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Sentencia AP-1617-22 — Registro 17477

Resumen

Otorgamiento de amparo en consulta con relación a la causa instruida contra impetrantes, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, interpuesta dicha acción por la inadmisibilidad de medios probatorios por Tribunal de sentencias sin la debida motivación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; Aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; Situación que no ocurre en el caso sub júdice, soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite los medios de prueba de la defensa. CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad.[1] De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no ser exhausto en su motivación, al no contestar los argumentos de la defensa degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental de Defensa y al Debido Proceso invocados por el amparista, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la defensa del encartado, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; Aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; Situación que no ocurre en el caso sub júdice, soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite los medios de prueba de la defensa. CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad.[1] De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no ser exhausto en su motivación, al no contestar los argumentos de la defensa degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental de Defensa y al Debido Proceso invocados por el amparista, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la defensa del encartado, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintitrés VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que Otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Julio Ferrera Salgado, a favor de los señores Rudy Vidal Reyes Santos y Justo Daniel Zapata Cárdenas, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Rudy Vidal Reyes Santos, Justo Daniel Zapata Cárdenas y Manuel de Jesús Méndez Banegas, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de Darwin Edgardo Martínez Santos. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha dos de marmenorzo de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, la Abogada Alisson Rivera, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores Rudy Vidal Reyes Santos, Justo Daniel Zapata Cárdenas y Manuel de Jesús Méndez Banegas, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de Darwin Edgardo Martínez Santos. (Folios 1-7 del tomo I del antecedente) 2) En fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la celebración de la audiencia de proposición de prueba, resolvió: “…Al escuchar la objeción de la defensa y la Réplica del Ministerio Público, declarando sin lugar las objeciones planteadas por la defensa.- Asimismo en cuanto a la prueba de la defensa se le admite la declaración de dos testigos, deberá de escoger a dos de ellos, no se admite la reconstrucción de hechos por mayoría de votos por considerar que no es un caso complejo y que con la prueba de la Fiscalía y de la defensa se podrá dilucidar los hechos.” (Folios 488-489 del tomo III de los antecedentes) 3) En fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Lucio Ferrera Salgado, presentando recurso de amparo a favor de los señores Rudy Vidal Reyes Santos y Justo Daniel Zapata Cárdenas, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 82, 80, 90 y 94 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 del expediente del Ad-quem) 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR OTORGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, en su condición de Apoderado Defensor Privado, contra la resolución de fecha VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), dictada por la Sala Tercera del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE ESTA CIUDAD, en el proceso instruido contra RUDY VIDAL REYES SANTOS Y JUSTO DANIEL ZAPATA CARDENAS, por suponerlos responsables del delito ASESINATO en perjuicio de DARWIN EDGARDO MARTINEZ SANTOS. SEGUNDO: Para restituir la vulneración a los derechos declarados, en esta sentencia, que el Tribunal de Sentencia (Sala Tercera) de esta ciudad, proceda a emitir de nueva cuenta la resolución debidamente motivada conforme a lo que manda el artículo 141 del Código Procesal Penal, en la cual deberá de admitir los medios de prueba propuestos por la defensa como ser la declaración del Testigo Oscar Gerardo López Santos y el medio de prueba pericial consistente en Inspección Judicial y Reconstrucción de los Hechos…” (Folios 34-38 del expediente del Ad-quem) 5) Que en fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Consulta la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que Otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Julio Ferrera Salgado, a favor de los señores Rudy Vidal Reyes Santos y Justo Daniel Zapata Cárdenas, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Rudy Vidal Reyes Santos, Justo Daniel Zapata Cárdenas y Manuel de Jesús Méndez Banegas, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio de Darwin Edgardo Martínez Santos. CONSIDERANDO (4): Que la Sentencia proferida por el Ad quem, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por la Defensa. En el Considerando Tres señala lo siguiente: “…El artículo 317 del Codigo Procesal Penal establece la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba, misma que tiene como finalidad que las partes presenten las lista de testigos y peritos, documentos y de más medios probatorios que servirán para probar sus pretensiones deducidas en el juicio y señalaran en su caso, el lugar donde se encuentran se requiere además, que los medios de probatorios sean propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que pretende probar. Asimismo, en el artículo en comento, en su párrafo ultimo establece: “…Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días, el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita…”. CONSIDERANDO (5): Sigue exponiendo el Ad quem “ ésta Alzada, una vez que ha realizado el estudio de la resolución referida, advierte que en efecto los Jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, al inadmitir por mayoría de votos, los medios de prueba propuestos por la parte recurrente( relacionados en el apartado que antecede), estableciendo los medios de prueba que no se admiten, sin manifestar que la inadmisión de los mismos no se fundamentaron de forma concreta las condiciones de inadmisibilidad ( impertinencia, inutilidad o desproporcionalidad de la prueba) en que se fundamenta el rechazo, exigencia que se desprende del propio artículo 317 del Codigo Procesal Penal que en su párrafo ultimo establece ”… Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita…”.Se aprecia que por su parte la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia al resolver el recurso, de la prueba propuesta por la Defensa Privada, en el sentido de admitir solo dos testigos, y dice que la defensa escoja a dos de ellos y le inadmite un testigo ( Oscar Gerardo López Santos);Asimismo en lo que respecta a la Inspección Judicial y Reconstrucción de Hechos, dicho Tribunal refiere que por mayoría de votos y por considerar que no es un caso complejo y que con la prueba de la Fiscalía y de la Defensa se podrá dilucidar los hechos”, resultando violatoria al derecho de la Defensa, pues tiene éste la posibilidad de establecer con ese testigo inadmitido y la Inspección y reconstrucción de hechos, elementos de prueba que otros testigos no tengan claros, y darle la posibilidad que argumente su defensa, que al constatarla con la prueba de la otra parte, el tribunal tendrá una mejor óptica de lo ocurrido, porque de lo contrario se vulnera el derecho de Defensa ya que este se traduce entre otros, en el derecho que le asiste para presentar pruebas en juicio y manifestar libremente sus pretensiones. Estima el Ad quem que dicha resolución vulnera de igual forma el derecho de Defensa y Debido Proceso que le asiste a la parte referida, pues dicha violación se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a las partes, lo cual ha sucedido en el presente caso.” Por todo lo antes expuesto el Tribunal de Alzada considera que debe Otorgarse el Amparo. CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; Aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; Situación que no ocurre en el caso sub júdice, soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite los medios de prueba de la defensa. CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad.[1] De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no ser exhausto en su motivación, al no contestar los argumentos de la defensa degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental de Defensa y al Debido Proceso invocados por el amparista, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la defensa del encartado, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que Otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Julio Ferrera Salgado, a favor de los señores Rudy Vidal Reyes Santos y Justo Daniel Zapata Cárdenas. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1617-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Alvarenga, E. A. . (2021). El Principio Pro Actione como criterio de interpretación para acceder al Proceso Judicial: Un principio interpretativo que permite hacer real el acceso a la justica en la primera instancia de un proceso. La Revista De Derecho, 42(1), 111–116. https://doi.org/10.5377/lrd.v42i1.12934