Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-138-22 — Registro 16967

Resumen

Acto recurrido que declaro con lugar apelación y revoca el sobreseimiento definitivo del juzgado de letras, en relación a acusación criminal presentando por supuesta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" "… b) Que el Decreto 130-2017 en su Artículo 632 numeral 2), dice que deroga los Artículos 167 último párrafo y del 168 al 192 de la Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, dentro de los cuales, obviamente, están los 172 y 179; c) Que los Artículos 172 y 179 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, si bien es cierto ya no existen con motivo de su derogación expresa, también no es menos cierto que los actos que se están juzgando en el presente juicio, siguen constituyendo delito en el nuevo Código Penal contenido en el Decreto 130-2017; d) Que en efecto de lo anterior, el Artículo 325 del Código Penal (Decreto 130-2017), Titulo de Delitos contra el Medio Ambiente, sanciona con las penas de prisión de tres a seis años y multa de trescientos a seiscientos días, q quien con infracción de las disposiciones protectoras del medio ambiente realiza actividades captación, extracción o explotación ilegal de recursos hídricos, forestales, minerales o fósiles, de forma que pongan en peligro grave el equilibrio de un ecosistema; identificando al delito como Explotación Ilegal de Recursos Naturales. A los efectos de lo dispuesto en esa norma, se considera explotación cualquier actividad destinada a obtener provecho de un recurso, incluyendo el almacenamiento, industrialización, comercialización y traslado del producto o subproducto derivado de la explotación…" …" . …" Que en relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación de la conducta por la cual fue presentado Requerimiento Fiscal a su patrocinado, aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada la conducta, en atención a los hechos narrados en el Requerimiento Fiscal presentado en fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve, por lo que lo motivado por la Alzada se muestra congruente en atención a los hechos y fundamentos de derechos invocados, a efecto de concluir que el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, debe ser declarado con lugar, debiendo en consecuencia proseguirse con la celebración de la audiencia inicial. Como corolario de lo anterior no se encuentra evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al principio de retroactividad de la ley penal invocados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICK MANUEL NIETO SANCHEZ, a favor del señor LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve decretar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Luis Rene Medrano Toscano, en relación al Requerimiento Fiscal presentando en contra del señor LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, por suponerle responsable de los delitos de CORTE, APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTOS FORESTAL, DESCOMBRO Y ROZA, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad- quem, es violatoria del debido proceso y principio de retroactividad de la ley, contenidos en los artículos 90 y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ISMAEL ORDOÑEZ REYES, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores EDGARDO RENE MENDOZA SANCHEZ, LUIS ALONSO GARCIA SANCHEZ, HENRY ARTURO GARCIA Y LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, por suponérseles responsables de la comisión de los delitos de CORTE APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTO O SUB PRODUCTOS FORESTAL, DESCOMBRO Y ROZA, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 2 al 7 de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en la que resolvió: "Sobre el incidente y falta de acción planteada por los abogados defensores una vez escuchado el planteamiento del Ministerio Público, que si bien los hechos suceden en octubre del 2018, presentándose la acción ante este Órgano Jurisdiccional, y que el artículo 96 de la Constitución establece la retroactividad de la Ley en materia penal cuando le favorece al reo, Y el artículo 632 del Código penal vigente, establece la derogación de los artículos 168 último párrafo, del 172 al 192 de la Ley Forestal creada mediante decreto 98-2007 del 19 de diciembre del año dos mil siete, y el articulo 615 del mismo cuerpo legal, establece la retroactividad de Ley y que se debe aplicar la que más favorece al reo si la nueva ley le favorece al reo la misma debe aplicarse, por lo que de acuerdo en relación al artículo 46 del Código Procesal Penal que establece la falta de acción, es procedente declarar con lugar el incidente y falta de acción planteado por los abogados defensores decretando el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de Luis Rene Medrano Toscano, Edgardo René Mendoza Sánchez, por suponerlos responsable de la comisión del delito de Corte Ilegal, Descombro y Roza en perjuicio Medio Ambiente, ordena extender la carta de Libertad definitiva a los antes mencionados…" (Folios 98-99 de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, contra la resolución emitida en Audiencia Inicial y que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha quince (15) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual resuelve: (Sic) "1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) REVOCA la resolución de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa a favor de los señores EDGARDO RENE MENDOZA SANCHEZ, LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, en la causa instruida contra ellos y Otros, por suponerlos responsables de los delitos de CORTE Y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES, DESCOMBRO y ROZA en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS;…" (Folios del 138-141 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) El recurrente Abogado ERICK MANUEL NIETO SANCHEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del señor LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), fractura el debido proceso contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, asimismo violenta el principio de retroactividad de la Ley penal, contenido en el artículo 96 de la Constitución. 5) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 37 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado ERICK MANUEL NIETO SANCHEZ, compareció en fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de 1o Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), vulnera en perjuicio de su representado, el derecho al debido proceso y el principio de retroactividad de la ley penal, contenidos en los artículos 90 y 96 de la Constitución de la República, ello al dictarse una resolución que resuelve declarar con lugar el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público y revoca el sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto actuación antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: "Toda persona tiene derecho a recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley." CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos el recurrente dice que se ha analizado la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán, de fecha 15 de octubre de 2021, en virtud de que la misma no esta apegada a derecho y fractura el debido proceso contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, dando como resultado que dicha resolución violente el principio de la retroactividad de la penal, que es una garantía establecida y protegida también por la Constitución en su artículo 96 y el Código Penal vigente, en vista que se motiva en tipos penales cuya acción delictiva fueron derogados en el nuevo código referido supra. CONSIDERANDO (4): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en relación a declarar sin lugar la excepción por falta de acción, promovida por la defensa, en el numeral 7 de la motivación de la referida resolución al argumentar: (Sic) "… b) Que el Decreto 130-2017 en su Artículo 632 numeral 2), dice que deroga los Artículos 167 último párrafo y del 168 al 192 de la Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, dentro de los cuales, obviamente, están los 172 y 179; c) Que los Artículos 172 y 179 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, si bien es cierto ya no existen con motivo de su derogación expresa, también no es menos cierto que los actos que se están juzgando en el presente juicio, siguen constituyendo delito en el nuevo Código Penal contenido en el Decreto 130-2017; d) Que en efecto de lo anterior, el Articulo 325 del Código Penal (Decreto 130-2017), Titulo de Delitos contra el Medio Ambiente, sanciona con las penas de prisión de tres a seis años y multa de trescientos a seiscientos días, q quien con infracción de las disposiciones protectoras del medio ambiente realiza actividades captación, extracción o explotación ilegal de recursos hídricos, forestales, minerales o fósiles, de forma que pongan en peligro grave el equilibrio de un ecosistema; identificando al delito como Explotación Ilegal de Recursos Naturales. A los efectos de lo dispuesto en esa norma, se considera explotación cualquier actividad destinada a obtener provecho de un recurso, incluyendo el almacenamiento, industrialización, comercialización y traslado del producto o subproducto derivado de la explotación…" CONSIDERANDO (5): Que, de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a revocar la resolución dictada por el A-quo, lo que deriva en que la excepción de falta de acción promovida por la defensa, a favor del encausado señor Luis Rene Medrano Toscano, sea revocada, igual suerte corre el sobreseimiento definitivo decretado; por lo que a criterio del recurrente en Amparo, se vulnera el principio de retroactividad de la ley penal, al tratarse de tipos penales de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que fueron derogadas con la vigencia del nuevo Código Penal, contenido en el Decreto 130- 2017. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en Amparo se centra en afirmar que se vulnera el principio de retroactividad de la ley penal, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, en atención a que los tipos penales acusados a su representado fueron derogados con la vigencia del nuevo Código Penal; en ese orden de ideas el artículo 96 constitucional invocado por el amparista como vulneradoestablece: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado". La nueva ley invocada, el Decreto 130-2017 que contiene el Código Penal, dispone en el artículo 615 de las Disposiciones Transitarias lo siguiente: "Retroactividad de la Ley Penal mas Favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan mas favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Mas adelante y siempre en las disposiciones transitorias, el artículo 632, numeral 2) de la norma en comento dice: "Disposiciones derogatorias. Quedan derogados los artículos siguientes: 1) … 2) Los artículos 167 último párrafo y del 168-192 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aprobada en decreto No. 98-2007, de fecha 19 de diciembre de 2007." -Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que "en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Enfasis y subrayado añadido- CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el en su principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay "el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido". CONSIDERANDO (9): Retroactividad de la ley. La palabra "retroactividad", deriva del latín, significa "retro agüere" accionar, hacia atrás, obrar hacia atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur, “reducitur” o res retrodicitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suarez Collia, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o actuaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada” CONSIDERANDO (10): Que se muestra evidente al tenor de lo establecido en el artículo 632 .2) del nuevo Código Penal, que los artículos del 168 al 192 de la Ley Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre, fueron derogadas en forma expresa, entre los cuales se encuentran los artículos 172 y 179 que fueron tenidos en consideración por el ente acusador como las conductas reprochadas a los imputados; así tenemos que el artículo 172 de la referida norma disponía: "CORTE O APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS O SUB-PRODUCTOS FORESTALES. Quien sin autorización, excediendo la misma, adulterando documentos oficiales u obviando las disposiciones legales, corte o aproveche con fines comerciales cualquier producto o sub producto forestal de terreno público o privado, será sancionado con la pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, más la siembra de plántulas del doble de lo apropiado ilegalmente. En caso que el corte o aprovechamiento se haga con fines no comerciales, se sancionará con la misma pena rebajada en dos tercios (2/3)". El artículo 179 que es la otra conducta reprochada al imputado decía: "TALA, DESCOMBRO, ROTURACIÓN Y ROZA. Quien tale, descombre o roture terreno forestal será sancionado con la pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años. La misma pena reducida en un tercio (1/3) se le aplicará a quien ejecute rozas en tierras de vocación forestal, sin la debida autorización por la autoridad competente"; El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris, diferente: Explotación Ilegal de Recursos Naturales. Que describe el tipo penal de la siguiente forma: "Quien, con infracción de las disposiciones protectoras del medio ambiente, realiza actividades de captación, extracción o explotación ilegal de recursos hidricos, forestales, minerales o fósiles, de forma que ponga en peligro grave el equilibrio de un ecosistema, debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a seiscientos (600) dias, Las penas a imponer se deben incrementar en un tercio (1/3) si las conductas anteriores se llevan a cabo mediante el empleo de medios o técnicas contaminantes. A los efectos de lo dispuesto en este articulo, se considera explotación cualquier actividad destinada a obtener provecho de un recurso, incluyendo el almacenamiento, industrialización, comercialización y traslado del producto o sub producto derivado de la explotación". CONSIDERANDO (11) Que En relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación de la conducta por la cual fue presentado Requerimiento Fiscal a su patrocinado, aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada la conducta, en atención a los hechos narrados en el Requerimiento Fiscal presentado en fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve, por lo que lo motivado por la Alzada se muestra congruente en atención a los hechos y fundamentos de derechos invocados, a efecto de concluir que el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, debe ser declarado con lugar, debiendo en consecuencia proseguirse con la celebración de la audiencia inicial. Como corolario de lo anterior no se encuentra evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al principio de retroactividad de la ley penal invocados. CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente expone que la resolución de la Alzada se motiva en tipos penales cuya acción delictiva fueron derogadas en el nuevo Código Penal, argumentos que no son de recibo, en atención a que si bien el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el nuevo Código Penal. CONSIDERANDO (13): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados resolución motivada de apelación, con el tenor de la recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida tiempo y forma, por órgano jurisdiccional en competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos Jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO (14): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre: 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 N° 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 325, 615 y 632.2) del Código Penal Decreto 130-2017. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICK MANUEL NIETO SANCHEZ, a favor del señor LUIS RENE MEDRANO TOSCANO, contra la resolución de fecha QUINCE (15) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes, NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0138-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL