Sentencia AP-1419-22 — Registro 17475
Resumen
Otorgamiento de amparo en consulta contra denegatoria de sobreseimiento con relación a la causa instruida contra imputados, por suponerlos responsables del delito de Usurpación,sin ser parte en el proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."3): Que vista para estudio la sentencia en consulta, observa la Sala de lo Constitucional que ésta ha efectuado correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales que es propio de la Justicia Constitucional; en particular, en lo atinente a reforzar la plena vigencia del principio de legalidad, basal para el Estado de Derecho y para la efectividad del derecho de defensa, al debido proceso y al principio de estado de Inocencia, contenidos en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, inter alia, invocados como infringidos por parte del Abogado recurrente; en vista acreditarse que se ha vinculado a las personas agraviadas a un proceso penal instaurado, sin haber sido previamente imputadas, ni habidas en juicio para permitirles el ejercicio del derecho de defensa; al habérseles dictado la medida cautelar de desalojo, en forma genérica e indirecta, en inminente detrimento a sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (4): Que, la Sala de lo Constitucional, en fallo de Amparo No. 557-12, de 30 de julio de 2013, citado pertinente y relevantemente por la sentencia consultada, expresó en un caso, por el delito de USURPACIÓN, lo siguiente: “(…) En el proceso penal, en sentido material, parte es sólo el inculpado, el sospecho (Sic.) de haber cometido el delito y a efectos legales, es imputado formalmente y en razón de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal, quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal es considerado responsable de haber participado en el delito. Es así que surge de esta norma, la obligación del ente acusador de identificar plenamente al momento de instar la acción penal a la o las personas inculpadas, de forma tal que no haya lugar a deducciones de quienes pueden ser las personas contra quien se ha comenzado la persecución penal, sino que el señalamiento de límite a las personas determinadas que surjan como sospechosas a raíz de la investigación seria y formal realizada; y a su vez surgen una serie de derechos para las personas imputadas, ya que siendo objeto del proceso todas las decisiones que se tomen por los órganos jurisdiccionales, deben serles no sólo comunicadas, sino que de ser posible contando con su presencia y participación, a efecto de que el Principio de Contradicción que caracteriza el Proceso Penal y el Derecho Constitucional de la Defensa, entre otros (…), garanticen la transparencia en el ejercicio estatal del Ius Puniendi”.[1] CONSIDERANDO (5): Que, en tal concepto, es parecer de la Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones concernida, ha actuado el marco que es propio de la justicia constitucional, haciendo adecuada aplicación de la preceptiva aplicable, así como explicitación razonada de los criterios empleados para determinar la situación de indefensión legal, y de vulneración al debido proceso, sufridos por las señoras Maria Leonsa Rivera, Reyna Margarita Espinoza Castillo, Melida Mendoza Izaguirre y Dorinda Mendoza Izaguirre; lo cual amerita la protección constitucional que dimana de la garantía de amparo, por lo cual resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgando el recurso de amparo promovido por el Abogado Héctor Andrez Contreras Licona, a favor de las señoras Maria Leonsa Rivera, Reyna Margarita Espinoza Castillo, Melida Mendoza Izaguirre y Dorinda Mendoza Izaguirre, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Juan Carlos Ponce Leiva Juan Gonzales Márquez, Maribel Rodriguez, Carlos Eduardo Diaz Migueles, Osman Orlando Escobar Euceda, Juan Maldonado Carrasco, Juan Antonio Rodríguez Villanueva, Maria Luisa Castañeda, Brayan Adonay Ávila Reyes y Ramón Antonio Caballero Pineda, por suponerlos responsables del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil Inversiones Tajumulco, S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representadas, los derechos consagrados en el artículo 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada María M. Bonilla Velásquez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Juan Carlos Ponce Leiva Juan Gonzales Márquez, Maribel Rodriguez, Carlos Eduardo Diaz Migueles, Osman Orlando Escobar Euceda, Juan Maldonado Carrasco, Juan Antonio Rodríguez Villanueva, Maria Luisa Castañeda, Brayan Adonay Ávila Reyes y Ramón Antonio Caballero Pineda, por suponerlos responsables del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil Inversiones Tajumulco, S.A. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha dos de junio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la audiencia preparatoria y de proposición de pruebas en sucesión, emitió la siguiente resolución: (Sic) “…PRIMERO: SIN LUGAR EL DECRETO DE SOBRESEIMIENTOS solicitados por las defensas de los señores LUCILA SUYAPA GONZALES MARQUEZ,MARIBEL RODRIGUEZ, JUAN MALDONADO CARRASCO, JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLANUEVA, 5RAMON ANTONIO CABALLERO PINEDA, como imputados por la comisión del ilícito penal tipificad como USURPACIÓN en perjuicio de la empresa INVERSIONES TAJUMULCO, S.A., SEGUNDO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los imputados LUCILA SUYAPA GONZALES MARQUEZ, MARIBEL RODRIGUEZ, JUAN MALDONADO CARRASCO, JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VILLANUEVA, RAMON ANTONIO CABALLERO PINEDA, por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de la empresa INVERSIONES TAJUMULCO, S.A., TERCERO: como MEDIDA CAUTELAR se mantiene la presentación periódica ante el órgano jurisdiccional asignado a cada imputado arriba indicado. CUARTO: se ORDENA EL DESALOJO, de los ocupante del bien inmueble ubicado en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, departamento de Cortés, cuya medidas son 111,918.38 Metros cuadrados equivalentes a 160,520-06 Varas cuadradas, inscrito ante el Instituto de la Propiedad bajo la matricula 1171321 del asiento 10, con clave GP330Z-00-32, cuyas medidas y colindancias son al norte con propiedad de Efrain Pineda, Cerámicas Industriales, S.A., y del señor Cristóbal Flores, al sur con propiedad de Felipe Faraj antes de Dr. Cristóbal Flores, al este con propiedad de la Azucarera Hondureña, S.A., línea férrea de por medio, al oeste carretera del norte de por medio, para la práctica del mismo se nombra como JUEZ EJECUTOR a la Abogada Linda Betsabe Cerrano, Juez de Paz de la sección judicial de Villanueva, departamento de Cortés, quien deberá de seguir las recomendaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1966.- Desalojo voluntario que deberá de tener un término de veinticinco días para su cumplimiento una vez que la Juez notifique esta resolución, concluido el mismo y de no ser acatado deberá de realizarse el desalojo forzoso, para lo cual la Ejecutora deberá de hacer valer de los Derechos Humanos, Policial Nacional y Policial Militar para la ejecución del desalojo. Se ordena en consecuencia librar comunicación a la ejecutara nombrada para que proceda a juramentación y practica de su deber como tal. QUINTO: Se ordena a la Secretaria Ninoska Chavarria proceda a incorporar el restante de acta de declaración de imputado de fecha 19-4-2022, puesto que no se cuenta, por lo que Secretaria Adscrita a de poner en conocimiento a Secretaría General encargada de la custodia de los proceso. SEXTO: Para la realización de AUDIENCIA PRELIMINAR se señala el día MARTES TREINTA DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA. De esta manera se da por concluida la resolución con la que se concluye audiencia inicial…” (Folios 296-298 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Héctor Andrez Contreras Licona, a favor de las señoras Maria Leonsa Rivera, Reyna Margarita Espinoza Castillo, Melida Mendoza Izaguirre y Dorinda Mendoza Izaguirre, contra la resolución referida en el numeral que antecede, argumentando el recurrente que dicha resolución le vulnera a sus representadas, los derechos consagrados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 del antecedente) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la falló: “…OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR ANDREZ CONTRERAS LICONA, en su condición de Apoderado Legal, y a favor de las señoras MARIA LEONSA RIVERA, REYNA MARGARITA ESPINOZA CASTILLO, MELIDA MENDOZA IZAGUIRRE Y DORINDA MENDOZA IZAGUIRRE contra LA RESOLUCIÓN DE FECHA DOS (02) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS PENAL, DE ÉSTA SECCIÓN JUDICIAL en relación a la causa instruida contra LUCILA SUYAPA GONZALES, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ VILLANUEVA Y RAMÓN ANTONIO CABALLERO PINEDA, por suponerlos responsables del delito USURPACIÓN en perjuicio de LA EMPRESA INVERSIONES TAJUMULCO S.A. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta la Honorable Corte Suprema de Justicia.…” . (Folios 41-46 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha fundamentado el otorgamiento de la referida acción de amparo en haberse comprobado los extremos fácticos y jurídicos de la presente acción de amparo; por lo cual, las actuaciones realizadas por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés; en la causa instruida contra Juan Carlos Ponce Leiva Juan Gonzales Márquez, Maribel Rodriguez, Carlos Eduardo Diaz Migueles, Osman Orlando Escobar Euceda, Juan Maldonado Carrasco, Juan Antonio Rodríguez Villanueva, Maria Luisa Castañeda, Brayan Adonay Ávila Reyes y Ramón Antonio Caballero Pineda, por suponerles responsables del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil Inversiones Tajumulco, S.A.; resultan violatorias a las garantías y derechos invocados por el recurrente, Abogado Héctor Andrez Contreras Licona, en promoción de su acción constitucional, respecto a las señoras Maria Leonsa Rivera, Reyna Margarita Espinoza Castillo, Melida Mendoza Izaguirre y Dorinda Mendoza Izaguirre, quienes han sido objeto de orden de desalojo por parte del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el proceso penal por el delito de Usurpación, a que se ha hecho previa referencia; sin haber sido escuchadas en audiencia inicial, permitiéndoseles un efectivo ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y de igualdad ante la Ley. CONSIDERANDO (3): Que vista para estudio la sentencia en consulta, observa la Sala de lo Constitucional que ésta ha efectuado correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales que es propio de la Justicia Constitucional; en particular, en lo atinente a reforzar la plena vigencia del principio de legalidad, basal para el Estado de Derecho y para la efectividad del derecho de defensa, al debido proceso y al principio de estado de Inocencia, contenidos en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, inter alia, invocados como infringidos por parte del Abogado recurrente; en vista acreditarse que se ha vinculado a las personas agraviadas a un proceso penal instaurado, sin haber sido previamente imputadas, ni habidas en juicio para permitirles el ejercicio del derecho de defensa; al habérseles dictado la medida cautelar de desalojo, en forma genérica e indirecta, en inminente detrimento a sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (4): Que, la Sala de lo Constitucional, en fallo de Amparo No. 557-12, de 30 de julio de 2013, citado pertinente y relevantemente por la sentencia consultada, expresó en un caso, por el delito de USURPACIÓN, lo siguiente: “(…) En el proceso penal, en sentido material, parte es sólo el inculpado, el sospecho (Sic.) de haber cometido el delito y a efectos legales, es imputado formalmente y en razón de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal, quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal es considerado responsable de haber participado en el delito. Es así que surge de esta norma, la obligación del ente acusador de identificar plenamente al momento de instar la acción penal a la o las personas inculpadas, de forma tal que no haya lugar a deducciones de quienes pueden ser las personas contra quien se ha comenzado la persecución penal, sino que el señalamiento de límite a las personas determinadas que surjan como sospechosas a raíz de la investigación seria y formal realizada; y a su vez surgen una serie de derechos para las personas imputadas, ya que siendo objeto del proceso todas las decisiones que se tomen por los órganos jurisdiccionales, deben serles no sólo comunicadas, sino que de ser posible contando con su presencia y participación, a efecto de que el Principio de Contradicción que caracteriza el Proceso Penal y el Derecho Constitucional de la Defensa, entre otros (…), garanticen la transparencia en el ejercicio estatal del Ius Puniendi”.[1] CONSIDERANDO (5): Que, en tal concepto, es parecer de la Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones concernida, ha actuado el marco que es propio de la justicia constitucional, haciendo adecuada aplicación de la preceptiva aplicable, así como explicitación razonada de los criterios empleados para determinar la situación de indefensión legal, y de vulneración al debido proceso, sufridos por las señoras Maria Leonsa Rivera, Reyna Margarita Espinoza Castillo, Melida Mendoza Izaguirre y Dorinda Mendoza Izaguirre; lo cual amerita la protección constitucional que dimana de la garantía de amparo, por lo cual resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 54, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), la cual otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado HÉCTOR ANDREZ CONTRERAS LICONA, a favor a favor de las señoras MARIA LEONSA RIVERA, REYNA MARGARITA ESPINOZA CASTILLO, MELIDA MENDOZA IZAGUIRRE Y DORINDA MENDOZA IZAGUIRRE. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1419-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: Considerando (3), a folio 44 de la sentencia venida en Consulta.