Sentencia AP-1778-22 — Registro 17971
Resumen
En Consulta sentencia que denegó el recurso de amparo contra la resolución del a-quo, que ordena la evacuación de pruebas testifical de tres menores de edad bajo el sistema de Cámara Gesell, con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad enlos delitos de Maltrato por Transgresión, Maltrato Familiar Agravado, Negación de Asistencia Familiar y Desobediencia. En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), al Denegar el recurso de amparo, en vista que la Juez al haber llevado a cabo audiencia de declaración de los menores 1, MENOR 2 y MENOR 3, en fecha catorce (14) de agosto del dos mil veintidós (2022) mediante la cámara de Gesell, no se le ha violentados tanto el derecho de defensa como el debido proceso, en vista que la Juez de manera acertada con fundamento en los artículo 3.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 2.2 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño y 237-A del Código Procesal Penal, ha tomado de esa manera las referidas declaraciones, para darle protección a dichos menores, ya que por sus cortas edades considero que era la forma más idónea, ya que de esa manera ha evitado que los menores hayan sido expuestos a la revictimización por ser llevados a declarar a las diferentes audiencias contempladas en el proceso penal…"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas.."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que ordena la evacuación de pruebas testifical de tres menores de edad bajo el sistema de Cámara Gesell, con relación a la causa instruida contra el señor 1, por suponerlo responsable de los delitos de MALTRATO POR TRANSGRESION, MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DESOBEDENCIA, en perjuicio de VICTIMA 1, de los menores 1, MENOR 2 Y MENOR 3 y de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada NORA ELIZABETH BARAHONA, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor 1, por suponerlo responsable a título de AUTOR de los delitos de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN, MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DESOBEDENCIA, en perjuicio de VICTIMA 1, de los menores 1, MENOR 2 Y MENOR 3 y de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. 2).- Que de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la cual entre otros resolvió: “…TERCERO: Señálese Audiencia de Declaración Cámara de Gesell de los menores ofendidos, para el día MARTES CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.)…” (Folios 185 y 186 de la pieza de primera instancia). 3).- Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ RIVERA, interponiendo recurso de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, de la que se hace relación en el numeral anterior. 4).- Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó su sentencia en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual: “FALLA: DENEGAR la presente ACCION DE AMPARO promovida por el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ, a favor del mismo contra LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Ciudad, en la audiencia de declaración de imputado, en la cual la Juez resuelve señalar audiencia de declaración en la cámara de Gesell de los menor1 Y MENOR 2.” (Folios 190 al 193 de la segunda pieza de antecedentes). 5).- Que en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ADOLFO CRUZ a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que ordena la evacuación de pruebas testifical de tres menores de edad bajo el sistema de Cámara Gesell, con relación a la causa instruida contra el señor 1, por suponerlo responsable de los delitos de MALTRATO POR TRANDGRESION, MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, NEGACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DESOBEDENCIA, en perjuicio de VICTIMA 1, de los menores 1 MENOR 2 Y MENOR 3 y de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, estableciendo se le ha violentado el Debido proceso, al señalar que la Juzgadora no se apegó a los principios fundamentales del derecho penal para poder denegar la admisión de una prueba que per se resulta ser ilícita, ya que tiene su origen en un acto reñido con la Ley, por las razones siguientes: 1).- Que la acción penal impulsada por el Ministerio Público a través de este requerimiento fiscal se origina en la causa 1558629844-19, la cual causo cierre administrativo en vista que los dictámenes psicológicos número 2019-0501-0202-767 a nombre de la Fiscal del Ministerio Público VICTIMA 1 y el dictamen Psicológico número 2019-0501-0202-773 a nombre del menor 1, desvelaban no solo la dañina personalidad de la fiscal Menardi, sino que también el daño psicológico causado al menor 1 mediante actos de alienación parental de la madre en contra del padre. 2).- Para presentar el requerimiento fiscal en mi contra, la fiscal Nora Elizabeth Barahona, se cercioro que no fueran incorporados los dictámenes Psicológicos 2019-0501-0202-767 a nombre de la Fiscal del Ministerio Público Eugenia Menardi Marconí y el dictamen Psicológico 2019-0501-0202-773 a nombre del menor 1, ya que sus resultados impedían la presentación de la acción penal pública, la que para coadyuvar causo cierre administrativo.- 3).- Los mencionados dictámenes fueron objeto de sustracción, repetición y ocultamiento para poder interponer la acción penal, acto delictivo por el que presento denuncia en la UFERCO. 4).- Existe una verdadera revictimización por parte de la madre de los menores, quien en su anhelo de venganza sigue instrumentalizándoles sin que el Ministerio Público haga algo en pro de sus derechos, ya que se aplica inconstitucional por parte de las fiscales personadas un derecho penal de autor. 5).- Las declaraciones administrativas de los menores rendidas en sede administrativa resultan ser contradictorias entre sí, develando la exactitud de la evaluación psicológica del perito Jonatán Antonio Gonzales Gallegos. 6).- El Ministerio Público ha trasgredido el artículo 19 del Reglamento de Fiscales, puesto que se cometió delito para presentar la acción penal en su contra. Continua manifestando, que por las razones anteriores, le resulta indignante la postura del Ministerio Público, en la persistencia de la evacuación de la prueba que se torna exánime, incongruente, ilógica, y sin ápice alguno de logicidad, pues revelada ha quedado, la falsedad de la denunciante, su poco aprecio de la verdad para actuar en el ámbito judicial y el apoyo que se le sigue dando, sin tener esta el menor escrúpulo para lograr sus fines. De igual manera alega que se le violento el Derecho de Defensa, al señalar que se le ha negado el derecho la admisión del recurso de reposición que interpuso y por haberlo sometido a una actuación procesal, en la que será una mera espectadora, cediendo el poder del control jurisdiccional al ente acusador, quien en el caso sub-judice ha develado las acciones irregulares que se tejen en su interior, donde la dignidad humana no tiene ningún valor, y donde la juzgadora no la juzgadora no le arroga su derecho de defensa. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), al Denegar el recurso de amparo, en vista que la Juez al haber llevado a cabo audiencia de declaración de los menores 1, MENOR 2 y MENOR 3, en fecha catorce (14) de agosto del dos mil veintidós (2022) mediante la cámara de Gesell, no se le ha violentados tanto el derecho de defensa como el debido proceso, en vista que la Juez de manera acertada con fundamento en los artículo 3.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 2.2 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño y 237-A del Código Procesal Penal, ha tomado de esa manera las referidas declaraciones, para darle protección a dichos menores, ya que por sus cortas edades considero que era la forma más idónea, ya que de esa manera ha evitado que los menores hayan sido expuestos a la revictimización por ser llevados a declarar a las diferentes audiencias contempladas en el proceso penal. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1 y 2.2 de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño; 1 y 3.1. de la Convención Sobre los Derechos de Niño; 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 237-A del Código Procesal Penal; FALLA: Confirmado la sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1778-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL