Sentencia AP-1781-22 — Registro 17632
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de marzo de dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LENIN AGUIRRE DURON a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, el veintitrés de junio de dos mil veintidós; con relación a la causa instruida contra el señor ELVIN JOSUE FLORES SUAZO, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, que declara sin lugar el recuro de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, y confirma el sobreseimiento definitivo a favor del señor ELVIN JOSUE FLORES SUAZO, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90, 321 y 232 de la Constitución de la República, pues se vulnera el derecho a obtener una resolución fundada en derecho como elemento esencial en el proceso, ya que de la lectura de dicha sentencia se advierte incongruencia entre el razonamiento y la fundamentación jurídica que sirve de asidero legal para determinar la procedencia de decretar una sentencia absolutoria a favor del imputado. Si bien reconoce el concepto de la tipicidad de la conducta (posesión de droga), inobservó su aplicación al caso concreto, al encuadrar la conducta reprochada en el tipo penal de posesión de drogas para el consumo personal inmediato sin haberse acreditado el elemento subjetivo que la droga sea para consumo inmediato. CONSIDERANDO: Que los artículos 339 y 440-I del Código Procesal Penal establecen, que contra la sentencia dictada en el procedimiento expedito procederá el recurso de apelación conforme a las reglas establecidas en éste Código; y si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria y será absuelto en caso de duda razonable. CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante sentencia dictada en fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria dictada por el A-Quo, confirmando la misma, en el sentido de absolver de responsabilidad penal al acusado ELVIN JOSUE FLORES SUAZO, al estimar que en el caso concreto el consumo de marihuana no representa un ataque relevante para el bien jurídico protegido de la salud pública y que en base a los principios de lesividad y proporcionalidad e intervención mínima del derecho penal, es razonable y coherente la despenalización de dicha conducta, y de las pruebas evacuadas determinan que la cantidad de droga (3,3 g. de Marihuana) decomisada al acusado, no causa grave daño a la salud y no constituye una acción típica ni antijurídica en contra de algún bien protegido, además, las circunstancias que rodean los hechos tampoco aportan elementos o indicios que sugieran que el acusado realiza o ejecuta el actuar descrito en los verbos rectores esgrimidos en el artículo 311 del Código Penal vigente, ya que la investigación es escasa, pues solo se aporta el decomiso y análisis forense de la droga que resulto con un peso mínimo y la extracción de orina al imputado con presencia de cannabinoides, de tal forma que al no regularse como delito lo que concierne es declarar improcedente la acción penal instada y sobreseer definitivamente la causa. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 294, 296, 339 y 440-I del Código Procesal Penal; 311 Código Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LENIN AGUIRRE DURON a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fechas treinta de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1781-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.