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Sentencia AP-1728-22 — Registro 17634

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación por el delito de lesiones agravadas. estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... " CONSIDERANDO (17): Que, la Corte de Apelaciones concernida deberá observar en el conocimiento y resolución del caso concreto el debido control de racionalidad y de sujeción a legalidad respecto al dictado de un sobreseimiento definitivo dictado en Audiencia Inicial, sobre todo teniendo en especial consideración los efectos de cosa juzgada material a favor del imputado, como se deduce del tenor del Código Procesal Penal y de congrua jurisprudencia emanada de esta alta Sala de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (18): Que en tal sentido, se aprecia claramente esta línea jurisprudencial en el voto particular No. 266-2010 emitido por el Magistrado Carlos David Cálix Vallecillo en torno a la resolución del recurso de amparo interpuesto contra la sentencia del Tribunal Especial de Apelación de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), el cual confirmare el sobreseimiento definitivo de la causa dictado por el juez natural a favor de los imputados ROMEO ORLANDO VASQUEZ VELASQUEZ, VENANCIO CERVANTES SUAZO, CARLOS ANTONIO CUELLAR CASTILLO, LUIS JAVIER PRINCE SUAZO, MIGUEL ANGEL GARCIA PADGETT Y JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y EXPATRIACIÓN DE UN NACIONAL HONDUREÑO, tipificados en los artículos 349 No. 2) y 333 No. 5) del Código Penal; en el cual, el referido Magistrado de Apelación Especial, pronunciara pertinentemente, in fine, el siguiente considerando jurídico: “OCTAVO: Las causas que delimitan el ámbito aplicativo del sobreseimiento definitivo, son hipótesis de radical y definitiva exclusión de la responsabilidad penal que hacen de las resoluciones que lo adoptan una suerte de sentencias de fondo absolutorias, con la única salvedad de que se dictan por los órganos judiciales anticipadamente al momento procesal en que suelen producirse aquellas. Es por ello, que los autos de sobreseimiento definitivo, una vez alcanzada su firmeza, son resoluciones que producen la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material, y en particular el efecto negativo y excluyente resumido en la máxima latina “non bis in ídem”. CONSIDERANDO (19): Que en tal sentido, se refuerza el deber de la instancia, en particular y de los actores jurídicos, en general, de dictar sobreseimiento cuando proceda, de conformidad a ley procesal y sólo dictar auto de formal procesamiento, en caso se compruebe la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal que enmarca la legalidad penal aplicable, así como la estimación del indicio racional mediando todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (20): Que, en el supuesto jurídico – penal anteriormente prescripto, es parte de la tutela judicial efectiva, asegurar que la resolución judicial acredite motivación suficiente; dando cuenta del por qué se tiene, o no, como concurrente el verbo o los verbos rectores que enmarcan la tipicidad penal mediante prueba directa, o indiciaria; siempre a la luz de la sana crítica y en compatibilidad con los valores y principios que informan la Constitución de la República, entre los cuales destaca, como queda expresado, el principio de legalidad en la administración. Lo anterior adquiere particulares contornos y alcances tratándose de derecho penal sustantivo, pues las exigencias de la dogmática jurídica lo reconducen hacia una tipología hermenéutica taxativa y estricta; proscribiendo así los usos analógicos y extensivos, en cuanto a posibilidad válida de inferencia lógico jurídica. CONSIDERANDO (21): Que lo anteriormente conceptualizado adquiere mayor relieve, dado que la motivación vertida por la Corte Ad Quem, respecto al delito atribuido al señor KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, no se le comprobó que él haya sido la persona que participó en los hechos del caso concreto:“…ya que el encausado no violentó ninguna norma establecida a este respecto”; lo cual no ha sido contra argumentado eficientemente por la recurrente; en cuanto y en tanto, no establece precisamente cuál fue la participación del imputado así como a la comprobación de que haya participado en dicho delito. Y es así que la prueba de los hechos invocados por la acusación corresponde al Ministerio Público y, eventualmente, al acusador privado, ya que el imputado se encuentra constitucionalmente en estado de inocencia (no culpabilidad) durante la tramitación de todo el proceso. CONSIDERANDO (22): Que por todo lo anteriormente motivado, resulta procedente la desestimación de la presente garantía, a la luz del derecho constitucional invocado. - En virtud de lo cual, debe dictarse sentencia denegatoria al presente recurso promovido por la fiscalía del Ministerio Público, en sede de amparo constitucional."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección de Comayagua, Departamento de Comayagua, en veintiuno de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Kewin Efraín Bonilla Flores, por suponerlo responsable del delito de Lesiones Agravadas, en perjuicio del señor Bertoldo Díaz Zuniga. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado José René Álvarez, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Kewin Efraín Bonilla Flores, por suponerlo responsable del delito de Lesiones Agravadas, en perjuicio del señor Bertoldo Díaz Zuniga. (Folios 1 al 3 de la pieza de antecedentes del Juzgado) 2) En fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Tener por manifestadas a las partes, 2) por admitidos los medios de prueba del Ministerio Publico y la defensa privada, 3) DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del imputado KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, a quien se le sigue proceso por el delito de LESIONES AGRAVADAS, en perjuicio de BERTOLDO DIAZ ZUNIGA, con fundamento en el artículos: 294, 296 numeral 2 del Código Procesal Penal, no existen suficientes elementos para decretar un auto de formal procesamiento, 4) Extender la correspondiente carta de libertad definitiva, se le suspenden las medidas cautelares impuestas hasta esta fecha…” (Folio 95 del antecedente) 3) Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados Cyndi Loany Serrano Fonseca, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y Luis David Pérez Vásquez, en su condición de acusador privado del señor Lorenzo Bertoldo Díaz Zuniga; ambos, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto Por el MINISTERIO PÚBLICO, Representado por LA ABOGADA CYNDI LOANY SERRANO FONSECA, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año 2022, proferida por el Juzgado de Letras penal de La Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la que el Juez de Instrucción RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, por el delito de LESIONES AGRAVADAS, en perjuicio de BERTOLDO DIAZ ZUNIGA. SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto Por LA ACUSACIÓN PRIVADA, Representada por EL ABOGADO LUIS DAVID PEREZ VASQUEZ, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año 2022, proferida por el Juzgado de Letras penal de La Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la que el Juez de Instrucción RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, por el delito de LESIONES AGRAVADAS, en perjuicio de BERTOLDO DIAZ ZUNIGA. TERCERO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, descrita en los acápites primero y segundo de esta parte dispositiva…” (Folios 122 al 129 vuelto de la pieza de antecedentes del Juzgado) 4) Que la recurrente, la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta al ofendido Bertoldo Díaz Zúniga, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de Comayagua, del departamento de Comayagua, en fecha veintisiete (27) de Octubre del dos mil veintidós (2022), mediante la cual falla en su parte dispositiva: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto Por el MINISTERIO PÚBLICO, Representado por LA ABOGADA CYNDI LOANY SERRANO FONSECA, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año 2022, proferida por el Juzgado de Letras penal de La Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la que el Juez de Instrucción RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, por el delito de LESIONES AGRAVADAS, en perjuicio de BERTOLDO DIAZ ZUNIGA. SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto Por LA ACUSACIÓN PRIVADA, Representada por EL ABOGADO LUIS DAVID PEREZ VASQUEZ, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año 2022, proferida por el Juzgado de Letras penal de La Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la que el Juez de Instrucción RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, por el delito de LESIONES AGRAVADAS, en perjuicio de BERTOLDO DIAZ ZUNIGA. TERCERO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, descrita en los acápites primero y segundo de esta parte dispositiva…” CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del Recurso de Amparo promovido por la Fiscalía del Ministerio Público se invocaron como infringidos los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; estableciendo el primero de ellos, en lo referente al debido proceso: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; mientras que el segundo artículo invocado hace referencia al principio de legalidad relacionado con el 304; agravios constitucionales que estima causados la recurrente, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en vista a que el dictado de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, por el delito de LESIONES AGRAVADAS, debió omitirse, ya que consta acreditado las heridas que sufriera que sufriera el ofendido, así como la sospecha de la posible participación que en tal acción pudiese tener el encausado, tal como se desprende el testimonio vertido por la señora Delmis Lidenia Flores Valle; que sín embargo de la declaración de la testigo de descargo con referente a la señora antes mencionada, se desprende sospecha de que el acusado posiblemente es la persona que agredió al ofendido, al narrar en el desarrollo de los hechos, que no sólo golpearon en las manos al ofendido para que soltara la navaja, sí no que posterior a ello, lo agarraron y se lo llevaron , tornando incongruente la motivación del Ad-quem. Además sigue manifestando el Ministerio Público, que la Corte de Apelaciones de Comayagua, vulneró el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, al establecer en el numeral cuarto de su motivación que la defensa privada aportó una testigo presencial quién de forma categórica narró con detalles como habían sucedido los hechos, que es contrario a lo establecido en el requerimiento fiscal, en el que estuvo a punto de agredirla a ella es el ofendido BERTOLDO DIAZ, ya que ese día andaba tomado y que en forma violenta la quería agredir y que por eso llama a gritos a sus hijos, en la cual intervinieron al escuchar los gritos de su madre, ya que se encontraban cerca de su vivienda y que lo habían golpeado en las manos para que soltara la navaja con la que intentaba a agredir a la testigo presencial, por lo que en ese sentido toma credibilidad la tesis de la defensa. Y también porque entraña una motivación incongruente de los medios probatorios allegados al proceso, ya que durante el desarrollo de la audiencia inicial, efectivamente se contó con la comparecencia de la testigo DELMIS LIDENIA FLORES VALLE, quién en su deposición manifestó que el ofendido se presentó a su casa de habitación, en estado de ebriedad y la amenazó con arma blanca (puñal),y que gritó pidiendo ayuda, llegando sus dos hijos y su esposo que se encontraban cerca, aseverando además que su hijo KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, tomó un palo de escoba y que golpeó en la manos al señor BERTOLDO DIAZ, con el objetivo de despojarlo del arma, y que lo agarraron y se lo llevaron quedando acreditado con el dictamen pericial de medicina forense, por lo que el ofendido ha resultado con fractura de herida parietal izquierda, con hundimiento de los huesos, compatible con la producida por cuerpo u objeto romo, con 35 días de incapacidad. Así como también sigue manifestando el Ministerio público que se vulnera la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente ya que la misma no se encuentra apegada a derecho, por lo que solicita procedente revocar lo resuelto por el Ad-quem, porque ha impedido que la resolución asegure su eficacia y evitar que un caso quede en la impunidad. Así como la vulneración del principio de legalidad el cual establece que en un Estado de Derecho, el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a Derecho, tomando en cuenta la norma, el hecho, la prueba allegada y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho de aplicarla; sí bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la Ley, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una contravención a la Ley y a la Constitución, la aplicación del principio de legalidad debe ser total, ya que los jueces son los encargados de guardar y hacer guardar la leyes; su cumplimiento y es determinante su estricta aplicación porque de ello depende la validez de su creación. CONSIDERANDO (5) En ese mismo orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones de Comayagua del Departamento de Comayagua, según siguen manifestando la recurrente que dicha resolución de fecha veintisiete (27) de Octubre del dos mil veintidós (2022) que colige a folios 122 al 129 del expediente de antecedentes del A-quo; que vulneró el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, al establecer en el numeral cuarto de su motivación que la defensa privada aportó una testigo presencial quién de forma categórica narró con detalles como habían sucedido los hechos, que es contrario a lo establecido en el requerimiento fiscal, en el que estuvo a punto de agredirla a ella es el ofendido BERTOLDO DIAZ, ya que ese día andaba tomado y que en forma violenta la quería agredir y que por eso llama a gritos a sus hijos, en la cual intervinieron al escuchar los gritos de su madre, ya que se encontraban cerca de su vivienda y que lo habían golpeado en las manos para que soltara la navaja con la que intentaba a agredir a la testigo presencial, por lo que en ese sentido toma credibilidad la tesis de la defensa. CONSIDERANDO (6): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar Sin lugar por unanimidad el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra del imputado KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, bajo los argumentos siguientes: “1- Siendo que al Ministerio Público y la acusación Privada, defienden sus tesis basados en prueba documental consistente en la declaración en la denuncia del ofendido Bertoldo Díaz Zúñiga, declaración en sede administrativa de Virginia Zuniga Santos, acta de inspección, albun fotográfico, dictamen de evaluación física emitido por el doctor Federico Arturo Rivera, por lo que consideran que ha no comparecer a la Audiencia Inicial ni el ofendido, que su versión resulta fundamental para efectos de sostener la acusación ya que él es el directamente afectado, así como tampoco compareció la testigo VIRGINIA ZUNIGA SANTOS, quién vale decir que no es testigo presencial, sí no de referencia, relato que fue rendido en sede administrativa, en el que dice que su hijo andaba en estado de ebriedad el día que sucede la agresión. Por lo que al no comparecer a la audiencia Inicial ni el ofendido y ni la testigo, esto constituye un óbice para sostener la pretensión acusatoria. Y es así que el Ad-quem sigue manifestando en la valoración, que ellos ya tienen claramente generado jurisprudencia al respecto que sólo surte eficacia y que sólo surte eficacia la declaración rendida ante Juez competente, mediante juramento y sometido al contradictorio de las partes, cualidades que no concurren en las pruebas de la acusación, por los que las declaraciones tomadas en sede administrativa tienen calidad de diligencias investigativas y que solamente en juicio se valoran como para efectos de ilustración, pero no constituyen medios de prueba como tales. Y en cuanto al dictamen de medicina forense, se acredita que el ofendido fue evaluado físicamente y por ende se acredita el delito, “Sin embargo no se asienta la participación del encartado de autos”. Y es así que la defensa Privada aportó una testigo presencial quien de forma categórica narró con detalles como se desarrollan los hechos, en lo que al contrario manifiesta de lo que afirma el requerimiento fiscal, quién estuvo a punto de ser agredida por el supuesto ofendido BERTOLDO DIAZ ZUNIGA, quién de forma violenta y en estado de ebriedad como lo narra su madre en su versión rendida en sede administrativa; sigue manifestando en su motivación el ad-quem, que se le toma credibilidad a la tesis de la defensa, debido a que no es factible en primer lugar que fundamentado en prueba documental, con declaraciones rendidas en sede administrativa se pretenda sostener la acusación, ya que como lo subrayamos no constituyen testimonios, por lo que no hay ofendido que acuse al imputado y testifical que aporte a la acusación. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (8): La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda, en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 90 establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. CONSIDERANDO (11): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras. CONSIDERANDO (12): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 y 8 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 literal 1 y 3 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención a prisión arbitrarias”. “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez o un funcionario u otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer sus funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. CONSIDERANDO (13): Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. CONSIDERANDO (14): Que vista para fallo la presente sentencia, resulta procedente para la Sala de lo Constitucional analizar en el fondo la argumentación jurídica vertida por la recurrente, en aras de emitir una resolución justa, protectora de los derechos constitucionales ínsitos en el principio garantía del debido proceso; pues se encuentra suficientemente acreditada la legitimación institucional de la peticionaria, así como delimitado congruentemente el objeto de la presente garantía de amparo, interpuesta en favor de los intereses generales de la Sociedad. CONSIDERANDO (15): Que visto para resolución el presente caso, reitera esta Sala de lo Constitucional, lo dicho en anteriores ocasiones sobre el derecho garantía del Debido Proceso - en tanto derecho individual - el cual se encuentra establecido al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en virtud lo cual ha expresado ésta Sala, que el debido proceso se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley, entre los cuales el derecho que asiste a todos los ciudadanos y habitantes del país a ser juzgados por jueces y tribunales competentes, con observancia de las formalidades, derechos y garantías que establecen las leyes. Este precepto constitucional consagra, en lo concerniente al proceso penal, el derecho a un proceso justo, conglobante del respeto y garantía a todo el conjunto de derechos fundamentales, tales como son el derecho de defensa, estado de inocencia, contradicción y audiencia, derecho a un juez independiente e imparcial, a la notificación razonable y a la publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. CONSIDERANDO (16): Que, para esta Sala de lo Constitucional, tales principios y derechos enunciados en forma enunciativa y no limitativa en el amplio concepto del debido proceso, deben necesariamente concertarse en sociedad en conjunción y apego a un principio irrenunciable, como es el principio de legalidad, a través del cual se plasma preponderantemente el imperio del Derecho; derechos constitucionales invocados por parte recurrente. CONSIDERANDO (17): Que, la Corte de Apelaciones concernida deberá observar en el conocimiento y resolución del caso concreto el debido control de racionalidad y de sujeción a legalidad respecto al dictado de un sobreseimiento definitivo dictado en Audiencia Inicial, sobre todo teniendo en especial consideración los efectos de cosa juzgada material a favor del imputado, como se deduce del tenor del Código Procesal Penal y de congrua jurisprudencia emanada de esta alta Sala de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (18): Que en tal sentido, se aprecia claramente esta línea jurisprudencial en el voto particular No. 266-2010 emitido por el Magistrado Carlos David Cálix Vallecillo en torno a la resolución del recurso de amparo interpuesto contra la sentencia del Tribunal Especial de Apelación de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010), el cual confirmare el sobreseimiento definitivo de la causa dictado por el juez natural a favor de los imputados ROMEO ORLANDO VASQUEZ VELASQUEZ, VENANCIO CERVANTES SUAZO, CARLOS ANTONIO CUELLAR CASTILLO, LUIS JAVIER PRINCE SUAZO, MIGUEL ANGEL GARCIA PADGETT Y JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y EXPATRIACIÓN DE UN NACIONAL HONDUREÑO, tipificados en los artículos 349 No. 2) y 333 No. 5) del Código Penal; en el cual, el referido Magistrado de Apelación Especial, pronunciara pertinentemente, in fine, el siguiente considerando jurídico: “OCTAVO: Las causas que delimitan el ámbito aplicativo del sobreseimiento definitivo, son hipótesis de radical y definitiva exclusión de la responsabilidad penal que hacen de las resoluciones que lo adoptan una suerte de sentencias de fondo absolutorias, con la única salvedad de que se dictan por los órganos judiciales anticipadamente al momento procesal en que suelen producirse aquellas. Es por ello, que los autos de sobreseimiento definitivo, una vez alcanzada su firmeza, son resoluciones que producen la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material, y en particular el efecto negativo y excluyente resumido en la máxima latina “non bis in ídem”. CONSIDERANDO (19): Que en tal sentido, se refuerza el deber de la instancia, en particular y de los actores jurídicos, en general, de dictar sobreseimiento cuando proceda, de conformidad a ley procesal y sólo dictar auto de formal procesamiento, en caso se compruebe la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal que enmarca la legalidad penal aplicable, así como la estimación del indicio racional mediando todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (20): Que, en el supuesto jurídico – penal anteriormente prescripto, es parte de la tutela judicial efectiva, asegurar que la resolución judicial acredite motivación suficiente; dando cuenta del por qué se tiene, o no, como concurrente el verbo o los verbos rectores que enmarcan la tipicidad penal mediante prueba directa, o indiciaria; siempre a la luz de la sana crítica y en compatibilidad con los valores y principios que informan la Constitución de la República, entre los cuales destaca, como queda expresado, el principio de legalidad en la administración. Lo anterior adquiere particulares contornos y alcances tratándose de derecho penal sustantivo, pues las exigencias de la dogmática jurídica lo reconducen hacia una tipología hermenéutica taxativa y estricta; proscribiendo así los usos analógicos y extensivos, en cuanto a posibilidad válida de inferencia lógico jurídica. CONSIDERANDO (21): Que lo anteriormente conceptualizado adquiere mayor relieve, dado que la motivación vertida por la Corte Ad Quem, respecto al delito atribuido al señor KEWIN EFRAIN BONILLA FLORES, no se le comprobó que él haya sido la persona que participó en los hechos del caso concreto:“…ya que el encausado no violentó ninguna norma establecida a este respecto”; lo cual no ha sido contra argumentado eficientemente por la recurrente; en cuanto y en tanto, no establece precisamente cuál fue la participación del imputado así como a la comprobación de que haya participado en dicho delito. Y es así que la prueba de los hechos invocados por la acusación corresponde al Ministerio Público y, eventualmente, al acusador privado, ya que el imputado se encuentra constitucionalmente en estado de inocencia (no culpabilidad) durante la tramitación de todo el proceso. CONSIDERANDO (22): Que por todo lo anteriormente motivado, resulta procedente la desestimación de la presente garantía, a la luz del derecho constitucional invocado. - En virtud de lo cual, debe dictarse sentencia denegatoria al presente recurso promovido por la fiscalía del Ministerio Público, en sede de amparo constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1728-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL