Sentencia AP-1756-22 — Registro 17809
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que declaró otorgando el recurso de amparo con relación el delito de Usurpación . Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en el artículo 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. CONSIDERANDO (7): En consonancia con lo anterior y del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que la sentencia de amparo ha sido dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala reitera que el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento debido y los fundamentos de derecho s requeridos por la Ley de Justicia Constitucional, Los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, por lo que esta Sala encuentra que la misma ha sido dictada en base al principio de la tutela judicial. CONSIDENRANDO (9): Por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio que se CONFIRME la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que Otorga el recurso de amparo impetrado, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Corte.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. CONSIDERANDO (7): En consonancia con lo anterior y del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que la sentencia de amparo ha sido dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala reitera que el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento debido y los fundamentos de derecho s requeridos por la Ley de Justicia Constitucional, Los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, por lo que esta Sala encuentra que la misma ha sido dictada en base al principio de la tutela judicial. CONSIDENRANDO (9): Por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio que se CONFIRME la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que Otorga el recurso de amparo impetrado, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Corte.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.-VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete de noviembre dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró otorgando el recurso de amparo presentado por el Abogado Héctor Andrés Contreras Licona, a favor de los señores Marleny Yaneth Valdez Corea, Irma Bertilia Figueroa Lambur, Alvin Martin Sánchez Chávez, Martha Lidia Turcios García y María Lucía García Vásquez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores José Alejandro Díaz, Orlando Rivera, Zulma Vanessa Perez Villanueva y Masbel Arely Jiménez Cabrera, por considerarlos responsables del delito de Usurpación en perjuicio de David Kamal Dieck Gabrie. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en el artículo 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. En fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Dina Aracely Fuentes Calderón, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores José Alejandro Díaz, Orlando Rivera, Zulma Vanessa Pérez Villanueva y Masbel Arely Jiménez Cabrera, por considerarlos responsables del delito de Usurpación en perjuicio de David Kamal Dieck Gabrie. (Folios 1-4 del expediente del A-quo). 2. En fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: “…1.- Decretar un Auto de Formal Procesamiento contra la señora ZULMA VANESA PEREZ VILLANUEVA Y ORLANDO RIVERA, por el delito de USURPACION en perjuicio DAVID KAMAL DIECK GABRIE (74 AÑOS). 2.- Ratificar las medidas cautelares a la señora ZULMA VANESA PEREZ VILLANUEVA Y ORLANDO RIVERA, consistentes presentarse periódicamente a el Juzgado de Paz de Villanueva, Cortés, y la prohibición de acudir a la propiedad del señor DAVID KAMAL DIECK GABRIE, en 3.- Se ordena el desalojo del bien inmueble ubicado en la Aldea dos caminos Villanueva, Cortés, las antiguas instalaciones de TEHAHSA, 4.- Se librará comunicación al Juzgado de Paz de San Manuel, Cortés, para notificar el nombramiento de juez ejecutor y hacerle saber su nombramiento 5.- Declarar sin lugar el sobreseimiento provisional solicitado por las partes defensoras, 6.- Se señala Audiencia Preliminar para el día miércoles diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), a las diez de la mañana (10:00 AM)…” (Folio 155 del expediente del A-quo). 3. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Héctor Andrés Contreras Licona, presentando recurso de amparo a favor de los señores Marleny Yaneth Valdez Corea, Irma Bertilia Figueroa Lambur, Alvin Martin Sánchez Chávez, Martha Lidia Turcios García y María Lucía García Vasquez, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-12 del expediente del Ad-quem). 4. Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho merito Y MANDA: Que, una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia. - Redactó la presente Sentencia el Magistrado Gerardo Rosales Pacheco. NOTIFIQUESE. -” (Folios 18-21 vuelto del antecedente). 5. En recha cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando estricto cumplimiento a la previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): De conformidad a lo establecido el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (2): Se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que Otorga el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Héctor Andrés Contreras Licona, a favor de los señores Marleny Yaneth Valdez Corea, Irma Bertilia Figueroa Lambur, Alvin Martin Sánchez Chávez, Martha Lidia Turcios García y María Lucía García Vásquez, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, referente a la causa instruida contra los señores José Alejandro Pérez Diaz, Orlando Rivera, Zulma Vanessa Pérez Villanueva y Masbel Arely Jiménez Cabrera, por suponerlos responsables de la comisión del delito de USURPACION, en perjuicio del señor DAVID KAMAL DIECK GABRIE. CONSIDERANDO (3): El recurrente sustentó su recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, expresando que la resolución es violatoria del Derecho de Igualdad ante la ley, Defensa, Presunción de inocencia y Debido proceso, instituidos en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en virtud que el desalojo ordenado al bien inmueble ubicado en la Aldea Dos Caminos, Villanueva, Cortés, antiguas instalaciones de TEHAHSA, se decretó de forma general, extensivos para todos los vecinos, y que sus representados nunca han sido acusados por el delito de usurpación en el requerimiento fiscal. Asimismo, estima que al ordenar el desalojo a quienes afecta es a sus representados, pues estos tienen familia y no tienen donde vivir, y a fin de legalizar su ocupación ha pretendido obtenerlo por la vía del mecanismo de expropiación pública. Agrega que además se violentan los artículos 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, articulo 2 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, articulo 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (4): El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): El Ad Quem, expone en su resolución lo siguiente: “Que esta Corte aprecia que en el requerimiento fiscal y referido en el CONSIDERANDO (2) que antecede, no aparecen designados como imputados los señores MARLENY YANETH VALDEZ COREA, IRMA BERTILIA FIGUEROA LAMBUR, ALVIN MARTIN SÁNCHEZ CHÁVEZ, MARTHA LIDIA TURCIOS GARCÍA Y MARÍA LUCÍA GARCÍA VÁSQUEZ, en tal sentido, estima esta Alzada, que la ejecución del desalojo ordenado en el auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, actuación contra la cual se recurre en amparo, vulnera, sin lugar a dudas la garantía genérica del debido proceso que lleva implícito, entre otros el derecho de defensa por cuanto no es posible, sin vulnerarlo, llevar a ejecución una orden de desalojo contra personas que aún no han sido oídas previamente como consecuencia de estar en condición de imputados. En congruencia con lo anterior, la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de fecha treinta de julio de dos mil trece, en la causa APC 557-12, específicamente en el considerando cinco, establece lo siguiente: “ CONSIDERANDO 5:…en el proceso penal, en sentido material, parte solo es el inculpado, el sospechoso de haber cometido el delito y a efectos legales, es imputado formalmente y en razón de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal, quien, en virtud de Querella o por Requerimiento Fiscal es considerado responsable de haber participado en la comisión de un delito. Es así que surge de esta norma, la obligación del ente acusador de identificar plenamente al momento de instar la acción penal a la o las personas inculpadas, de forma tal que no haya lugar a deducciones de quienes pueden ser las personas contra quien se ha comenzado la persecución penal, sino que el señalamiento de limite a personas determinadas que surjan como sospechosas a raíz de la investigación seria y formal realizada; y, a su vez, surgen una serie de derechos para las personas imputadas; ya que siendo objeto de proceso, todas las decisiones que se tomen por los Órganos Jurisdiccionales deben serles no solo comunicados, sino que de ser posible, contando con su presencia y participación, a efecto de que el Principio de Contradicción que caracteriza el proceso penal y el Derecho Constitucional de Defensa, contemplado en el artículo 82 de la Carta Magna, entre otros principios y derechos igualmente importantes e imprescindibles, garanticen la transparencia en el ejercicio estatal del ius puniendi…”. Es por ello por lo que este Tribunal Ad Quem estima que, en el presente caso, es de aplicación el razonamiento emitido por la Sala de lo Constitucional, en el sentido de que, al no ser los señores anteriormente mencionado, parte de proceso penal de mérito, los amparistas no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho fundamental, como lo son el Debido Proceso, Igualdad ante la Ley, Presunción de Inocencia, tal como lo refiere la sentencia precitada.” CONSIDERANDO (5): El Ad Quem sigue exponiendo: “…Por lo que, en el presente caso al estimar procedente según esta Corte OTORGAR la acción interpuesta, en consecuencia, el Juez de la causa debe dejar sin lugar ni efecto el desalojo ordenado con respecto los señores MARLENY YANETH VALDEZ COREA, IRMA BERTILIA FIGUEROA LAMBUR, ALVIN MARTIN SÁNCHEZ CHÁVEZ, MARTHA LIDIA TURCIOS GARCÍA Y MARÍA LUCÍA GARCÍA VÁSQUEZ, debiendo identificar plenamente a las personas que deben ser desalojadas como consecuencia del proceso penal interpuesto por el Ministerio Público por el delito de USURPACIÓN en perjuicio del señor DAVID KAMAL DIECK GABRIE.” CONSIDERANDO (6): El Debido Proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio; así entonces, el Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al Debido Proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: el Juez o Tribunal competente, el acceso a la administración de Justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del Juicio, entendido éste último como todo el desarrollo del proceso, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, el principio de lesividad, la imparcialidad del Juez, a la doble instancia, entre otros. El Derecho de Defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. CONSIDERANDO (7): En consonancia con lo anterior y del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que la sentencia de amparo ha sido dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala reitera que el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento debido y los fundamentos de derecho s requeridos por la Ley de Justicia Constitucional, Los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, por lo que esta Sala encuentra que la misma ha sido dictada en base al principio de la tutela judicial. CONSIDENRANDO (9): Por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio que se CONFIRME la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que Otorga el recurso de amparo impetrado, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 101 del Código Procesal Penal; FALLA: Confirmado la sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta bajo el número SCO-1756-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL