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Sentencia AP-1404-22 — Registro 17594

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declara: 1). - NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2).- CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEADA SANCHEZ. 3).- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4).- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ, por los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.- La cual a su vez era interpuesta en contra de la resolución de audiencia inicial finalizada en fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, el cual se acredita en la presente causa, ya que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, al existir los presupuestos legitimadores de tipificación de cada uno de los delitos, para el caso, en cuanto al delito de falsificación de documentos públicos (Artículo 284.4 del Código Penal decreto 144-83), se acredito que la señora Carmen María Flores Valle no contaba con el título académico de Trabajadora Social del cual refería tenerlo al momento de celebrar el contrato y no siendo así, ha faltado a la verdad en la narración de ese hecho (Folio 215 del Tomo I de la primera pieza de autos). De igual manera en cuanto al delito de Fraude (Artículo 376 y 393 del Código Penal decreto 144-83), este se acredito con el hecho de haber suscrito contrato la señora Carmen María Flores Valle aun y cuando laboraba como servidora pública en la Secretaria de Salud, con el Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), y por esa razón se beneficiaba con la duplicidad de pago, porque esa actividad estaba siendo pagada por la Secretaria de Salud en el cargo de funcionaria pública que ostentaba, siendo este un indicio de la conducta ilícita mostrada por la imputada, que produjo la lesión de bienes jurídicos protegidos por la acción, requeridos para tipificar ese delito y por el cual el Ad-Quem revoco el sobreseimiento definitivo que le habían dado por ese delito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, se debe declarar sin lugar el amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declara: 1). - NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2).- CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEADA SANCHEZ. 3).- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4).- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ, por los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.- La cual a su vez era interpuesta en contra de la resolución de audiencia inicial finalizada en fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, el cual se acredita en la presente causa, ya que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, al existir los presupuestos legitimadores de tipificación de cada uno de los delitos, para el caso, en cuanto al delito de falsificación de documentos públicos (Artículo 284.4 del Código Penal decreto 144-83), se acredito que la señora Carmen María Flores Valle no contaba con el título académico de Trabajadora Social del cual refería tenerlo al momento de celebrar el contrato y no siendo así, ha faltado a la verdad en la narración de ese hecho (Folio 215 del Tomo I de la primera pieza de autos). De igual manera en cuanto al delito de Fraude (Artículo 376 y 393 del Código Penal decreto 144-83), este se acredito con el hecho de haber suscrito contrato la señora Carmen María Flores Valle aun y cuando laboraba como servidora pública en la Secretaria de Salud, con el Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), y por esa razón se beneficiaba con la duplicidad de pago, porque esa actividad estaba siendo pagada por la Secretaria de Salud en el cargo de funcionaria pública que ostentaba, siendo este un indicio de la conducta ilícita mostrada por la imputada, que produjo la lesión de bienes jurídicos protegidos por la acción, requeridos para tipificar ese delito y por el cual el Ad-Quem revoco el sobreseimiento definitivo que le habían dado por ese delito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, se debe declarar sin lugar el amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declara: 1). - NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2).- CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEADA SANCHEZ. 3).- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4).- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ, por los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.- La cual a su vez era interpuesta en contra de la resolución de audiencia inicial finalizada en fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, el cual se acredita en la presente causa, ya que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, al existir los presupuestos legitimadores de tipificación de cada uno de los delitos, para el caso, en cuanto al delito de falsificación de documentos públicos (Artículo 284.4 del Código Penal decreto 144-83), se acredito que la señora Carmen María Flores Valle no contaba con el título académico de Trabajadora Social del cual refería tenerlo al momento de celebrar el contrato y no siendo así, ha faltado a la verdad en la narración de ese hecho (Folio 215 del Tomo I de la primera pieza de autos). De igual manera en cuanto al delito de Fraude (Artículo 376 y 393 del Código Penal decreto 144-83), este se acredito con el hecho de haber suscrito contrato la señora Carmen María Flores Valle aun y cuando laboraba como servidora pública en la Secretaria de Salud, con el Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), y por esa razón se beneficiaba con la duplicidad de pago, porque esa actividad estaba siendo pagada por la Secretaria de Salud en el cargo de funcionaria pública que ostentaba, siendo este un indicio de la conducta ilícita mostrada por la imputada, que produjo la lesión de bienes jurídicos protegidos por la acción, requeridos para tipificar ese delito y por el cual el Ad-Quem revoco el sobreseimiento definitivo que le habían dado por ese delito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, se debe declarar sin lugar el amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declara: 1). - NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2).- CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEADA SANCHEZ. 3).- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4).- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ, por los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.- La cual a su vez era interpuesta en contra de la resolución de audiencia inicial finalizada en fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, el cual se acredita en la presente causa, ya que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, al existir los presupuestos legitimadores de tipificación de cada uno de los delitos, para el caso, en cuanto al delito de falsificación de documentos públicos (Artículo 284.4 del Código Penal decreto 144-83), se acredito que la señora Carmen María Flores Valle no contaba con el título académico de Trabajadora Social del cual refería tenerlo al momento de celebrar el contrato y no siendo así, ha faltado a la verdad en la narración de ese hecho (Folio 215 del Tomo I de la primera pieza de autos). De igual manera en cuanto al delito de Fraude (Artículo 376 y 393 del Código Penal decreto 144-83), este se acredito con el hecho de haber suscrito contrato la señora Carmen María Flores Valle aun y cuando laboraba como servidora pública en la Secretaria de Salud, con el Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), y por esa razón se beneficiaba con la duplicidad de pago, porque esa actividad estaba siendo pagada por la Secretaria de Salud en el cargo de funcionaria pública que ostentaba, siendo este un indicio de la conducta ilícita mostrada por la imputada, que produjo la lesión de bienes jurídicos protegidos por la acción, requeridos para tipificar ese delito y por el cual el Ad-Quem revoco el sobreseimiento definitivo que le habían dado por ese delito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, se debe declarar sin lugar el amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declara: 1). - NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2).- CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEADA SANCHEZ. 3).- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4).- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ, por los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.- La cual a su vez era interpuesta en contra de la resolución de audiencia inicial finalizada en fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, el cual se acredita en la presente causa, ya que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, al existir los presupuestos legitimadores de tipificación de cada uno de los delitos, para el caso, en cuanto al delito de falsificación de documentos públicos (Artículo 284.4 del Código Penal decreto 144-83), se acredito que la señora Carmen María Flores Valle no contaba con el título académico de Trabajadora Social del cual refería tenerlo al momento de celebrar el contrato y no siendo así, ha faltado a la verdad en la narración de ese hecho (Folio 215 del Tomo I de la primera pieza de autos). De igual manera en cuanto al delito de Fraude (Artículo 376 y 393 del Código Penal decreto 144-83), este se acredito con el hecho de haber suscrito contrato la señora Carmen María Flores Valle aun y cuando laboraba como servidora pública en la Secretaria de Salud, con el Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), y por esa razón se beneficiaba con la duplicidad de pago, porque esa actividad estaba siendo pagada por la Secretaria de Salud en el cargo de funcionaria pública que ostentaba, siendo este un indicio de la conducta ilícita mostrada por la imputada, que produjo la lesión de bienes jurídicos protegidos por la acción, requeridos para tipificar ese delito y por el cual el Ad-Quem revoco el sobreseimiento definitivo que le habían dado por ese delito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, se debe declarar sin lugar el amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Ivonne Jackeline Díaz Mass, a favor de la señora Carmen María Flores Valle, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra la señora Carmen María Flores Valle, por suponerla responsable de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración y la Fe Pública del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha veinte de abril de dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal, Abogada Fanny Yaneth Martínez Velásquez, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Orison Velásquez García y Roberto Benito Gutiérrez Ortega, a quienes se le supone responsables a título de autores de cinco delitos de Fraude, Abuso de Autoridad y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Publica; y en contra de las señoras Lilian Ondina Hernández Torres, Carmen María Flores Valle, Servio Tulio Mendoza y Elia Colindres, a quienes se les supone responsables a título de autor del delito de Usurpación de Titulo, Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; Silvia Karina Arteaga Chávez, por suponerla responsable de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública. (Folios 2-17 del antecedente). 2).- En fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1).- Se declara sin lugar las excepciones planteadas por las defensas privadas establecidas en los artículos 46 numerales 2 y 3 consistentes en: 2).-La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y; 3).-La extinción de la acción penal. II).- SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO y ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ por suponerlos responsables de los delitos de USURPACION DE TITULO en perjuicio de LA FE PÚBLICA. II).-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO, ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ y SILVIA KARINA ARTEAGA CHAVEZ por suponerlos responsables del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA. III). AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO, ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ y SILVIA KARINA ARTEAGA CHAVEZ por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. IV).-Se mantienen las medidas cautelares que les fueron impuestas en Audiencia de Revisión las Medidas Cautelares en relación a la contemplada en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal y solamente se le impone en este momento la contemplada en el artículo 173 numeral 7 del Código Procesal Penal consistente en: 7).- Prohibirle al imputado salir del país sin previa autorización.” (Folio 1167 vuelto del del tomo IV del antecedente). 3).- La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados Ivonne Díaz Mass, en su condición de Defensora Pública de la señora Carmen María Flores Valle, Winston José Borges Lewis, en su condición de representante legal del señor Servio Tulio Romero, Javier Ernesto Gómez Díaz, en su condición Apoderado Legal de la señora Silvia Karina Arteaga Sánchez y Marilyn Lizeth Flores Torres, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución referida en el numeral que antecede, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarar NO HA LUGAR los Recursos de apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2) CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEAGA SÁNCHEZ. 3) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4) REVOCAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ por los delitos de FRAUDE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.” (Folios 1361-1373 del tomo IV del antecedente). 4).- Que la recurrente, la Abogada Ivonne Jackeli Díaz Mass, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Carmen María Flores Valle, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada los derechos consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5).- Que en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Ivonne Jackeli Díaz Mass, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada Ivonne Jackeline Díaz Mass, a favor de la señora Carmen María Flores Valle, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra la señora Carmen María Flores Valle, por suponerla responsable de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración y la Fe Pública del Estado de Honduras. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio del debido proceso, en vista que en relación con el delito de FRAUDE, no se acreditaron los elementos del tipo penal debido a que la señora Carmen María Flores Valle, no podía considerarse en la categoría de empleada o funcionaria pública, con fundamento en lo referido en el artículo 258 de la Constitución de la República, 42 numeral 4 de la Ley de Servicio Civil, sumado a lo anterior no se estableció claramente que esta estuviera cobrando dos cheques en el mismo mes y en lugares diferentes.- De igual manera aduce que existió violación al debido proceso, en cuanto a la imputación del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, ya que a la señora Carmen María Flores Valle inicialmente se le imputo el delito de Usurpación de Funciones, del cual fue sobreseída definitivamente, dictándole auto de formal procesamiento por el delito de falsificación de documentos con fundamento en el artículo 284.4 del Código Penal, al expresar que la falsedad es faltar a la verdad en la narración de los hechos, en relación al título de Licenciada en Trabajo Social, desconociendo que la referida señora presto un servicio de consultora para desarrollo, propuesta de género como eje transversal para los programas de la Dirección de Promoción de Salud, como conocedora del campo de trabajo social que su experiencia le permitía, puesto que se acredito que la misma tenía aprobado todo el pensum académico de dicha profesión, por parte de la defensa. Por lo anterior, considera que la sentencia dictada por el Ad-Quem, en la que mantiene el auto de formal procesamiento en contra de Carmen María Flores Valle, violenta el debido proceso, en vista que no existían los presupuestos requeridos por el tipo penal, por lo cual aduce que se debe otorgar el amparo y sobreseerla de manera definitiva. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declara: 1).- NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y la Defensa Pública. 2).- CONFIRMAR los autos de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en contra de CARMEN MARIA FLORES VALLE, SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO Y SILVIA KARINA ARTEADA SANCHEZ. 3).- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; y 4).- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ, por los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, procediendo el A-Quo a dictar el auto de apertura a juicio por esos mismos delitos.- La cual a su vez era interpuesta en contra de la resolución de audiencia inicial finalizada en fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, el cual se acredita en la presente causa, ya que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos, al existir los presupuestos legitimadores de tipificación de cada uno de los delitos, para el caso, en cuanto al delito de falsificación de documentos públicos (Artículo 284.4 del Código Penal decreto 144-83), se acredito que la señora Carmen María Flores Valle no contaba con el título académico de Trabajadora Social del cual refería tenerlo al momento de celebrar el contrato y no siendo así, ha faltado a la verdad en la narración de ese hecho (Folio 215 del Tomo I de la primera pieza de autos). De igual manera en cuanto al delito de Fraude (Artículo 376 y 393 del Código Penal decreto 144-83), este se acredito con el hecho de haber suscrito contrato la señora Carmen María Flores Valle aun y cuando laboraba como servidora pública en la Secretaria de Salud, con el Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), y por esa razón se beneficiaba con la duplicidad de pago, porque esa actividad estaba siendo pagada por la Secretaria de Salud en el cargo de funcionaria pública que ostentaba, siendo este un indicio de la conducta ilícita mostrada por la imputada, que produjo la lesión de bienes jurídicos protegidos por la acción, requeridos para tipificar ese delito y por el cual el Ad-Quem revoco el sobreseimiento definitivo que le habían dado por ese delito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por lo antes mencionado, se debe declarar sin lugar el amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41, 42 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 284.4; 376 y 393 del Código Penal (Decreto 144-83); FALLA: PRIMERO: DESESTIMAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada IVONNE JACKELI DIAZ MASS, a favor de la señora CARMEN MARIA FLORES VALLE, SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1304-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL