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Sentencia AP-1406-21 — Registro 17473

Resumen

Auto de Formal Procesamiento en contra de imputado por suponerlo responsable de los delitos de DESCOMBRO Y DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO FORESTAL

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en afirmar que quedó demostrado en la audiencia inicial celebrada, que el encausado cometió los delitos imputados, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un Auto de Formal Procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial, celebrada en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la causa instruida contra el señor FERNANDO FRANCISCO ANDURAY DIAZ, por suponerlo responsable de los delitos de DESCOMBRO, APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTO FORESTAL EN SU MODALIDAD AGRAVADOS Y DAÑOS, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS, SANAA. Estima la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas LORENA FERNANDEZ MEZA y NOEMY BRUNER MONCADA, actuando en su condición de AGENTES DE TRIBUNALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra el señor FERNANDO FRANCISCO ANDURAY DIAZ por suponerlo responsable de los delitos de DESCOMBRO, APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTO FORESTAL EN SU MODALIDAD AGRAVADOS Y DAÑOS, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS, SANAA. (Folios del 2-8 del Tomo I, de la pieza de antecedentes del A-Quo). 2) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado relacionado, celebró audiencia inicial, mediante la cual resolvió: (Sic): “Primero: Accede a lo solicitado parcialmente por el Ministerio Público y por la defensa privada.- Segundo: Se le dicta el Auto de Formal Procesamiento al Señor FERNANDO FRANCISCO ANDURAY DIAZ por suponerlo responsable de los delitos de DESCOMBRO Y DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.- Tercero: Se le mantienen las medidas cautelares dictadas en la audiencia de imputado.- Cuarto: Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor FERNANDO FRANCISCO ANDURAY DIAZ por el delito de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO FORESTAL, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.- Quinto: Ordena al secretario del despacho que proceda a extender la carta de libertad definitiva por el delito de Aprovechamiento Ilegal de Producto y Subproducto Forestal, sin perjuicio de que si la Corte revoca dicho sobreseimiento la misma queda sin ningún valor y efecto…” (Folios del 88-118fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-Quo). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada NOEMY BRUNER MONCADA, actuando en su condición de AGENTE DE TRIBUNALES DEL MINISTERIO PÚBLICO y los abogados GERMAN DANIEL LICONA MOYA y ROSMELL JOSE LANZA ORELLANA, en su condición de representantes procesales del señor FERNANDO FRANCISCO ANDURAY DIAZ, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de junio del año dos mil veintiuno (2021) dictó resolución a través de la cual Resolvió: (Sic): “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público Abogada Noemy Bruner Moncada, y CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo por el delito de Aprovechamiento Ilegal de Producto ó Sub-Producto Forestal, sin Fines Comerciales en perjuicio del Medio Ambiente. 2.- HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa, Abogados German Daniel Licona Moya y Rosmell José Lanza Orellana, Por MAYORÍA se REVOCA el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Descombro y se CONFIRMA por UNANIMIDAD el auto de formal procesamiento por el delito de DAÑOS AGRAVADOS. Siendo disidente por el delito de Descombro la Magistrada Erika Geraldina Dubon Padilla quien emite su voto particular…” (Folios del 472-494fv del Tomo I, de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1–10 de los autos) 5) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37[1] de la Ley del Ministerio Público. (Folio 62 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, misma que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha once de junio del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y declara HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada del encausado, contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo y que fuere dictada en audiencia inicial, celebrada en fecha 18 de noviembre del año 2019, confirmando por unanimidad de votos, el sobreseimiento definitivo por el delito de Aprovechamiento Ilegal de Producto o Sub-producto Forestal, sin fines comerciales y por mayoría de votos revoca el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Descombro y confirma por unanimidad de votos el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Daños Agravados. CONSIDERANDO (4): Que en la acción constitucional promovida, la recurrente se muestra inconforme con la resolución adoptada por el Tribunal de Alzada, argumentando que se aprecia la vulneración al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, al carecer de una motivación suficiente, ya que el razonamiento externado por el Ad-quem únicamente se limitó a establecer que el Decreto PCM 03-2016, surge a raíz de la emergencia por la plaga del gorgojo descortezador en el año 2015, citando el artículo 15[2] del referido Decreto, el que a criterio de la recurrente se inobserva en la motivación de la resolución que se recurre en Amparo, deber de motivación reconocido en nuestra Constitución e instrumentos internacionales y desarrollado en el artículo 202[3] del Código Procesal Penal; reitera la pedidora que el Ad-quem únicamente apoyo su decisión en lo enunciado en el precitado Decreto PCM 03-2016, sin analizar lo establecido en el Acuerdo número 002-2016, que establece la normativa especial para la extracción de productos o sub productos forestales de las áreas plagadas y de las fajas de control en áreas nacionales, ejidales y privadas, en el que tiene por objeto establecer las disposiciones y regulaciones a que serán sometidas las personas naturales o jurídicas que realicen extracciones. CONSIDERANDO (5): Continua exponiendo la recurrente que de los autos se aprecia que el señor Fernando Francisco Anduray Diaz, Descombro y cometió el delito de Aprovechamiento Ilegal de Producto o Sub Producto Forestal en su modalidad agravados, en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras, al haberse acreditado tanto el indicio racional de la preexistencia de cada uno de los delitos imputados, como la participación que en los mismos tiene el señor Fernando Francisco Anduray Diaz, ya que su actuar se enmarca en lo establecido en las normas legales contenidas en los artículos 172 y 179 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, relacionada con el artículo 192 del mismo cuerpo legal. Asimismo, y en forma lacónica se hace referencia a la vulneración del principio de legalidad, realizando únicamente un breve concepto de lo que se debe entender por este principio. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[4], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[5]. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[6]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[7], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[8] CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es importante determinar si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha once de junio del año dos mil veintiuno, al declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Sobreseimiento Definitivo por el delito de Aprovechamiento Ilegal de Producto o Sub producto Forestal, sin fines comerciales, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (10): Que de los argumentos expuestos por la recurrente ésta señala que la resolución externada por la Alzada se muestra carente de una motivación suficiente, pues apoyo su decisión únicamente en lo dispuesto en el Decreto PCM 03-2016, sin analizar lo establecido en el Acuerdo número 002-2016 que establece la normativa especial para la extracción de productos o sub productos forestales de las áreas plagadas; de la lectura de la resolución impugnada en esta vía constitucional, se puede apreciar que el Tribunal de Alzada realiza una motivación lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional impetrada, este Alto Tribunal advierte que la recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “… de la lectura de la resolución impugnada, se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, vulneró el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, al carecer de una motivación suficiente…”, argumento que no es de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio al debido proceso.CONSIDERANDO (11): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en afirmar que quedó demostrado en la audiencia inicial celebrada, que el encausado cometió los delitos imputados, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un Auto de Formal Procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha ONCE (11) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINITUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veinte de abril de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1406-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] En los asuntos promovidos por el Ministerio Público, se omitirá el dictamen fiscal previsto en las leyes de la República.

[2] Con el objeto de reducir o eliminar el material combustible existente en el bosque, ya sea este de naturaleza nacional, ejidal o privada, el ICF puede realizar por si o por terceros el corte, extracción y acopio de los productos y sub productos forestales, en el marco de la Legislación Nacional, su propio reglamento y lo establecido en el presente decreto ejecutivo. El aprovechamiento de los productos o sub productos forestales provenientes de las áreas plagadas y de control cuando sean de naturaleza ejidal o privada, corresponde únicamente a sus propietarios, quienes pueden suscribir con el ICF convenios de comercialización o aprovechamiento y en todo caso el retito de los mismos de los centros de acopio previo al pago de los gastos de corte, extracción acarreo y acopio.

[3] Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.

[4] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[7] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[8] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.