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Sentencia AP-1750-22 — Registro 17808

Resumen

En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que otorgó el recurso de amparo por el delito de transporte ilegal de sub- productos forestales, en perjuicio de medio ambiente del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): En atención a lo anterior, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que, por un lado, a la solicitud de beneficio de reemplazo de pena de prisión por multa presentada por el recurrente, no se le dio el tramite establecido en el ordenamiento jurídico, y, por otro lado, la falta de motivación observada en la resolución de conformidad con la ley ha limitado el derecho de defensa que asiste al agraviado, puesto que al no expresar de una manera razonada cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico, que le llevan a declarar sin lugar la solicitud supra mencionada, el Tribunal de Sentencia ha dificultado a la defensa el control que ésta pudiera ejercer de cara a una eventual impugnación a través de los recursos respectivos, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. CONSIDERANDO (6): Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. CONSIDERANDO (7): De mismo modo, la Sala ya ha instituido en varios precedentes, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal sentido, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (8): De lo anterior y analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del dos mil veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, a favor del imputado NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la causa instruida contra el señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, por suponerlo responsable del delito de TRANPORTE ILEGAL DE SUB- PRODUCTOS FORESTALES, en perjuicio de MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80 Y 82 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), compareció el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, el Abogado EDWIN SAUL GARCIA GUZMAN, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA por el delito de TRASNPORTE ILEGAL DE SUB PRODUCTO FORESTAL (LEÑA), en perjuicio de EL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS (Folio1 AL 3 de la pieza del juzgado). 2) Que en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, RESOLVIÓ: PRIMERO: Tener por recibido el escrito presentado por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, mismo que se manda agregar a sus antecedentes de mérito.- SEGUNDO: Atendiendo a lo establecido en el artículo 74 del Código Penal Vigente en relación a las circunstancias personales del proceso, la naturaleza del hecho su conducta y en particular el esfuerzo realizado para reparar el daño causado, consideran los suscritos juzgadores que no se contemplen los parámetros para conocer lo solicitado por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, aunado a ello quedó debidamente acreditado que el señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, es penado habitual. TERCERO: Se declara SIN LUGAR lo solicitado por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, quien actúa en representación del señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA…”.3) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor del señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, contra la resolución de fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 80 Y 82 de la Constitución de 4) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), luego de seguido el trámite que al efecto determina Justicia Constitucional, de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, “FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, a favor del imputado NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, en el proceso instruido por el delito de TRANPORTE ILEGAL DE SUB- PRODUCTOS FORESTALES, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución judicial de fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022) en la que se declara Sin Lugar la solicitud de reemplazo de pena, dictada por el Tribunal de Sentencias de Yoro, departamento de Yoro, a cuyo efecto se decreta la nulidad de la referida resolución.- SEGUNDO. En consecuencia, el Tribunal de Sentencias y el referido Tribunal deberá de darle el curso correspondiente a tal solicitud señalando la audiencia correspondiente con las partes procesales y posteriormente resolver en Auto Motivado…” (Folios 36 al 41 de la pieza de Corte de Apelaciones). 5) Que en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de Justicia Constitucional CONSIDERANDO (1): La Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional concordado con el Artículo 41 de Justicia Constitucional, puede ser invocada “Para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el Artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el Artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.244-2003. CONSIDERANDO (3): Se conoce en consulta la sentencia de fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, en su condición de apoderado legal, quien actúa a favor del señor Nelson Otoniel Acosta Artica, en contra de la resolución de fecha tres (3) de mayo del dos mil veintidós (2022), emitida por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, que declaró sin lugar la solicitud de beneficio de reemplazo de pena de prisión por multa, en la causa que se le sigue el señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, por suponerlo responsable del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE SUBPRODUCTOS FORESTALES, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Del examen de las diligencias se aprecia que, para la Corte de Alzada, el Tribunal de sentencia incurrió en violaciones a la garantía a del derecho de defensa, debido proceso y los derechos fundamentales que ello implica como el principio de contradicción procesal, porque, efectivamente, omitió dar el curso correspondiente a la solicitud de beneficio de reemplazo de pena de prisión por multa presentada por el recurrente, de acuerdo al Ad quem el Tribunal de sentencia debió haber señalado audiencia para que las partes comparecieran y plantearan sus argumentos y posterior a ello resolver lo correspondiente mediante auto motivado, de conformidad a lo estipulado en el articulo 74 del Código Penal. La Alzada considera que, debido a la violación de los derechos constitucionales, se produce nulidad de la resolución al tenor de los estipulado en el artículo 166 numeral 6 y 7 del Código Procesal Penal. En cuanto al motivo que se declaró sin lugar el recurso de reposición y subsidiaria apelación, dispone que no puede pronunciarse en vista que la presente acción de amparo es un recurso extraordinario y no ordinario, y que la justicia ordinaria establece el procedimiento en el artículo 351 del Código Procesal Penal, cuando se deniega un recurso de apelación; referente al motivo alegado por el amparista que su representado no es un reo habitual en aplicación al artículo 83 del Código Penal, el Ad quem señala que tampoco la justicia Constitucional puede pronunciarse vía amparo, puesto que es un tema que le corresponde resolverlo a la justicia ordinaria. CONSIDERANDO (5): En atención a lo anterior, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa, dado que, por un lado, a la solicitud de beneficio de reemplazo de pena de prisión por multa presentada por el recurrente, no se le dio el tramite establecido en el ordenamiento jurídico, y, por otro lado, la falta de motivación observada en la resolución de conformidad con la ley ha limitado el derecho de defensa que asiste al agraviado, puesto que al no expresar de una manera razonada cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico, que le llevan a declarar sin lugar la solicitud supra mencionada, el Tribunal de Sentencia ha dificultado a la defensa el control que ésta pudiera ejercer de cara a una eventual impugnación a través de los recursos respectivos, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. CONSIDERANDO (6): Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la indefensión constitucional conlleva a una privación real, efectiva y actual que acarrea una limitación sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, provocando que el agraviado se vea imposibilitado para ejercer acciones o recursos, efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. CONSIDERANDO (7): De mismo modo, la Sala ya ha instituido en varios precedentes, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal sentido, siendo que la garantía constitucional al debido proceso legal comporta también el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello implica que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (8): De lo anterior y analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN CARLOS GEORGE EUCEDA, a favor del señor NELSON OTONIEL ACOSTA ARTICA, contra la resolución en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. Sello y firmas. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-1750-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL