Sentencia AP-148-23 — Registro 18469
Resumen
La Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución interlocutoria del Juzgado de Ejecución que denegó solicitud de aplicación del Decreto 04-2022, Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, ó, Decreto de Amnistía y Extinción de Responsabilidad Penal a favor de recurrente a quien se le supone responsable del delito de Malversación de caudales públicos y falsificación de documentos privados en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; Concluyó que las actuaciones del recurrente fueron personales y no tenía ninguna relación con motivos políticos, por lo que los agravios no son de recibo y procede confirmar la resolución impugnada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los presupuestos para conceder la amnistía, el artículo 4 de la referida ley dispone la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia, esta Sala observa, que las circunstancias que llevaron al recurrente a someterse a un proceso penal y ser condenado mediante sentencia firme no concurren entre los presupuestos señalados en la LEY PARA LA RECONSTRUCCION DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, se observa en los antecedentes que el ahora condenado, si bien, se encuentra entre las personas que se desempeñaron como funcionarios, autoridades o empleados, electos durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, él, no fue víctima del golpe de Estado, ello en virtud de que el proceso penal en su contra (del condenado), no fue producto de una acción política represiva o recriminatoria, ya que en ese lapso de tiempo el gobierno dirigido por el ciudadano Manuel Zelaya Rosales, no estaba sufriendo ninguna persecución, sino que el requerimiento fiscal surge por las investigaciones realizadas en torno a las acciones realizadas por el imputado ahora condenado mucho tiempo antes del referido golpe de Estado. Por otra parte, el proceso seguido al ahora procesado no es consecuencia de que se haya opuesto o haya protestado contra el golpe de Estado o por actos propios del ejercicio de la función público en relación con el golpe de Estado, y, esto es así, reiteramos, porque el ahora recurrente se sometió a proceso penal mucho tiempo antes del golpe de Estado. De igual manera el impetrante no se encuentra entre las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia de sus territorios, tierras y fuentes de agua…. En consecuencias esta Sala, concluye que la referida ley no es aplicable al encartado..." ..."esta Sala de lo Constitucional aprecia, el análisis realizado por el Ad quem en el recurso que conoció, así como que ha explicado, justificado su decisión debidamente, cumpliendo con los requerimientos esenciales, teniendo como resultado que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, lo que permite su subsistencia jurídica, dando a conocer a las partes procesales el iter lógico seguido por el juez para llegar a la resolución de la que hoy se hace mérito. En consecuencia, ha cumplido con su función censora con respecto al órgano jurisdiccional inferior, observando los principios constitucionales, la ley y la normativa Internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno. Por todo ello no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 15 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los presupuestos para conceder la amnistía, el artículo 4 de la referida ley dispone la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia, esta Sala observa, que las circunstancias que llevaron al recurrente a someterse a un proceso penal y ser condenado mediante sentencia firme no concurren entre los presupuestos señalados en la LEY PARA LA RECONSTRUCCION DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, se observa en los antecedentes que el ahora condenado, si bien, se encuentra entre las personas que se desempeñaron como funcionarios, autoridades o empleados, electos durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, él, no fue víctima del golpe de Estado, ello en virtud de que el proceso penal en su contra (del condenado), no fue producto de una acción política represiva o recriminatoria, ya que en ese lapso de tiempo el gobierno dirigido por el ciudadano Manuel Zelaya Rosales, no estaba sufriendo ninguna persecución, sino que el requerimiento fiscal surge por las investigaciones realizadas en torno a las acciones realizadas por el imputado ahora condenado mucho tiempo antes del referido golpe de Estado. Por otra parte, el proceso seguido al ahora procesado no es consecuencia de que se haya opuesto o haya protestado contra el golpe de Estado o por actos propios del ejercicio de la función público en relación con el golpe de Estado, y, esto es así, reiteramos, porque el ahora recurrente se sometió a proceso penal mucho tiempo antes del golpe de Estado. De igual manera el impetrante no se encuentra entre las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia de sus territorios, tierras y fuentes de agua…. En consecuencias esta Sala, concluye que la referida ley no es aplicable al encartado..." ..."esta Sala de lo Constitucional aprecia, el análisis realizado por el Ad quem en el recurso que conoció, así como que ha explicado, justificado su decisión debidamente, cumpliendo con los requerimientos esenciales, teniendo como resultado que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, lo que permite su subsistencia jurídica, dando a conocer a las partes procesales el iter lógico seguido por el juez para llegar a la resolución de la que hoy se hace mérito. En consecuencia, ha cumplido con su función censora con respecto al órgano jurisdiccional inferior, observando los principios constitucionales, la ley y la normativa Internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno. Por todo ello no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 15 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés. -VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, a favor del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución interlocutoria de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; en relación la causa instruida contra el señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, por suponerlo responsable de los delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA FE PÚBLICA. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha primero (01) de junio de dos mil siete (2007),la Licenciada FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán presentando requerimiento fiscal en contra los señores: ORISON VELASQUEZ GARCIA, ROBERTO BENITO GUTIERREZ ORTEGA y ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO, por suponerlos responsables a título de autores de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS; cometidos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PUBLICA. (Folios 01–10 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes)2)Que en fecha veinte de mayo de dos mil diez, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la cual falló: “…PRIMERO: Condenar al acusado ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable de un concurso ideal de delitos de MALVERSACION DE CAUDALES Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA FE PUBLICA, a sufrir una pena de reclusión de siete (7) años con seis (6) meses la que cumplirá en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” junto con la pena accesoria de interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena de reclusión. SEGUNDO: Condenar al acusado ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, cuyo datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable de un concurso ideal de delitos de MALVERSACION DE CAUDALES Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA FE PUBLICA, a sufrir una pena de INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR ESPACIO DE QUINCE (15), por lo que durante dicho tiempo el condenado no podrá ejercer cargos públicos, ni oficios públicos y profesiones que ostente, y no podrá ejercer derechos políticos a los que se hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código Penal. TERCERO: Se declara civilmente responsable al señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO de restitución al Estado de Honduras de los SETECIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps.700,000.00) que se apropió mediante los hechos por los cuales se le condena, así como a indemnizar al Estado de Honduras los perjuicios que le ha ocasionado este apoderamiento de fondos públicos desde el dos mil seis al presente…” (Folio 1096 al 1109 del Tomo III de la primera pieza de antecedentes) 3)Que en fecha uno de noviembre de dos mil diez, el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, formalizando recurso de Casación contra la sentencia dictada por el citado Tribunal y relacionada en el numeral anterior; en consecuencia y seguido el trámite correspondiente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha quince de abril de dos mil trece, en la cual falló: “Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa del Acusado ANGEL ALTAMIRANO GOMEZ,…”. (Folios 1134 al 1147 del Tomo III de la pieza de primera instancia.) 4)Que en fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, los Abogados MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA y CESAR AUGUSTO BERNHARD, actuando en su condición de Apoderado legales y defensores privados del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, comparecieron ante el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando solicitud para que se aplicara Amnistía de Delitos y se declarara extinguida la responsabilidad penal apreciada en Sentencia Firme, y que oportunamente se decretara sobreseimiento definitivo. (Folios 1173 al 1176 del Tomo III de la pieza de primera instancia.) 5)Que en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán, emitió resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL, mediante la aplicación del DECRETO LEGISLATIVO DE AMNISTIA 04-2022, de LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, en favor del sentenciado ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA, en la cual se le impuso la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y en la cual, se le declara civilmente responsable debiendo restituir al Estado de Honduras la cantidad de SETECIENTOS MIL LEMPIRAS (L.700,000.00), así como la PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TÉRMINO DE QUINCE AÑOS, mediante sentencia de fecha veinte (20) de mayo del dos mil diez (2010). Por considerar esta Suscrita que, si bien es cierto, la defensa ha argumentado en la presente audiencia que su representado se encuentra contemplado en el literal a del artículo 4 del Decreto de Amnistía como Empleado Público y por actos propios del ejercicio de su función, ya que fue nombrado durante el período del Presidente JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y que los delitos se encuentran contemplados en dicho Decreto de Amnistía, no ha sido acreditado ante esta judicatura que la presentación del requerimiento fiscal en cuestión haya sido calificado como “POLITICAMENTE MOTIVADO”, y si bien los delitos políticos lesionan los derechos del Estado en esencia o en forma, es necesaria que esa lesión sea realizada con un fin político y en esta causa ha quedado establecido que el Golpe de Estado fue decretado hasta en fecha 28 de junio del 2009 y el requerimiento fue presentado en fecha 01 de junio de 2007 por hechos cometidos por parte del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, durante su gestión en el año 2006 específicamente en los meses de mayo y junio, estando en vigencia aun dicho Gobierno.” (Folios 1194 al 1198 del Tomo III de la primera pieza de antecedentes) 6)Que, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, resolvió: “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el Apoderado Legal Defensor. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 1231 y 1232 del Tomo III de la pieza de antecedentes)7)Que mediante correo electrónico recibido en la Sala de lo Constitucional, en fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, interpuso recurso de amparo a favor del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, contra la Resolución de fecha diecisiete de Noviembre de dos mil veintidós dictada por el Ad-quem, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria del Artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 06 del presente Recurso)8)Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 40 del Presente Recurso)CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual Declaró No ha Lugar, el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución interlocutoria emitida por el Juzgado de Letras de Ejecución de Tegucigalpa, de fecha veintidós de julio del año dos mil veintidós, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de aplicación del Decreto de Amnistía y Extinción de Responsabilidad Penal a favor de señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, a quien se supone responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA.CONSIDERANDO:(4) En los antecedentes procesales el recurrente “señala los hechos por los que fue llevado a juicio su representado, siendo condenado por el Tribunal de Sentencia en fecha 20 de mayo del año 2010, señalando que dicha sentencia fue dictada en abierta violación al Derecho de Defensa Constitucional, al Debido Proceso, a las reglas que rigen el juicio oral y público y al principio del in dubio pro reo, que en dicho caso era aplicable al fundarse la sentencia en copias fotostáticas. Por tal violación el representante de la defensa interpuso el recurso de Casación en fecha 01 de noviembre del 2010, el que fue declarado sin lugar por la Sala Penal en fecha 15 de abril de 2013, quedando firme la sentencia en esa fecha. Así mismo el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, declaró firme la sentencia en fecha 05 de junio del año 2013, por lo que a la fecha la sentencia ha quedado firme y remitida para su ejecución al Juzgado de Letras de Ejecución. ”CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente, “en fecha 10 de mayo del año 2022, ante la ejecución de la sentencia condenatoria referida, solicitó al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, la extinción de la responsabilidad penal, previa aplicación de la Amnistía Política contenida en el decreto número 004-2022 conocida como LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN; por serle aplicable a su representado de acuerdo a lo que dispone el artículo 4.1), establecido en el título IX, Capítulo III, artículo 289 ( Falsificación de Documentos Privados) y Título XIII, III, artículo 370 (Malversación de Caudales Públicos), del Código Penal Decreto Ley 144-1983 del 26 de septiembre de 1983. Esta solicitud de Extinción de la Responsabilidad Penal fue declarada Sin Lugar, mediante sentencia interlocutoria, emitida en audiencia oral el 22 de julio de 2022, contra la misma se interpuso el recurso de apelación mismo que fue declarado sin lugar por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, mediante resolución de fecha 17 de noviembre de 2022, agotando el trámite ordinario con la interposición del recurso de reposición, que igualmente fue declarado sin lugar en fecha 02 de diciembre del 2022.”CONSIDERANDO: (6) Que el impetrante expone “que han sido quebrantados derechos constitucionales, desarrollando las violaciones que se invocan de la siguiente forma: 1) Principio Derecho del debido proceso contenida en el artículo 90 Constitucional y desarrollado en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que ordena en su primer párrafo, que el justiciable debe ser oído con las debidas garantías, desarrollando luego una serie de derechos y garantías judiciales mínimas más no únicas, por cuanto el debido proceso, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe abarcar cuanto derecho y garantía sirva para lograr un juicio justo y limpio, todo dentro de un marco legal preestablecido. Invoca además la sentencia SP 16-2017 dictada por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, donde describe las reglas mínimas de juzgamiento que deben observarse en el debido proceso penal que están referidas a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales. Señala que el artículo 90 Constitucional ordena que el Juez debe realizar el proceso “… con las formalidades derechos y garantías que la ley establece…”; es decir no puede evacuarse un proceso penal que desconozca una garantía procesal básica como el principio de legalidad que obliga al Juez a observar lo dispuesto en la ley y a cumplir ese mandato, pues el Juez debe aplicar la ley aunque no esté de acuerdo con su finalidad; el Juez no es legislador, es un aplicador de la ley y su obligación es únicamente velar por su aplicación y no distorsionar su sentido literal, como sucede en el presente caso sucede con la sentencia censurada en amparo. ”CONSIDERNADO: (7) Que el amparista manifiesta “que el proceso penal hondureño no se agota con la sentencia definitiva firme, por cuanto en la etapa o fase de ejecución de la pena, los valores del juicio oral y público se mantienen incólumes; es decir la observancia de principios y derechos fundamentales como el de legalidad, defensa técnica y material, tutela judicial efectiva, contradicción, entre otros, son norte en la fase de ejecución del proceso, por cuanto al ahora condenado solo se le restringe su derecho a la libertad personal y a su estado de inocencia, sin menoscabo de los demás derechos, principios y reglas del proceso oral democrático. Sigue manifestando que si bien, en la práctica, esos derechos se han minimizado a favor de un presunto derecho de la sociedad a la seguridad y bienestar colectivo, también es cierto que su reconocimiento está establecido en la ley procesal y leyes especiales, por cuanto solo los jueces de ejecución pueden y deben conocer de ciertas instituciones que por disposición del legislador le corresponde, verbigracia la libertad condicional, la extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de la pena, la aplicación de figuras como el indulto o la amnistía política, entre otras. ”CONSIDERANDO: (8) Que el impetrante expone “que la resolución impugnada se limita a una interpretación restrictiva del artículo 4 de la Ley Para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan (Decreto Ley 2-2022); estableciendo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por considerar que la norma citada restringe la aplicación de la amnistía política por actos personales que conlleven responsabilidad penal, si estos no tienen relación con motivos políticos; sin embargo estos procesos (los que tienen relación con la función pública durante el período de la Presidencia del señor Manuel Zelaya Rosales) por presunción legal, “fueron calificados como políticamente motivados”; es decir no se requiere acreditar motivación política como equivocadamente lo aprecia la Corte de Apelaciones; por el contrario, el mismo artículo 4 en su último párrafo manifiesta que cuando se trata de la primera circunstancia (4.a), no es necesario acreditar la motivación política, al eximir al interesado de presentar las constancias que si le exige a los demás beneficiarios de la amnistía, por las otras tres circunstancia, distintas a la derivada del ejercicio de la función pública. ”CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente manifiesta “que el Ad quem no fundamenta su fallo en los requisitos establecidos en el artículo 4 de La Ley Para La Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Evidenciándose así la violación al principio de legalidad, resultando pertinente reiterar los requisitos que la citada ley exige para la aplicación de la Amnistía política a su representado: Ese perdón se aplicará a los “funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, como el caso del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, como lo reconoce la misma sentencia ahora impugnada. Ese perdón se aplicará a los “funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron políticamente motivados. (artículo 4.a del Decreto Ley 4-2022): de acuerdo al recurrente es en este punto donde la sentencia recurrida comete el error de interpretación al que se ha venido refiriendo, pues deja de considerar que el Decreto Ley 4-2022 en el artículo 4.a) tiene dos hipótesis de aplicación. Se aplica a los funcionarios o empleados de la administración Zelaya Rosales víctimas del golpe de Estado, acusados por oponerse a protestar contra el mismo. ”CONSIDERANDO: (10) Que el amparista señala “que la sentencia dictada por el Ad quem, al no apreciar, analizar e interpretar cada uno de los requisitos establecidos en la ley, ya que solamente apreció una opción, lo que restringe en perjuicio del reo, las opciones de aplicación que contempla la norma constituyendo una interpretación parcial de la Ley. Además el Ad quem omite la aplicación de lo dispuesto en la ley y norma ya citada, que no exige acreditar la motivación política de la acusación, lo que si exige es que se acredite, en el caso de su representado que se trate de los delitos consignados en el artículo 4.1 y que los hechos estén relacionados con la función pública durante la administración Zelaya Rosales; por otro lado y esto no es menos importante la condena de ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ se produjo en el año 2010 luego del Golpe de Estado cuando evidentemente no existían condiciones de imparcialidad y equidad jurídica contra los exfuncionarios del gobierno del Presidente Zelaya Rosales, es decir el proceso como tal concluyó luego del golpe de Estado, inclusive la sentencia de casación se emitió en el año 2013, por lo que aunque primigeniamente el requerimiento fiscal hubiese sido presentado sin motivaciones políticas, no se puede desconocer que la condición de juzgamiento según la presunción legal a la que ha hecho referencia, estaban motivadas políticamente y esa motivación política, insiste, ya está apreciada en el artículo 4.a del Decreto 004-2020 como una verdad legal que no puede desconocer el Tribunal de Apelación pues se trata de una presunción legal, de acuerdo a lo consignado en el artículo 477.1 del Código Procesal Civil, norma supletoria del Proceso Penal, que exime de aportar prueba al que invoca y le favorece. ”CONSIDERANDO: (11) Que el impetrante manifiesta “que lo antes referido lo lleva a la conclusión de que el Juzgador de Instancia y luego el Ad quem se apartaron de la interpretación literal de la norma haciendo una interpretación restrictiva de la norma en malam partem, perjudicando al reo, lo que es contrario al principio de legalidad, desconociendo la solicitud de aplicación de la amnistía, es decir del Decreto Ley 4-2022, fundamentándose solamente en la hipótesis final del artículo 4.a, que incluye a los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones hayan sido procesados antes del golpe de Estado señala como ejemplo el caso de (Marcelo Chimirri, que fue procesado por sus funciones como Gerente de Hondutel durante el gobierno del Presidente Zelaya Rosales), es decir, el golpe de Estado como tal, no es un requisito sine que non para la aplicación del beneficio solicitado, pues es claro que la citada Ley abarca también hechos anteriores al golpe de Estado, posibilidad que ya se ha hecho valer como en el caso del señor Marcelo Chimirri, por lo que resulta evidente que la sentencia recurrida es violatoria del derecho a una tutela judicial efectiva al negársele la pretensión de libertad a la que por Ley tiene derecho, y al principio de igualdad constitucional, pues los presupuestos entre ambos casos y otros más son similares.” CONSIDERANDO: 12) Que La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en el acápite de la MOTIVACIÓN deja establecido: “El Artículo 4 de La Ley Para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan establece: conceder amnistía amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado la acción penal pública… a) A las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio del 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado… La acción penal contra el condenado, señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, se inició el 01 de junio del 2007, durante el gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, no encontrándose vinculación de que esa acción se interpuso por motivaciones políticas. Por estas razones no es aplicable el Decreto 04-2022, publicado el 04 de febrero en el diario oficial La Gaceta; porque las actuaciones del señor Altamirano Gómez, fueron personales y no tenía ninguna relación con motivos políticos; por lo que los agravios expuestos por el apelante no son de recibo, siendo procedente confirmar la resolución apelada”. CONSIDERANDO:(13) Que el Decreto 04-2022 “LEY PARA LA RECONSTRUCCION DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, en el Capítulo II, de la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia. Artículo 4. (literalmente dispone) Amnistía para Defensores de la Soberanía Nacional. “Conceder amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quien se haya ejercitado acción pública, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los Tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación, por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley, en los siguientes supuestos: a) a las personas que se desempeñaron como funcionarios, autoridades o empleados, electos durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de la función pública, (el subrayado es nuestro) procesos que fueron calificados como políticamente motivados. b) A las personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social, mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole y cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales y militares y criminalizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas. c) A las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia de sus territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible y cuyas acciones han sido criminalizadas por los operadores de justicia. d) Para las personas de los sectores sociales y gremiales y delegados….CONSIDERANDO: (14) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso a toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (15) Que del estudio de los presupuestos para conceder la amnistía, el artículo 4 de la referida ley dispone la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia, esta Sala observa, que las circunstancias que llevaron al recurrente a someterse a un proceso penal y ser condenado mediante sentencia firme no concurren entre los presupuestos señalados en la LEY PARA LA RECONSTRUCCION DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, se observa en los antecedentes que el ahora condenado, si bien, se encuentra entre las personas que se desempeñaron como funcionarios, autoridades o empleados, electos durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, él, no fue víctima del golpe de Estado, ello en virtud de que el proceso penal en su contra (del condenado), no fue producto de una acción política represiva o recriminatoria, ya que en ese lapso de tiempo el gobierno dirigido por el ciudadano Manuel Zelaya Rosales, no estaba sufriendo ninguna persecución, sino que el requerimiento fiscal surge por las investigaciones realizadas en torno a las acciones realizadas por el imputado ahora condenado mucho tiempo antes del referido golpe de Estado. Por otra parte, el proceso seguido al ahora procesado no es consecuencia de que se haya opuesto o haya protestado contra el golpe de Estado o por actos propios del ejercicio de la función público en relación con el golpe de Estado, y, esto es así, reiteramos, porque el ahora recurrente se sometió a proceso penal mucho tiempo antes del golpe de Estado. De igual manera el impetrante no se encuentra entre las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia de sus territorios, tierras y fuentes de agua…. En consecuencias esta Sala, concluye que la referida ley no es aplicable al encartado. CONSIDERANDO: (16) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional aprecia, el análisis realizado por el Ad quem en el recurso que conoció, así como que ha explicado, justificado su decisión debidamente, cumpliendo con los requerimientos esenciales, teniendo como resultado que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, lo que permite su subsistencia jurídica, dando a conocer a las partes procesales el iter lógico seguido por el juez para llegar a la resolución de la que hoy se hace mérito. En consecuencia, ha cumplido con su función censora con respecto al órgano jurisdiccional inferior, observando los principios constitucionales, la ley y la normativa Internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno. Por todo ello no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, a favor del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se denegó el recurso de amparo interpuesto por el recurrente a favor del señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós de julio de dos mil veintidós; en relación a la causa instruida contra el señor ANGEL ADALBERTO ALTAMIRANO GOMEZ, por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA.CONSIDERANDO: Que el recurrente en su escrito de reposición, alega que no comparte lo resuelto por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, ya que de acuerdo al principio de legalidad procesal y al principio del derecho del debido proceso adjetivo, debe aplicarse a su representado el Decreto Ley 4-2022, por cuanto los procesos penales incoados durante el período presidencial del señor Jose Manuel Zelaya Rosales, por presunción legal, “fueron calificados como políticamente motivados”, pues como lo establece el artículo 4 en su último párrafo, no es necesario acreditar la motivación política (4.a), al eximir al interesado de presentar constancias, que sí le exige a los demás beneficiarios de la amnistía, pues esta es implícita por tratarse de un funcionario de la administración de Zelaya Rosales, cuyo proceso culminó después del golpe de estado, cuando evidentemente no existían condiciones de imparcialidad y equidad jurídica contra los exfuncionarios de dicho gobierno; lo que sí se le exige a su representado, es que acredite que se trate de delitos consignados en el artículo 4.1 y que los hechos estén relacionados con la función pública, durante la administración de Zelaya Rosales. CONSIDERANDO: Que en razón a los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito de reposición, se realizó un examen de la sentencia dictada por esta Sala en fecha en fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, así como de la resolución reclamada en amparo, apreciándose que los argumentos del impetrante no son de recibo ya que la resolución que pide sea revocada se encuentra apegada a derecho, no advirtiéndose que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, y Reposición de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0148-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL