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Sentencia AP-1490-21 — Registro 17061

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, que decreta Auto de Formal Procesamiento; en relación a la causa instruida por el delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública. estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente se limita a enunciar que se revoca en forma indebida el auto de formal procesamiento; exponiendo únicamente que existían fundamentos legales más que suficientes para mantener el auto de formal procesamiento, sin desarrollar en qué forma la resolución recurrida en Amparo vulnera los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (9): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO(10): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(11): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION.

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MÁXIMO HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en la Audiencia Inicial celebrada en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que decreta Auto de Formal Procesamiento; en relación a la causa instruida contra la señora KARLA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado Máximo Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de la joven Karla Isabel García Martínez a quien se le supone responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. (Folios 1-2 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha ocho de septiembre del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual decretó: (Sic) “1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la imputada KARLA ISABEL GARCÍA MARTINEZ, en la causa instruida por suponerlo responsable del delito TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2): DECRETESE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS, a cumplirla en el Centro Penal de Choluteca…” (Folios del 29-33fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Nardin Fabricio Galo Rueda, quien actuaba en su condición de Defensor Privado de la joven Karla Isabel García Martínez, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede y dictada en Audiencia Inicial, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, dictó resolución por unanimidad de votos mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Defensora Privada del imputado, contra la resolución de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020), dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la causa penal incoada contra KARLA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: REVOCA la resolución impugnada, debiendo dictarse a favor de la imputada KARLA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ un Sobreseimiento Definitivo en la causa penal que se le sigue por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: Que en virtud que se relacionan pruebas en donde se señala personas que puedan estar vinculadas con el delito de TRÁFICO DE DROGAS, como el señor DONAL BACILIO y su madre de nombre MARIBEL que se certifique la presente resolución una vez firme al Ministerio Público para que efectúen las investigaciones del caso…” (Folios del 22-29 de la pieza de antecedentes del expediente del Ad-quem) 4) Que el recurrente, Abogado Máximo Hernández, compareció ante este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el acápite que antecede, es violatoria de los dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que mediante providencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós, la Sala dispuso que previo a la admisión del recurso interpuesto, se concediera al recurrente el plazo de tres días hábiles, a efecto de corregir su demanda, ajustándose a los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley sobre Justicia Constitucional, específicamente el numeral 3) indicando con claridad el acto reclamado en amparo; emitiendo pronunciamiento el recurrente en fecha once de febrero del año dos mil veintidós, indicando que con base a la resolución de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) y citando el artículo 350 del Código Procesal Penal, los asuntos sobre los que debe recaer la sentencia y sus alcances prohibición de reforma peyorativa (nom reformatio in pejus), la cual a criterio de esa representación fiscal fue mal aplicada. (Folios 8 y 10 de los autos). 6) En fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, la Sala de lo constitucional, visto el escrito de subsanación presentado por el recurrente, admitió el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Máximo Hernández, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). (Folio 12fv de los autos) 7) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso se merito, presentado por el Abogado Máximo Hernández, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 29 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado MAXIMO HERNANDEZ, compareció en fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), vulnera los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello al dictarse una revocatoria indebida al auto de formal procesamiento y decretar sobreseimiento definitivo a favor de la encausada, debiendo mantenerse el correspondiente auto de formal procesamiento, dictado por el A-quo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos y en relación a la resolución de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, que es sobre la cual se dará respuesta en la presente sentencia, por ser precisamente sobre dicha resolución que la Sala admite el recurso de Amparo interpuesto, el recurrente hace mención a situaciones que van desde declarar con lugar el recurso de apelación promovido por la defensa, así como otras decisiones adoptadas por el Tribunal recurrido, no obstante ellas no fueron decididas en la resolución de la fecha supra indicada; el peticionario expone en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con el derecho a la defensa y el debido proceso, que el Ministerio Público considera el quebrantamiento del debido proceso, pues este se produce por la revocatoria indebida del Auto de Formal Procesamiento y del Sobreseimiento Definitivo, considerando además que no se debido declarar la falta de personamiento cuando este fue presentado en el Juzgado de letras quien debió declinar el personamiento, siendo básicamente esa la argumentación de la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, para inadmitir las fases recursivas y sobre la cuestión de fondo dar la absolución a la justiciable por la falta de dolo volitivo alegado por la defensa, con la cual la Corte de Apelaciones sin más trámite resuelve revocar el auto de formal procesamiento, considerando el recurrente que dicha prueba no resulta suficiente para que el Tribunal Ad-quem, haya decretado tal resolución, siendo criterio del garantista que si existían los fundamentos legales mas que suficientes como para mantener el auto de formal procesamiento y que fuese en un juicio oral y público donde después de la valoración objetiva de la prueba, tanto de cargo como de descargo se tomase la decisión final de declarar la responsabilidad penal de la acusada en la causa de mérito por Tráfico de Drogas Agravado y no como Tráfico de Drogas como lo ha interpretado la Corte. Asimismo, el recurrente sostiene que la resolución recurrida violenta la prohibición de reforma peyorativa, pues solo se podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre otro recurrente y siempre que no agrave lo pretendido por esta ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida. CONSIDERANDO (4): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar con lugar el recurso de apelación interpuestos por la Defensa, en relación a que procede dictar un sobreseimiento definitivo y no el sobreseimiento provisional peticionado por la Defensa, ello ante la falta del elemento del dolo, es decir si la acción como elemento del delito fue ejecutado mediante el dolo, o sea con el conocimiento y voluntad del sujeto activo que ejecuta la conducta. En el acápite noveno de la referida resolución argumenta: (Sic) “Que bajo el escenario que se observa en los antecedentes del caso, esta Corte considera que en la conducta de la imputada no se da el elemento del dolo en su accionar, ya que como se ha señalado en la cita doctrinal a la cual se ha hecho referencia, el dolo requiere la conciencia y voluntad del sujeto activo de realizar el tipo objeto de un delito, en este caso del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, dicho elemento requiere la concurrencia de un elemento intelectual que consiste en que el sujeto activo sepa y conozca lo que hace; es decir el conocimiento de que la conducta a ejecutar es un acto que riñe con la Ley y la voluntad incondicional de querer realizar esa conducta; razón por la cual esta Corte considera que en virtud que en el presente caso se carece del elemento de la acción la cual necesariamente debe ser dolosa o culposa, no existiendo en este caso la figura del dolo en el accionar de la imputada, faltando el elemento de la acción que es uno de los elementos que integran el delito conforme la teoría general del delito, por lo que al carecerse de dicha acción dolosa se concluye la inexistencia del delito, siendo entonces procedente revocar la resolución impugnada y ordenar un sobreseimiento definitivo a favor de la imputada, pues como se ha indicado no se discute el hecho que la imputada haya sido encontrada en posesión de sustancias prohibidas, sino el hecho del conocimiento y voluntad de querer ejecutar una conducta que riñe con la Ley, sobre la cual esta Corte considera que esta no tenia ni el conocimiento, ni la voluntad de ejecutar dicha conducta, al no tener conocimiento del contenido (droga) dentro de los productos que pretendía ingresar al Centro Penal de esta ciudad de Choluteca según razones que se han expuesto.” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (5): Que, de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo en contra de la encausada Karla Isabel García Martínez, ordenando la Corte recurrida el dictado a favor de la imputada un Sobreseimiento Definitivo; debiendo mantenerse el Auto de Formal Procesamiento, según lo estima el recurrente en Amparo, al considerar que en forma indebida se resolvió decretar un sobreviento definitivo. CONSIDERANDO(6): Que como fundamento legal de la resolución en comento, atendiendo las razones por las cuales procedería el dictado de un sobreseimiento definitivo a favor de la imputada, por parte del Tribunal de Alzada, revocando lo decidido por el A-quo, como objeto del cual se recurre en Amparo; se invoca el artículo 296 del Código Procesal Penal, precepto legal que contiene los presupuestos por los cuales procede el dictado de un sobreseimiento definitivo a saber: “Sobreseimiento Definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1. Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2. No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3. Se ha extinguido la acción penal.” CONSIDERANDO(7): Que el precepto legal antes enunciado incumbe al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al derecho de defensa invocados; argumentando la resolución del Tribunal de Alzada que “no se discute el hecho que la imputada haya sido encontrada en posesión de sustancias prohibidas, sino el hecho del conocimiento y voluntad de querer ejecutar una conducta que riñe con la Ley”; procediendo la Alzada a revocar el fallo emitido en primera instancia que decretaba un Auto de Formal procesamiento, invocando el A-quo que la prueba aportada por la defensa no logra desvanecer su participación en la comisión de los hechos tipificados en el Código Penal vigente como Tráfico Ilícito de Drogas. CONSIDERANDO (8): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente se limita a enunciar que se revoca en forma indebida el auto de formal procesamiento; exponiendo únicamente que existían fundamentos legales mas que suficientes para mantener el auto de formal procesamiento, sin desarrollar en qué forma la resolución recurrida en Amparo vulnera los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (9): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO(10): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(11): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4 y 17 del Código Penal; 1, 2, 4, 14, 139, 141 y 296 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAXIMO HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha DOCE (12) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1490-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL