cinco: No obstante el pronunciamiento anterior, la declaración de falta de mérito y el sobreseimiento definitivo, tiene el mismo efecto, siendo lo menos dañino en el caso, la confirmación del sobreseimiento definitivo y para no perjudicar más a la imputada debe confirmarse; Seis: En lo referente, el Código Procesal Penal, instruye: Articulo 350 Asuntos sobre os que debe recaer sentencia y sus alcances. Prohibición de Reforma Peyorativa (Non Reformatio In Pejus). La sentencia que resuelve recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputad, cuando lo impetre alguna parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por esta, ante el órgano judicial que dicto la resolución recurrida.” CONSIDERANDO (7): Que Honduras es un Estado regido por leyes y tiene como uno de sus valores fundamentales, la justicia. El articulo 1 de la Constitución de la Republica dice: Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, el derecho al respeto de las formas procesales, etc. CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Tercera de Apelaciones, al declarar No Ha Lugar los recurso de apelación interpuestos por el Ministerio Público confirmar respecto a él la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Sobreseimiento Definitivo por el delito de Daños Agravados, contiene la motivación suficiente y exteriorizada de la justificación razonada que permita llegar a esa decisión. CONSIDERANDO (10): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (11): Siempre y en relación con el considerando que antecede esta Sala estima que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la motivación no da una repuesta integral al problema puesto a su conocimiento. El A-quo emite una resolución dictando un Sobreseimiento Definitivo sin haber contado con la presencia del fiscal del ente acusador, en tanto sin aporte probatorio, ni establecimiento de los hechos concretos; La audiencia inicial tiene una configuración legal que no puede soslayarse. Debe realizarse con las presencias de las partes y en ella debe existir una mínima actividad probatoria, la confrontación de los argumentos de cargo y descargos para saber si puede darse la pertinencia y conducencia en cuanto a lo peticionado por la fiscalía y la defensa. En la causa bajo estudio eso no sucedió. El dictado de un Sobreseimiento Definitivo debe estar ceñido a los presupuestos establecido en el artículo 296 del Código Procesal Penal; La Corte de Apelaciones en su motivación no hace un razonamiento sobre tales presupuestos, los cuales no pudieron ser, puesto que no se realizó la audiencia inicial tal y como la configura el artículo 292 del Código Procesal Penal, esto es con la presencia de la defensa y el fiscal del Ministerio Publico. Todo ello atenta contra el proceso penal preestablecido por lo tanto se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Siguiendo ese orden de ideas y del estudio del caso subjudice, esta Sala aprecia que en la presente causa ha existido una desnaturalización de las formas procesales, lo cual ha tenido como consecuencia la vulneración de derechos. Así mismo esta Sala observa que la Fiscal asignada en el caso bajo estudio ha demostrado negligencia al momento de cumplir lo que establece su ley orgánica en el artículo 1 que señala: “El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad. Esto exige una responsabilidad y diligencia sobre las causas que llevan los fiscales de dicha institución puesto que tiene una encomienda transcendental como ser velar en favor de la colectividad del país. La fiscal personada en las presentes diligencias tuvo que haber tenido una mayor pericia y ser más diligente para comunicar sus peticiones o informaciones al órgano jurisdiccional. Por otro lado, el Juzgado de Letras Seccional y la Corte de Apelaciones deben recordar que los derechos fundamentales estatuidos en la Constitución se distribuyen de manera uniforme entre victima e imputado. El proceso penal tiene una finalidad, la cual es la búsqueda de la verdad, toda decisión que se tome en ese cometido debe ser de manera equilibrada, respetando los cánones procesales y poniendo en relieve el valor que antes hemos mencionado: Justicia. En la búsqueda de la verdad el A quo tiene un rol activo en el sentido que puede hacer requerimientos al Ministerio Publico quien goza de unidad de actuaciones, para que de forma inmediata haga personar agentes fiscales para que se presenten a las causas que estén activas. De recibir una respuesta negativa debe usar todos los mecanismos a su disposición para que prime el fin del proceso y no decantarse por el posicionamiento de alguna de las partes. Es menester de esta Sala recordar el articulo 5 y 16 de la ley orgánica del Ministerio Publico: Artículo 5.- “El Ministerio Público es único para toda la República y sus representantes ejercerán las funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica en la materia y en el territorio para el que han sido designados, salvo lo que disponga en casos y situaciones especiales el órgano superior jerárquico del organismo mediante resolución fundada. Artículo 16.- Son atribuciones del Ministerio Público. 1. Velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y de las leyes;2. Ejercitar de oficio las acciones penales que procedan de acuerdo con la ley; 3. Velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia y porque en los Juzgados y Tribunales de la República se apliquen fielmente las leyes en los procesos penales y en los que tenga que ver el orden público o las buenas costumbres. […] Por consiguiente La inobservancia del Debido Proceso ha sido patente en la causa de mérito, por lo que es procedente Otorgar la garantía de amparo. CONSIDERANDO (13): Que el otorgamiento del recurso de amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, deba realizar una nueva audiencia inicial donde estén presentes las partes y puedan confrontarse los elementos probatorios que conduzcan a establecer certeza en cuanto a la acusación presentada por el Ministerio Público, estableciendo si existe o no merito en la acusación, o se pueda probar la extinción de la acción penal, así mismo atendiendo los principios de igualdad y contradicción, se realice una valoración suficientemente motivada, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de dictar Sobreseimiento provisional, Sobreseimiento Definitivo, Auto de Formal Procesamiento tal como lo indica los artículos 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141, 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 63, 72, 113 y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución proferida en fecha CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. 2; Que el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho proceda a realizar audiencia inicial siguiendo los fines del proceso penal y atendiendo los presupuestos procesales para dictar lo que corresponda, así mismo expida una resolución con una motivación acorde a los hechos y elementos de prueba desahogados en audiencia, permitiendo el uso del derecho a defensa igualdad de armas y contradicción que asiste tanto a la imputada como a la sociedad. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-191-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver folio 134