Sentencia AP-1365-22 — Registro 16815
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de con relación a la causa instruida por el delito de Maltrato Familiar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “XII. Así entonces, advirtiéndose que la intención del legislador fue en todo momento considerar a los delitos sancionadores de la violencia contra la familia como de orden público y perseguibles de oficio por el Ministerio Público, es lógico asumir que esa misma previsión se tomó con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, pues el delito de maltrato familiar, fijamente dirigido a censurar la violencia contra la familia, como ya lo dijimos, no fue incluido por vía de reforma dentro de los delitos perseguibles a instancia de la víctima o inclusive de índole privada que describe el Código Procesal Penal. XIII.Siguiendo este orden de ideas, sabemos que parte de las alegaciones del ente fiscal para fundar su acción de amparo es que considera que el Tribunal de Alzada hizo una interpretación errónea e incongruente de lo estipulado por el artículo 45 del Código Procesal Penal, por cuanto la Alzada ha dejado entrever en su sentencia que los delitos de acción pública admiten la posibilidad de conciliar, declarado como un “error del legislador” la reforma al precitado artículo 45, el cual, según criterio de la Alzada contiene pasajes oscuros o contradictorios por lo que ameritan una interpretación a favor del imputado, lo que se conoce como el indubio pro reo, contemplado en el artículo 18 del Código Procesal Penal. XIV. Dicho esto, la Sala no advierte contradicción o pasajes oscuros en la norma procesal en cuestión que merezca la aplicación del artículo 18 que cita el Tribunal de Alzada, siendo además que la Alzada tampoco ha sido extensiva en su motivación para dilucidar la razón por la que considera que el artículo 45 es contradictorio u oscuro, siendo a juicio de esta Sala, acertadas, en su mayor parte, las argumentaciones que ha presentado el ente fiscal para sustentar su acción constitucional de amparo ante este Alto Tribunal. XV.Citando de nueva cuenta el artículo 45 del Código Procesal Penal:“Artículo 45. Conciliación. En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio”. De la simple lectura de la norma no se observa contradicción u oscuridad en su texto, entendiéndose del mismo que la figura de la conciliación procede:1. En las faltas;2. En los delitos de acción privada; y,3. En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular; Siempre y cuando la pena principal aplicable al delito cometido sea inferior a 5 años. Así entonces, por exclusión y aplicando de manera taxativa lo estipulado por la norma procedimental que citamos, la conciliación no procede en los delitos de acción pública que sean perseguibles de oficio por el Ministerio Público, solamente procede en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular cuando la pena principal aplicable al delito cometido sea inferior a 5 años. XVI. El maltrato familiar no está contemplado como delito privado ni como delito de acción pública dependiente de instancia particular conforme con el artículo 26 anteriormente citado, como tampoco lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar, ya derogado por el artículo 289 del Código Penal vigente. El delito de maltrato familiar es un delito de acción pública que debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, no requiriendo del consentimiento de la víctima para ejercitarse la acción penal pública que corresponda. Así entonces, siendo proscrito por el ordenamiento jurídico dar a la ley otro sentido que el que resulte explícitamente de sus propios términos, esta Sala no advierte contradicción o imprecisión en el artículo 45 del Código Procesal, resultando claramente establecido de su aplicación, relacionado con el artículo 26 del mismo cuerpo legal que el delito de maltrato familiar no admite la conciliación entre víctima e imputado, por no tratarse de una falta ni un delito de orden privado ni de instancia particular. XVII. La Sala considera desacertados los razonamientos expuestos por la Corte de Apelaciones, pues por un lado no ha establecido con claridad cuáles son, a su juicio, las contradicciones que a su parecer se derivan del precitado artículo 45, relegando el hecho que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación. Se aprecia que la Alzada ha interpretado la norma dándole un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. XVIII. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión lesiva del principio de legalidad, al derecho a un debido proceso legal y a una tutela judicial efectiva. XIX.Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.XX.A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva a su vez el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. XXI.En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha desatendido el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarándolo sin el debido razonamiento como oscuro y contradictorio, entendiendo indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, la tutela judicial efectiva y la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. XXII. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en representación del Ministerio Público, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Oscar René Orellana Granados, por suponerlo responsable del delito de Maltrato Familiar, en perjuicio de la señora Claudia Patricia Hernández Rodríguez. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres de enero de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, Abogado Mauro Arnaldo Solórzano, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Oscar René Orellana Granados, por suponerlo responsable del delito de Maltrato Familiar en perjuicio de la señora Claudia Patricia Hernández Rodríguez. (Folios 2-3 del antecedente) 2) En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…Habiendo escuchado las peticiones de las partes analizando los antecedentes y la legislación procesal aplicable, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Código Procesal Penal, Se procede a HOMOLOGAR el acuerdo al que han llegado las partes, bajo la condición siguiente: 1.- Que el imputado Oscar René Orellana Granados no agreda verbalmente, a la ofendida Claudia Patricia Hernández Rodríguez.- 2.- El termino para cumplir dicho acuerdo es de seis (6) meses a partir de la fecha.- En caso de incumplimiento se continuará con el procedimiento ordinario del proceso, de lo contrario se declarará extinguida la acción penal a favor del imputado.- 3.- Se señala Audiencia de Revisión de Acuerdo Conciliatorio para el día Martes veintitrés (23) de agosto del presente año (2022) a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.)…” (Folios 21-22 vuelto del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Lesly Margarita López Castellanos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. 2) CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios 47-49 del antecedente) 4) Que la recurrente, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.5) Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1.La garantía de amparo es una salvaguarda constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2.La garantía de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.4.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.5.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la competencia de jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZAN. OBJETO DEL RECURSO I.El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha cuatro de mayo del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones Penal de este departamento de Francisco Morazán, la cual se denuncia ante esta Sala por parte de la recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso. II.La sentencia impugnada declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra una resolución dictada en audiencia de conciliación por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintidós. III. La intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inició con la presentación de un requerimiento fiscal contra el señor Oscar Rene Orellana Granados por suponerlo responsable de un delito de Maltrato Familiar, en perjuicio de Claudia Patricia Hernández Rodriguez, pareja del imputado. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 1.Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria del auto apelado, en el cual, el Juez A Quo homologó el acuerdo conciliatorio entre el imputado y la víctima del hecho, rechazando así la Alzada el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público contra dicha resolución.2.El Tribunal de Alzada consideró que los agravios presentados por el Ministerio Público no eran de recibo, por cuanto estimó que no se había violentado el procedimiento de ley para llegar a la conciliación referida.3. La Alzada tampoco coincidió con la tesis del Ministerio Público en cuanto a que el delito de Maltrato Familiar no admite conciliación por ser un delito de orden público, al respecto, la Corte de Apelaciones señaló: “…es visible el error en que incurrió el Poder Legislativo al reformar mediante Decreto 130-2017 el artículo 45 del Código Procesal Penal. Lo cual produjo una marcada contradicción entre sus párrafos primero y último; empero no es dable a esta Alzada el dejar de fallar en el caso concreto que se conoce, alegando ambigüedad, oscuridad o contradicción en las disposiciones aplicables al mismo; habida cuenta que el artículo 18 del mismo ordenamiento penal adjetivo, contiene la solución en cuanto expresa que los pasajes oscuros o contradictorio de la ley penal deben ser interpretados del modo que más favorezca a la persona imputada. En consecuencia, es procedente aplicar al caso concreto el párrafo final del Artículo 45 citado, por la señalada contradicción que favorece al encartado; y, además de lo expresado anteriormente, considerando que el límite máximo de la pena principal aplicable al delito de Maltrato Familiar es inferior a cinco (5) años de prisión…”. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 1.Para la recurrente, la sentencia de la Alzada provocó violaciones constitucionales al Estado de Honduras, señalando que el delito de Maltrato Familiar es un delito de orden público no dependiente de instancia particular, por lo que resultaba improcedente la aplicación de la figura alterna de la conciliación por no estar comprendido en los delitos que pueden ser conciliados entre las partes. 2. La quejosa alegó que el razonamiento de la Alzada: “….entraña una interpretación errónea e incongruente con lo estipulado en el artículo 45 del Código Procesal Penal, conforme a la reforma de dicho artículo contenida en el artículo 633 del nuevo Código Penal, al excluir de su ámbito de aplicación aquellos delitos que admitan suspensión condicional de la persecución penal , es decir le era aplicable a aquellos delitos cuyo término de la pena media no superara los 6 años, entendiendo con esta reforma que únicamente aplica en: a) Las faltas, b) en los delitos de acción privada y c) en los delitos de acción pública de instancia particular, excluyendo del ámbito de procedibilidad los delitos de orden público, al no quedar regulados contextualmente. Por lo tanto, ningún delito de orden público, indistintamente del bien jurídico protegido que haya sido lesionado es susceptible de conciliación, por ende, no puede el órgano juzgador procurar u homologar la conciliación en delitos de orden público, entre los cuales se encuentra el delito de Maltrato Familiar…”.3. Según afirmó el Ministerio Público ante esta Sala, al haber homologado el juez de letras un acuerdo conciliatorio por el delito de Maltrato Familiar, contravino lo dispuesto en los artículos 26 y 45 del Código Procesal Penal, en quebranto del principio de legalidad, considerando que igual hizo el Tribunal de Alzada al confirmar y hacer suyas las consideraciones del A Quo en este caso.RAZONAMIENTO DE LA SALA I.Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber confirmado la decisión del A Quo de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito que, según la recurrente, no admite ser conciliado por no cumplir con los requerimientos de ley para ese fin. III. Debemos acotar, primeramente, que el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. IV.En el caso del Poder Judicial, como encargado de cumplir y de hacer cumplir tanto el ordenamiento supremo del Estado como las leyes que lo conforman, la aplicación del principio de legalidad debe ser absoluta e irrestricta, vinculándose tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas. La vigencia del principio de legalidad en la esfera de atribuciones y deberes de nuestros jueces conlleva a que todas sus actuaciones deben estar sustentadas y previstas en ley, debiendo existir además conformidad del resultado de esas actuaciones con la ley y con el ordenamiento supremo .V. En el ámbito penal, el principio de legalidad adquiere fundamental relevancia, y lo encontramos postulado en nuestra ley penal, la cual invoca que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no esté prevista como delito o falta, y que nadie puede ser castigado con una pena o medida de seguridad que no ha sido previamente establecida por la ley e impuesta por órgano jurisdiccional competente conforme a las leyes procesales.VI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”.VII.Esta Sala asiente en que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Asentimos de igual manera que el principio de legalidad se enlaza ampliamente con el principio de taxatividad o de lex certa, en virtud del cual se plasma la exigencia de certeza o determinación de la ley, de donde nace la expresión nullum crimen sine lege stricta.Han sido reiteradas las valoraciones de esta Sala en lo concerniente al principio de taxatividad, especialmente en materia de recursos, el cual conlleva a que los recursos proceden solamente en los casos expresamente previstos por la ley, encontrándolo establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal. VIII.Dicho todo lo anterior, advertimos que la disputa en el asunto que nos ocupa se contrae a si el delito de Maltrato Familiar, tipificado en el artículo 289 del actual Código Penal, admite o no ser objeto de conciliación.Diremos primeramente que, de acuerdo con nuestro Código Penal, el delito de Maltrato Familiar es un delito contra las relaciones familiares y supone el ejercicio de violencia física o psicológica sobre el cónyuge o persona con la que tenga una unión de hecho reconocida o la persona con la que se mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a las anteriores. También se castiga con este delito la violencia en contra de los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad sean estos parientes propios del hechor o de su cónyuge o conviviente. IX.En lo que respecta a la figura de la conciliación, como un medio para extinguir la acción penal, el artículo 45 del Código Procesal Penal establece que, en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio. A su vez, los artículos 26 y 27 delimitan cuales son los delitos dependientes de instancia particular y cuáles son los de acción privada. Los primeros podrán ser perseguidos por el Ministerio Público solo a instancia de la víctima, y los últimos solamente son delitos perseguibles por acción de la víctima. Se entiende que todos los demás delitos, es decir, todos los que no están incluidos en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal se consideran de acción pública, por lo que, son perseguibles de manera oficiosa por el Ministerio Público o a instancia de parte interesada pero que en la puesta en marcha del procedimiento no se requiere la acusación de un particular, pues éste no tendrá ningún control sobre el curso del procedimiento penal, sin perjuicio por supuesto, de la potestad legal que tiene la víctima de constituirse como acusador particular y participar en el proceso.En los delitos de acción pública o de “orden público” como se los catalogaba en la antigua legislación penal sustantiva, se atenta contra un bien jurídico considerado de interés general o de carácter público y su vulneración no solo implica un acometimiento en contra de la víctima, sino un reproche al derecho y a las instituciones estatales—como lo refieren algunos tratadistas—lo cual exige que el Estado aplique las sanciones jurídicas necesarias a la defensa y el mantenimiento del orden social. X. De reciente vigencia, el delito de Maltrato Familiar, fue tipificado como delito hasta la entrada en vigor del actual Código Penal de 2017. No se advierte que el legislador derogase ni modificase los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal para incorporar al delito de Maltrato Familiar como un delito dependiente de instancia particular o de orden privado, por lo que podemos afirmar que es un delito de orden público.Con este tipo penal el legislador procuró sancionar el ejercicio de violencia física o bien psicológica sobre los miembros de la familia, siendo que con el castigo de esta conducta se procura la protección de las relaciones familiares.El ya derogado Código Penal de 1985 también sancionaba—si bien más severamente—las acciones de violencia contra la familia, tipificando el delito de violencia intrafamiliar, el cual, si bien ya derogado, guarda analogía con el actual delito de maltrato familiar, aunque resultaba mucho más amplio y exhaustivo en la descripción de las conductas a sancionar.De igual manera, el artículo 26 del Código Procesal Penal hacía alusión al entonces delito de violencia intrafamiliar, señalando que los delitos de violencia intrafamiliar podían ser perseguidos por el Ministerio Público sin que preceda instancia de la víctima. XI. Consecuentemente podemos sostener que cuando entró en vigor el Código Procesal Penal en 2002, fue intención del legislador de aquél entonces considerar al delito de violencia intrafamiliar como un delito de orden público perseguible de oficio por el Ministerio Público, al no incluirlo dentro de los delitos perseguibles solo a instancia de la víctima. Además, el Artículo 179-C del Código Penal de 1985, establecía expresamente que los delitos de violencia intrafamiliar serían de acción pública. XII. Así entonces, advirtiéndose que la intención del legislador fue en todo momento considerar a los delitos sancionadores de la violencia contra la familia como de orden público y perseguibles de oficio por el Ministerio Público, es lógico asumir que esa misma previsión se tomó con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, pues el delito de maltrato familiar, fijamente dirigido a censurar la violencia contra la familia, como ya lo dijimos, no fue incluido por vía de reforma dentro de los delitos perseguibles a instancia de la víctima o inclusive de índole privada que describe el Código Procesal Penal. XIII.Siguiendo este orden de ideas, sabemos que parte de las alegaciones del ente fiscal para fundar su acción de amparo es que considera que el Tribunal de Alzada hizo una interpretación errónea e incongruente de lo estipulado por el artículo 45 del Código Procesal Penal, por cuanto la Alzada ha dejado entrever en su sentencia que los delitos de acción pública admiten la posibilidad de conciliar, declarado como un “error del legislador” la reforma al precitado artículo 45, el cual, según criterio de la Alzada contiene pasajes oscuros o contradictorios por lo que ameritan una interpretación a favor del imputado, lo que se conoce como el indubio pro reo, contemplado en el artículo 18 del Código Procesal Penal. XIV. Dicho esto, la Sala no advierte contradicción o pasajes oscuros en la norma procesal en cuestión que merezca la aplicación del artículo 18 que cita el Tribunal de Alzada, siendo además que la Alzada tampoco ha sido extensiva en su motivación para dilucidar la razón por la que considera que el artículo 45 es contradictorio u oscuro, siendo a juicio de esta Sala, acertadas, en su mayor parte, las argumentaciones que ha presentado el ente fiscal para sustentar su acción constitucional de amparo ante este Alto Tribunal. XV.Citando de nueva cuenta el artículo 45 del Código Procesal Penal:“Artículo 45. Conciliación. En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio”. De la simple lectura de la norma no se observa contradicción u oscuridad en su texto, entendiéndose del mismo que la figura de la conciliación procede:1. En las faltas;2. En los delitos de acción privada; y,3. En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular; Siempre y cuando la pena principal aplicable al delito cometido sea inferior a 5 años. Así entonces, por exclusión y aplicando de manera taxativa lo estipulado por la norma procedimental que citamos, la conciliación no procede en los delitos de acción pública que sean perseguibles de oficio por el Ministerio Público, solamente procede en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular cuando la pena principal aplicable al delito cometido sea inferior a 5 años. XVI. El maltrato familiar no está contemplado como delito privado ni como delito de acción pública dependiente de instancia particular conforme con el artículo 26 anteriormente citado, como tampoco lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar, ya derogado por el artículo 289 del Código Penal vigente. El delito de maltrato familiar es un delito de acción pública que debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, no requiriendo del consentimiento de la víctima para ejercitarse la acción penal pública que corresponda. Así entonces, siendo proscrito por el ordenamiento jurídico dar a la ley otro sentido que el que resulte explícitamente de sus propios términos, esta Sala no advierte contradicción o imprecisión en el artículo 45 del Código Procesal, resultando claramente establecido de su aplicación, relacionado con el artículo 26 del mismo cuerpo legal que el delito de maltrato familiar no admite la conciliación entre víctima e imputado, por no tratarse de una falta ni un delito de orden privado ni de instancia particular. XVII. La Sala considera desacertados los razonamientos expuestos por la Corte de Apelaciones, pues por un lado no ha establecido con claridad cuáles son, a su juicio, las contradicciones que a su parecer se derivan del precitado artículo 45, relegando el hecho que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación. Se aprecia que la Alzada ha interpretado la norma dándole un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. XVIII. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión lesiva del principio de legalidad, al derecho a un debido proceso legal y a una tutela judicial efectiva. XIX.Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.XX.A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva a su vez el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. XXI.En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, ha desatendido el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarándolo sin el debido razonamiento como oscuro y contradictorio, entendiendo indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, la tutela judicial efectiva y la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. XXII. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 17 del Código Civil; 45 y demás aplicables del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A ÚNICO: OTORGANDO la garantía de amparo peticionada por la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en representación del Ministerio Público, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Oscar René Orellana Granados, por suponerlo responsable del delito de Maltrato Familiar, en perjuicio de la señora Claudia Patricia Hernández Rodriguez, de la cual se ha hecho mérito, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta Y un días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fechas veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1365-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.