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Sentencia AP-1808-22 — Registro 17904

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo en la resolucion que causo vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que, por un lado, la misma ha no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, y, por el otro, se ha limitado en forma indebida el derecho de defensa que asiste al agraviado al no haberse efectuado la notificación que correspondía de conformidad con la ley.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “7. La Sala ya ha instituido en varios precedentes que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. 8. También ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. 9. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. 10. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Ejecución de San Pedro Sula y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que, por un lado, la misma ha no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, y, por el otro, se ha limitado en forma indebida el derecho de defensa que asiste al agraviado al no haberse efectuado la notificación que correspondía de conformidad con la ley, privándosele del conocimiento de actuaciones que han cursado en su contra y, consecuentemente, de la oportunidad de considerar las formas de defenderse, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. 11. Asimismo, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año dos mil veintitrés. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INVERSIONES DEL VALLE DE SULA S.A. DE C.V. (INVASULA), contra la resolución de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintidós 2022), dictada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés con función en la ciudad de EL Progreso, Yoro, en la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial, promovido por la señora MARLENE PAREDES CASTRO, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA S.A. DE C.V. (INVASULA). Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90,321 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1. Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, interponiendo recurso de Amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA S.A. DE C.V. (INVASULA), contra la resolución de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.-(Folio 01 al 07 de la pieza de Corte de Apelaciones). 2. Que en fecha trece(13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, FALLÓ: “…OTORGAR la acción de Amparo interpuesta por la Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, quien actúa a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INVERSIONES DEL VALLE DE SULA S.A. DE C.V. INVASULA, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintidós (2022),dictada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés con función en la ciudad de Progreso, departamento de Yoro, en la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial, promovido por la señora MARLENE PAREDES CASTRO, a cuyo efecto el A-quo deberá decretar la nulidad de la referida resolución y resolver de conformidad a lo señalado por esta Corte en la motivación de este fallo…”. (Folio 73 al 78 de la pieza de Corte de Apelaciones). 3. Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. Del estudio de los antecedentes se ha constatado que el recurrente interpuso recurso de amparo en contra de un auto de fecha 16 de marzo de 2022, dictado por el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, en el trámite de una demanda de ejecución forzosa de título judicial la cual fue presentada por la señora Marlene Paredes Castro, contra la sociedad mercantil Inversiones del Valle de Sula, S.A. de C.V. 2. El auto impugnado dispuso desestimar una solicitud de nulidad de actuaciones que planteó la empresa recurrente en contra de dos resoluciones, la primera de fecha 21 de febrero de 2022 y la segunda de fecha 2 de marzo de 2022, mediante las cuales se ordenó embargo sobre saldos de cuentas bancarias y bienes de la empresa demandada. 3. Según consta de la relación de antecedentes del Ad Quem, el recurrente estima que se ha violentado la garantía a un debido proceso legal en perjuicio de su representada porque las resoluciones referidas no fueron debidamente notificadas al representante de la sociedad Inversiones del Valle de Sula, S.A. DE C.V., tal y como lo manda la ley. 4. Para la Corte de Alzada, la juez A Quo incurrió en violaciones a la garantía a un debido proceso, porque, efectivamente, se omitieron las notificaciones de las referidas resoluciones al representante de la sociedad demandada. La Alzada afirmó que, si bien se verificó que el mandamiento de ejecución sí fue debidamente notificado a la ejecutada de conformidad con la ley, no se hizo lo propio con los precitados autos de fechas 21 y 2 de marzo de 2022, en los que se ordenaron “ampliaciones de embargos”, estimándose por parte de la Corte de Apelaciones que la notificación de estas resoluciones al afectado resultaba imperativa, al tenor de los estipulado en el artículo 822 del Código Procesal Civil, acotando la Alzada que con esta omisión la A quo ha causado además vulneración al derecho de defensa que asiste a la demandada. 5. Dicho lo anterior y como esta Sala lo ha declarado en previas decisiones, la notificación es formalmente considerada como un acto procesal, y para algunos tratadistas inclusive un acto material de jurisdicción[1]. Hemos coincidido que, si la notificación es entendida como un acto procesal de comunicación, en su realización debe necesariamente intervenir, por un lado, un ministro de fe como sujeto activo encargado de efectuarla y por el otro—de manera evidente—un sujeto pasivo, que es la persona que desempeña el papel de parte o de tercero (en su caso) a quien deba hacerse la notificación. Estos requisitos, al igual que los de forma (lugar, el tiempo y el método), se hacen necesarios para asegurar que la notificación produzca un efectivo y real conocimiento, es decir que, por medio de éstas y otras exigencias, se asegura que la notificación cumpla con su objeto, cual es, dar a conocer la correspondiente resolución a las partes o a terceros (en su caso). 6. Entendemos, además, que la notificación cumple dentro de cualquier proceso judicial un doble propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y eficacia de la función judicial al establecer el momento en que empiezan a correr los términos procesales. 7. La Sala ya ha instituido en varios precedentes que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. 8. También ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. 9. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. 10. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Ejecución de San Pedro Sula y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que, por un lado, la misma ha no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, y, por el otro, se ha limitado en forma indebida el derecho de defensa que asiste al agraviado al no haberse efectuado la notificación que correspondía de conformidad con la ley, privándosele del conocimiento de actuaciones que han cursado en su contra y, consecuentemente, de la oportunidad de considerar las formas de defenderse, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. 11. Asimismo, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO, LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, a favor de la sociedad INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, con función en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto del año de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1808-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Goldschmidit, Derecho, pág.315