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Sentencia AP-184-22 — Registro 17902

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo presentado con relación a la causa instruida por del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (06) de enero de dos mil veintidós (2022), que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra el Señor BELMYN IVAN CHEVEZ LOPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución pronunciada por el Juzgado de Letras de La Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al no admitir el medio de prueba pericial, consistente en la pericia realizada al arma de tipo pistola, marca ZASTVA, modelo m88, calibre 9, milímetros, con número de serie 36883, con su respectivo dictamen, donde se acredita el buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo del arma en mención. (Folios 01–03 de la pieza del Ad-Quem)2) En fecha seis (06) de enero de dos mil veintidós (2022), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida dictó Sentencia en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, quien actúa en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO contra la resolución de fecha 01 de octubre del año 2021 dictada por la Señora Juez de Letras de esta Sección Judicial doña MARTHA ELENEA TROCHEZ.- SEGUNDO: Restablecer al Misterio Público los derechos fundamentales vulnerados a través de la resolución de fecha 01 de octubre del año 2021 dictada por la Señora Juez de Letras de esta Sección Judicial doña MARTHA ELENEA TROCHEZ.- TERCERO: Remitir en Consulta obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” (Folios 190–191 de la pieza del Ad-Quem)3) Que en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022), este Tribunal tuvo por recibida acción de amparo con procedencia de la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida. (Folio 01 del Presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “Para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el Artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el Artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintidós, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en el recurso de amparo interpuesto por el Agente de Tribunales del Ministerio Público, en contra de la resolución de fecha uno de octubre del dos mil veintiuno, emitida por la Juez de Letras seccional supernumeraria de La Ceiba, Atlántida, quien declaró sin lugar la admisión “como un hecho nuevo”, de un medio de prueba consistente en un dictamen balístico No. 2020-0501-0502-4090 de fecha once de septiembre del dos mil veinte, para proseguir con el proceso en el cual se dictó sobreseimiento provisional a favor de BELMYN IVAN CHEVEZ, a quien se supone responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Es de mencionar que el recurso de amparo interpuesto fue otorgado y se aprecia que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha fundamentado el otorgamiento de la referida Acción de Amparo, invocando el siguiente razonamiento: (SIC) “...SEGUNDO: Del informe rendido por la señora Juez A-quo y en particular de la copia simple del Acta de Audiencia Ad-hoc de fecha 28 de septiembre del año 2021 y resolución de fecha 01 de octubre del año 2021 mismos que acompañan, se destaca que los motivos que tuvo la señora Juez A-quo para declarar sin lugar la petición planteada por el MP, la cual consiste en incorporar como nuevo elemento de prueba el dictamen balístico 0501-0502-4090 pues el mismo no es precisamente un nuevo elemento de prueba ya que tiene fecha 11 de septiembre del año 2020 y la audiencia inicial se celebró el día 14 de ese mismo mes y año y fue en esta audiencia que debió ser valorado, es decir, que el mencionado dictamen no se presentó en el momento procesal oportuno, por lo cual no es un nuevo elemento de prueba, tal como lo exige el artículo 295 párrafo final del Código Procesal Penal, bien, es cierto que el dictamen balístico en mención fue emitido en fecha anterior a la celebración de la audiencia inicial y que la señora Juez A-quo supone que debió ofertarse en esa audiencia como prueba, pero el detalle es que no se hizo, lo que implica lógicamente, que en ese proceso, aquel elemento de prueba no se conoció y por lo tanto no se valoró conservando entonces su calidad de elemento de prueba novel, recalcamos, aún y cuando ese documento esté fechado con anterioridad a la celebración de la audiencia inicial, las partes intervinientes en ese proceso desconocían en ese momento histórico procesal el contenido del mismo, en eso consiste lo nuevo y no precisamente en la relación de fechas que se hizo, es por ello, consideramos, debe de admitirse ese documento como nuevo elemento de prueba para los efectos del artículo 295 párrafo final del Código Procesal Penal y una vez valorado la señora Juez A quo decida si la situación procesal del imputado Belmyn Iván Chévez López cambia para un auto de formal procesamiento por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras o se mantiene el sobreseimiento provisional que actualmente le favorece.” CONSIDERANDO (5): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 69 señala entre otros que, el órgano jurisdiccional que conozca de la consulta, fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, en ese sentido y en aplicación de esta norma, la Sala de lo Constitucional determina que la sentencia en consulta debe ser confirmada, ello como resultado de un análisis de constitucionalidad realizado tanto al desarrollo del concepto de la violación expuesto por el impetrante, así como de los antecedentes del mismo, determinándose la existencia de la violación al derecho de defensa y al debido proceso, en perjuicio de la seguridad de la sociedad, ya que queda claro que la norma contenida en el artículo 295 del Código Procesal Penal, ordena interrumpir la paralización del proceso mediante un sobreseimiento provisional, en virtud de la inexistencia del indicio racional de participación en el mismo por parte del imputado, indicio que en el presente caso, lo constituye un arma decomisada. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 295 del Código Procesal Penal manda: “Artículo 295. Sobreseimiento provisional. El juez dictará sobreseimiento provisional sí, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que, si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva. Si dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez, a petición del Fiscal o del Acusador Privado, podrá ordenar la prosecución del proceso. En caso contrario, se estará a lo prescrito en el artículo 42, numeral 5).”CONSIDERANDO (7): Que si bien es cierto el medio de prueba pericial fue anunciado por el Fiscal al momento de redactar el requerimiento, también lo es que éste medio de prueba anunciado no fue evacuando en tiempo por el Ministerio Público a través del Laboratorio de Balística Forense de San Pedro Sula, razón que imposibilitó al Fiscal proponerlo en el momento procesal que se estaba realizando, es decir la audiencia inicial. Debe mencionarse que, cuando el Legislador incorpora la premisa “nuevo elemento de prueba”, la novedad también se encuentra en el resultado del peritaje, desconocido hasta para el mismo Fiscal, pues aún no se lo habían provisto; por lo que, intentar quitarle valor como nuevo elemento de prueba, al resultado de un dictamen pericial conocido después de haberse dictado un sobreseimiento provisional en audiencia inicial, con el objeto de impedir la prosecución del proceso penal, sería propiciar la impunidad; pues no se debe desconocer las debilidades del sistema y bastaría que en las entidades administrativas -medicina forense- se retrase los resultados de las pericias, evitando que el Fiscal las presente en audiencia inicial, para obtener con seguridad un sobreseimiento provisional y la imposibilidad posterior de abrir nuevamente el juicio. Es de mencionar que el criterio jurisprudencial de admitir como nuevo elemento de prueba, dictámenes sobre los cuales se desconocía hasta ese momento el resultado, es garante del derecho de defensa tanto para el imputado como para el defensor de la sociedad, pues una vez ordenado la prosecución del proceso y evacuado el nuevo elemento de prueba, se garantizan dos resultados, uno, ventajoso al imputado pues podría decretarse un sobreseimiento definitivo sin esperar los cinco años que requiere la norma, y dos la celebración de un juicio oral y público con todas las garantías que la ley y la Constitución establece. CONSIDERANDO (8): La Sala de lo Constitucional estima que la sentencia venida en consulta y que otorga el recurso de amparo interpuesto, es garante del debido proceso, al reconducir a una correcta interpretación del contenido del artículo 295 del Código Procesal Penal, en lo que ha considerar como “nuevo elemento de prueba” se refiere, y no solamente a aquel concepto que consideraba nuevo elemento de prueba a aquel sobre el cual no se había tenido conocimiento. Esta Sala se decanta por brindar más valor al derecho a la defensa de la sociedad que a las formas en el proceso, pues como quedó dicho, con la interpretación otorgada, lo que le espera al imputado es un juicio justo con todas las garantías que la ley y la Constitución establecen o que se dicte a su favor un sobreseimiento definitivo. De esta manera se observa que se evacuó la acción extraordinaria de amparo siguiendo el procedimiento establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional, concluyendo esta Sala que procede confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 295 del Código Procesal Penal.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha seis (06) de enero de dos mil veintidós (2022), que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra el Señor BELMYN IVAN CHEVEZ LOPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0184-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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