Sentencia AP-154-23 — Registro 17043
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación a la Querella instruida por los responsables del delito de estafa continuada. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (15): En ese orden de ideas el artículo 411 del Código Procesal Penal dispone: “Desistimiento tácito de la acción privada. Se tendrá por desistida la acción privada: 1) Si el procedimiento se paraliza durante tres meses por inactividad del querellante; 2) Cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público, a menos que la no comparecencia se haya debido a enfermedad grave, imposibilidad física, grave calamidad doméstica u otras causas análogas. El impedimento deberá ser acreditado a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha señalada para la celebración de la audiencia; y 3) Si fallece el querellante o se torna incapaz y no comparece ninguno de sus herederos o su representante legal a proseguir la acción, tres (3) meses después de sobrevenida la muerte o la incapacidad. CONSIDERANDO (16): Que, analizada la resolución recurrida, en su motivación contiene tres apartados que se resumen a lo siguiente: 1) Señala que el fundamento de la Juez unipersonal, es que el apoderado legal del querellante no compareció a la audiencia en dos ocasiones (solo señala una fecha en la que no compareció); 2) Transcribe el contenido del artículo 411 numeral 2 del Código Procesal Penal; y 3) Manifiesta que coindicen con el criterio jurídico de la Juez unipersonal, en virtud de estar apegado a derecho. En relación a estos argumentos esta Sala advierte que el Tribunal de Alzada no motiva ni argumenta jurídicamente la resolución que declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, la cual confirma un desistimiento tácito, resolución que está basada en que la justificación del querellante que su pasaporte norteamericano esta vencido no es una causal establecida en el artículo 411, pues argumenta el A-quo, que el querellante si posee un pasaporte que le permite ingresar a este país. Argumenta también que esta causal debe de acreditarse durante las 48 horas y sin más argumento ordena el desistimiento de la acción privada con fundamento en el artículo 411 del Código Procesal Penal. Observa esta Sala que el Tribunal de alzada comparte el criterio vertido por el A-quo, sin hacer una verdadera revisión de la causa, sin hacer una verdadera valoración de las pruebas como lo arguye el pedidor del presente amparo, elementos de prueba que deben ser valorados por la instancia tal como lo dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por ello al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, se observa que no hay una motivación que exteriorice el análisis del que, por su parte, fue objeto la presente causa, pues no hay motivación, ni argumentación jurídica, que indique la razón por la cual confirma la resolución dictada por el A-quo en fecha dos de noviembre del año dos mil veintiuno, estableciendo también el valor probatorio que a su juicio le merece la prueba documental aportada por la parte querellante que consiste en: a) Copia fotostática del pasaporte americano del querellante, el cual venció en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, presentada junto con el escrito de reprogramación en fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno; b) Constancia extendida por la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentada en fecha veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, juntamente con la solicitud de reprogramación de audiencia; c) Constancia extendida por la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentada en fecha veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, juntamente con el escrito de justificación a la no comparecencia a la audiencia señalada; Lo que no es concordante con lo señalado por la Juez A-quo, en relación a que señala que la imposibilidad debe de ser acreditada durante 48 horas siguientes a la celebración de la audiencia. Obviando la Juez que tal circunstancia fue acreditada por el Abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón como representante legal del querellante previo a la audiencia de la cual solicita reprogramación y posterior a la misma, a requerimiento del A-quo (ver folio 85, 86, 87 y 117 de la pieza de antecedente), tal como lo dispone el artículo 411 numeral 2 del Código Procesal Penal, así como la imposibilidad de comparecer a la audiencia señalada por parte del querellante (ver folio 76 y 77). Por todo ello y en consonancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente la resolución que declara sin Lugar el Recurso de Apelación, pues la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación, así lo establece el último párrafo del artículo 141 del Código Penal, ya citado. CONSIDERANDO (17): Que siendo carente de motivación, la resolución externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara SIN LUGAR el recurso de Apelación y confirma la resolución del A-quo que ordena un desistimiento tácito, en la Querella presentada por el señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, por el delito de ESTAFA CONTINUADA en contra los señores ROLANDO PAULINO RIOS CATELLON Y DORAYDEE CASTELLON VOGEL, en el sentido de carecer de motivación, argumentación jurídica y valoración de la prueba, se ha vulnerado en perjuicio del agraviado, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden y es por ello que la garantía de amparo debe ser otorgada. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en el sentido de que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución, haciendo una valoración suficientemente motivada de los mismos, de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa el valor probatorio que se le ha dado a la prueba en su conjunto y de acuerdo a ello, motivar y fundamentar jurídicamente si efectivamente concurre la causal invocada por el A-quo y señalada en el artículo 411 numeral 2 para ordenar un desistimiento tácito de la acción privada.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 411 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, a favor de LORENZO ALBERTO RÍOS CASTELLÓN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del dos mil veintiuno, con relación a la Querella instruida contra los señores ROLANDO RÍOS CASTELLÓN y DORAYDEE CASTELLÓN VOGEL, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio del señor LORENZO ALBERTO RÍOS CASTELLÓN. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha diez de diciembre del dos mil dieciocho, compareció ante el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, apoderado legal del señor LORENZO ALBERTO RÍOS CASTELLÓN, presentando “QUERELLA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA CONTINUADA…”, promovida contra los señores ROLANDO PAULINO RÍOS CASTELLÓN Y DORAYDEE CASTELLÓN VOGEL, a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio del señor LORENZO ALBERTO RÍOS CASTELLÓN. (Folios 1-15 del antecedente) 2) En fecha dos de noviembre del dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia del Departamento del Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…En virtud de los antecedentes antes relacionados son los mismos antecedentes que utilizara para dictar en esta sentencia interlocutoria la actividad probatoria consiste en los argumentos ya establecidos; como ser: La misma solitud de reprogramación presentada por el señor Representante del Abogado Querellante y la ilustración fotostática del pasaporte de su representado, en el cual estableció que es la justificación por la cual no se lleva a cabo la audiencia de Juicio Oral y Público, la nueva citación establecida también es un medio probatorio así como lo es el otro medio probatorio documental; consistente en la constancia de fecha 26 de octubre; tiene una audiencia de Juicio Oral y Público y que en la misma está compartiendo defensa con otro apoderado legal, sirve también como medio probatorio para esta sentencia los proveídos contestados y solicitados por la Dirección General de Población y Extranjería, así como los datos que refiere el señor Lorenzo Alberto Ríos en dichos documentos. Fundamentos Jurídicos: El artículo 411 establece en su numeral 2 lo siguiente: Desistimiento tácito de la acción Privada, se tendrá por desistida la acción privada numeral 2 cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o al Juicio Oral y Público o que no compareciera o se haya debido a enfermedad grave, imposibilidad física, calamidad domestica u otras, el impedimento deberá ser acreditado a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la celebración de la audiencia, establecido esto hacemos la valoración de los medios de prueba en su conjunto y observamos lo siguiente: La justificación por la cual establece el representante del querellante es; que no puede comparecer a Honduras; Tegucigalpa, en virtud de que la justificación de su representado es que no tiene pasaportes para poder ingresar a este País en virtud de que se encuentra vencido el mismo, lo cual es una causal, que no se acredita como lo establece el artículo 411, ya que se acreditado que el señor Lorenzo Alberto Ríos Castellón, si posee un pasaporte que le permite ingresar a este País y estar presente, aunado a ello debemos de establecer que el vencimiento de este pasaporte Norteamericano al que hacen referencia fue emitido en fecha 12 de octubre y está establecido que se encontraba dentro del País del 15 al 22 de septiembre por lo cual el conocimiento de que se iba a realizar un juicio Oral y Público fue notificado el 19 de octubre ya estaba en sus saberes, además que establece que esta imposibilidad debe de ser acreditada durante 48 horas, el artículo 42 del Código Penal a su vez establece lo siguiente: las causas se extinguen por el desistimiento u abandono de la querella respecto de los delitos de la acción privada y continua el mismo párrafo, además debe de entrelazarse en lo establecido en el artículo 293 sobre el sobreseimiento definitivo y el mismo establece que debe de decretarse sobreseimiento definitivo cuando en su numeral 3; se haya extinguido la acción penal; En consecuencia vistos los antecedentes analizados los medios probatorios, establecidos los fundamentos jurídicos este Tribunal de sentencia decreta la sentencia interlocutoria número 50-2021 y ordena lo siguiente: Ordenar el desistimiento en la presente causa de la acción privada en virtud del artículo 411 como consecuencia del mismo se relaciona con el artículo 42 que establece las causas de la acción penal y se ordena la extinción de la acción penal en virtud del artículo 42, numeral 4 (cuatro) y a su vez se dicta el sobreseimiento definitivo establecido en el artículo 293-296 del Código procesal Penal numeral 3 sin perjuicio de los recursos que puedan utilizar las partes respecto de la sentencia que se acaba de dictar.” (Folios 118-121 del antecedente) 2) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, en su condición de defensor del señor LORENZO ALBERTO RÍOS CASTELLÓN; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarando NO HA LUGAR los recursos interpuestos; 2 CONFIRMAR la resolución impugnada.” (Folios 148-151 del antecedente) 3) Que el recurrente, Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de febrero del dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor LORENZO ALBERTO RÍOS CASTELLÓN, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLÓN, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, compareció en fecha siete de febrero del año dos mil veintitrés, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, por considerar que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), vulnera y quebranta el derecho de petición, libre acceso a la justicia, Debido Proceso y legalidad, contenidos en el artículo 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que el caso en estudio se origina en fecha diez de diciembre del año dos mil dieciocho, fecha en la que compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, actuando en su condición de Apoderado legal del señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, presentando Querella por la comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA en contra de los Señores ROLANDO PAULINO RIOS CASTELLON y DONAYDEE CASTELLON VOGEL, en perjuicio del señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON. CONSIDERANDO (4): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria Sin Lugar del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, actuando en su condición de Apoderado legal del señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, contra la resolución adoptada por el A-quo en la Audiencia de juicio oral y público celebrada en fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que Ordena el desistimiento de la acción privada en virtud del artículo 411 del Código Procesal Penal y como consecuencia del mismo en relación al artículo 42 numeral 4 del mismo cuerpo legal, se ordena la extinción de la acción penal y se dicta el sobreseimiento definitivo, en la Querella presentada por el señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, por la comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA en contra de los señores ROLANDO PAULINO RIOS CASTELLON Y DONAYDEE CASTELLON VOGEL. CONSIDERANDO (5): Que el abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, en el planteamiento de su acción constitucional argumenta que con la resolución de un desistimiento tácito se ha violentado el derecho de acción plasmado en el artículo 80 de la Constitución de la República; asimismo se ha vulnerado el derecho de libre acceso a la justicia, establecido en el artículo 82 párrafo segundo de la Constitución de la República, en el cual debe garantizarse la igualdad de condiciones para las personas que acuden a los tribunales y solicitar pretensiones, pues en el presente caso previamente se solicitó una reprogramación de audiencia por tener impedimento real para comparecer, mostrando con ello el sometimiento al proceso y el interés en la causa que ha promovido; En relación al debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República y siendo que en asuntos entre particulares por ser acciones privadas, debe instarse y mantenerse por el interés de la parte querellante, y en el proceso ha quedado claro el impulso procesal por parte del querellante, pero no se ha valorado objetivamente el impedimento real de su parte, al tener señalado continuación de juicio oral y público y la imposibilidad de su representado para comparecer a la audiencia señalada, de las cuales solicitaron reprogramación con anterioridad; por ultimo alega violación al principio de legalidad establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, pues no existe un fundamento legal para que se haya decretado un desistimiento tácito, pues se puede comprobar en todo el proceso el interés de la parte querellante, dándole el impulso procesal debido. Arguye que su presentado no ha abandonado el proceso, ni ha expresado eses deseo, por tanto, la Corte de Apelaciones al no tener argumentos legales se esta excediendo en las facultades que la ley le confiere, ya que quedo establecido que el pasaporte de su representado estaba vencido, acreditando también la cita para la renovación del pasaporte, lo cual no ha sido tomado en cuenta ni por el Tribunal de Sentencia, ni por la Corte de Apelaciones, vulnerando con ello las garantías señaladas. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el derecho de petición, libre acceso a los tribunales, debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo segundo, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República que por su orden señalan: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; “Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en su resolución de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON en su condición de Apoderado Legal del señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, contra la resolución dictada por la Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en audiencia de juicio oral y público que ORDENA EL DESISTIMIENTO y dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en favor de los señores ROLANDO PAULINO RIOS CASTELLON y DORAYDEE CATELLON VOGEL, por el delito de ESTAFA CONTINUADA en la QUERELLA interpuesta por el señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (10): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación lo siguiente: (Sic) “1.- La Juez Unipersonal emitió su resolución con fundamento en el hecho que el Abogado Ricardo Interiano, apoderado legal del señor Lorenzo Alberto Ríos Castellón no compareció a la audiencia en dos ocasiones: el 17 de agosto de 2021 fue notificado para tener juicio oral y público el 19 de octubre a alas diez de la mañana, recibió dicha notificación, el 18 de octubre el abogado Interiano presentó un escrito solicitando la reprogramación de ese juicio en virtud de que alegó que el señor Lorenzo Ríos no podía viajar a Honduras, pero consta que el día 19 de octubre el Abogado Interiano no se hizo presente a la sala, ni el señor Lorenzo Ríos, estableciendo que al señor ríos se le había vencido el pasaporte. 2.- El artículo 411 del Código Procesal Penal referente al desistimiento de la acción privada, dispone en el numeral 2, que se tendrá por desistida la acción privada cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público, a menos que la no comparecencia se haya debido a enfermedad grave, imposibilidad física, grave calamidad doméstica u otras causas análogas. El impedimento deberá ser acreditado a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la fecha señalada para la celebración de la audiencia. 3.- De conformidad a lo expresado anteriormente, coincidimos con el criterio jurídico de la juez Unipersonal, en virtud de que su resolución esta enmarcada dentro de los parámetros legales establecidos en el Código Procesal Penal, por tanto, somos del criterio de declarar no ha lugar al recurso interpuestos y confirmar la sentencia recurrida.”. CONSIDERANDO (11): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule. CONSIDERANDO (12): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (14): Que el amparista arguye vulneración al derecho de acción y libre acceso a la justicia, pues en el presente caso previamente se solicitó con anticipación reprogramación de audiencia por tener impedimento real para comparecer; arguye vulneración al debido proceso pues en el proceso ha quedado claro el impulso procesal por parte del querellante, pero no se ha valorado objetivamente el impedimento real de su parte, al tener señalado continuación de juicio oral y público y la imposibilidad de su representado para comparecer a la audiencia señalada, situación que fue acreditada; por ultimo alega violación al principio de legalidad, pues no existe un fundamento legal para que se haya decretado un desistimiento tácito, la Corte de Apelaciones al no tener argumentos legales se está excediendo en las facultades que la ley le confiere, y no toma en cuenta que el pasaporte de su representado estaba vencido, lo cual no ha sido tomado en cuenta ni por el Tribunal de Sentencia, ni por la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (15): En ese orden de ideas el artículo 411 del Código Procesal Penal dispone: “Desistimiento tácito de la acción privada. Se tendrá por desistida la acción privada: 1) Si el procedimiento se paraliza durante tres meses por inactividad del querellante; 2) Cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público, a menos que la no comparecencia se haya debido a enfermedad grave, imposibilidad física, grave calamidad doméstica u otras causas análogas. El impedimento deberá ser acreditado a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha señalada para la celebración de la audiencia; y 3) Si fallece el querellante o se torna incapaz y no comparece ninguno de sus herederos o su representante legal a proseguir la acción, tres (3) meses después de sobrevenida la muerte o la incapacidad. CONSIDERANDO (16): Que, analizada la resolución recurrida, en su motivación contiene tres apartados que se resumen a lo siguiente: 1) Señala que el fundamento de la Juez unipersonal, es que el apoderado legal del querellante no compareció a la audiencia en dos ocasiones (solo señala una fecha en la que no compareció); 2) Transcribe el contenido del artículo 411 numeral 2 del Código Procesal Penal; y 3) Manifiesta que coindicen con el criterio jurídico de la Juez unipersonal, en virtud de estar apegado a derecho. En relación a estos argumentos esta Sala advierte que el Tribunal de Alzada no motiva ni argumenta jurídicamente la resolución que declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, la cual confirma un desistimiento tácito, resolución que está basada en que la justificación del querellante que su pasaporte norteamericano esta vencido no es una causal establecida en el artículo 411, pues argumenta el A-quo, que el querellante si posee un pasaporte que le permite ingresar a este país. Argumenta también que esta causal debe de acreditarse durante las 48 horas y sin más argumento ordena el desistimiento de la acción privada con fundamento en el artículo 411 del Código Procesal Penal. Observa esta Sala que el Tribunal de alzada comparte el criterio vertido por el A-quo, sin hacer una verdadera revisión de la causa, sin hacer una verdadera valoración de las pruebas como lo arguye el pedidor del presente amparo, elementos de prueba que deben ser valorados por la instancia tal como lo dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por ello al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, se observa que no hay una motivación que exteriorice el análisis del que, por su parte, fue objeto la presente causa, pues no hay motivación, ni argumentación jurídica, que indique la razón por la cual confirma la resolución dictada por el A-quo en fecha dos de noviembre del año dos mil veintiuno, estableciendo también el valor probatorio que a su juicio le merece la prueba documental aportada por la parte querellante que consiste en: a) Copia fotostática del pasaporte americano del querellante, el cual venció en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, presentada junto con el escrito de reprogramación en fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno; b) Constancia extendida por la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentada en fecha veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, juntamente con la solicitud de reprogramación de audiencia; c) Constancia extendida por la secretaría de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentada en fecha veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, juntamente con el escrito de justificación a la no comparecencia a la audiencia señalada; Lo que no es concordante con lo señalado por la Juez A-quo, en relación a que señala que la imposibilidad debe de ser acreditada durante 48 horas siguientes a la celebración de la audiencia. Obviando la Juez que tal circunstancia fue acreditada por el Abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón como representante legal del querellante previo a la audiencia de la cual solicita reprogramación y posterior a la misma, a requerimiento del A-quo (ver folio 85, 86, 87 y 117 de la pieza de antecedente), tal como lo dispone el artículo 411 numeral 2 del Código Procesal Penal, así como la imposibilidad de comparecer a la audiencia señalada por parte del querellante (ver folio 76 y 77). Por todo ello y en consonancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente la resolución que declara sin Lugar el Recurso de Apelación, pues la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación, así lo establece el último párrafo del artículo 141 del Código Penal, ya citado. CONSIDERANDO (17): Que siendo carente de motivación, la resolución externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara SIN LUGAR el recurso de Apelación y confirma la resolución del A-quo que ordena un desistimiento tácito, en la Querella presentada por el señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, por el delito de ESTAFA CONTINUADA en contra los señores ROLANDO PAULINO RIOS CATELLON Y DORAYDEE CASTELLON VOGEL, en el sentido de carecer de motivación, argumentación jurídica y valoración de la prueba, se ha vulnerado en perjuicio del agraviado, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden y es por ello que la garantía de amparo debe ser otorgada. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en el sentido de que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución, haciendo una valoración suficientemente motivada de los mismos, de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa el valor probatorio que se le ha dado a la prueba en su conjunto y de acuerdo a ello, motivar y fundamentar jurídicamente si efectivamente concurre la causal invocada por el A-quo y señalada en el artículo 411 numeral 2 para ordenar un desistimiento tácito de la acción privada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, en su condición de Apoderado Legal del señor LORENZO ALBERTO RIOS CASTELLON, contra el fallo proferido en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-154-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL