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Sentencia AP-1422-22 — Registro 16017

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional que denegó sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa a favor de recurrente por su estado de salud; Pero determinó acciones para garantizarle su estado de salud, a quien se le supone responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida concluyó que el imputado puede ser tratado de sus padecimientos de forma ambulatoria y no concurren los presupuestos para sustituir su medida impuesta y las acciones de salud sean vigiladas por el Juez de Ejecución y no vulnerar sus derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en la resolución impugnada que confirmó el auto mediante el cual deniega la solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, a favor del señor Roosevelt Eduardo Avilez Lopez, ofreciendo para ello caución a favor de Estado, apreciando esta Sala que la resolución dictada por el Ad-Quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir, primero la Constitución y luego la Ley. En consecuencia, al denegar la sustitución de la medida cautelar presentada por el recurrente se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio porque se otorgue el amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor del señor ROOSELVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL, en fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós; en relación la causa instruida contra el señor ROOSELVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-Quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 59, 69, 84, 89 y 90 de la Constitución de la República y los Artículos 7.2, 8.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de junio de dos mil veintidós, el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ROOSELVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ compareció ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, Solicitando Revisión de Medidas a favor de su representado, a quien se le supone responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Manifestando el Peticionario que presentaba dicha solicitud en virtud de que el señor ROOSELVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ, se encontraba afectado de salud por enfermedades de base Diabetes e Hipertensión Arterial entre otras. (Folios 02–07 de la de antecedentes) 2) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebró Audiencia de Revisión de Medidas en cual resolvió: “…Este Tribunal en relación a la caución tampoco se pronunciaría porque considera que con todo ello no es procedente en este momento modificar la medida cautelar prisión preventiva o sustituir por un arresto domiciliario, pero si este Tribunal en atención a mantener y garantizar el estado de salud del señor Rooselvelt Eduardo Aviléz López, se ordenará lo siguiente: En principio es el Abogado defensor el que tiene esa cercanía con el mismo acusado, por ello cuando a este le den su alta, a través de sus familiares, deberán de indicar cuál es el tratamiento que debe de seguir pero esta manifestación o este escrito debe de presentarlo al Tribunal mediante un certificado médico que indique cual es el medicamento o los medicamentos que este requiere, cual es la diete que debe llevar, cuales son las citas programadas, eso en relación a lo que es la aplicación de la inyección que han indicado que solo un especialista en retinología puede aplicarla, debe indicar si debe ir a citas médicas, con que frecuencia, todo debe indicar el doctor en el alta, cual es el estado de salud con la cual sale el mismo y esto porque a través de estas instrucciones o recomendaciones que da el doctor, este Tribunal va girar un oficio al Instituto Nacional Penitenciario para que estos se encargue tal cual indique el médico tratante dar los medicamentos, que sean estos que den en tiempo al señor Rooselvelt Eduardo Aviléz López, y que en todo caso requerir a una asistencia médica urgente también se la proveen, además este mismo oficio se va librar con copia al Juzgado de Ejecución ya que son los encargados de vigilar las medidas que tiene cada uno de los privados de libertad, tomando en cuenta, que si el centro penal en algún momento no acata estas disposiciones, también el Juzgado de Ejecución tiene pleno conocimiento para hacer las correcciones que correspondan y también si el Abogado defensor en algunos de estos momentos, los familiares manifestaran que no se ha cumplido con lo ordenado por este Tribunal, debe de ponerlo en conocimiento a este Tribunal para hacer las gestiones pertinentes, el Abogado defensor tiene la obligación de presentar la calendarización de las citas médicas que tenga el señor Rooselvelt Eduardo Aviléz López, para coordinarlo con el Centro Penal, para que este no falle a ninguna de sus citas médicas, así como a la aplicación de inyecciones. Librar el oficio para que sea un enfermero que aplique el medicamento correspondiente y asimismo le de sus medicamentos al señor Rooselvelt Eduardo Aviléz López, reiteramos que se mantiene los presupuestos legitimadores para no poder cambiar la medida cautelar de prisión preventiva y por ello también todos los doctores han establecido que una vez que este mismo tome sus medicamentos y siga las indicaciones la salud de este sería estable hasta como actualmente se encuentra.…” (Folio 200 al 216 de la pieza de antecedentes) 3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) Declarar No Ha Lugar, el Recurso interpuesto por la Defensa privada, Abogado Fernando Alejandro Orellana Amaya y Confirmar la resolución apelada.…”. (Folios 244 al 248 de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor ROOSELVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ, contra la Resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 59, 69, 84, 89 y 90 de la Constitución de la República y los Artículos 7.2, 8.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 01 al 12 del presente Recurso) 5) Que en fecha diez de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 95 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, interpuso acción de amparo contra la resolución dictada en fecha dieciocho de agosto del dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, con relación a la causa instruida contra el señor ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone en el escrito de interposición del recurso de amparo que presenta el mismo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se declaró no ha lugar el recurso interpuesto por la defensa y confirma la resolución apelada, por considerar que dicha resolución establece en forma escueta como fundamento de la misma que “cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado… lo que analógicamente va en consonancia con el artículo 184 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que el órgano judicial en la etapa respectiva determine como criminalidad organizada las acciones delictivas (juicio oral) por la forma y modalidad como se ejecutaran las mismas, en el delito de lavado de activos más aún, si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida”. En este sentido, nunca ha sido objeto de discusión que exista sospecha de pertenencia del imputado a una organización delictiva, de cuyos medios se valga para infringir un temor racional en los intervinientes en el proceso. Sin olvidar la imposibilidad material de los demás supuestos, pues la prueba ya está recolectada y materialmente el imputado no puede influir, forzar o inducir a testigos, peritos y demás imputados en el proceso, además de ser evidente tal condición de su situación de salud particular. Con tal señalamiento, el Ad-Quem atribuye un contenido de peligrosidad criminal, entendida como la posibilidad de que un sujeto siga cometiendo delitos, siendo palmario, que la prisión preventiva no puede utilizarse en sede procesal cautelar para cumplir una función de ejemplaridad que un fin propio y exclusivo de las penas, por la sencilla razón que se impone a una persona de quien no se sabe aun si es culpable o no. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante expone además que, la gravedad de la pena posible a imponer al imputado como resultado del proceso, resulta ser el único sustento jurídico para mantener la prisión preventiva en el cual afinca la Corte de Apelaciones su decisión, toda vez que la gravedad del delito no es un requisito formal regulado en nuestra legislación penal para colegir un peligro de fuga conforme al artículo 178 numeral 1 y los supuestos del artículo 179 del Código Procesal Penal, sino que el legislador refiere a la gravedad del hecho en el artículo 174 párrafo segundo; este aspecto debe hacer referencia a la gravedad del delito, solo refleja una vez más la confusión del colegiado sobre la peligrosidad criminal con peligrosidad procesal, pretendiendo con ello una prosecución de la actividad delictiva (peligrosidad sustantiva) que no es una cuestión para neutralizarse con la prisión preventiva, porque ello significa confundir la prisión preventiva con una medida de seguridad de cárcel sustantivo, además de convertirla en una pena anticipada. Además, expone que, según la doctrina, la prisión preventiva debe tener únicamente una función de aseguramiento procesal, y no puede presentar una pena anticipada, debido a ello, debe decidirse siempre en el proceso la medida cautelar mas idónea y proporcionada de acuerdo al caso. Dicha prisión preventiva se mantiene por resolución de la Corte recurrida, basado únicamente en la gravedad de la pena posible a imponer como supuesto peligro de fuga del articulo 179 numeral 2 del Código Procesal Penal, ya que fácilmente podemos apreciar que dicha corte no analiza el fuerte arraigo del imputado en el país, omitiendo realizar un juicio de proporcionalidad de su situación personal frente a la imputación realizada por el Ministerio Público. CONSIDERANDO (6): Que, para el amparista, ni la doctrina ni el Código Procesal Penal en su artículo 179 reconocen que la gravedad de la pena debe considerarse de manera aislada para considerar el peligro de fuga y decretar la prisión preventiva (que por ser la mas gravosa debe tener siempre una aplicación restrictiva). En tal sentido, puede apreciarse, que se trata de una serie de parámetros de distintos aspectos que deben valorarse conjuntamente para poder decidir sobre el peligro de fuga, el listado establecido en la norma no tiene carácter taxativo, sino enumerativo, por lo cual, solo la gravedad de la pena no puede ser considerado de manera aislada para tomar el peligro de fuga como lo hace la autoridad recurrida, ya que se debe valorar tanto la gravedad de la pena a imponer como las circunstancias personales del imputado y en el presente caso, el señor Roosevelt Eduardo Avilez López acredito ampliamente sus condiciones de arraigo y moralidad. CONSIDERANDO (7): Que considera el recurrente que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós es contraria a los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 59, 69, 84, 89, 90 de la Constitución de la República por estimar que, con dicha resolución, el imputado ha recibido un trato de culpable que es lesivo al derecho constitucional invocado. De igual manera considera que se han violentado los artículos 7.2, 8.2 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (8): Que del análisis de la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, esta deja establecido en su motivación que una vez revisada el acta de la audiencia de revisión de medidas hasta el momento en que se encuentran las diligencias, este Ad-Quem estima que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regulación y obtención de las fuentes de la prueba, asimismo materializar la función institucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, objeto que se cumple garantizando la regular obtención de las fuentes de prueba y/o garantizando la presencia de la persona imputada durante la sustanciación del proceso penal. Que ya el Código Procesal Penal establece de manera puntual no solamente los presupuestos que deben acontecer par imponer las medidas cautelares personales sino también se señala de forma taxativa que medidas cautelares pueden ser aplicadas (artículo 173 del CPP) debiendo observar los principios de idoneidad, proporcionalidad e instrumentalidad, de tal manera que en los subsiguientes artículos se establece la forma de imposición, como pueden ser modificadas y la revocación de las mismas; pero no menos importante lo que contiene el artículo 439 que dice que en definitiva ”cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado…” lo que analógicamente va en concordancia con el artículo 184 del mismo cuerpo penal, sin perjuicio de que el órgano judicial en la etapa respectiva determine como criminalidad organizada las acciones delictivas (juicio oral) por la forma y modalidad como se ejecutaran las mismas en el delito de lavado de activos, más aun, sin existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida. Delito por el cual en el caso de mérito y al revisar la audiencia inicial, le fue decretado auto de formal procesamiento al imputado, quien como se encuentra documentado, padece de enfermedades como ser diabetes e hipertensión con un control metabólico de forma crónica, actualmente compensado. Resultando concluyente en el sentido de que el imputado puede ser tratado de sus padecimientos de forma ambulatoria y que como bien lo ha señalado el Tribunal de Sentencia, no concurren los presupuestos para la sustitución de la medida, siendo importante destacar el mandato del A-Quo a efecto de que dichas medidas sean vigiladas por el juez de ejecución para con ello no vulnerar derecho a la integridad, la vida y otros en el centro penitenciario en donde se encuentra cumpliéndola, por tanto, a este momento procesal y con la documentación aportada, es procedente que se declare no ha lugar el recurso interpuesto por la defensa y confirmar la resolución apelada. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente considera que con la resolución por la cual se intenta el presente recurso de amparo, se le han violentado derechos y garantías al señor Roosevelt Eduardo Avilez López, contenidas en los artículos 59, 69, 84, 89 y 90 de la Constitución de la República, artículos 7.2, 8.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por considerar que con dicha resolución el señor Roosevelt Eduardo Avilez ha recibido un trato de culpable, el cual es lesivo a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (10): Que la Corte de Apelaciones impugnada, señala que en el titulo VI, capitulo I del Código Procesal Penal, se establecen de manera puntual, no solamente los presupuestos que deben acontecer para imponer las medidas cautelares personales sino también, señala de forma taxativa que medidas cautelares pueden ser aplicadas, debiendo observar los principios de idoneidad, proporcionalidad e instrumentalidad, de tal manera que en los subsiguientes artículos, se establece la forma de interposición, como pueden ser modificados y la revocación de las mismas. Pero ya el artículo 439 del Código Penal establece que “cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado… lo que analógicamente va en consonancia con el artículo 184 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que el órgano judicial en la etapa respectiva determine como criminalidad organizada las acciones delictivas (juicio oral) por la forma y modalidad como se ejecutaran las mismas, en el delito de lavado de activos más aún, si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida. Delito por el cual, en el caso de mérito y al revisar la audiencia inicial, le fue decretado auto de formal procesamiento al imputado Avilez López, quien como bien se encuentra documentado padece de enfermedades como ser diabetes mellitus tipo 2, con mal control metabólico de forma crónica, actualmente compensado; hipertensión arterial estado III, cardiomiopatía dilatada de origen hipertensivo y diabético, disminución de la contractibilidad ventricular moderado a severo, sobrepeso, neuropatía diabética; asimismo, existen dos diferentes dictámenes, uno cuando no está ajustado a un tratamiento y otro cuando está en apego a su cuidado. Por tanto, es concluyente en el sentido que el imputado puede ser tratado de sus padecimientos de forma ambulatoria y que como bien lo ha señalado el Tribunal de Sentencia, no concurren los presupuestos para la sustitución de la medida, siendo importante destacar el mandato del A-Quo a efecto de que dichas medidas sean vigiladas por el juez de ejecución para con ello no vulnerar los derechos a la integridad, a la vida y otros en el centro penitenciario en donde se encuentra cumpliéndolas, por tanto, en este momento procesal y con la documentación aportada es procedente confirmar la resolución apelada y se declara no ha lugar el recurso interpuesto por la defensa. CONSIDERANDO (11): Que la finalidad constitucional legítima de las medidas cautelares es garantizar el desarrollo del proceso penal, asegurando el resultado del juicio. Para la aplicación de las medidas cautelares deberá considerarse el principio de necesidad en cuanto a la finalidad esencial de asegurar la eficacia del proceso, y el principio de proporcionalidad que implica que la medida cautelar debe estar debidamente adecuada a las circunstancias objetivas y subjetivas de caso concreto. En todo caso, el principio de proporcionalidad, impone la obligación de estimar siempre la medida cautelar que menos perjudique al imputado, ya en su persona como, igualmente, en su reputación y patrimonio,[1] atendiendo el hecho de que la medida no solo debe estimarse como necesaria sino que debe ser idónea al caso y subsidiaria a cualquier otra que pueda cumplir efectivamente con la finalidad perseguida, lo que exige un juicio de razonabilidad en cuanto a la mencionada finalidad y las circunstancias concurrentes al caso concreto.[2] CONSIDERANDO (12): Que la medida cautelar de rendimiento de caución suficiente a favor del imputado, tiene su base y fundamento en la Constitución de la República en su artículo 93 que a la letra dice: “Aun con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley. Por su parte el Código Procesal Penal en su artículo 173 No. 10 dispone: “La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona de cualquiera de las garantías siguientes: Depósito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza personal. En ese orden de ideas, la aplicación de medidas cautelares como la caución por parte de imputado es legítima constitucionalmente. CONSIDERANDO (13): Que uno de los elementos fundamentales que caracterizan el Estado de Derecho en los regímenes que poseen una constitución escrita es el principio de la Supremacía de la Constitución, según el cual esta última prima sobre cualquier otra norma jurídica o acto que emane del Estado. El principio de supremacía constitucional lo encontramos en el artículo 320 de la Constitución de la República que dispone: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera”. Frente a la ley suprema, aquella del órgano derivado instituido (el congreso) que la contradice no debe tener ninguna aplicación porque carece de valor. Disposiciones constitucionales que en el caso concreto se vinculan al precepto constitucional en su artículo 93 que dice: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley” en relación con el artículo 64 constitucional, que establece: “No se aplicarán leyes ni disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, a la vez relacionados con el artículo 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. De la supremacía de la Constitución, que literalmente dice: “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y la ley”. En ese orden de ideas no existe justificación legal que permita contrariar un precepto constitucional aplicando una norma secundaria, lo contrario implica una resolución arbitraria contra derecho. CONSIDERANDO (14): Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2.1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO (16): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (17): Que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, en el caso de autos, el recurrente señala que la resolución impugnada que declara no ha lugar el recurso interpuesto por la defensa y confirma la resolución apelada. Analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en la resolución impugnada que confirmó el auto mediante el cual deniega la solicitud de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, a favor del señor Roosevelt Eduardo Avilez Lopez, ofreciendo para ello caución a favor de Estado, apreciando esta Sala que la resolución dictada por el Ad-Quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir, primero la Constitución y luego la Ley. En consecuencia, al denegar la sustitución de la medida cautelar presentada por el recurrente se constata la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, por todo ello la Sala es del criterio porque se otorgue el amparo interpuesto. CONSIDERANDO (18): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90,93, 183, 303, 313 No.5, y 316Y 320 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 172, 173 numeral 10 del Código Procesal Penal; Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintidós en la acción de amparo interpuesta por el abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor del señor ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1422-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Las Medidas Cautelares en el Nuevo Proceso penal. Tegucigalpa, Honduras. Abril 2001. Litocom, S de R.L. Pág. 15.

[2] Barona Vilar, Silvia. Con Montero Aroca, Gómez Colomer y Montón Redondo. Derecho Jurisdiccional III, mencionado por Cuellar Cruz Rigoberto en Las Medidas Cautelares en el Nuevo Proceso Penal.

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod