Sentencia AP-1599-22 — Registro 16020
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó sobreseimiento definitivo dictado por Juzgado de Primera Instancia en causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos y del delito de Asociación Ilícita para el lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró que procede dictar auto de formal procesamiento en base a varias pruebas aportadas, entre ellas declaración Testifical rendida en sede administrativa de un Agente Investigador del Ente Acusador
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la lectura y análisis de los antecedentes, específicamente la resolución dictada en fecha once de agosto de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, esta Sala observa que el Ad-Quem basa su sentencia en una serie de pruebas entre ellas una prueba rendida en sede administrativa, que fue una TESTIFICAL y es una Declaración del agente RICHARSON BAND BODEN, con la cual dicho Corte revoca el sobreseimiento dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA y declara con lugar la apelación presentada por el Ministerio Publico. Ya la Sala en su jurisprudencia se ha pronunciado sobre dichas pruebas y es por ello que haremos referencia a la norma constitucional establecida en el artículo 88 último párrafo que dispone: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente.” ¿Y porque hacemos referencia a esta normativa? Porque el Ad-Quem, fundamenta su resolución además de otras pruebas, en declaraciones rendidas en sede administrativa, si bien es cierto el artículo 294 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, esta mínima actividad no puede ser basada en prueba administrativa, provocando con ello, arbitrariedad en las decisiones judiciales, las que deben resguardar los principios fundamentales que integran el proceso penal, como ser oralidad, contradicción, e inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en sede judicial, tal como ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal recurrido ha incurrido en un grave quebranto procesal, cuyas implicaciones constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa pues es imposible controvertir una prueba que no ha sido evacuada con la presencia de un defensor y con control jurisdiccional, lo cual coloca a los acusados en un estado de vulnerabilidad de su derecho de defensa, violentando con ello el principio del debido proceso..."..."Esta Sala considera el análisis de lo manifestado por la parte impetrante que si bien es cierto el derecho a la acción del Ministerio Publico de presentar alguna acción de privación del dominio sobre los bienes que han sido asegurados, a la fecha es ya vencida, no es menos cierto que dichas acciones nunca fueron presentadas por el ente acusador ante el Juzgado de Privación de Dominio, por lo que al no haberse efectuado ninguna acción de esta naturaleza no se observa violación a derecho o garantía alguna; será el Juez que ordeno las medidas existentes quien deberá ordenar el cese de dichas medidas cautelares sobre los bienes, una vez analizados los términos señalados en los artículos 33 de la Ley de Privación Definitiva de Dominio en relación al articulo 81 de la Ley ya citada a Efecto de no violentar los artículos 90 y 106 de la Constitución de la Republica..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 88 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor de los señores CATALINO MARQUEZ, DEYSI LEONILA VELASQUEZ, PABLO MARQUEZ, DELMIS VELASQUEZ LAGOS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de agosto de dos mil veintidós, que declaró Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; en relación la causa instruida contra los señores CATALINO MARQUEZ, DEYSI LEONILA VELASQUEZ, PABLO MARQUEZ, DELMIS VELASQUEZ LAGOS, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-Quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 84, 89 90, 92 y 96 de la Constitución de la República y los Artículos 7.2, 8.1.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales LUIS ALBERTO IRIAS, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando requerimiento Fiscal contra los señores CATALINO MARQUEZ, DEYSI LEONILA VELASQUEZ, PABLO MARQUEZ BENITEZ Y, DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS; por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra los señores CATALINO MARQUEZ, DEYSI LEONILA VELASQUEZ por suponerlos responsables del delito de ASOCIACION ILICITA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 02–18 del Tomo I de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, emitió Resolución Motivada, en cual resolvió: (sic) “PRIMERO: Decretar Sobreseimiento Definitivo, a favor de los señores CATALINO MARQUEZ BENITES, DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS, DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS PABLO MARQUEZ BENITES, en proceso seguido en su contra por el delito LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, con fundamento en el artículo 296 del Código Procesal Penal.- TERCERO: Revocar la medida cautelar de Detención Judicial impuesta en audiencia de declaración de imputado a los señores CATALINO MARQUEZ BENITES, DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS, DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS PABLO MARQUEZ BENITES, para lo cual se libra el correspondiente oficio al señor Director de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y al Centro Penal de El Progreso, Yoro, para que se ponga en inmediata excarcelación, sin perjuicio de que tenga otros procesos pendientes en su contra.- CUARTO: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de la causa en relación a los señores CATALINO MARQUEZ BENITES Y DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS, por el delito de ASOCIACION ILICITA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, esto a petición del ente acusador.- QUINTO: Se ordena se proceda a librar atento oficio a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, a la Dirección de Lucha Contra el Narco Tráfico y a la Dirección Policial de Investigación Policial, a fin de que dejen sin valor y efecto la orden de captura emitida en contra de dichos imputados.…” (Folio 3963 al 3974 del Tomo VIII de la pieza de antecedentes) 3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha once de agosto de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) Declarando HA LUGAR, el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Abogado Oscar Mauricio Tábora Álvarez y 2) REVOCAR la resolución dictada por el A-quo y que se dicte Auto de Formal Procesamiento.…”. (Folios 4002 al 4012 del Tomo VIII de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores CATALINO MARQUEZ, DEYSI LEONILA VELASQUEZ, PABLO MARQUEZ, (sic) DELMIS VELASQUEZ LAGOS contra la Resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 39 del presente Recurso) 5) Que en fecha cuatro de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 95 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así que el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley.” CONSIDERANDO (3): Que el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, interpuso acción de amparo contra la resolución dictada en fecha once de agosto de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que resolvió: 1) Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, Abogado OSCAR MAURICIO TABORA ALVAREZ y 2) REVOCAR la resolución dictada por el A-Quo y se dicte auto de formal procesamiento. con relación a la causa instruida contra de la señores CATALINO MARQUEZ BENITEZ, DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS, DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS Y PABLO MARQUEZ BENITEZ por suponerlo responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente establece en su escrito de interposición que el presente caso se genera a las 13:50 horas a través de una denuncia anónima vía telefónica, la cual quedo registrada bajo el numero ISA-320-2015, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, el denunciado, responde al nombre de CATALINO MARQUEZ BENITES, ubicándolo en la ciudad de YORO, departamento de YORO, en el barrio cabañas. El detective de la Dirección de Lucha Contra el Narco Trafico supuestamente plasma lo denunciado por el (anónimo), quien expreso que el señor CATALINO MÁRQUEZ BENITES es dueño de casi todo Yoro y que este está confabulado con la FAMILIA URBINA, manteniendo estrechas relaciones; señalando, que el señor CATALINO se dedica al LAVADO DE ACTIVOS; seguidamente el Ministerio Público presento el respectivo Requerimiento fiscal, después de una imprecisa y laxa investigación; Asimismo solicito medida de aseguramiento sobre bienes propiedad de los imputados, ejecutándose allanamientos y los correspondientes aseguramientos el día cinco de junio del año dos mil quince. Posteriormente se hizo la presentación voluntaria de mis representados celebrándose la audiencia de declaración de imputado y señalándose la correspondiente Audiencia Inicial. El día 26 de Noviembre de 2021, el Juzgado de Letras de lo Penal Con Jurisdicción Nacional de la Ciudad de San Pedro Sula, luego del análisis que hiciera de la prueba presentada en audiencia inicial por parte de la Fiscalía, así como la prueba de la defensa en el presente caso; resuelve acertadamente sobreseer de manera definitiva a mis representados. CONSIDERANDO (5): El recurrente en su interposición sigue manifestando que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán conociendo un Recurso de Apelación interpuesto por el MP, dicta resolución de fecha Once de Agosto del año 2022, en la cual, realiza COMO MOTIVACION una repetición y relación de los hechos que la fiscalía expone al momento de la formalización de su acusación, siendo agregados a dicha relación lo dicho por el testigo de la Fiscalía, quien es un Agente de Investigación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, que hace una narración de hechos y emite su propio criterio en cuanto a la supuesta comisión de delito por parte de los señores Márquez Velásquez, admitiendo en su propia declaración no tener ni haber realizado ninguna fuente de verificación de los hechos que se atreve a narrar. Además la Corte de Apelaciones denunciada no realiza un examen Razonable del cuadro factico atribuido, desvalorándolo jurídicamente cuando el mismo es totalmente atípico, al tratarse de la persecución de un crecimiento económico con génesis en conductas de lícito comercio adecuadas a las máximas de la experiencia del comercio nacional; en consecuencia, no se puede considerar la probable existencia de un hecho que no se corresponde en el caso concreto con la norma imputada denominada Lavado de Activos. Los magistrados de la Corte de Apelaciones basan su convicción de probabilidad en la declaración del investigador del Ministerio Publico RICHARSON BAND BODEN, quien declaro: dentro de estas diligencias se logró ubicar a una persona que rindió una declaración que se registró como testigo por con clave t-05- 01-03-2016, donde rindió declaración, esta persona el 16 del mes de agosto del 2016 haciendo énfasis del que el señor Catalino Márquez estaba relacionado con el ex alcalde del municipio Yoro, Yoro, el señor Arnaldo Urbina, mencionó que esta persona había recibo cuatro millones de dólares del señor Arnaldo Urbina…”. Este aspecto, resulta trascendental pues para la Corte existe suficiente evidencia probatoria del mismo; cuando ello no es así, arribando a una conclusión errada de que: ”de esta forma se mezcló ese dinero entregado y proveniente del narcotráfico, con el obtenido legalmente de la actividad comercial…”, es decir, entienden falazmente que con esa declaración rendida en sede administrativa evidencio la recepción del dinero y la intención de “limpiarlo” o “lavarlo” con la finalidad de darle apariencia de legalidad a todos los capitales disponibles. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante continua manifestando que en reiterados fallos la Sala Constitucional ha referido que: “las declaraciones testificales rendidas en sede administrativa e incorporadas al expediente investigativo presentado por el Ministerio Público, no pueden ser valoradas al momento de resolver sobre la procedencia de dictar un auto de prisión y con ello sobre la razonable probabilidad de que el encausado ha podido participar en la comisión del delito..” (AP Nº 773-893-896-06 CSJ, 12 de abril de 2007). Al respecto, en referencia a la jurisprudencia citada, en el presente caso incluso es más grave, pues la declaración administrativa a que se hace referencia es supuestamente tomada por un agente ni siquiera por un fiscal que de igual forma como bien señala la Sala es un funcionario que no tiene la investidura que exige por evidentes razones de control punitivo el artículo 88 de la Constitución de la República, por ende, no puede ser considerada. Siguiendo con las conclusiones base de la Corte de Apelaciones no son racionales, pues, no se afincan en una Razón suficiente, sobre todo al apuntar que: “los hoy imputados han adquirido, administrado bienes o productos directos o indirectos del delito supra indicado, desprendido de las mismas constancias de control Tributario, entre las altas y bajas entre los años 2009 al 2018 en especial se destacan los años 2016 y 2017 un incremento significativo en los bienes de la familia Márquez”. No es razón suficiente para estimar un lavado de activos, la existencia de un incremento significativo en los bienes de un imputado, pues resulta normal y ajustado a las máximas de la experiencia que la actividad comercial del tipo que se desarrolla acostumbre a tener incrementos crecientes en los márgenes de ventas y utilidades, entre ellas, productos comestibles de consumo diario de venta en supermercados, distribución mayorista de Corporación Dinat. Al respecto, el perito de la defensa ha proporcionado soporte documental objetivo donde se demuestra la licitud del mismo, pericia que fue sujeta al contradictorio, y que incumbe a los años 2018 al 2020, de las empresa INVERSIONES MARQUEZ S. DE R. L. DE C.V, la cual se encuentra actualmente bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes; al comparar estas declaraciones y que han sido presentadas por la OABI, ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en los periodos 2018 al 2020, se observa un incremento en los márgenes de utilidad que guardan relación a los márgenes reportados en los años anteriores, cuando eran administrados por la familia Márquez. La evidencia probatoria referida es determinante, pues muestra que lejos de lo que sucede en la práctica usual cuando la OABI administra los bienes caen en desmejora automática, mala administración, ventas irregulares, etc., ahora bien, si resulta que el negocio en referencia ha mantenido y más bien incrementado las ganancias, la inferencia racional no puede ser presumir que se lavaba, si no todo lo contario, el negocio es sumamente rentable; tanto así que en manos de la OABI genera utilidades reales que no son ficticias, no siendo el Lavado de Activos un delito que puede existir, pues no aparece evidencia probatoria de ello; se descarta entonces, la arbitrariedad en el argumento de que el lugar donde se afincan dichas empresas corresponde a un sitio donde la ausencia del turismo impide generar tales utilidades como expuso el agente BAND BODEN y que posiblemente el colegiado asume sin siquiera conocer el lugar en referencia. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente continúa estableciendo que a sus representados les aplica el Principio de Retroactividad de la Ley Penal más benigna, también encuentran protección constitucional, en el contenido del artículo 96 de la Constitución de la República el cual se denuncia su vulneración donde se regula la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna a favor del justiciable, en el siguiente contexto: “La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado “. Con la entrada en vigor del Nuevo Código Penal de Honduras, aprobado según Decreto Legislativo No. 130-2017, de fecha dieciocho de enero de 2018, se posibilito con su puesta en vigor la aplicación retroactiva de sus disposiciones legales siempre que estas favorezcan al reo, como excepción al Principio de Cosa Juzgada. Ahora bien, este texto sirvió al Ministerio Publico para formalizar su acusación, empero, no podemos desconocer que, a pesar de lo novel del Código Penal, se reformo su redacción inicial, regulándose ahora en dicho Código el artículo 439 que dice: “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. “ además se debe tomar en consideración que el Decreto Legislativo 93-2021 reformo el artículo 439 del CPV, surgiendo como consecuencia que la conducta por la cual se ordena dictar el Auto de Forma Procesamiento NO es considerada a partir de su publicación delito alguno, pues fue despenalizada la misma al desaparecer la cláusula de cierre que se había mantenido en la regulación normativa de este delito. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente alega que a sus representados se les violentaron las garantías constitucionales contenidas en los artículos 84 de la Constitución de la República, que establece: “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley”. (principio de legalidad); 89 de la Constitución de la República, prevé: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”; 90 Constitucional, que establece el principio del debido proceso: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; 92 Constitucional, que dice: “solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es su autor o cómplice” y 96 que dice: “la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Además invoca como violentado el artículo 7.2 de la Convención Americana establece que: “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”; y el artículo 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los principios pro homine y pro libertatis, implícitos en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al cual las interpretaciones de los derechos se deberán hacer siempre de la manera más amplia y favorable al ser humano, y las disposiciones que limitan la libertad deben ser interpretadas siempre restrictivamente. CONSIDERANDO (9): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, específicamente la resolución dictada en fecha once de agosto de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, esta Sala observa que el Ad-Quem basa su sentencia en una serie de pruebas entre ellas una prueba rendida en sede administrativa, que fue una TESTIFICAL y es una Declaración del agente RICHARSON BAND BODEN, con la cual dicho Corte revoca el sobreseimiento dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA y declara con lugar la apelación presentada por el Ministerio Publico. Ya la Sala en su jurisprudencia se ha pronunciado sobre dichas pruebas y es por ello que haremos referencia a la norma constitucional establecida en el artículo 88 último párrafo que dispone: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente.” ¿Y porque hacemos referencia a esta normativa? Porque el Ad-Quem, fundamenta su resolución además de otras pruebas, en declaraciones rendidas en sede administrativa, si bien es cierto el artículo 294 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, esta mínima actividad no puede ser basada en prueba administrativa, provocando con ello, arbitrariedad en las decisiones judiciales, las que deben resguardar los principios fundamentales que integran el proceso penal, como ser oralidad, contradicción, e inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en sede judicial, tal como ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal recurrido ha incurrido en un grave quebranto procesal, cuyas implicaciones constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa pues es imposible controvertir una prueba que no ha sido evacuada con la presencia de un defensor y con control jurisdiccional, lo cual coloca a los acusados en un estado de vulnerabilidad de su derecho de defensa, violentando con ello el principio del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que dado los alegatos planteados por los recurrentes en sede constitucional, esta Sala estima oportuno reiterar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana critica, en donde el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra los imputados; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana critica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que los imputados han podido participar en la comisión del delito que se le atribuye; y resulta que, del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, resulta relevante también hacer un breve análisis de las pruebas aportadas y que es importante tomar en consideración para poder tomar una determinación acertada y es que de los alegatos entablados en el escrito de interposición del recurso establecen lo siguiente: “De los análisis de la información y documentación se estableció y corroboro que los ingresos y egresos de los Señores Catalino Márquez, Deisy Leonila Velásquez, Pablo Maquez y Seomara Velásquez, provienen de una fuente de licito comercio, así como que las actividades y operaciones financieras están acorde, a sus actividades de operación”) Todos estos datos señores Magistrados, cantidades de compra de producto en los distintos Ilógicos (supermercados, bodegas, hotel y demás empresas), al como las ventas, y finalmente las utilidades percibidas de estas operaciones comerciales, sin perjuicio que son constata bies en la documentación e informe pericial; También coinciden plenamente, y son las mismas compras a los mismos proveedores. las mismas ventas son el mismo margen. de utilidades las que actualmente arrojan todas y cada una de las empresas que se encuentran en Administración de la OABI, es decir las utilidades, y declaraciones o sea les rendidos por los señores Márquez Velásquez, son acordes a sus actividades de comercio, pues son las misma y los mismos números ahora también en poder de administración de la OABI, esto así fue declarado por el perito Marco Antonio Caballero y es constatable en documentación agregada al expediente que fuere solicitada a la OABI y puesta a la orden del Juzgado; una vez más queda al descubierto que los datos que la fiscalía aduce son ciertos está totalmente al margen de la verdad y que las apreciaciones de su Testigo, son nada más que Falsos Testimonios, al margen de Toda Verdad”. Visto lo anterior y también analizada la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en donde dictan Sobreseimiento Definitivo de fecha veintiséis de Noviembre del año dos mil veintidós, mediante la cual toman en consideración lo expresado por el perito de la defensa, fue bien valorado por el órgano de primera instancia y que la Corte de Apelaciones Penal no toma en consideración y revoca la resolución recurrida declarando ha lugar el recurso de apelación, con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales; es por ello que esta Sala Considera que la resolución dictada por dicha Corte violenta el derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO (11) Que en fecha 25 de junio del año dos mil veinte, entro en vigencia el nuevo Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, y en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (12): Que el Articulo 96 de la Constitución de la República, que textualmente dice “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”, consiste en que toda persona, natural o jurídica tiene derecho a la no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, en consecuencia las nuevas leyes se aplican a los hechos futuros y no a los anteriores, respetando uno de los más importantes propósitos del Estado de derecho y su teleología axiológica, como es la seguridad jurídica. Tal principio de la no retroactividad se quebranta únicamente por razones de humanidad, por vía de excepción, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. El Estado solamente la reconoce en materia penal, para cuando la nueva ley resulte más benigna y que se manifiesta en la prohibición de que aquellos derechos adquiridos y consolidados por una ley previa puedan resultar afectados por una nueva ley.- La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (13): Manifiesta la parte recurrente que la resolución venida en Amparo violenta el principio de legalidad el derecho al debido proceso y a la propiedad privada, en virtud de haber transcurrido mas de doce meses después de haberse dictado y ejecutado las medidas precautorias de aseguramiento sobre los bienes de los imputados, sin que el Ministerio Publico haya ejercido o promovido la acción de privación de dominio por lo que ha la fecha dado el tiempo transcurrido estas deberían haberse revisado; Esta Sala considera el análisis de lo manifestado por la parte impetrante que si bien es cierto el derecho a la acción del Ministerio Publico de presentar alguna acción de privación del dominio sobre los bienes que han sido asegurados, a la fecha es ya vencida, no es menos cierto que dichas acciones nunca fueron presentadas por el ente acusador ante el Juzgado de Privación de Dominio, por lo que al no haberse efectuado ninguna acción de esta naturaleza no se observa violación a derecho o garantía alguna; será el Juez que ordeno las medidas existentes quien deberá ordenar el cese de dichas medidas cautelares sobre los bienes, una vez analizados los términos señalados en los artículos 33 de la Ley de Privación Definitiva de Dominio en relación al articulo 81 de la Ley ya citada a Efecto de no violentar los artículos 90 y 106 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[1] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[2]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a todos los extremos planteados. CONSIDERANDO (15): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO (16): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; el articulo 90 de la Constitución de la República establece que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[5]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. CONSIDERANDO (17):. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. Para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un proceso, la Corte ha señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido ha manifestado, compartiendo el criterio establecido por la Corte Europea de Derechos humanos, que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso se deben tomar en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.- Asimismo, la Corte Interamericana ha considerado importante tomar otro criterio desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso: el análisis global del procedimiento. En ese orden de ideas debe existir un plazo razonable, con la finalidad de impedir que los acusados, sospechosos, imputados, permanezcan largo tiempo bajo acusación o investigación sin resultados y asegurar que su situación jurídica se decida de manera pronta y con justicia. Entendiendo de este modo que el Plazo Razonable, es inherente al Debido Proceso por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como ha pasado en este caso. CONSIDERANDO (18): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[6]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (19): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, así como las convenciones internacionales. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 84, 89, 90, 92, 96, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO a favor de los señores CATALINO MARQUEZ BENITEZ, DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS, DELMIS SEOMARA VELASQUEZ LAGOS Y PABLO MARQUEZ BENITEZ por suponerlo responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra la resolución dictada en fecha once de agosto de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que el Órgano Jurisdiccional Competente proceda a dictar resolución conforme a los razonamientos y motivaciones establecidos en los considerandos de este fallo, por lo que debe confirmar la emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal Con Jurisdicción Nacional de la Ciudad de San Pedro Sula, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual resolvió sobreseer la causa de mérito, y que como consecuencia de ello el cese de toda perturbación en la libre administración de sus bienes. para garantizar el ejercicio de los principios y normas de derecho internacional relacionadas con el principio de retroactividad de la ley; Con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia para los fines legales que corresponden. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1599-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] AP 259-12;
[2] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[6] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod