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Sentencia AP-1455-22 — Registro 17593

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución por el delito de Robo de Vehículo. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 11 el derecho a la presunción de inocencia, indicando que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la Ley y en Juicio Público, en el que se la hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. La Corte IDH, ha señalado que el principio de presunción de Inocencia “Constituye fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea, de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que, dicho principio es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa”. En la medida que “la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal”, dicho principio establece que “el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye”, ya que la carga de la prueba (onus probandi) recae en la parte acusadora y es precisamente por ello “sí contra una persona obra prueba incompleta o insuficiente de su responsabilidad penal, no es procedente condenarla, sí no absolverla”. En relación con el deber de los jueces y siguiendo el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el Caso Barberá, Messegue and Jabardo Vs. Spain, La Corte ha señalado que la presunción de inocencia “implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. En ese sentido la presunción de inocencia se vulnera si antes que el acusado sea encontrado culpable una decisión Judicial relacionada con él refleja la opinión de que sí lo es”. CONSIDERANDO (11) En ese mismo orden de ideas se puede definir que la Inocencia es la exención de toda culpa, siendo la premisa de aquella la atribución de una culpabilidad que resulta falsa. El principio en el sistema procesal penal, no se espera para su aplicación una sentencia que así lo declare, sí no que se presume desde el inicio y durante toda la investigación, lo que lleva a que el acusado no tenga que demostrar su falta de culpabilidad, que estará a cargo del accionante. Es así que también el Ministerio Público de acuerdo al artículo 295 segundo párrafo del Código Procesal Penal, tiene la oportunidad de presentar nuevos medios de prueba dentro de los cinco años siguientes a la fecha del Sobreseimiento Provisional, que den base para decretar Auto de Prisión o declaratoria de reo, por el Juez competente a petición del Fiscal o del Acusador Privado, ordenándose así la prosecución del proceso.

Legislación citada

  • Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

…CONSIDERANDO (12) Y siendo que lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal, referido a que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba se hará cargo de su presentación durante la realización de la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que incorpore. Atendiendo que la única prueba de cargo testifical y documental propuesta y evacuada en la audiencia inicial fue principalmente la declaración del señor JOSE RAUL PEREZ MENDOZA; de lo cual no se desprende prueba alguna de la existencia del delito imputado al señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, ya que no violentó ninguna norma al respecto, como también no se logra establecer a propiedad del vehículo ya que es el bien jurídico protegido a favor de la víctima. Lo anteriormente fundamentado, inter alia, en los artículos 217, 218 párrafo segundo del Código Penal derogado. CONSIDERANDO (13): Que en tal sentido, se refuerza el deber de la instancia, en particular y de los actores jurídicos, en general, de dictar sobreseimiento cuando proceda, de conformidad a ley procesal y sólo dictar auto de formal procesamiento, en caso se compruebe la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal que enmarca la legalidad penal aplicable, así como la estimación del indicio racional mediando todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (14): Que, en el supuesto jurídico – penal anteriormente prescripto, es parte de la tutela judicial efectiva, asegurar que la resolución judicial acredite motivación suficiente; dando cuenta del por qué se tiene, o no, como concurrente el verbo o los verbos rectores que enmarcan la tipicidad penal mediante prueba directa, o indiciaria; siempre a la luz de la sana crítica y en compatibilidad con los valores y principios que informan la Constitución de la República. Lo anterior adquiere particulares contornos y alcances tratándose de derecho penal sustantivo, pues las exigencias de la dogmática jurídica lo reconducen hacia una tipología hermenéutica taxativa y estricta; proscribiendo así los usos analógicos y extensivos, en cuanto a posibilidad válida de inferencia. CONSIDERANDO (15): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras. CONSIDERANDO (16): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (18): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quemé objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y el principio de inocencia; consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Melki Cedec Amador Anduray, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor Melki Cedec Amador Anduray, por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio del señor Maynor Humberto Castro Gutiérrez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Agente Fiscal, Abogada Yojana Yamileth Zambrano Ordoñez, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Melki Cedec Amador Anduray, por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio del señor Maynor Humberto Castro Gutiérrez. (Folios 1 al 4 de la pieza de antecedentes del A-quo)2) En fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dictó resolución mediante la cual decretó: “…1) SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY en la causa que se le sigue por la supuesta comisión del delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de MAYNOR HUMBERTO CASTRO GUTIERREZ. 2) Dejando sin valor ni efecto la medida cautelar de detención judicial decretada en Audiencia indagatoria de fecha Nueve de diciembre del año 2019.-3) líbrese oficio al Director del Centro Penal de esa ciudad para su inmediata libertad, Sin perjuicio de que la presente resolución pueda ser objeto de un recurso de apelación…” (Folios 26 al 31 de la pieza de antecedentes del A-quo).3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Claudia Laínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada CLAUDIA LAÍNEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en AUDIENCIA INICIAL, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en la causa penal incoada contra MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO, en perjuicio de MAYNOR HUMBERTO CASTRO GUTIÉRREZ.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, en el sentido de revocar el sobreseimiento provisional decretado a favor del imputado Melki Cedec Anduray, y en su lugar decrete un auto de formal procesamiento contra el referido imputado, y la aplicación de la medida o medidas cautelares que el juzgador de primera instancia considere procedentes…”(Folios 11 al 13 de los antecedentes del Ad-quem)4) Que el recurrente, el Abogado Ramón Matamoros, compareció ante este Tribunal, en fecha once de octubre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Melki Cedec Anduray, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Ramón Matamoros, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional, y en concordancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (2): Que acorde el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Asimismo, el artículo 43 de la Ley en referencia establece, en cuanto a la amplitud de la acción de amparo, que ésta podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022), por la cual la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, resolvió por unanimidad de votos: 1) Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Claudia Laínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución preferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en audiencia de fecha trece (13) de diciembre del dos mil diecinueve (2019). 2)REVOCAR la resolución recurrida, en el sentido de revocar el sobreseimiento provisional decretado a favor del imputado MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de MAYNOR HUMBERTO CASTRO GUTIERREZ, motivándose esencialmente en la arbitrariedad de interpretar el artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto al sobreseimiento provisional por parte de la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en la que cometió un error en el procedimiento penal en cambiar un sobreseimiento provisional a un auto de formal procesamiento, en donde no hay sustento probatorio suficiente para probar el delito de Robo de Vehículo, ya que no hizo un examen estricto a las garantías y formalidades a que tiene derechos el señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, en cuanto a la libertad individual, para que no sea transgredida por la Autoridad Judicial. Y que es injusto que el señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, se encuentre gozando de una libertad, y que con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle vaya en detrimento su situación jurídica con un auto de formal procesamiento que lo conlleva ir a prisión a un establecimiento carcelario. CONSIDERANDO (4): Que, en la formalización del Recurso de Amparo promovido por el Abogado Defensor RAMON MATAMOROS, en su condición de Defensor Público; se invocó como infringido y desarrollado el artículo 89 de la Constitución de la República; estableciendo en lo referente al principio de inocencia “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. que estima causado el recurrente, Abogado RAMON MATAMOROS, en vista a que el dictado de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, por el delito de ROBO DE VEHICULO, no se corresponde a los elemento de prueba presentados para acreditar las circunstancias del Requerimiento Fiscal; El reproche que hace el recurrente es la arbitrariedad que tiene el Ad-quem de interpretar el artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto al Sobreseimiento Provisional, tomando en cuenta que en el caso que nos ocupa, la víctima Maynor Humberto Castro Gutiérrez, no rindió su declaración testifical ante la presencia del Juez Instructor, por lo que el Ministerio Público no pudo demostrar la participación de su representado en la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO; y en ese mismo orden de ideas el recurrente sigue manifestando que el Ad-quem cometió un error en el procedimiento penal en cambiar un sobreseimiento provisional a un auto de formal procesamiento, en donde no hay sustento probatorio suficiente para probar el delito de Robo de Vehículo, ya que no hizo un examen estricto a las garantías y formalidades a que tiene derechos el señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, en cuanto a la libertad individual, para que no sea transgredida por la Autoridad Judicial. Y que es injusto que el señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, se encuentre gozando de una libertad, y que con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle vaya en detrimento su situación jurídica con un auto de formal procesamiento que lo conlleva ir a prisión a un establecimiento carcelario. CONSIDERANDO (5): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar Ha lugar por unanimidad el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra del imputado MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, bajo los argumentos siguientes: “1- Siendo que al Ministerio Público le agravia al haberse dictado un sobreseimiento provisional, porque causa agravios violentándose el artículo 291 numeral 1 del Código Procesal Penal.- Y que presentó como medios de prueba todo el legajo investigativo documental que se encuentran en el expediente de antecedentes del A-quo, así como la declaración del señor Policía José Raúl Pérez Mendoza, en donde se comprobó el decomiso de la motocicleta, propiedad del ofendido, en el cual se le dio detención al imputado en un potrero. Que en el caso de autos que se investiga el delito de Robo de Vehículo, estableciendo el ente acusador en la relación suscinta de los hechos, la forma como se descubrió la materialización del mismo exponiendo que en fecha ocho de diciembre del dos mil diecinueve como a eso de las tres y cuarenta cinco de la madrugada, policías preventivos venían de la Ciudad de San Marcos de Colon y observaron la presencia de personas, empujando una motocicleta, quienes al observar la presencia policial, salieron corriendo dejando botada la referida motocicleta, por lo que en la persecución de los mismos se le dio captura al hoy imputado MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, descubriéndose con posterioridad que el referido vehículo pertenecía al señor MAYNOR HUMBERTO CASTRO GUTIERREZ, quién rindió declaración en sede administrativa. Igualmente con el legajo investigativo presentado por el ente acusador en audiencia inicial, con sustento de todo lo anterior en cuanto a lo preceptuado en el artículo 297 numeral 1 párrafo segundo del Código Procesal Penal, al establecerse que se estimará como indicio racional todo hecho, acto, o circunstancia que sirva al Juzgador para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, por lo que el Ad-quem observa que los documentos supra relacionados, son razón suficiente para adquirir la convicción en referencia, pues el juzgados de primera instancia, admitió los referidos medios de prueba documentales, que no fueron objetados, entendiéndose con ello que gozan de credibilidad y basados dichos presupuestos, considera que se encuentran debidamente acreditados los elementos tipificadores para que se decrete un auto de formal procesamiento, siendo procedente la (SIC)…declaratoria ha lugar, el recurso de apelación planteado por la Fiscal del Ministerio Público, debiéndose revocar lo resuelto por el Juez A-quo, en audiencia inicial de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, en el que se decretó sobreseimiento provisional a favor del imputado, debiendo proceder en su lugar a decretar el auto de formal procesamiento contra el referido imputado y en la aplicación de la medida o medidas cautelares que considere procedente. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (7): La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda, en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.CONSIDERANDO (9): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.CONSIDERANDO (10): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 11 el derecho a la presunción de inocencia, indicando que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la Ley y en Juicio Público, en el que se la hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. La Corte IDH, ha señalado que el principio de presunción de Inocencia “Constituye fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea, de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que, dicho principio es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa”. En la medida que “la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal”, dicho principio establece que “el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye”, ya que la carga de la prueba (onus probandi) recae en la parte acusadora y es precisamente por ello “sí contra una persona obra prueba incompleta o insuficiente de su responsabilidad penal, no es procedente condenarla, sí no absolverla”. En relación con el deber de los jueces y siguiendo el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el Caso Barberá, Messegue and Jabardo Vs. Spain, La Corte ha señalado que la presunción de inocencia “implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. En ese sentido la presunción de inocencia se vulnera si antes que el acusado sea encontrado culpable una decisión Judicial relacionada con él refleja la opinión de que sí lo es”. CONSIDERANDO (11) En ese mismo orden de ideas se puede definir que la Inocencia es la exención de toda culpa, siendo la premisa de aquella la atribución de una culpabilidad que resulta falsa. El principio en el sistema procesal penal, no se espera para su aplicación una sentencia que así lo declare, sí no que se presume desde el inicio y durante toda la investigación, lo que lleva a que el acusado no tenga que demostrar su falta de culpabilidad, que estará a cargo del accionante. Es así que también el Ministerio Público de acuerdo al artículo 295 segundo párrafo del Código Procesal Penal, tiene la oportunidad de presentar nuevos medios de prueba dentro de los cinco años siguientes a la fecha del Sobreseimiento Provisional, que den base para decretar Auto de Prisión o declaratoria de reo, por el Juez competente a petición del Fiscal o del Acusador Privado, ordenándose así la prosecución del proceso. CONSIDERANDO (12) Y siendo que lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal, referido a que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba se hará cargo de su presentación durante la realización de la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que incorpore. Atendiendo que la única prueba de cargo testifical y documental propuesta y evacuada en la audiencia inicial fue principalmente la declaración del señor JOSE RAUL PEREZ MENDOZA; de lo cual no se desprende prueba alguna de la existencia del delito imputado al señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, ya que no violentó ninguna norma al respecto, como también no se logra establecer a propiedad del vehículo ya que es el bien jurídico protegido a favor de la víctima. Lo anteriormente fundamentado, inter alia, en los artículos 217, 218 párrafo segundo del Código Penal derogado. CONSIDERANDO (13): Que en tal sentido, se refuerza el deber de la instancia, en particular y de los actores jurídicos, en general, de dictar sobreseimiento cuando proceda, de conformidad a ley procesal y sólo dictar auto de formal procesamiento, en caso se compruebe la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal que enmarca la legalidad penal aplicable, así como la estimación del indicio racional mediando todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (14): Que, en el supuesto jurídico – penal anteriormente prescripto, es parte de la tutela judicial efectiva, asegurar que la resolución judicial acredite motivación suficiente; dando cuenta del por qué se tiene, o no, como concurrente el verbo o los verbos rectores que enmarcan la tipicidad penal mediante prueba directa, o indiciaria; siempre a la luz de la sana crítica y en compatibilidad con los valores y principios que informan la Constitución de la República. Lo anterior adquiere particulares contornos y alcances tratándose de derecho penal sustantivo, pues las exigencias de la dogmática jurídica lo reconducen hacia una tipología hermenéutica taxativa y estricta; proscribiendo así los usos analógicos y extensivos, en cuanto a posibilidad válida de inferencia. CONSIDERANDO (15): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras. CONSIDERANDO (16): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO (18): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quemé objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y el principio de inocencia; consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 82, 89, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 13, 14, 141, 172, 174, 178, 179, 184 y 188 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY, contra la Resolución de fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós (2022), emitida por la CORTE de APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados al ciudadano MELKI CEDEC AMADOR ANDURAY. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 1455-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.