Sentencia AP-177-23 — Registro 17738
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo en consulta en relación a la causa instruida contra ciudadano, por suponerlo responsable del delito de Extorsión y Portación Ilegal de Arma de fuego de uso Prohibido en perjuicio de Testigo Protegido y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, en la audiencia de medios de prueba, el Tribunal de Sentencia en Materia de Extorsión, resolvió rechazar la admisión de los medios de prueba documentales por tratarse de copias y que por esta razón no se podía verificar si reunían los requisitos de admisibilidad, considera la Sala Constitucional que dicho Tribunal no toma en cuenta que al momento de la propuesta el órgano acusador, anuncia el lugar donde obran las copias cotejadas de los documentos, y que se encuentran agregadas a los antecedentes, es por ello, que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra apegada a derecho, al concluir que si existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas, declarando con lugar las pretensiones y otorgando el Amparo, ordenando al Tribunal de Sentencia que tenga por admitidos los medios de prueba rechazados objeto de esta acción.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
): Esta Sala conociendo en consulta el presente recurso, y haciendo un análisis exhaustivo de los antecedentes, se deduce que de acuerdo con el artículo 199.3 del Código Procesal Penal “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”. Y el 317.5 del mismo Código, “Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita”. En la audiencia de medios de prueba el Tribunal de Sentencia en Materia de Extorsión, resolvió rechazar la admisión de los medios de prueba documentales por tratarse de copias y que por esta razón no se podía verificar si reunían los requisitos de admisibilidad. Esta Sala considera que el A-quo yerra en su decisión, ya que los artículos antes citados, establecen claramente cuáles son las razones para rechazar la admisión de las pruebas -manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita-, y en ninguna de esas circunstancias se fundamenta el rechazo del Tribunal de Sentencia; además, es de hacer notar que el Ministerio Público al momento de la propuesta, señala que las copias cotejadas, están en el expediente de mérito, no siendo necesario acompañar al momento de la propuesta los elementos probatorios originales, ya que la audiencia es de proposición de medios de prueba, o sea que con ofertarlos, anunciarlos y decir donde obran los mismos junto con la finalidad perseguida, es suficiente para que el Tribunal valore su pertinencia, utilidad y proporcionalidad. CONSIDERANDO SEIS (6): El A-quo ha quebrantado el derecho de defensa (art 82 CR) y el debido proceso (art. 90 CR); el primero en lo que respecta al derecho de aportación de parte o de pruebas, que consiste en que las partes propongan los medios de prueba que se harán valer en el juicio, que serán objeto de valoración por el Tribunal para su admisión o inadmisión. En relación con el debido proceso también vulnerado por el A-quo en su resolución, al no respetar las formalidades derechos y garantías que establece la norma primaria y al motivar erróneamente la interpretación del artículo 317 del Código Procesal Penal, por no estar expresamente regulada las razones para el rechazo e inadmisión de las pruebas, al manifestar que no son admitidas por tratarse de copias, y como ya se dijo supra, son los criterios de pertinencia, utilidad, proporcionalidad y necesidad, en los que deben basarse la resolución para admitir o rechazar la admisión de las pruebas para el juicio oral y público, razones que desconoce el Tribunal de sentencia, y no toma en cuenta que al momento de la propuesta el órgano acusador, anuncia el lugar donde obran las copias cotejadas de los documentos, y que se encuentran agregadas a los antecedentes, es por ello, que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra apegada a derecho, al concluir que si existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas, declarando con lugar las pretensiones y otorgando el Amparo, ordenando al Tribunal de Sentencia que tenga por admitidos los medios de prueba rechazados objeto de esta acción. CONSIDERANDO SIETE (7): En consecuencia, de lo anterior, esta Sala considera, que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional, razón por la cual resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del es de octubre del año dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que otorgó el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LOURDES RIVAS ARITA, Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en relación a la cusa instruida contra el señor SANTOS REYNALDO BARAHONA HERRERA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO RL-20 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82 Y 90 comprendidos en la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Que en fecha diecinueve(19) de enero del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada LOURDES RIVAS ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con relación a la causa instruida contra el señor SANTOS REYNALDO BARAHONA HERRERA, a quien se le acusa como responsable del delito de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO RL-20 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 01 al 05 de la pieza del Juzgado).2) Que en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión emitió su sentencia en la cual RESOLVIO: OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LOURDES RIVAS ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se le instruye contra el señor SANTOS REYNALDO BARAHONA HERRERA, por suponerlo responsable del delito EXTORSION Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO RL-20 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual se ventila en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán. 3) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 4). En la audiencia de medios de prueba, el Tribunal de Sentencia en Materia de Extorsión, resolvió rechazar la admisión de los medios de prueba documentales por tratarse de copias y que por esta razón no se podía verificar si reunían los requisitos de admisibilidad. El Ministerio Público, al momento de la propuesta, señala que las copias cotejadas están en el expediente de mérito. CONSIDERANDO UNO (1). Que la acción de Amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO TRES (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de Amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Esta Sala conociendo en consulta el presente recurso, y haciendo un análisis exhaustivo de los antecedentes, se deduce que de acuerdo con el artículo 199.3 del Código Procesal Penal “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”. Y el 317.5 del mismo Código, “Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita”. En la audiencia de medios de prueba el Tribunal de Sentencia en Materia de Extorsión, resolvió rechazar la admisión de los medios de prueba documentales por tratarse de copias y que por esta razón no se podía verificar si reunían los requisitos de admisibilidad. Esta Sala considera que el A-quo yerra en su decisión, ya que los artículos antes citados, establecen claramente cuáles son las razones para rechazar la admisión de las pruebas -manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita-, y en ninguna de esas circunstancias se fundamenta el rechazo del Tribunal de Sentencia; además, es de hacer notar que el Ministerio Público al momento de la propuesta, señala que las copias cotejadas, están en el expediente de mérito, no siendo necesario acompañar al momento de la propuesta los elementos probatorios originales, ya que la audiencia es de proposición de medios de prueba, o sea que con ofertarlos, anunciarlos y decir donde obran los mismos junto con la finalidad perseguida, es suficiente para que el Tribunal valore su pertinencia, utilidad y proporcionalidad. CONSIDERANDO SEIS (6): El A-quo ha quebrantado el derecho de defensa (art 82 CR) y el debido proceso (art. 90 CR); el primero en lo que respecta al derecho de aportación de parte o de pruebas, que consiste en que las partes propongan los medios de prueba que se harán valer en el juicio, que serán objeto de valoración por el Tribunal para su admisión o inadmisión. En relación con el debido proceso también vulnerado por el A-quo en su resolución, al no respetar las formalidades derechos y garantías que establece la norma primaria y al motivar erróneamente la interpretación del artículo 317 del Código Procesal Penal, por no estar expresamente regulada las razones para el rechazo e inadmisión de las pruebas, al manifestar que no son admitidas por tratarse de copias, y como ya se dijo supra, son los criterios de pertinencia, utilidad, proporcionalidad y necesidad, en los que deben basarse la resolución para admitir o rechazar la admisión de las pruebas para el juicio oral y público, razones que desconoce el Tribunal de sentencia, y no toma en cuenta que al momento de la propuesta el órgano acusador, anuncia el lugar donde obran las copias cotejadas de los documentos, y que se encuentran agregadas a los antecedentes, es por ello, que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra apegada a derecho, al concluir que si existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas, declarando con lugar las pretensiones y otorgando el Amparo, ordenando al Tribunal de Sentencia que tenga por admitidos los medios de prueba rechazados objeto de esta acción. CONSIDERANDO SIETE (7): En consecuencia, de lo anterior, esta Sala considera, que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional, razón por la cual resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos: 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que falla otorgando el recurso de amparo interpuesto por la abogada Lourdes Rivas Arita, Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en relación a la causa instruida contra del señor SANTOS REYNALDO BARAHONA HERRERA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO RL-20 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0177-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL