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Sentencia AP-1474-22 — Registro 17278

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por los delitos de hurto, estafa continuada y falsificación de documentos privados, en perjuicio de Banco Futuro S. A., y la Fe Pública del Estado de Honduras, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, hace suya la motivación expuesta por la alzada en la sentencia venida en amparo, así como la determinación de confirmar la resolución emitida por el A-quo, mediante la cual se declara no ha lugar la prescripción de la pena solicitada, ello en base a dos argumentos: 1.- En observancia a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Penal que manda la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia…”. El legislador entiende por cualquier circunstancia no solo aquellas que se refieran a nuevos elementos de prueba, declaraciones testificales, inspecciones, nueva auditoría, etc., como dice el recurrente, sino que además de éstas, por cualquier circunstancia también debe entenderse a los impulsos procesales que efectúen las partes para dar continuidad al proceso y que automáticamente interrumpen la parálisis del mismo y por ende se interrumpe el conteo del tiempo para contabilizar una prescripción. Y 2.- Se confirma la aplicabilidad al presente caso del contenido del artículo 104 del Código Penal, establece que “Cuando el reo se presente o sea habido después de transcurrido la mitad del tiempo necesario para prescribir la acción penal o la pena, el Juez deberá tener en cuenta dicho lapso para hacer una disminución de un tercio a la mitad en la pena que corresponde aplicar o en la impuesta por la sentencia”; sin embargo, consta en los antecedentes que el imputado no se ha presentado ante el Juez y tampoco ha sido habido, por consiguiente se confirma la conclusión de la alzada cuando señala que “aún y cuando hubiese transcurrido la mitad del tiempo requerido para la prescripción no se puede disminuir la pena que corresponda imponer, por lo tanto no ha transcurrido el lapso de tiempo necesario para la prescripción de la acción penal.”, ello porque no consta en autos que el imputado se haya puesto a la orden del proceso, y si esto no es así se encuentra en su condición de prófugo. La sentencia venida en consulta, cuenta con una motivación congruente con la ley aplicable al caso, por lo que al no vulnerar derecho fundamental alguno, procede se deniegue el recurso de amparo interpuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sarah Janeth Anariba Buezo, a favor del señor Armando Javier Flores Illa, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Armando Javier Flores Illa, por suponerlo responsable de los delitos de Hurto, Estafa Continuada y Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de Banco Futuro S. A., y la Fe Pública del Estado de Honduras, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el abogado Nicolás García Zorto, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil Banco Futuro, S.A., presentando “ACUSACIÓN CRIMINAL contra el señor Armando Javier Flores Illa, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de Estafa, Hurto y Falsificación de Documentos, en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Futuro, S.A. (Folios 1-10 del expediente del A-quo) 2) En fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la abogada Sara Janeth Anariba Buezo, en su condición de Apoderada Legal del señor Armando Javier Flores Illa, presentando solicitud para “…LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL PERIODO IGUAL AL MÁXIMO DE DURACIÓN SEÑALADA PARA CADA UNO DE LOS DELITOS AUMENTADA A LA MITAD…” (Folios 224-225 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1.-Se declara NO HA LUGAR la solicitud planteada ante este Despacho por la Abogada SARA JANETH ANARIBA en su condición de Defensora Privada, en la causa que se le sigue a ARMANDO JAVIER FLORES ILLA, a quien se le supone responsable del Delito de HURTO, ESTAFA CONTINUADA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de BANCO FUTURO S.A. y LA FE PUBLICA.-2.-En consecuencia envíese cuantas órdenes de captura sean necesarias a la Dirección de Investigación Criminal y Policía Nacional Preventiva de esta ciudad de la Ceiba, a fin de que se sirvan ordenar a quien corresponda la inmediata captura del imputado, el que deberá ser puesto a la orden de este despacho a efecto de dictar la medida cautelar correspondiente y continuar con el proceso.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE AUTO…” (Folios 233-234 vuelto del antecedente) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada Sara Janeth Anariba Buezo, en su condición de Apoderada Legal del señor Armando Javier Flores Illa, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada del encausado.-SEGUNDO: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha 18 de enero del año dos mil veintidós por el Juzgado de primera instancia. TERCERO: Se instruye al Juzgado de Primera instancia darle el impulso procesal a la presente causa continuando sin más dilaciones, con el trámite del mismo. Y MANDA: Que una vez que la presente resolución adquiera el carácter de firme con certificación del presente fallo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFÍQUESE.” (Folios 6-8 vuelto del expediente del Ad-quem) 5) Que la recurrente, Abogada Sara Janeth Anariba Buezo, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de octubre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Armando Javier Flores Illa, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sara Janeth Anariba Buezo, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): El abogado Nicolás García Zorto, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil Banco Futuro, S.A., en fecha diecisiete de agosto de dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, presentando “ACUSACIÓN CRIMINAL contra el señor Armando Javier Flores Illa, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de Estafa, Hurto y Falsificación de Documentos, en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Futuro, S.A. CONSIDERANDO (3): El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1.- Se declara NO HA LUGAR la solicitud planteada ante este Despacho por la Abogada SARA JANETH ANARIBA en su condición de Defensora Privada, en la causa que se le sigue a ARMANDO JAVIER FLORES ILLA, a quien se le supone responsable del Delito de HURTO, ESTAFA CONTINUADA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de BANCO FUTURO S.A. y LA FE PUBLICA.-2.- En consecuencia envíese cuantas órdenes de captura sean necesarias a la Dirección de Investigación Criminal y Policía Nacional Preventiva de esta ciudad de la Ceiba, a fin de que se sirvan ordenar a quien corresponda la inmediata captura del imputado, el que deberá ser puesto a la orden de este despacho a efecto de dictar la medida cautelar correspondiente y continuar con el proceso.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE AUTO…” CONSIDERANDO (4): La defensa impugnó vía recurso de apelación la decisión determinada por el A-quo, por lo que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada del encausado.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha 18 de enero del año dos mil veintidós por el Juzgado de primera instancia. TERCERO: Se instruye al Juzgado de Primera instancia darle el impulso procesal a la presente causa continuando sin más dilaciones, con el trámite del mismo. CONSIDERANDO (5): El recurrente señala como agravios que la motivación del Juez en su resolución, es la misma que la expuesta por el Ministerio Público y literalmente señala: “es exactamente la misma opinión del Ministerio Publico que obra bajo folios números 228, 229 y 230 que en su opinión fiscal se apega al artículos 98 y 99 del Código Penal y aduce que en el caso que nos ocupa la última actuación se realizó el 24 de Noviembre del 2010 en donde se admite un recurso de apelación y que a la fecha, diciembre 2021 han transcurrido 11 años, primeramente erróneamente transcribió mal la fecha ya que el auto donde se admite la apelación data de fecha 7 de Noviembre del 2008 según folio número 201 del expediente de mérito y si bien es cierto el artículo 99 del Código Penal establece que La prescripción de la Acción Penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia…” Sigue argumentando el recurrente que: “…Es entendido que a las circunstancias a que se refiere dicho artículo es a nuevos elementos de prueba, declaraciones testificales, inspecciones, nueva auditoría, etc. No donde se admite un recurso de apelación cuando se puede constatar que lo que se intentaba era solicitar una prescripción basado en una Ley Especial de Transición tal como se puede ver según folio 181 del expediente que nos ocupa…” Expone como agravio que el A-quo no motivó en base a qué o cuál argumento se apega para poder establecer en que año prescribe cada delito, se aduce que su resolución está apegada a todo lo que peticiona el ministerio Publico en su opinión fiscal que a todas luces esta apartada de lo que establece el artículo 96 párrafo 1 y 2 del Código Procesal Penal y con ello sumando la dilación que ha habido en el proceso le causa un grave perjuicio a mi representado, señala. CONSIDERANDO (6): La Corte de Apelaciones manifiesta que es aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 446 del Código Procesal Penal que manda que las causas penales iniciadas con el Código de Procedimientos Penales, deberán tramitarse hasta su finalización bajo el procedimiento establecido en dicha norma legal. Al mismo tiempo, relaciona esta disposición penal con el artículo 97 del Código Penal que establece que la acción penal prescribe, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado a la mitad, si fuere pena de reclusión, en el caso que nos ocupa la pena señalada al delito de Estafa Continuada conforme al artículo 240 y 241 del Código Penal, en relación con el artículo 37 del mismo texto legal, establece que la pena a imponer estará comprendida dentro de los diez a quince años de reclusión; en cuanto al delito de Falsificación de Documentos Privados, conforme al artículo 284 del Código Penal el mismo establece que la pena a imponer será de tres a nueve años de reclusión y no corresponde en este momento procesal la aplicación del beneficio o rebaja de pena a que se refiere la recurrente en su escrito de prescripción, por cuanto que el artículo 104 del Código Penal, establece que “Cuando el reo se presente o sea habido después de transcurrido la mitad del tiempo necesario para prescribir la acción penal o la pena, el Juez deberá tener en cuenta dicho lapso para hacer una disminución de un tercio a la mitad en la pena que corresponde aplicar o en la impuesta por la sentencia” y sigue motivando la alzada “…como se aprecia en los antecedentes, el imputado no se ha presentado ante el Juez y tampoco ha sido habido, por consiguiente aún y cuando hubiese transcurrido la mitad del tiempo requerido para la prescripción no se puede disminuir la pena que corresponda imponer, por lo tanto no ha transcurrido el lapso de tiempo necesario para la prescripción de la acción penal. Señala la Corte de Apelaciones en la motivación de su sentencia que: “…se aprecia en los antecedentes, que las últimas actuaciones como el desistimiento del recurso de apelación de fecha 24 de octubre del año 2010, en el entendido que dicho recurso mantuvo en suspenso el trámite del proceso desde el año 2008 que se interpuso el mismo, por consiguiente no ha transcurrido desde esa fecha el término que corresponde a la prescripción por los delitos imputados incluyendo el delito de estafa continuada que corresponde a 22 años y 6 meses, razón por la cual no se cumple con los requisitos de prescripción de la acción penal. Razones por las cuales confirma la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (7): Que se debe recordar que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. Sobre Derechos Humanos. El derecho de defensa se encuentra estrechamente ligado al debido proceso por lo que su desconocimiento lo invalida. Derechos que el recurrente considera se han vulnerado con la resolución del Ad quem. CONSIDERANDO (9): Que del análisis de los antecedentes resulta que los motivos por los que el impetrante, peticionó la prescripción relacionados anteriormente, no son aplicables al caso, pues si bien, en el decurso del proceso penal se observa la inactividad absoluta de los representantes del Ministerio Público y de la defensa en el caso de mérito, desde el uno de diciembre de dos mil diez (ver folio 221 p.p.) consta escrito de la defensa solicitando se notifique al Ministerio Público de la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, mediante la cual el Juzgado de Letras seccional de La Ceiba, Atlántida, tuvo por desistida del recurso de apelación interpuesto por la defensa el treinta de octubre de dos mil ocho, y admitido en ambos efectos por el A-quo en fecha siete de noviembre del dos mil ocho, (ver folio 202 p.p.) hasta el dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis, por cada uno de los profesionales del derecho en la condición que ostentaban en esos momentos procesales y que estaban en la obligación de actuar, pues del abandono del juicio penal devienen graves vulneraciones al debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, hace suya la motivación expuesta por la alzada en la sentencia venida en amparo, así como la determinación de confirmar la resolución emitida por el A-quo, mediante la cual se declara no ha lugar la prescripción de la pena solicitada, ello en base a dos argumentos: 1.- En observancia a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Penal que manda la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia…”. El legislador entiende por cualquier circunstancia no solo aquellas que se refieran a nuevos elementos de prueba, declaraciones testificales, inspecciones, nueva auditoría, etc., como dice el recurrente, sino que además de éstas, por cualquier circunstancia también debe entenderse a los impulsos procesales que efectúen las partes para dar continuidad al proceso y que automáticamente interrumpen la parálisis del mismo y por ende se interrumpe el conteo del tiempo para contabilizar una prescripción. Y 2.- Se confirma la aplicabilidad al presente caso del contenido del artículo 104 del Código Penal, establece que “Cuando el reo se presente o sea habido después de transcurrido la mitad del tiempo necesario para prescribir la acción penal o la pena, el Juez deberá tener en cuenta dicho lapso para hacer una disminución de un tercio a la mitad en la pena que corresponde aplicar o en la impuesta por la sentencia”; sin embargo, consta en los antecedentes que el imputado no se ha presentado ante el Juez y tampoco ha sido habido, por consiguiente se confirma la conclusión de la alzada cuando señala que “aún y cuando hubiese transcurrido la mitad del tiempo requerido para la prescripción no se puede disminuir la pena que corresponda imponer, por lo tanto no ha transcurrido el lapso de tiempo necesario para la prescripción de la acción penal.”, ello porque no consta en autos que el imputado se haya puesto a la orden del proceso, y si esto no es así se encuentra en su condición de prófugo. La sentencia venida en consulta, cuenta con una motivación congruente con la ley aplicable al caso, por lo que al no vulnerar derecho fundamental alguno, procede se deniegue el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 96, 97 No. 1), 98, 99 y 104 del Código Penal, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sarah Janeth Anariba Buezo, a favor del señor Armando Javier Flores Illa, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Armando Javier Flores Illa, por suponerlo responsable de los delitos de Hurto, Estafa Continuada y Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de Banco Futuro S. A., y la Fe Pública del Estado de Honduras, respectivamente y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1474-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP