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Sentencia AP-1428-22 — Registro 16810

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución con relación a la causa instruida los delitos de conducción temeraria y desobediencia, en perjuicio de la seguridad vial y el orden público. – En primera instancia se declaró con lugar auto de formal procesamiento y confirmado en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que un examen detenido de los autos revela que la apoderada defensora al momento de interponer el recurso de apelación, fue muy explícita al señalar más de cuatro cuestiones que en su opinión son las que constituyen los agravios causados por el auto de formal procesamiento en perjuicio de su patrocinado. (ver folios 457 al 467) CONSIDERANDO (11): Que de los mismos autos también se desprende que la Corte de Apelaciones al resolver sobre el recurso interpuesto por la Defensa y confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el Juez A-quo, en fecha veintitrés de junio del dos mil veintidós; en su numeral tercero de la Motivación probatoria y jurídica; expresa literalmente lo siguiente: “ En lo que al recurso impetrado por la defensa privada del encausado concierne, al efectuar el análisis de cada uno de los medios de prueba aportados por el Ministerio público como generadores del indicio mínimo de participación a través de los cuales se pueda conceptualizar si el encausado tiene responsabilidad como autor del delito que se le imputa o bien si el A-quo debía dictar sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional en su caso, Este tribunal de alzada comparte la decisión de dictar Auto de formal procesamiento contra el encausado por los delitos de Conducción Temeraria y Desobediencia, por cuanto con la prueba aportada quedo debidamente acreditado que el día 14 de abril del año en curso a eso de las 11:30 de la mañana el ahora encausado se conducía en su vehículo, por el malecón de esta ciudad, cuando los policías Selvin Mendoza y Marvin Cruz, le hicieron señal de parada, sin que se detuviera, por lo que decidieron darle seguimiento y en lugar de bajar la velocidad, lo que hizo fue acelerar, provocando una persecución que termino cuando el señor Pandy Yates impacto en un vehículo, el cual a su vez impacto en otro vehículo que se encontraba parqueado en la parte de enfrente de este, la velocidad a la que conducía el encausado fue posible debido a que el hecho se suscito un día de Semana Santa, por lo que el tráfico vehicular era mucho menor de lo normal en esta ciudad; resolución que como se observa se ha limitado a transcribir los antecedentes del caso, a copiar la expresión y contestación de los agravios hechas por las partes, sin embargo en ningún momento ha dado respuesta a cada uno de los argumentos esgrimidos por la apelante ;de esta manera se aprecia que la resolución emitida por la alzada carece de una debida y suficiente motivación de hecho y de derecho y por ende si constituye una vulneración al debido proceso al colegir tal como lo señala la impetrante que la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ceiba departamento de Atlántida, en ningún momento ha razonado de una manera clara, lógica y coherente, respecto a cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le ha llevado a rechazar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el apelante, y por ende a estimar la concurrencia de los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos, de los delitos de CONDUCCION TEMERARIA Y DESOBEDIENCIA que se le atribuye al imputado, ya que al no razonar adecuadamente su decisión incumple en su deber de motivación, por lo que esta corte coincide con la impetrante en que no se cumplió con las garantías del debido proceso y al no dar respuesta a las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el recurrente el derecho de defensa queda afectado, porque en el seno de un proceso judicial una de las partes en este caso la defensa ha resultado impedida de ejercer los medios necesarios suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos por actos concretos de un tribunal de Alzada. CONSIDERANDO (12): Que el artículo 139 del código procesal penal impone la obligación de motivar las resoluciones, de forma suficiente, es decir no cualquier motivación, sino fundada en razón; igualmente con arreglo a lo previsto en el artículo 141 del Código Procesal Penal “….los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación….” De tal manera que en esta se expresaran cuales son “….los hechos y fundamentos de derechos en que se basa la resolución y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido….” Concluyendo que: “…….la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de los preceptos legales, no reemplazará la motivación…..” CONSIDERANDO (13): Que en virtud de los razonamientos, antes señalado, podemos afirmar que la deficiente motivación observada en la resolución objeto de amparo, vulnera la garantía Constitucional del debido proceso, el derecho constitucional a la defensa en juicio, y la garantía del recurso efectivo, puesto que al no expresar de una manera razonada cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le llevan a confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el Juez A-quo, el Tribunal de Apelación ha dificultado a la defensa el control que ésta pudiera ejercer de cara a una eventual impugnación a través de los recursos respectivos, no solamente ante el propio Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior. CONSIDERANDO (14): Que en virtud de todo lo anterior, y las comprobadas infracciones del derecho constitucional de inocencia al derecho de Defensa, que violenta el derecho de la garantía del debido proceso, por lo que hace que sea procedente el otorgamiento del amparo interpuesto. “

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (12): Que el artículo 139 del código procesal penal impone la obligación de motivar las resoluciones, de forma suficiente, es decir no cualquier motivación, sino fundada en razón; igualmente con arreglo a lo previsto en el artículo 141 del Código Procesal Penal “….los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación….” De tal manera que en esta se expresaran cuales son “….los hechos y fundamentos de derechos en que se basa la resolución y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido….” Concluyendo que: “…….la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de los preceptos legales, no reemplazará la motivación…..” CONSIDERANDO (13): Que en virtud de los razonamientos, antes señalado, podemos afirmar que la deficiente motivación observada en la resolución objeto de amparo, vulnera la garantía Constitucional del debido proceso, el derecho constitucional a la defensa en juicio, y la garantía del recurso efectivo, puesto que al no expresar de una manera razonada cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le llevan a confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el Juez A-quo, el Tribunal de Apelación ha dificultado a la defensa el control que ésta pudiera ejercer de cara a una eventual impugnación a través de los recursos respectivos, no solamente ante el propio Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior. CONSIDERANDO (14): Que en virtud de todo lo anterior, y las comprobadas infracciones del derecho constitucional de inocencia al derecho de Defensa, que violenta el derecho de la garantía del debido proceso, por lo que hace que sea procedente el otorgamiento del amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 141, 358 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 42,47,49,51,63, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA. OTORGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, en su condición de apoderada de señor TOM PANDY YATES, contra la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós. y MANDA. Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución con observancia de lo plasmado en los acápites correspondientes, ante la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada, ello en relación a la confirmatoria del auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra del encausado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año 2023. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, a favor del señor MANDELL TOM PANDY YATES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintidós (2022), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto, contra la resolución de fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra el señor MANDELL TOM PANDY YATES por suponerlo responsable de los delitos de CONDUCCIÓN TEMERARIA Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de la SEGURIDAD VIAL Y EL ORDEN PÚBLICO.-Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 92 y 94 la Constitución de la República y los Artículos 25.2 literal c), 8.1 y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintidós (2022), el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogado MARCO SOLORZANO, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MANDELL TOM PANDY YATES, por suponerlo responsable de los delito de CONDUCCIÓN TEMERARIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL; LESIONES AGRAVADAS, en perjuicio de MARVIN RENE SANCHEZ CRUZ, y SELVIN ADALID MENDOZA; ATENTADO Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio del ORDEN PUBLICO.- (Folios 01 al 3 de Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 2) Que habiéndose celebrado Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintidós (2022), emitió su resolución en la cual, resolvió: Decreta 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del ciudadano MANDELL TOM PANDY YATES, por suponerlo responsable del delito de CONDUCCIÓN TEMERARIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL; 2.- Se decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del ciudadano MANDELL TOM PANDY YATES, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; 3.- Se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del ciudadano MANDELL TOM PANDY YATES, por el delito de LESIONES AGRAVADAS en perjuicio de MARVIN RENE SANCHEZ CRUZ y SELVIN ADALID MENDOZA; 4.- Se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del ciudadano MANDELL TOM PANDY YATES por el delito de ATENTADO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO…”.(Folios 23 de la pieza de los Antecedentes). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos contra la resolución descrita en el numeral anterior, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante Auto de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintidós (2022), Falló: “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados ISAIAS OLIVA PALMA y CARMEN LETICIA TURCIOS, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, y parte apelante-apelada contra la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor MANDELL TOM PANDY YATES, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de LESIONES AGRAVADAS en perjuicio de MARVIN RENE SANCHEZ CRUZ y SELVIN ADALID MENDOZA y por el delito de ATENTADO en perjuicio del ORDEN PUBLICO.- SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, en su condición de Defensora Privada del encausado y parte apelante-apelada, contra la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor MANDELL TOM PANDY YATES, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de CONDUCCION TEMERARIA Y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL Y EL ORDEN PUBLICO. TERCERO: CONFIRMAR la resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintidós…” (Folio 11 al 22 de la Segunda Pieza de los Antecedentes) 4) Que la recurrente Abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del señor MANDELL TOM PANDY YATES, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintidós (2022), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 92 y 94 la Constitución de la República y los Artículos 25.2 literal c), 8.1 y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 5) Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a interponer recurso de amparo:1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la constitución, los tratados, convenciones otros instrumentos Internacionales establecen, y 2) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos conocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el Ministerio Público, presento requerimiento contra Mandel Tom Pandy Yates, por suponerlo responsable de la comisión del delito de Conducción Temeraria en perjuicio de la Seguridad Vial, Lesiones Agravadas en perjuicio de Marvin Rene Sánchez Cruz y Selvin Adalid Mendoza, Atentado y Desobediencia en perjuicio del Orden Público. CONSIDERANDO (3): Que el encausado Tom Pandy Yates en su declaración de imputado entre otra cosas manifestó: que hacia un recorrido cuando venia del lado del Sea View por la playa, que no habían carros, ni personas , cuando se desplazaba y que cuando iba al centro de la ciudad no vio reten por ninguno de los lugares que paso, ni tampoco patrullas o motorizadas patrullando por el sector cuando de repente acelero una moto, y vio por el retrovisor que tenían armas de fuego y aceleró el vehículo, en ese momento se descontrola por el miedo y los deja de ver , pero de repente esas motos vuelven a salir y dirigiéndose a la ciudad comienzan los disparos, luego una patrulla de la policía empieza a seguirlo con claridad, cuando ve que estaban disparando contra el vehículo, por lo que trato de llegar más cerca de la ciudad, se metió por la 14 de julio pero como le están disparando, no tiene control, que sintió que lo iban a matar y se percató que además de las dos motos hay una patrulla de la policía siguiéndolo, el iba pitando por el miedo de chocar a alguien, trataba de salvar su vida, nunca ha usado una arma de fuego, y que finalmente le dispararon a las llantas, razón por la cual perdió el control y colisiono; que nunca fue requerido por la policía, no había reten, que se dio cuenta que habían dos motorizadas y pensó que lo iban a matar y si se tiro del carro fue porque estaba bajo zozobra pensando que iba a morir, la policía lo agarra y lo golpea, no sabe cuántas veces lo lanzaron al suelo y lo patearon. CONSIDERANDO (4): Que en la audiencia inicial celebrada el día dos de mayo del año dos mil veintidós, el Juez Instructor decreto auto de formal procesamiento contra TOM PANDY YATES por considerarlo presunto responsable del delito CONDUCCION TEMERARIA en perjuicio de la SEGURIDAD VIAL, por el delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio del ORDEN PUBLICO. CONSIDERANDO (5): Que la apoderada defensora del procesado TOM PANDY YATES , Abogada Gabriela Figueroa Herrera, Interpuso recurso de apelación ante la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, y en resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós se confirmó la resolución objeto del recurso de apelación. CONSIDERANDO (6): Que contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones la apoderada Judicial del imputado TOM PANDY YATES, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que en perjuicio de su cliente se han vulnerado el derecho de Defensa, el principio de Estado de Inocencia, y las garantías del Debido Proceso y de Un Recurso Efectivo, consagrados en los artículo 82, 89, 90,92, de la Constitución de la República y el 25.2 literal c) de la Convección Americana de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (7): Que la recurrente en la formalización de Amparo aduce que no consta motivación probatoria, ni jurídica respecto de los agravios ampliamente argumentados por la defensa en el recurso de apelación que le fue denegado; además que la alzada en el auto que declaro no ha lugar el recurso de apelación estableció que tomo en cuenta Para su decisión la prueba aportada por el Ministerio Publico en la audiencia inicial, pero no refiere en ninguna de las resoluciones los cuestionamientos fundados de la defensa a la credibilidad y el valor probatorio de los elementos de prueba del Ministerio Público, tampoco se refiere a los elementos de prueba de descargo, lo que evidencia que no se valoró los elementos de prueba de descargo de la audiencia inicial y no se admitió el elemento ofrecido en segunda instancia, ni se realizó una valoración armónica de los elementos de prueba presentados por el Ministerio público; en ese sentido establece que la Corte de Apelaciones incurre en el mismo yerro que se cometió durante todo el proceso, en primer lugar por los agentes de investigación del caso, luego por el Ministerio público y por la juez de Letras de invisibilizar los disparos de arma de fuego realizados por los policías en contra del vehículo en que se conducía su defendido desde el inicio del seguimiento y persecución policial, que constituye el generador de la reacción de su representado para proteger y salvar su vida acto que hoy se le imputa como delitos. Que señala la impetrante que la Corte de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida, vulnero a su representado el derecho de defensa, porque para llegar a la decisión de rechazar el recurso impetrado no tomo en cuenta elementos de prueba de descargo aportados, ni considero los serios cuestionamientos sobre la credibilidad y sobre la valoración de los elementos de prueba de cargo para la decisión; esto se afirma porque en el acápite de motivación probatoria y jurídica” párrafo tercero del referido auto la Corte de Apelaciones en su resolución es totalmente omisiva, en virtud que no hay respuesta de parte de ella a los argumentos que planteo la defensa en sus agravios y eso dificulta su derecho de defensa para poder atacar cuales son las debilidades que hay en las violaciones a los derechos fundamentales, estableciendo que la Corte de Apelaciones guardo silencio sobre los cuestionamientos fundados de la defensa a la credibilidad y el valor probatorio de prueba de cargo y de la misma manera omitió exteriorizar sus razonamientos jurídico en cuanto a los elementos de prueba de descargo; igualmente señala que la Corte de Apelaciones para garantizar este derecho de defensa debió ponderar en su resolución los derechos y valores en conflicto, realizar un análisis completo, ponderar los elementos de prueba de cargo y descargo y según las reglas de la sana critica exteriorizar las razones por las cuales ha dado mayor o menor valor probatorio a las probanzas para cumplir con lo previsto en el articulo 92 de la constitución de la republica para decretar o mantener una auto de formal procesamiento; que igualmente considera que se vulneró el derecho de defensa en segunda instancia porque la defensa propuso el elemento probatorio pericial consistente en un dictamen de balística, realizado por el Ministerio público a través del perito Jimmy Bendeck, dicha pericia se realizo sobre los orificios que se encuentran en el vehículo que era conducido por el imputado el 14 de abril del 2022, cuando se dieron los hechos objeto de este proceso, la finalidad de esta pericia es determinar tipo de orificio, ubicación de los orificios y la trayectoria de los mismos producto de los disparos realizados por la policía en seguimiento y persecución del imputado. Que también señala la recurrente que la decisión de la alzada de omitir o guardar silencio sobre los elementos de prueba y la valoración de prueba de cargo para ratificar el auto de formal procesamiento a su representado, vulnera también el articulo 89 de la Constitución de la republica que contiene el derecho de Estado de Inocencia de su defendido lo que lo coloca en una condición material de afectar su derecho a la libertad por las limitaciones jurídicas que se le están imponiendo lo cual afecta su condición de Juez, no solo su libertad sino otros derechos inherentes a su persona y a su condición de Funcionario Público. Que igualmente señala como vulnerado la garantía del debido proceso, consignada en el articulo 90 constitucional que dice” Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal Competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece… este precepto regla el principio del debido proceso, que significa que nadie puede ser considerado vencido en el proceso penal, si la resolución que se produce no nace de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad, con las formalidades, derechos y garantías establecidas por la ley; afirma que solo es debido el proceso que satisface todos los requisitos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, señalando que la corte ya ha referido que por debido proceso debe entenderse, que para determinar si una persona es responsable o no de un ilícito, es necesaria la superación de distintas etapas del proceso, de acuerdo a las reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal debe contener ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa, se trata de garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y que la resolución que se dicte , en base a un proceso que sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de derecho, que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que deben garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal; que en resumen considera que se infringió el debido proceso ,cuando la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba Atlántida señaló en el numeral tercero del auto mediante el cual declara no ha lugar el recurso de Apelación de la defensa que: “….. al efectuarse el análisis de cada uno de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público como generadores del indicio mínimo de participación a través de los cuales se puede conceptualizar si el encausado tiene responsabilidad como autor del delito que le imputa” en las líneas citadas la corte de apelaciones señala que el concepto o barómetro utilizado para rechazar los agravios de la defensa privada y mantener la resolución del Juzgado de Letras, fue el criterio de indicios mínimos de participación sin exteriorizar o justificar razonadamente cuales son y de que prueba se deriva, sin embargo la Constitución de la Republica en el artículo 92 reformado por decreto 106-2011 de fecha 24 de junio del 2011 y publicado en el diario oficial la gaceta número 32,588 del 8 de agosto 2011. Ratificado por decreto número 88-2012 de fecha 24 de junio del 2012 prescribe” articulo 92 “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice “; que se aprecia de la resolución objeto de amparo que la alzada no motivo la concurrencia de evidencia probatoria suficiente de los elementos necesarios para la configuración de los dos tipos penales imputados. Alegando la quejosa que se quebrantó así el debido proceso porque no cumplió con las formalidades del proceso penal previsto en el artículo 141 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 90 de la Constitución de la República, que le impone a los Juzgados, Tribunales y Cortes en materia penal, la necesaria y obligatoria motivación o fundamentación de las resoluciones. La exigencia de expresar de forma clara y explicita las razones o motivos que la llevan a tomar la decisión , máxime cuando se limita derechos fundamentales de primera generación; que también señala como vulnerado la garantía de derecho a la Protección Judicial que debe asegurar un recurso efectivo, el cual exige que se asegure la posibilidad de un recurso no solo sencillo y rápido, sino efectivo de conformidad con el articulo 25.2 literal c de la convención Americana de los Derechos humanos, que la efectividad del recurso en este caso tiene que ver con la exigencia de la Corte de apelaciones de deliberar los casos, es decir valorar los argumentos o agravios de las partes y confrontarlos con la resolución apelada y luego motivar en su resolución las justificaciones de sus decisiones dando respuesta a las partes respectando los derechos fundamentales y la jerarquía normativa , lo cual no sucedió en este caso. CONSIDERANDO (8):La circunstancia agravante de actuar con abuso de confianza tiene como principal fundamento que el delincuente se aproveche de las facilidades que su situación le proporciona para la perpetración del hecho punible. El aprovechamiento de la especial situación del culpable, representa por otra parte una infracción de los especiales deberes de lealtad y fidelidad que le ligan con el ofendido. Cualifica el delito de hurto del artículo 225 No. 1) del Código Penal, es inherente al de apropiación indebida (art. 242 No. 8 del C.P.) y al estupro (art. 142 párrafo primero del C.P.). Al igual que en la hipótesis anterior, resulta evidente que la circunstancia agravante bajo examen que es propia de los delitos dolosos, no resulta subsumible en el factum o relato de hecho probados que contiene la sentencia impugnada. En cuanto a la tercera de las circunstancias modificativas cuya aplicación pretende el censor para la fijación deCONSIDERANDO (9): Que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al imputado en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se determinan los indicios probatorios de una conducta reprochable penalmente; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones de fondo sobre los méritos existentes para decretar o no el auto de formal procesamiento dictado contra el imputado, pero si puede y debe pronunciarse, en torno a si la resolución objeto de amparo se encuentra suficientemente motivada, tomando en cuenta que la deficiente motivación de las resoluciones judiciales impide al Quejoso enterarse de cuales son las razones de orden fáctico y jurídico que han llevado al Juez o Tribunal de Instancia para optar por una determinada decisión, dificultando con ello su control sobre la resolución que le afecta de cara a una eventual impugnación, no solamente ante el propio Juez o Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior CONSIDERANDO (10): Que un examen detenido de los autos revela que la apoderada defensora al momento de interponer el recurso de apelación, fue muy explicita al señalar mas de cuatro cuestiones que en su opinión son las que constituyen los agravios causados por el auto de formal procesamiento en perjuicio de su patrocinado. (ver folios 457 al 467) CONSIDERANDO (11): Que de los mismos autos también se desprende que la Corte de Apelaciones al resolver sobre el recurso interpuesto por la Defensa y confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el Juez A-quo, en fecha veintitrés de junio del dos mil veintidós; en su numeral tercero de la Motivación probatoria y jurídica; expresa literalmente lo siguiente: “ En lo que al recurso impetrado por la defensa privada del encausado concierne, al efectuar el análisis de cada uno de los medios de prueba aportados por el Ministerio público como generadores del indicio mínimo de participación a través de los cuales se pueda conceptualizar si el encausado tiene responsabilidad como autor del delito que se le imputa o bien si el A-quo debía dictar sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional en su caso, Este tribunal de alzada comparte la decisión de dictar Auto de formal procesamiento contra el encausado por los delitos de Conducción Temeraria y Desobediencia, por cuanto con la prueba aportada quedo debidamente acreditado que el día 14 de abril del año en curso a eso de las 11:30 de la mañana el ahora encausado se conducía en su vehículo, por el malecón de esta ciudad, cuando los policías Selvin Mendoza y Marvin Cruz, le hicieron señal de parada, sin que se detuviera, por lo que decidieron darle seguimiento y en lugar de bajar la velocidad, lo que hizo fue acelerar, provocando una persecución que termino cuando el señor Pandy Yates impacto en un vehículo, el cual a su vez impacto en otro vehículo que se encontraba parqueado en la parte de enfrente de este, la velocidad a la que conducía el encausado fue posible debido a que el hecho se suscito un día de Semana Santa, por lo que el tráfico vehicular era mucho menor de lo normal en esta ciudad; resolución que como se observa se ha limitado a transcribir los antecedentes del caso, a copiar la expresión y contestación de los agravios hechas por las partes, sin embargo en ningún momento ha dado respuesta a cada uno de los argumentos esgrimidos por la apelante ;de esta manera se aprecia que la resolución emitida por la alzada carece de una debida y suficiente motivación de hecho y de derecho y por ende si constituye una vulneración al debido proceso al colegir tal como lo señala la impetrante que la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ceiba departamento de Atlántida, en ningún momento ha razonado de una manera clara, lógica y coherente, respecto a cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le ha llevado a rechazar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el apelante, y por ende a estimar la concurrencia de los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos, de los delitos de CONDUCCION TEMERARIA Y DESOBEDIENCIA que se le atribuye al imputado, ya que al no razonar adecuadamente su decisión incumple en su deber de motivación, por lo que esta corte coincide con la impetrante en que no se cumplió con las garantías del debido proceso y al no dar respuesta a las consideraciones de hecho y de derecho planteadas por el recurrente el derecho de defensa queda afectado, porque en el seno de un proceso judicial una de las partes en este caso la defensa ha resultado impedida de ejercer los medios necesarios suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos por actos concretos de un tribunal de Alzada. CONSIDERANDO (12): Que el artículo 139 del código procesal penal impone la obligación de motivar las resoluciones, de forma suficiente, es decir no cualquier motivación, sino fundada en razón; igualmente con arreglo a lo previsto en el artículo 141 del Código Procesal Penal “….los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación….” De tal manera que en esta se expresaran cuales son “….los hechos y fundamentos de derechos en que se basa la resolución y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido….” Concluyendo que: “…….la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de los preceptos legales, no reemplazará la motivación…..” CONSIDERANDO (13): Que en virtud de los razonamientos, antes señalado, podemos afirmar que la deficiente motivación observada en la resolución objeto de amparo, vulnera la garantía Constitucional del debido proceso, el derecho constitucional a la defensa en juicio, y la garantía del recurso efectivo, puesto que al no expresar de una manera razonada cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le llevan a confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el Juez A-quo, el Tribunal de Apelación ha dificultado a la defensa el control que ésta pudiera ejercer de cara a una eventual impugnación a través de los recursos respectivos, no solamente ante el propio Tribunal responsable sino también ante el Tribunal o instancia superior. CONSIDERANDO (14): Que en virtud de todo lo anterior, y las comprobadas infracciones del derecho constitucional de inocencia al derecho de Defensa, que violenta el derecho de la garantía del debido proceso, por lo que hace que sea procedente el otorgamiento del amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 141, 358 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 42,47,49,51,63, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA. OTORGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, en su condición de apoderada de señor TOM PANDY YATES, contra la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós. y MANDA. Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución con observancia de lo plasmado en los acápites correspondientes, ante la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada, ello en relación a la confirmatoria del auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra del encausado. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1428-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.