Sentencia AP-1638-22 — Registro 16091
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra el auto que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación, en el sentido de confirmar el sobreseimiento definitivo de los imputados respecto al delito de abuso de autoridad, revocando el sobreseimiento definitivo respecto de los delitos de violación contra los medios de comunicación, daños y falsificación de documentos públicos. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; los Artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Artículo 2 numeral 3 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (2): Que el artículo 321 de la Constitución de la República preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (3): Que conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “DEL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, ACLARACION. CORRECCION DE ERRORES. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto obscuro o corregir errores materiales de la mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día siguiente hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el órgano jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del día hábil siguiente al de presentación de la solicitud”. CONSIDERANDO (4): Que en relación con lo antes señalado el artículo 50 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial señala: “El juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas, en la medida que sean procedentes y oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica”. CONSIDERANDO (5): Que es derecho de todo justiciado, el goce de la garantía del debido proceso en los términos contenidos en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual comprende de forma omnicomprensiva los derechos, garantías y formalidad establecidas en la ley. En tal virtud, conforme al artículo 296 del Código Procesal Penal, se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal. CONSIDERANDO (6): Que vista la petición de aclaratoria, se aprecia que los aspectos solicitados, pese a abordarse en son abordados en la sentencia de amparo pronunciada por este Alto Tribunal, esta Sala es del criterio que, al haber y que ha quedado acreditado evidenciada la trasgresión a los preceptos constitucionales señalados por el recurrente, ya considerando que el señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN se limitó a dar fe de lo actuado como comisionado suplente y Secretario de CONATEL al emitir la certificación correspondiente y no participar en la deliberación y votación de la decisión por la que se le acusó; por lo que es atendible la solicitud del recurrente, en tanto la sentencia de amparo debe contener la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones según el artículo 63 numeral 3 de a Ley sobre Justicia Constitucional, en el sentido de ordenar a la Corte de Apelaciones que se dicte el sobreseimiento definitivo a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN por los delito indicados, al no existir motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en los mismos. CONSIDERANDO (7): Que por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la sentencia en mención se encuentra apegada a derecho, siendo procedente aclarar la misma en los términos antes referidos.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y aclaración que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN, contra el Auto Motivado dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, que declaró Parcialmente Con Lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en el sentido de confirmar el sobreseimiento definitivo de los imputados respecto al delito de Abuso de Autoridad, revocando el sobreseimiento definitivo respecto de los delitos de Violación contra los Medios de Comunicación, Daños y Falsificación de Documentos Públicos, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en relación la causa instruida contra los señores MIGUEL ANGEL RODAS MARTINEZ, HECTOR EDUARDO PAVON AGUILAR, GUSTAVO LARA LOPEZ, JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA Y GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN (COMISIONADOS DE CONATEL), por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACION CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DAÑOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de RADIO GLOBO, RADIO LA CATRACHA, CHOLUSAT SUR CANAL 36, EPP-PUEBLO VISION CANAL 36 y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; los Artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Artículo 2 numeral 3 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de diciembre de dos mil nueve, el Abogado CARLOS ROBERTO FLORES CHAVEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público compareció ante la Corte Suprema de Justicia, presentando requerimiento fiscal contra los señores MIGUEL ANGEL RODAS MARTINEZ, HECTOR EDUARDO PAVON AGUILAR, GUSTAVO LARA LOPEZ, JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA Y GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN, en su condición de Comisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 08–15 del Tomo I de antecedentes) 2) Que en fecha trece de enero de dos mil diez, la Corte Suprema de Justicia, se declaró Incompetente para seguir conociendo del proceso incoado contra los señores MIGUEL ANGEL RODAS MARTINEZ, HECTOR EDUARDO PAVON AGUILAR, GUSTAVO LARA LOPEZ, JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA Y GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN, y ordena remitir las diligencias al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; los que fueron recibidos en esa judicatura en fecha once de febrero de dos mil diez. 3) Que en los días diez y doce de abril de dos mil diez, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en cual resolvió: “…1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de los encausados MIGUEL ANGEL RODAS MARTINEZ, HECTOR EDUARDO PAVON AGUILAR, GUSTAVO LARA LOPEZ, JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA Y GERMAN ENRIQUE MARTHEL BELTRAN, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS Y POR LOS DELITOS DE DAÑOS, ALLANAMIENTO Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTICAS S. DE R.L. (CHOLUSAT SUR Y CANAL 36) Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.) Siendo que los encausados en mención se encuentran gozando de medidas cautelares distintas a la Detención Judicial, se ordena el cese de dicha medida y que el Secretario del Despacho extienda a cada uno de los encausados su Carta de Libertad Definitiva para los efectos legales correspondientes. …” (Folio 406 al 420 Tomo II de la pieza de antecedentes) 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, los Recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y el Acusador Privado; 2) CONFIRMA el sobreseimiento definitivo de fecha doce de abril de dos mil diez por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra los señores MIGUEL ANGEL RODAS MARTINEZ, HECTOR EDUARDO PAVON AGUILAR, GUSTAVO LARA LOPEZ, JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA Y GERMAN ENRIQUE MARTHEL BELTRAN, respecto de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y ALLANAMIENTO; 3) REVOCA el sobreseimiento definitivo, dictado a favor de las mismas personas, en relación a los delitos de VIOLACION CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DAÑOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de Radio Globo, Radio La Catracha, Cholusat Sur Canal 36, EPP-Pueblo Visión Canal 36 y la Fe Pública; ordenando al aquo dicte contra los mismos auto de formal procesamiento como autores de estos delitos; …”. (Folios 536 al 543 del Tomo II de la pieza de antecedentes) 5) Que en fecha diez de noviembre de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN, contra la Resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; los Artículos 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Artículo 2 numeral 3 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (Folios 01 al 06 del presente Recurso) 6) Que en fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 51 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo núm. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la garantía de amparo es de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaro parcialmente CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Publico y el Acusador Privado y CONFIRMO EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de fecha doce de abril de dos mil diez dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida por los señores MIGUEL ANGEL RODAS MARTINEZ,HECTOR EDUARDO PAVON AGUILAR, GUSTAVO LARA LOPEZ, JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA Y GERMAN EDUARDO MARTEL BELTRAN, respecto de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO y Revoco el Sobreseimiento definitivo, dictado a favor de las mismas personas por los delitos de VIOLACION CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DAÑOS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de RADIO GLOBO, RADIO LA CATRACHA, CHOLUSAT SUR CANAL 36, EPP- PUEBLO VISION CANAL 36 Y LA FE PUBLICA; ordenando que se dicte auto de formal procesamiento contra los actores de estos delitos. CONSIDERANDO (4): El recurrente en su formalización manifiesta que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de los señores MIGUEL ANGEL RODAS MARTÍNEZ, HÉCTOR EDUARDO PAVÓN AGUILAR, GUSTAVO LARA LÓPEZ, JOSE ANTONIO LÓPEZ SANABRIA y su representado GERMAN ENRIQUE MARTELL BELTRAN en su condición de comisionados de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, así como los delitos de violación contra los medios de comunicación, daños y falsificación de documentos públicos en perjuicio de Radio Globo, Radio la Catracha, Cholusat Sur Canal 36, EPP- Pueblo Visión Canal 36 y la Fe Pública del Estado de Honduras; asimismo en audiencia inicial de fecha 12 de abril de 2010, el Juez Natural decretó sobreseimiento definitivo de las diligencias en favor de los imputados y en fecha 11 de junio de 2010 la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán confirmó la resolución de primer a instancia, desestimando los recursos de apelación del Ministerio Público y acusador privado. En razón de lo anterior, la honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, en fecha 19 de noviembre de 2020, dictó sentencia respecto a las acciones de amparo acumuladas 11-2011 y 13-2011, otorgando la garantía de amparo interpuesta por el Ministerio Público, ordenando a la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán dictar nueva sentencia conforme a derecho. Es por ello que la Corte en mención en fecha 28 de septiembre de 2022, dictó nuevamente un auto motivado, decretando parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público en el sentido de confirmar el sobreseimiento definitivo de los imputados respecto al delito de abuso de autoridad, revocando el sobreseimiento definitivo respecto a los delitos de violación contra los medios de comunicación, daños y falsificación de documentos públicos en perjuicio de Radio Globo, Radio la Catracha, Cholusat Sur C/ana1 36, Pueblo Vision Canal 36 y la Fe Publica del Estado de Honduras, ordenado al Juez de instancia dictar auto de formal procesamiento en contra de los imputados, incluido mi representado, señor GERMAN ENRIQUE MARTELL BELTRAN. CONSIDERANDO (5): El recurrente alega como garantías violentadas las contenidas en los siguientes artículos: 82 el cual establece que el derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; 90 Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece… y el articulo 92 No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor. En la misma forma se hará la declaratoria de reo. Además de las Garantías violentadas la Corte de Apelaciones dictó una resolución sin haberse comprobado indicios racionales que mi representado, GERMAN ENRIQUE MARTELL BELTRAN, haya participado como autor o cómplice, a efectos de ordenar se decrete Auto de Formal Procesamiento en su contra por los delitos antes señalados. Dicho en otros términos, el auto motivado carece del debido examen individual de la participación de mi representado en los hechos atribuidos, infringiendo la exhaustividad exigible a la resolución judicial. CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2]. Es así que la ley debe aplicarse en todo momento lo que no excluye los actos de investigación que también someten a un debido proceso. Y en el caso que nos ocupa la Corte de Apelaciones al revocar la resolución y que ahora se recurre vía amparo no se percató de que el señor GERMAN ENRIQUE MARTELL BELTRAN actuó como Comisionado Suplente y Secretario de CONATEL. CONSIDERANDO (8): Que haciendo un análisis del significado del bien jurídico de la fe pública, construido luego de una larga evolución doctrinal, encierra un significado particular en el que tiene relevancia el poder del Estado de atribuir a ciertos actos suyos o de los particulares, traducidos en documentos, validez general para acreditar determinado tipo de relaciones jurídicas. Para ello se vale de ciertas formalidades que deben rodearlos, como su elaboración o certificación por determinado tipo de funcionario, con el cumplimiento de requisitos establecidos legal o reglamentariamente, o bien el cumplimiento de determinadas formas a partir de los cuales se les asigna valor de verdad. Fe pública es pues, la garantía que el Estado da en el sentido que los hechos que interesan al derecho son verdaderos, auténticos, también es cuando una afirmación contenida o no en un instrumento se tiene como verdad frente a todas las personas; para Guillermo CABANELLAS la fe pública es “la veracidad, confianza o autoridad legítima o atribuida a notarios, secretarios judiciales, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y otros funcionarios públicos, o empleados y representantes de establecimientos de igual índole, a cerca de actos, hechos y contratos realizados o producidos en su presencia; y que se tienen por auténticos y con fuerza probatoria mientras no se demuestre su falsedad.” Siendo así las cosas, se ha constatado en los antecedentes que se acompañan en el presente recurso de amparo y de una revisión minuciosa de los mismos, que el señor GERMAN ENRIQUE MARTELL BELTRAN actuó como Comisionado Suplente y Secretario de CONATEL, por lo que solo se limitó a DAR FE DE LO ACTUADO y emitiendo la certificación correspondiente, además no participó en la deliberación y votación de la decisión en la que hoy es acusado. CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[6], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[7] -Lo subrayado es nuestro-.CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (11): Que en vista de todo ello, constatada la infracción al deber de motivación de la jurisdicción de alzada de constatar si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado y hacerlo individualizando cada caso en particular y también si estas concurrían o no de pleno a la configuración del delito imputado. Por ende, se fundamenta una infracción al derecho de defensa y el debido proceso, el cual resulta extensivo a no dársele cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República, puesto que mal podría acreditarse la actividad probatoria mínima de la existencia de un delito, sin la consignación previa y taxativa de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación; lo cual, además de contribuir a la legitimación de la función jurisdiccional, permite darle seguimiento y control racional a la decisión judicial en sede recursiva. En virtud de ello y por lo argumentado en el iter del presente fallo, se estima procedente otorgar el amparo de mérito, en relación al señor GERMAN ENRIQUE MARTELL BELTRAN quien actuó como Comisionado Suplente y Secretario de CONATEL. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 92, 183, 303, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1, 11, 78, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 1, 2, 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 141, 352 y 353 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) OTORGANDO el recurso de amparo, interpuesto por el abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN contra el auto motivado dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. 2) Que el órgano jurisdiccional competente proceda a dictar resolución conforme a los razonamientos y motivaciones establecidos en los considerandos de este fallo. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de febrero del dos mil veintitrés. VISTA: La solicitud de ACLARACIÓN DE SENTENCIA promovida por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN sentencia la cual fuera dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y por la cual se falla OTORGANDO el recurso de amparo y MANDA: “1…., 2….,que el órgano jurisdiccional competente proceda a dictar resolución conforme a los razonamientos y motivaciones establecidos en este fallo”; solicitando el garantista que debe dictarse sobreseimiento definitivo a favor del señor German Enrique Martel Beltrán con relación a los delitos que se le imputan de violación contra los medios de comunicación, daños y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, procediendo a otorgarse, a la vista del caso, y en el sentido que queda previsto, mediante sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés emitida por este alto Tribunal en el ejercicio de su competencia constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el artículo 321 de la Constitución de la República preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (3): Que conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “DEL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, ACLARACION. CORRECCION DE ERRORES. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto obscuro o corregir errores materiales de la mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día siguiente hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el órgano jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del día hábil siguiente al de presentación de la solicitud”. CONSIDERANDO (4): Que en relación con lo antes señalado el articulo 50 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial señala: “El juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas, en la medida que sean procedentes y oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica”. CONSIDERANDO (5): Que es derecho de todo justiciado, el goce de la garantía del debido proceso en los términos contenidos en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual comprende de forma omnicomprensiva los derechos, garantías y formalidad establecidas en la ley. En tal virtud, conforme al artículo 296 del Código Procesal Penal, se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal. CONSIDERANDO (6): Que vista la petición de aclaratoria, se aprecia que los aspectos solicitados, pese a abordarse en son abordados en la sentencia de amparo pronunciada por este Alto Tribunal, esta Sala es del criterio que, al haber y que ha quedado acreditado evidenciada la trasgresión a los preceptos constitucionales señalados por el recurrente, ya considerando que el señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN se limitó a dar fe de lo actuado como comisionado suplente y Secretario de CONATEL al emitir la certificación correspondiente y no participar en la deliberación y votación de la decisión por la que se le acusó; por lo que es atendible la solicitud del recurrente, en tanto la sentencia de amparo debe contener la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones según el artículo 63 numeral 3 de a Ley sobre Justicia Constitucional, en el sentido de ordenar a la Corte de Apelaciones que se dicte el sobreseimiento definitivo a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN por los delito indicados, al no existir motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en los mismos. CONSIDERANDO (7): Que por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la sentencia en mención se encuentra apegada a derecho, siendo procedente aclarar la misma en los términos antes referidos. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 56 y 70 del Código Iberoamericano de Ética Judicial; 1, 4, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª y 321 de la Constitución de la República; 1, 4, 6, 41, 63, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR HA LUGAR la solicitud de ACLARACIÓN DE SENTENCIA promovida por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA a favor del señor GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN sentencia la cual fuera dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y por la cual se falla OTORGANDO el recurso de amparo, en los términos contenidos anteriormente. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero y aclaración de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1638-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[7] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.