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Sentencia AP-1486-22 — Registro 16844

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia que admitió prueba testifical de testigos protegidos pero declaró sin lugar citarlos al no aceptar los sobres que obran en el Ente Fiscal, por considerar que éste no es ministro de fe para tener como real y fidedigna la información; en relación a causa contra imputado por suponerlo responsable de los delitos de Hurto, Robo de Vehículo automotor y portación Ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de Testigo protegido 010618-01 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró que es el Secretario del Juzgado penal que debe remitir las actuaciones de las etapas previas al proceso al Tribunal de Sentencia con su documentación, así como a los detenidos y piezas de convicción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a denegar el Recurso de Amparo promovido al concluir que “…los sobre ya estaban en poder de la justicia desde que fueron introducidos por el Ministerio Publico en audiencia inicial y al no ser enviados con el expediente al tribunal de sentencia después de dictado el auto de apertura a juicio, esa es la razón por la cual el Ministerio Publico aporto en la audiencia de proposición de pruebas en el Tribunal de Sentencia, la información que mantenía de dichos testigos protegidos, ello no obstante que de acuerdo al artículo 303 CPP, el secretario del Juzgado penal debe se remitir las actuaciones procedentes de las etapas previas al proceso, al Tribunal de Sentencia con su documentación así como también a los detenidos en su caso y las piezas de convicción. En consecuencia el impase que se produjo en la audiencia de proposición de pruebas, al no encontrarse los sobres que contienen los datos de los testigos protegidos, más que de apreciarse como una vulneración de derecho de defensa, se aprecia como un impase entre judicaturas penales que incumplen por motivos de desorganización con deberes importantes como el que le impone al Juzgado Penal el artículo 303 del CPP de remitir actuaciones y su documentación, por eso se aprecia como apropiado lo que ordenó el Tribunal de Sentencia, al dar un plazo al Juzgado Penal para que remitiera dichos sobres, debió proceder a la admisión de los testigos protegidos una vez que se recibieran del Juzgado Penal los sobres. Siendo que cuando se recibió del Tribunal de Sentencia el antecedente de este amparo no se indica el resultado del oficio librado al Juzgado de Letras en fecha 17 de febrero del 2022, esta Corte libro comunicación al Tribunal de Sentencia en fecha 19 de marzo del 2022, para que dentro de 24 horas informara el resultado de dicho oficio, al respecto la secretaria del Tribunal de Sentencia informó que en fecha 18 de marzo del 2022 se recibió sobre sellado referente a los testigos protegidos clave 010618-01 y 010618-02 procedentes del Juzgado de Letras Penal. Siendo que se acreditó la incorporación de los sobres con los datos de los testigos protegidos, con lo cual se repara el impase que promovió la no citación de dichos testigos protegidos para audiencia de juicio oral y público, siendo que al ser admitido este amparo con suspensión del acto reclamado, la causa quedo en suspenso y con la aportación de dichos sobres se repara el impase que promovió la no citación de dichos testigos para audiencia de juicio oral y público, en consecuencia, no se advierte a este momento que ello haya violentado el derecho de defensa y debido proceso, que son los derechos fundamentales que protege la presente acción. Por ello RESUELVE: DENEGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada JESSICA JUAREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico..."..."el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de septiembre del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que denegó el recurso de amparo promovido por la Abogada JESSICA JUÁREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor JONATHAN ANTONIO LÓPEZ REYES, por suponerlo responsable de los delitos de HURTO, ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 010618-01 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en el artículo 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos de junio del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado MÁRTIR AVILIO GARCÍA CÁRDENAS, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JONATHAN ANTONIO LÓPEZ REYES, por suponerlo responsable de los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 010618-01, la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y la FE PÚBLICA, respectivamente. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, el Tribunal de Sentencia Sala Quinta de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la audiencia preparatoria y de proposición de pruebas en sucesión, emitió la siguiente resolución: “…Admitir los siguientes Medios de Prueba propuestos por el Agente Fiscal, SIGUIENTES: de las declaraciones testificales el tribunal advierte que son útiles proporcionales y necesarias, para establecer la dinámica de los hechos, por ende se admite la declaración de los TESTIGOS PROTEGIDOS CON CLAVES 010618- 01, Y 010618-02, y habiendo informado la secretaria que no está a disposición del tribunal los sobres de Testigo Protegido, es urgente e hiperactivo que libre el oficio correspondiente al Juzgado de Letras y que en un término de tres días, es decir 72 horas, pongan a disposición y a la orden del tribunal los sobres de Testigos protegidos, en este momento el tribunal resuelve la petición de la señora fiscal, en el sentido que si el Juzgado de Letras no pone a disposición los sobres de testigo protegido que fueron propuestos en su momento en etapas anteriores, no se admite la petición que sean citados los testigos con la documentación o los sobres que guarde el Ministerio Público, ya que esta no es una institución de ministro de fe, para tener por acreditado que la información que contenga los sobres sea realmente y fidedigna con la información o la identificación de los Testigos que intenta que sean evacuada como medio de prueba en el desarrollo del Juicio Oral y Público…”(Folios 151-152 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha diez de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada JESSICA JUÁREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución referida en el numeral que antecede, argumentando la recurrente que dicha resolución le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 del antecedente) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la resolvió: “…DENEGAR la acción de Amparo interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha diecisiete de Febrero del año Dos Mil Veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencias (Sala Quinta) de ésta sección judicial, en la causa instruida contra JONATHAN ANTONIO LÓPEZ REYES, por los delitos de HURTO, ROBO DE USO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 010618-01 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-…” (Folios 34-39 de la pieza del Ad-quem) 5) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, decidido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, contra actuaciones realizadas por LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, que en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintidós (2020), en la audiencia de proposición de pruebas, admite la prueba testifical de testigos protegidos aportada por al Ministerio Publico, pero declara sin lugar la petición del Ministerio Público, que sean citados los testigos con los documentos o los sobres con los que cuenta el Ministerio Publico, en caso de que los sobres sellados en donde constan los datos de los testigos propuestos, no sean puestos a disposición del Tribunal de Sentencias, y que obran en poder del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, por haber sido puestos a su disposición en etapas anteriores, por tal razón el Tribunal de Sentencia ordena librar oficio al Juzgado de Letras, para que en un término de tres días ponga a la orden del Tribunal de Sentencia el sobre que contiene los datos de los testigos protegidos. Todo ello en el proceso penal instruido en contra del señor JONATHAN ANTONIO LOPEZ REYES, por suponerlo responsable del delito de HURTO, ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITDO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE 010618-01 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintidós, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que vulnera el debido proceso, tutela judicial efectiva y derecho de defensa, vulneración que se produce cuando el Tribunal de Sentencia, resolvió la inadmisibilidad de los sobres sellados de los testigos protegidos con clave 010618-01 y 010618-02, los cuales son complemento de la prueba testifical propuesta y admitida y los cuales cuenta el Ministerio Publico, con la finalidad de que declaren sobre los hechos conocidos en el juicio oral y público, sin embargo el A-quo resolvió admitir los medios de prueba testifical, pero no admite los sobres donde consta la información y que están en poder del Ministerio Público, argumenta que por no ser una institución de ministro de fe, para tener por acreditado que la información que contenga los sobres sea fidedigna con la información o identificación de los testigos, ya que eso vulneraría el estado de defensa de la persona imputada. CONSIDERANDO (3): Que el impetrante sostiene que al no haber admitido los sobres sellados de la prueba testifical se produjo una vulneración a los derechos que se invocan como violados, pues obvia el Ad-quem, su deber formal de brindar una respuesta efectiva y concreta a los planteamientos del Ministerio Público, ya que la resolución del Tribunal de Sentencia carece de motivación suficiente, al no justificar en base a la ley las razones fácticas y jurídicas de su determinación de inadmitir el medio de prueba que a juicio del ente acusador es útil, pertinente y proporcional a fin de acreditar la comisión del delito imputado y la participación del encausado en el mismo. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha seis de enero del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual resuelve DENEGAR la acción de Amparo interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al estimar el recurrente que la resolución impugnada ha violentado en perjuicio de su representado, el derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”; El pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, ello porque al declarar sin lugar la petición del Ministerio Público de aportar los sobres sellados de los testigos protegidos que están en poder del ente fiscal, se vulnera el derecho manifestado en el derecho de aportación de prueba que le asiste a cada parte. CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. Concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (8): Que, del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a denegar el Recurso de Amparo promovido al concluir que “…los sobre ya estaban en poder de la justicia desde que fueron introducidos por el Ministerio Publico en audiencia inicial y al no ser enviados con el expediente al tribunal de sentencia después de dictado el auto de apertura a juicio, esa es la razón por la cual el Ministerio Publico aporto en la audiencia de proposición de pruebas en el Tribunal de Sentencia, la información que mantenía de dichos testigos protegidos, ello no obstante que de acuerdo al artículo 303 CPP, el secretario del Juzgado penal debe se remitir las actuaciones procedentes de las etapas previas al proceso, al Tribunal de Sentencia con su documentación así como también a los detenidos en su caso y las piezas de convicción. En consecuencia el impase que se produjo en la audiencia de proposición de pruebas, al no encontrarse los sobres que contienen los datos de los testigos protegidos, más que de apreciarse como una vulneración de derecho de defensa, se aprecia como un impase entre judicaturas penales que incumplen por motivos de desorganización con deberes importantes como el que le impone al Juzgado Penal el artículo 303 del CPP de remitir actuaciones y su documentación, por eso se aprecia como apropiado lo que ordenó el Tribunal de Sentencia, al dar un plazo al Juzgado Penal para que remitiera dichos sobres, debió proceder a la admisión de los testigos protegidos una vez que se recibieran del Juzgado Penal los sobres. Siendo que cuando se recibió del Tribunal de Sentencia el antecedente de este amparo no se indica el resultado del oficio librado al Juzgado de Letras en fecha 17 de febrero del 2022, esta Corte libro comunicación al Tribunal de Sentencia en fecha 19 de marzo del 2022, para que dentro de 24 horas informara el resultado de dicho oficio, al respecto la secretaria del Tribunal de Sentencia informó que en fecha 18 de marzo del 2022 se recibió sobre sellado referente a los testigos protegidos clave 010618-01 y 010618-02 procedentes del Juzgado de Letras Penal. Siendo que se acreditó la incorporación de los sobres con los datos de los testigos protegidos, con lo cual se repara el impase que promovió la no citación de dichos testigos protegidos para audiencia de juicio oral y público, siendo que al ser admitido este amparo con suspensión del acto reclamado, la causa quedo en suspenso y con la aportación de dichos sobres se repara el impase que promovió la no citación de dichos testigos para audiencia de juicio oral y público, en consecuencia, no se advierte a este momento que ello haya violentado el derecho de defensa y debido proceso, que son los derechos fundamentales que protege la presente acción. Por ello RESUELVE: DENEGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada JESSICA JUAREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1486-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJP