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Sentencia AP-1417-21 — Registro 17474

Resumen

con relación a la causa instruida en concurso real por los delitos de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, Robo, Robo de Vehículo Automotor y Privación Injusta de la Libertad, concluye impetrante que es procedente únicamente aplicar un beneficio en cuanto a la totalidad de las penas acumuladas, y que no debió otorgarse el beneficio de conmuta ni el de libertad condicional por exceder el cómputo de cinco años de reclusión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Sala de lo Constitucional puede, por mandato legal, separarse de su propia doctrina legal, así lo determina el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Se debe mencionar que existen respuestas emanadas por la Sala de lo Constitucional que sostienen dos posturas jurisprudenciales distintas, una es la que avala el impetrante, consistente en que, aun y cuando se haya condenado al imputado sin hacer mención de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, por distintos tipos penales y en la audiencia de individualización de pena se haya impuesto las penas de manera individual a cada delito, debe aplicarse el contenido del artículo 35 del Código Penal, al momento de solicitar el beneficio de libertad condicional o de conmutas de penas impuestas. Es decir que, el Juez de ejecución debe determinar la acumulación de penas, cual concurso real, y denegar los beneficios de libertad condicional y conmutas aún y cuando el acusador no lo haya solicitado. La otra postura, -la postura de la alzada, en este caso- es que es necesario que el Ministerio Público o el acusador privado haga uso de los momentos procesales oportunos para peticionar que se condene al o los imputados a determinadas penas en “concurso real”, al hacerlo sí, el Juzgador, al momento de imponer la pena, lo hará condenando al reo por la sumatoria de cada una de las penas impuestas, teniendo como consecuencia la negativa de los beneficios de libertad condicional y conmutas, si ese fuera el caso. CONSIDERANDO (7): Que, con observancia a las leyes sustantivas y adjetivas en materia penal y de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Resolución adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; y de la Ley de Rehabilitación del Delincuente, y para ser garante de un debido proceso penal, es necesario que el ente Fiscal o el acusador privado, en su caso, utilicen los momentos procesales oportunos para exponer al Juez, desde un inicio (el fiscal en su escrito de requerimiento fiscal y el acusador privado en su escrito de adhesión a aquel); en la audiencia inicial, en la audiencia preliminar y en el juicio oral, su pretensión consistente en que se determine que los delitos fueron cometidos en concurso real, y si se comprueba esta postura, esta Sala determina como lo ha dicho en otras sentencias que. “…la intención del legislador y auténtico espíritu del artículo 35 antes citado, en cuanto a la condena a varias infracciones penales o concurso real, es que las mismas se cumplan acumuladas, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse en forma simultánea, de tal manera que, si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, el condenado no podrá solicitar el beneficio de la conmuta. Otra interpretación comportaría un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho que concede beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado límite en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados”.- Se debe subrayar lo elemental de la petición del acusador, y esto es así, en virtud de que se le garantiza al imputado que su defensor ejerza la defensa técnica con relación a esta postura, pues conoce cuál sería la consecuencia final, es decir, si hay una acumulación de penas no habrá posibilidad de concederse los beneficios de libertad condicional y o conmutas, y si no se solicitó, no hubo oportunidad de rebatir este planteamiento, por lo que las penas se cumplirán de manera autónoma, debiéndose aplicar los beneficios supra, como en el caso de autos. CONSIDERANDO (8): Que, el artículo 35 del Código Penal que establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, una vez expuesto por la parte acusadora, debe ser valorado cuidadosamente por el juez natural y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto al momento de realizar el cómputo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga; situación procesal de la que el Tribunal de alzada ha sido garante, prevaleciendo el derecho a la defensa, el principio derecho a la legalidad y en consecuencia el debido proceso, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Sandra Lorena Zuniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Brayan Daniel Medina Alvarado, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, Robo, Robo de Vehículo Automotor y Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio del señor Roberto López Quan. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de enero de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Agente Fiscal, Abogado Virgilio Francisco Carias Gómez, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Brayan Daniel Medina Alvarado, por suponerlo responsable de los delitos de Robo de Vehículo Automotor, Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio de los señores Roberto Agustín López Quan y Omar Exequiel Ruiz Rivera (el robo de vehículo); por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. (Folios 2-3 vuelto del expediente del A-quo) 2) En fecha dos de marzo de dos mil veinte, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió sentencia interlocutoria, mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: Declarar con lugar la solicitud de libertad condicional a favor del señor BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO; la que será, durante el tiempo que le falta por cumplir la pena impuesta siendo hasta el veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022). SEGUNDO: Imponer al señor BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO, las medidas de seguridad siguientes: A.- La Libertad Vigilada la cual conlleva: 1.- Que el beneficiario concurra a la secretaria de este Juzgado, cada mes en fecha veintiséis (26) a partir del mes de marzo, debiendo el condenado señalar el domicilio en el cual residirá quedando entendido que cualquier cambio deberá notificarlo. 2.- Se le prohíbe concurrir al domicilio o lugar de trabajo de la víctima; 3.- Deberá someterse a terapia psicológica con la psicóloga adscrita a esta judicatura por el término de ocho (8) meses; y como regla de conducta se le impone la prohibición de portar armas de fuego por el término de un (1) año. Quedando el condenado entendido y advertido que si durante el período de prueba cometiere un nuevo delito o violare las medidas de seguridad a él impuestas dará lugar a la revocación de este beneficio. TERCERO: Declarar con lugar la solicitud de conmuta de pena de reclusión por pago en efectivo planteada a favor del señor BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; ROBO en perjuicio de ROBERTO LOPEZ QUAN Y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio de ROBERTO LOPEZ QUAN; por las razones arriba expuestas, señalando en consecuencia como cuantía de la conmuta la cantidad de CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.40,150.00), cantidad que deberá hacer efectiva a favor de la Tesorería General de la República. CUARTO: Una vez acreditado mediante el recibo correspondiente, el pago de la cuantía establecida por este Juzgado se libre la carta de libertad provisional a favor de BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO. Sin perjuicio de registrar otro proceso o condenas y enviar oficio de excarcelación al director del Centro Penitenciario de llama, Santa Bárbara, para el condenado. NOTIFIQUESE. -…” (Folio 196- 199 vuelto del expediente del A-quo) 3) Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada Rosa Eva Ramírez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y del Abogado Oscar Rolando Ruiz Martínez, en su condición de Procurador General de la República, ambos, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República, contra la resolución de fecha Dos (2) de Marzo del año Dos Mil Veinte (2020) mediante la cual la Juez de ejecución otorgó el beneficio de Libertad Condicional por el delito de ROBO DE VEHÍCULO y conmuta de las penas por los delitos de ROBO y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio de ROBERTO LÓPEZ QUAN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución venida en apelación.- Y MANDA: Que se notifique la presente resolución a las partes personadas en el recurso y con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos legales pertinentes.” (Folios 45-49 vuelto de la pieza del Ad-quem) 4) Que la recurrente, la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, y confirmó la referida resolución del A-quo; por considerar que los beneficios otorgados en el caso son conforme a derecho, ya que al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido cuatro hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de ellos, cuatro infracciones independientes, normadas en tipos penales diferentes y que cuatro de ellas al no exceder los cinco años de reclusión, es conmutable por dinero. CONSIDERANDO (3): Que el planteamiento formalizado en la acción de amparo interpuesto por la fiscal SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, consiste en que la resolución recurrida vía demanda amparo es violatoria de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República que regulan el debido proceso, y el principio de legalidad. CONSIDERANDO (4): En la formalización de la demanda de amparo, la garantista desarrolla el concepto de la violación de la garantía constitucional, señalando que al confirmar la Corte de Apelaciones la procedencia del beneficio de Libertad Condicional por el delito de Robo de vehículo y la conmuta de pena de reclusión por pago en dinero en efectivo de los delitos de robo, portación ilegal de armas y privación injusta de la libertad, vulnera el debido proceso, y el principio de legalidad, pues la sentencia dictada por la Corte recurrida se basa en que el imputado fue juzgado y condenado por haber cometido cuatro hechos constitutivos de cuatro tipos penales diferentes, totalmente separados uno de los otros teniendo como consecuencia que en la etapa de ejecución, se cumplan las penas de manera independiente, siendo improcedente la acumulación de penas. Expone la recurrente que esa decisión jurisprudencial no es conforme a derecho pues inaplica lo establecido en el artículo 35 del Código Penal, y apunta que si bien, de la sentencia no se advierte la acumulación de penas, ello no debe incidir para inobservar lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, disposición que manda la forma en se deben cumplir las penas. CONSIDERANDO (5): En el presente caso se dictó una sentencia definitiva condenando al imputado, señor BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO; responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: 1.- Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de Omar Exequiel Ruiz Rivera, 2.- Robo Agravado y 3.-Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio de los señores Roberto Agustín López Quan y Omar Exequiel Ruiz Rivera; y 4.- por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, determinándose la pena correspondiente a cada uno de ellos de conformidad al artículo 338 del Código Procesal Penal. Manifiesta la recurrente que no es procedente lo efectuado por el Ad-quem de aplicar un beneficio para cada delito en forma independiente, y concluye que es procedente únicamente aplicar un beneficio en cuanto a la totalidad de las penas acumuladas, y que no debió otorgarse el beneficio de conmuta ni el de libertad condicional por exceder el cómputo de cinco años de reclusión. El Ministerio Público cita como precedente jurisprudencial, la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha seis de febrero de 2019 en el recurso de amparo SCO0146-2018, sentencia que otorga el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Público contra una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones confirmando el beneficio de libertad condicional por un delito y la conmuta de las penas de otros delitos al que fue condenado, aun y cuando no hubo en todo el juicio, un pronunciamiento por la parte acusadora de su pretensión de una condena en concurso real, de la cual el imputado se pudiera hacer uso de la defensa técnica que le garantiza el bloque de constitucionalidad. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional puede, por mandato legal, separarse de su propia doctrina legal, así lo determina el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Se debe mencionar que existen respuestas emanadas por la Sala de lo Constitucional que sostienen dos posturas jurisprudenciales distintas, una es la que avala el impetrante, consistente en que, aun y cuando se haya condenado al imputado sin hacer mención de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal, por distintos tipos penales y en la audiencia de individualización de pena se haya impuesto las penas de manera individual a cada delito, debe aplicarse el contenido del artículo 35 del Código Penal, al momento de solicitar el beneficio de libertad condicional o de conmutas de penas impuestas. Es decir que, el Juez de ejecución debe determinar la acumulación de penas, cual concurso real, y denegar los beneficios de libertad condicional y conmutas aún y cuando el acusador no lo haya solicitado. La otra postura, -la postura de la alzada, en este caso- es que es necesario que el Ministerio Público o el acusador privado haga uso de los momentos procesales oportunos para peticionar que se condene al o los imputados a determinadas penas en “concurso real”, al hacerlo sí, el Juzgador, al momento de imponer la pena, lo hará condenando al reo por la sumatoria de cada una de las penas impuestas, teniendo como consecuencia la negativa de los beneficios de libertad condicional y conmutas, si ese fuera el caso. CONSIDERANDO (7): Que, con observancia a las leyes sustantivas y adjetivas en materia penal y de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Resolución adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; y de la Ley de Rehabilitación del Delincuente, y para ser garante de un debido proceso penal, es necesario que el ente Fiscal o el acusador privado, en su caso, utilicen los momentos procesales oportunos para exponer al Juez, desde un inicio (el fiscal en su escrito de requerimiento fiscal y el acusador privado en su escrito de adhesión a aquel); en la audiencia inicial, en la audiencia preliminar y en el juicio oral, su pretensión consistente en que se determine que los delitos fueron cometidos en concurso real, y si se comprueba esta postura, esta Sala determina como lo ha dicho en otras sentencias que. “…la intención del legislador y auténtico espíritu del artículo 35 antes citado, en cuanto a la condena a varias infracciones penales o concurso real, es que las mismas se cumplan acumuladas, variando en lo concerniente a su cumplimiento sucesivo de no poder hacerse en forma simultánea, de tal manera que, si la suma total de las penas de reclusión supera los cinco años, el condenado no podrá solicitar el beneficio de la conmuta. Otra interpretación comportaría un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho que concede beneficios sustitutivos de las penas privativas de libertad hasta un determinado límite en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados”.- Se debe subrayar lo elemental de la petición del acusador, y esto es así, en virtud de que se le garantiza al imputado que su defensor ejerza la defensa técnica con relación a esta postura, pues conoce cuál sería la consecuencia final, es decir, si hay una acumulación de penas no habrá posibilidad de concederse los beneficios de libertad condicional y o conmutas, y si no se solicitó, no hubo oportunidad de rebatir este planteamiento, por lo que las penas se cumplirán de manera autónoma, debiéndose aplicar los beneficios supra, como en el caso de autos. CONSIDERANDO (8): Que, el artículo 35 del Código Penal que establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, una vez expuesto por la parte acusadora, debe ser valorado cuidadosamente por el juez natural y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto al momento de realizar el cómputo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga; situación procesal de la que el Tribunal de alzada ha sido garante, prevaleciendo el derecho a la defensa, el principio derecho a la legalidad y en consecuencia el debido proceso, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, y 35 del Código Penal vigente; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Brayan Daniel Medina Alvarado, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, Robo, Robo de Vehículo Automotor y Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio del señor Roberto López Quan.. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA.ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1417-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL