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Sentencia AP-1758-22 — Registro 17840

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación interpuesto por la defensa de recurrente; revocó sobreseimiento definitivo y ordenó auto de formal procesamiento contra uno de los imputados por suponerlos responsables del delito de Cohecho Impropio y Cohecho cometido por particular en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; Considera que hay evidencia probatoria para establecer la existencia del delito de Cohecho e indicios para considerar la participación de recurrente en los mismos por lo que procede que se dicte auto de formal procesamiento en su contra

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO; Asimismo dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO y ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumentando éste órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados han participado en los delitos atribuidos..."..."los recurrentes argumentan vulneración del debido proceso y defensa, en razón de que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada no es congruente con los medios de prueba, por cuanto ha dado valor a un medio de prueba denominado por la Corte “Videos de cámara de seguridad”, medio de prueba que arguyen los pedidores no tiene ningún control jurisdiccional, no ha sido propuesto, admitido, ni evacuado en la audiencia inicial. En este sentido revisado y analizado el antecedente, esta Sala de Constitucional advierte que el Dictamen de video Forense al que hace alusión el Tribunal de Alzada, obra a folio 87 al 102 de la pieza del antecedente, medio de prueba que fue propuesto por el Ministerio Publico (ver folio 140 vuelto) en audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, sin que la Defensa privada objetara dicho medio de prueba, fue admitido por el Juez competente (ver folio 141 vuelto del antecedente)..."..."En ese sentido y siendo que el dictamen de video forense se presentó por escrito tal como lo manda la norma descrita, no es de recibo para esta Sala el argumento del recurrente, pues el medio de prueba en mención se propuso y se admitió en el momento procesal oportuno, sin objeción alguna por parte de la defensa. Aunado a ello el abogado Franklin Joseph Acosta, tenía pleno conocimiento de la realización del dictamen forense, pues estuvo presente en la audiencia de juramentación del perito a quien se encomendó dicha diligencia, tal como conta del folió 83 al 84 de la misma pieza de antecedentes y habiendo sido propuesto el mismo, no se opuso a su admisión, por lo que su alegato de la Corte causa indefensión al sus patrocinados al someter al escrutinio judicial el medio de prueba ya señalado, tampoco es de recibo. En relación al argumento de que el Tribunal de Alzada no valoro los medios de prueba aportados por la defensa, el mismo impetrante manifiesta que tanto en la resolución de la Juez de garantías, así como el fallo de la Corte de Apelaciones analiza graníticamente la prueba de la defensa, para encontrar mínimos detalles que justifiquen demeritarla, actitud que no mostro frente a la prueba de cargo. Aunado a lo anterior esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución que ahora se impugna, se valoró por el Tribunal de instancia, tanto la prueba propuesta por el Ministerio Público, como la prueba propuesta por la defensa, por lo anterior no es de recibo dicho argumento.- Por ultimo alegan los pedidores que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso por la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada tanto por el ente fiscal como por la defensa privada; es menester entonces para esta Sala, señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal..."..."al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera y revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en el caso sub júdice no se observan transgresiones a los derechos que alegan los pedidores como vulnerados, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados a los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, al dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, y a su vez declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera, resolución dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y defensa..."..."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. La Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO; Asimismo dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO y ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumentando éste órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados han participado en los delitos atribuidos..."..."los recurrentes argumentan vulneración del debido proceso y defensa, en razón de que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada no es congruente con los medios de prueba, por cuanto ha dado valor a un medio de prueba denominado por la Corte “Videos de cámara de seguridad”, medio de prueba que arguyen los pedidores no tiene ningún control jurisdiccional, no ha sido propuesto, admitido, ni evacuado en la audiencia inicial. En este sentido revisado y analizado el antecedente, esta Sala de Constitucional advierte que el Dictamen de video Forense al que hace alusión el Tribunal de Alzada, obra a folio 87 al 102 de la pieza del antecedente, medio de prueba que fue propuesto por el Ministerio Publico (ver folio 140 vuelto) en audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, sin que la Defensa privada objetara dicho medio de prueba, fue admitido por el Juez competente (ver folio 141 vuelto del antecedente)..."..."En ese sentido y siendo que el dictamen de video forense se presentó por escrito tal como lo manda la norma descrita, no es de recibo para esta Sala el argumento del recurrente, pues el medio de prueba en mención se propuso y se admitió en el momento procesal oportuno, sin objeción alguna por parte de la defensa. Aunado a ello el abogado Franklin Joseph Acosta, tenía pleno conocimiento de la realización del dictamen forense, pues estuvo presente en la audiencia de juramentación del perito a quien se encomendó dicha diligencia, tal como conta del folió 83 al 84 de la misma pieza de antecedentes y habiendo sido propuesto el mismo, no se opuso a su admisión, por lo que su alegato de la Corte causa indefensión al sus patrocinados al someter al escrutinio judicial el medio de prueba ya señalado, tampoco es de recibo. En relación al argumento de que el Tribunal de Alzada no valoro los medios de prueba aportados por la defensa, el mismo impetrante manifiesta que tanto en la resolución de la Juez de garantías, así como el fallo de la Corte de Apelaciones analiza graníticamente la prueba de la defensa, para encontrar mínimos detalles que justifiquen demeritarla, actitud que no mostro frente a la prueba de cargo. Aunado a lo anterior esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución que ahora se impugna, se valoró por el Tribunal de instancia, tanto la prueba propuesta por el Ministerio Público, como la prueba propuesta por la defensa, por lo anterior no es de recibo dicho argumento.- Por ultimo alegan los pedidores que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso por la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada tanto por el ente fiscal como por la defensa privada; es menester entonces para esta Sala, señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal..."..."al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera y revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en el caso sub júdice no se observan transgresiones a los derechos que alegan los pedidores como vulnerados, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados a los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, al dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, y a su vez declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera, resolución dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y defensa..."..."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. La Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO; Asimismo dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO y ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumentando éste órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados han participado en los delitos atribuidos..."..."los recurrentes argumentan vulneración del debido proceso y defensa, en razón de que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada no es congruente con los medios de prueba, por cuanto ha dado valor a un medio de prueba denominado por la Corte “Videos de cámara de seguridad”, medio de prueba que arguyen los pedidores no tiene ningún control jurisdiccional, no ha sido propuesto, admitido, ni evacuado en la audiencia inicial. En este sentido revisado y analizado el antecedente, esta Sala de Constitucional advierte que el Dictamen de video Forense al que hace alusión el Tribunal de Alzada, obra a folio 87 al 102 de la pieza del antecedente, medio de prueba que fue propuesto por el Ministerio Publico (ver folio 140 vuelto) en audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, sin que la Defensa privada objetara dicho medio de prueba, fue admitido por el Juez competente (ver folio 141 vuelto del antecedente)..."..."En ese sentido y siendo que el dictamen de video forense se presentó por escrito tal como lo manda la norma descrita, no es de recibo para esta Sala el argumento del recurrente, pues el medio de prueba en mención se propuso y se admitió en el momento procesal oportuno, sin objeción alguna por parte de la defensa. Aunado a ello el abogado Franklin Joseph Acosta, tenía pleno conocimiento de la realización del dictamen forense, pues estuvo presente en la audiencia de juramentación del perito a quien se encomendó dicha diligencia, tal como conta del folió 83 al 84 de la misma pieza de antecedentes y habiendo sido propuesto el mismo, no se opuso a su admisión, por lo que su alegato de la Corte causa indefensión al sus patrocinados al someter al escrutinio judicial el medio de prueba ya señalado, tampoco es de recibo. En relación al argumento de que el Tribunal de Alzada no valoro los medios de prueba aportados por la defensa, el mismo impetrante manifiesta que tanto en la resolución de la Juez de garantías, así como el fallo de la Corte de Apelaciones analiza graníticamente la prueba de la defensa, para encontrar mínimos detalles que justifiquen demeritarla, actitud que no mostro frente a la prueba de cargo. Aunado a lo anterior esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución que ahora se impugna, se valoró por el Tribunal de instancia, tanto la prueba propuesta por el Ministerio Público, como la prueba propuesta por la defensa, por lo anterior no es de recibo dicho argumento.- Por ultimo alegan los pedidores que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso por la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada tanto por el ente fiscal como por la defensa privada; es menester entonces para esta Sala, señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal..."..."al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera y revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en el caso sub júdice no se observan transgresiones a los derechos que alegan los pedidores como vulnerados, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados a los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, al dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, y a su vez declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera, resolución dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y defensa..."..."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. La Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO; Asimismo dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO y ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumentando éste órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados han participado en los delitos atribuidos..."..."los recurrentes argumentan vulneración del debido proceso y defensa, en razón de que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada no es congruente con los medios de prueba, por cuanto ha dado valor a un medio de prueba denominado por la Corte “Videos de cámara de seguridad”, medio de prueba que arguyen los pedidores no tiene ningún control jurisdiccional, no ha sido propuesto, admitido, ni evacuado en la audiencia inicial. En este sentido revisado y analizado el antecedente, esta Sala de Constitucional advierte que el Dictamen de video Forense al que hace alusión el Tribunal de Alzada, obra a folio 87 al 102 de la pieza del antecedente, medio de prueba que fue propuesto por el Ministerio Publico (ver folio 140 vuelto) en audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, sin que la Defensa privada objetara dicho medio de prueba, fue admitido por el Juez competente (ver folio 141 vuelto del antecedente)..."..."En ese sentido y siendo que el dictamen de video forense se presentó por escrito tal como lo manda la norma descrita, no es de recibo para esta Sala el argumento del recurrente, pues el medio de prueba en mención se propuso y se admitió en el momento procesal oportuno, sin objeción alguna por parte de la defensa. Aunado a ello el abogado Franklin Joseph Acosta, tenía pleno conocimiento de la realización del dictamen forense, pues estuvo presente en la audiencia de juramentación del perito a quien se encomendó dicha diligencia, tal como conta del folió 83 al 84 de la misma pieza de antecedentes y habiendo sido propuesto el mismo, no se opuso a su admisión, por lo que su alegato de la Corte causa indefensión al sus patrocinados al someter al escrutinio judicial el medio de prueba ya señalado, tampoco es de recibo. En relación al argumento de que el Tribunal de Alzada no valoro los medios de prueba aportados por la defensa, el mismo impetrante manifiesta que tanto en la resolución de la Juez de garantías, así como el fallo de la Corte de Apelaciones analiza graníticamente la prueba de la defensa, para encontrar mínimos detalles que justifiquen demeritarla, actitud que no mostro frente a la prueba de cargo. Aunado a lo anterior esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución que ahora se impugna, se valoró por el Tribunal de instancia, tanto la prueba propuesta por el Ministerio Público, como la prueba propuesta por la defensa, por lo anterior no es de recibo dicho argumento.- Por ultimo alegan los pedidores que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso por la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada tanto por el ente fiscal como por la defensa privada; es menester entonces para esta Sala, señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal..."..."al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera y revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en el caso sub júdice no se observan transgresiones a los derechos que alegan los pedidores como vulnerados, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados a los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, al dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, y a su vez declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera, resolución dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y defensa..."..."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. La Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO; Asimismo dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO y ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumentando éste órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados han participado en los delitos atribuidos..."..."los recurrentes argumentan vulneración del debido proceso y defensa, en razón de que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada no es congruente con los medios de prueba, por cuanto ha dado valor a un medio de prueba denominado por la Corte “Videos de cámara de seguridad”, medio de prueba que arguyen los pedidores no tiene ningún control jurisdiccional, no ha sido propuesto, admitido, ni evacuado en la audiencia inicial. En este sentido revisado y analizado el antecedente, esta Sala de Constitucional advierte que el Dictamen de video Forense al que hace alusión el Tribunal de Alzada, obra a folio 87 al 102 de la pieza del antecedente, medio de prueba que fue propuesto por el Ministerio Publico (ver folio 140 vuelto) en audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, sin que la Defensa privada objetara dicho medio de prueba, fue admitido por el Juez competente (ver folio 141 vuelto del antecedente)..."..."En ese sentido y siendo que el dictamen de video forense se presentó por escrito tal como lo manda la norma descrita, no es de recibo para esta Sala el argumento del recurrente, pues el medio de prueba en mención se propuso y se admitió en el momento procesal oportuno, sin objeción alguna por parte de la defensa. Aunado a ello el abogado Franklin Joseph Acosta, tenía pleno conocimiento de la realización del dictamen forense, pues estuvo presente en la audiencia de juramentación del perito a quien se encomendó dicha diligencia, tal como conta del folió 83 al 84 de la misma pieza de antecedentes y habiendo sido propuesto el mismo, no se opuso a su admisión, por lo que su alegato de la Corte causa indefensión al sus patrocinados al someter al escrutinio judicial el medio de prueba ya señalado, tampoco es de recibo. En relación al argumento de que el Tribunal de Alzada no valoro los medios de prueba aportados por la defensa, el mismo impetrante manifiesta que tanto en la resolución de la Juez de garantías, así como el fallo de la Corte de Apelaciones analiza graníticamente la prueba de la defensa, para encontrar mínimos detalles que justifiquen demeritarla, actitud que no mostro frente a la prueba de cargo. Aunado a lo anterior esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución que ahora se impugna, se valoró por el Tribunal de instancia, tanto la prueba propuesta por el Ministerio Público, como la prueba propuesta por la defensa, por lo anterior no es de recibo dicho argumento.- Por ultimo alegan los pedidores que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso por la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada tanto por el ente fiscal como por la defensa privada; es menester entonces para esta Sala, señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal..."..."al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera y revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en el caso sub júdice no se observan transgresiones a los derechos que alegan los pedidores como vulnerados, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados a los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, al dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, y a su vez declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera, resolución dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y defensa..."..."por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. La Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES Y FRANKLIN JOSEPH ACOSTA REYES, a favor de los señores ERICK GEOVANY GIRON RIVERA y ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, que resolvió, un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra el señor ERICK GEOVANY GIRON RIVERA Y ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ, por suponerlos responsables del delito de COHECHO IMPROPIO Y COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales, la Abogada NANCY CAROLINA CASTILLO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal en contra los señores ERICK GEOVANY GIRON RIVERA Y ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ, por suponerlos responsables de los delitos de COHECHO IMPROPIO Y COHECHO COMETIDO POR UN PARTICULAR por su orden en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 2-3 del antecedente)2) Que en fecha cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial, en la cual resolvió decretar Auto de Formal Procesamiento, contra el señor ERICK GEOVANY GIRON RIVERA, asimismo, mediante Acta de Imposición de Medidas Cautelares, imponer la medida cautelar distinta a la prisión preventiva, establecida en el Artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal, al imputado ERICK GEOVANY GIRON RIVERA, advirtiéndole al imputado que el incumplimiento de dicha medida dará lugar a la revocación de la misma; y decretar Sobreseimiento definitivo a favor del señor ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ …” (Folio 284 del antecedente)3) Conociendo de los recursos de apelación interpuestos contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete días del mes junio del año dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual: “RESUELVE 1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. 2) REVOCAR el sobreseimiento definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez debiéndose dictar en su contra auto de formal procesamiento por el delito de cohecho cometido por particular. 3) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto interpuestos por los abogados Gustavo Eduardo Quiroz Canales y Franklin Joseph Acosta Reyes. 4) CONFIRMAR la resolución dictada por el A-quo contra Erick Geovanny Girón Rivera.” (Folios 340-345 del expediente del Ad-quem)4) Que los recurrentes, Abogados GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES Y FRANKLIN JOSEPH ACOSTA REYES, comparecieron ante este Tribunal, en fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de los señores ERICK GEOVANY GIRON RIVERA y ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dos (02) de mayo del año dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito presentado por los Abogados GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES Y FRANKLIN JOSEPH ACOSTA REYES, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra de los señores ERICK HEOVANY GIRON RIVERA Y ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ, a quienes se les supone responsables de los delitos de COHECHO IMPROPIO y COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió: 1) Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. 2) REVOCAR el sobreseimiento definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez debiéndose dictar en su contra auto de formal procesamiento por el delito de cohecho cometido por particular. 3) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados Gustavo Eduardo Quiroz Canales Y Franklin Joseph Acosta Reyes. 4) CONFIRMAR la resolución dictada por el A-Quo contra Erick Geovany Girón Rivera.CONSIDERANDO (3): Que a juicio de los recurrentes el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como el derecho de defensa y debido proceso establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica, al instruirse el dictado de un Auto de Formal Procesamiento en contra del señor Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de Cohecho cometido por particular y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado contra el señor Erick Geovany Girón Rivera, basando su fallo en pruebas que no han sido incorporadas legalmente al juicio, pues no han sido propuestos, admitidos, ni evacuados en audiencia inicial. Argumenta vulneración al debido proceso por parte de la Corte de Apelaciones, al introducir y dar valor a un medio de prueba denominado por la Corte de Apelaciones Videos de Cámaras de Seguridad que no fue propuesto en el proceso y que en base al mismo emite un auto de formal procesamiento, cuando no ha tenido ningún control jurisdiccional, ni ha sido controvertido, por cuanto no ha sido parte en el proceso, nunca existió el video en el proceso, por cuando no pudo ser sometido a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad en la audiencia inicial. Arguye vulneración al derecho de defensa, pues a través de una deficiente motivación deja en absoluto estado de indefensión a sus patrocinados, al someter al escrutinio jurisdiccional medios de prueba que no fueron aportados; asimismo argumenta el pedidor que no fueron valorados los medios de prueba aportados por la defensa privada de los encausados con la cual se destruye la tesis acusatoria del Ministerio Público, en inobservancia de las reglas de la sana critica, tal como lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (4): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por los abogados GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES Y FRANKIN JOSEPH ACOSTA REYES, al considerar que el Tribunal Ad-Quem ha vulnerado derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación entre otros considerandos lo siguiente: “2.- El delito de cohecho impropio se encuentra regulado en el artículo 493 del Código Penal, …En el caso que ocupa, aparece acreditado mediante prueba documental (folios 19, 20,145, 146) que Erick Geovany Girón Rivera es empleado público que labora como archivero en el Juzgado de Letras del Trabajo, con ello se acredita la condición especial que debe concurrir en el sujeto activo. De acuerdo a los oficios JLTFM-2015-1149, Memorandum de fecha 01/06/2016 y Memorandum de fecha 08/09/2016 (folios 245, 246 y 247) tiene asignadas las funciones de recepción y devolución de exhortos a las partes una vez cumplimentados por los receptores, además de ser el responsable o encargado de los actos de comunicación del Juzgado de Letras del Trabajo. De acuerdo a los antecedentes y los hechos imputados, así como de las vigilancias proporcionada por los agentes de la ATIC, Erick Geovany Girón Rivera, en un horario no laborable se reunió con Elam Dagoberto Valladares Rodríguez en el estacionamiento del Poder Judicial, en donde fue capturado después de haber recibido la cantidad de treinta mil lempiras, los cuales según el video de las cámaras de seguridad del Poder Judicial y las vigilancias realizadas, le fueron entregados por Elam Dagoberto Valladares después que aquel le entregara unos exhortos cumplimentados. La entrega de ese dinero a cambio de los documentos, se produjo en forma clandestina en el estacionamiento judicial, fuera del horario laboral y fuera del despacho judicial, es decir, evidentemente estos son indicios de los que se infiere que el pago de esos treinta mil lempiras obedece a una dadiva recibida por Erick Geovany (sea en provecho propio o de un tercero) por la realización o cumplimentación de un acto propio de su trabajo; con lo cual se configuran los elementos objetivos del tipo penal de cohecho impropio. Erick tenía el conocimiento (sabía recibiría un dinero) y la voluntad (accedió y quiso recibir el dinero) a sabiendas que eran dádivas contrarias al buen ejercicio de sus funciones; independientemente que las mismas las recibiera en su propio provecho o de terceros, es decir resulta indiferente el móvil con que actúa el acusado, basta con la recepción de la dádiva. Bajo esas consideraciones, los agravios impetrados por los abogados defensores, no son de recibo. 3.- El delito de cohecho cometido por particular, es según la doctrina el cohecho activo y se encuentra previsto en el artículo 496 del Código Penal … Del estudio de los antecedes, de la prueba aportada se desprende, que Elam Dagoberto Valladares Rodríguez entregó a Erick Geovany Girón Rivera la cantidad de treinta mil lempiras por la cumplimentación de unos exhortos, los cuales le fueron entregados en el mismo momento de la entrega del dinero, actuación que se acreditó con los videos de seguridad, con la evidencia que les fuera decomisada a cada uno de ellos y con la declaración del agente de la ATIC. El hecho de que Elam fuera empleado del Abogado Rodolfo Ocón Zambrano y cumpliera con sus instrucciones no lo libera de responsabilidad. El tipo penal establece que será responsable de dicha conducta no solo el que ofrece, sino también quien entrega la dádiva sea personalmente o por persona interpuesta; función que en el caso de autos realizó Elam Dagoberto. Del vaciado telefónico se desprende que efectivamente el abogado Ocón le instruyó a que entregara el dinero, pero él sabía que ese dinero correspondía a una dadiva por la colaboración brindada por el empleado judicial en la cumplimentación de los exhortos entregados; prueba de ello es la forma en que se realizó la entrega. Elam Dagoberto Valladares Rodríguez colaboró activamente para que esa conducta se perfeccionara, por tanto, no puede excluirse su participación en la consumación del delito de cohecho cometido por particular. Con su conducta se configuran los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, pues con pleno conocimiento y voluntad, el acusado como persona interpuesta, entregó a Erick Geovany Girón Rivera dádiva consistente en la cantidad de treinta mil lempiras por la realización de actos propios del cargo del empleado judicial. 4.- Por todo lo antes relacionado esta Corte de Apelaciones encuentra que, si se ha aportado la evidencia probatoria necesaria para establecer la existencia tanto del delito de cohecho impropio como del delito de Cohecho cometido por particular y se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados Erick Geovany Girón Rivera y Elam Dagoberto Valladares Rodríguez respectivamente, han participado en los mismos. En consecuencia, esta Corte de Apelaciones considera procedente declarar Ha Lugar los agravios impetrados por el Ministerio Público, mandar revocar el sobreseimiento definitivo decretado contra Elam Dagoberto Valladares Rodríguez debiéndose dictar en su contra auto de formal procesamiento por el delito de cohecho cometido por particular y declarar no ha lugar los agravios impetrados por los abogados defensores. CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de la recurrente el derecho de defensa y Debido Proceso preceptuado en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que por su orden disponen: “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”; “El derecho de defensa es inviolable.”; y “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (8): Que la disposición constitucional contenida en el Artículo 92 de la Constitución de la República, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento sólo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (9): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; asimismo el último párrafo del artículo citado, establece que: En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO; Asimismo dicta Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR. El Tribunal de Segunda Instancia por unanimidad de votos ha ratificado el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Valladares Rodríguez, por suponerlo responsable del delito de COHECHO IMPROPIO y ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumentando éste órgano jurisdiccional que se han aportado los indicios probatorios suficientes para considerar que los acusados han participado en los delitos atribuidos. CONSIDERANDO (10): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”. CONSIDERANDO (11): Que los recurrentes argumentan vulneración del debido proceso y defensa, en razón de que el fallo emitido por el Tribunal de Alzada no es congruente con los medios de prueba, por cuanto ha dado valor a un medio de prueba denominado por la Corte “Videos de cámara de seguridad”, medio de prueba que arguyen los pedidores no tiene ningún control jurisdiccional, no ha sido propuesto, admitido, ni evacuado en la audiencia inicial. En este sentido revisado y analizado el antecedente, esta Sala de Constitucional advierte que el Dictamen de video Forense al que hace alusión el Tribunal de Alzada, obra a folio 87 al 102 de la pieza del antecedente, medio de prueba que fue propuesto por el Ministerio Publico (ver folio 140 vuelto) en audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, sin que la Defensa privada objetara dicho medio de prueba, fue admitido por el Juez competente (ver folio 141 vuelto del antecedente). En relación a este medio de prueba el artículo 245 del Código Procesal Penal, dispone: “Dictamen pericial. En la etapa preparatoria, el informe pericial se rendirá por escrito, sin perjuicio de que el perito pueda ser requerido para aclararlo o completarlo personalmente o también por escrito. En el Juicio, el informe pericial se rendirá verbalmente, sin perjuicio de que, previa o simultáneamente, el perito acompañe su informe por escrito.” En ese sentido y siendo que el dictamen de video forense se presentó por escrito tal como lo manda la norma descrita, no es de recibo para esta Sala el argumento del recurrente, pues el medio de prueba en mención se propuso y se admitió en el momento procesal oportuno, sin objeción alguna por parte de la defensa. Aunado a ello el abogado Franklin Joseph Acosta, tenía pleno conocimiento de la realización del dictamen forense, pues estuvo presente en la audiencia de juramentación del perito a quien se encomendó dicha diligencia, tal como conta del folió 83 al 84 de la misma pieza de antecedentes y habiendo sido propuesto el mismo, no se opuso a su admisión, por lo que su alegato de la Corte causa indefensión al sus patrocinados al someter al escrutinio judicial el medio de prueba ya señalado, tampoco es de recibo. En relación al argumento de que el Tribunal de Alzada no valoro los medios de prueba aportados por la defensa, el mismo impetrante manifiesta que tanto en la resolución de la Juez de garantías, así como el fallo de la Corte de Apelaciones analiza graníticamente la prueba de la defensa, para encontrar mínimos detalles que justifiquen demeritarla, actitud que no mostro frente a la prueba de cargo. Aunado a lo anterior esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución que ahora se impugna, se valoró por el Tribunal de instancia, tanto la prueba propuesta por el Ministerio Público, como la prueba propuesta por la defensa, por lo anterior no es de recibo dicho argumento.- Por ultimo alegan los pedidores que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso por la inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada tanto por el ente fiscal como por la defensa privada; es menester entonces para esta Sala, señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal que se considera vulnerado: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (12): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.CONSIDERANDO (13): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil veintidós, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera y revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Elam Dagoberto Valladares Rodríguez.CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues en el caso sub júdice no se observan transgresiones a los derechos que alegan los pedidores como vulnerados, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados a los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, al dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales CONSIDERANDO (15): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elam Dagoberto Valladares Rodríguez, y a su vez declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada y ratificar el dictado de Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de Erick Geovany Girón Rivera, resolución dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y defensa. CONSIDERANDO (16): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. La Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141, 198, y 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES Y FRANKLIN JOSEPH ACOSTA REYES, a favor de los imputados ERICK GEOVANY GIRON RIVERA Y ELAM DAGOBERTO VALLADARES RODRIGUEZ, contra la resolución de fecha DIECISIETE (17) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1758-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.