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Sentencia AP-1351-22 — Registro 16022

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de amparo a favor de recurrente en causa contra resolución dictada por el Tribunal de Sentencia que inadmitió medio de prueba consistente en pericia balística de Medicina Forense al considerar que tuvo que practicarse en las etapas anteriores al proceso, en causa contra imputada por suponerla responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de fuego y Tráfico Ilícito de Droga en perjuicio del Orden Público y la Salud de la Población del Estado de Honduras; La Sala en base al Código Procesal Penal indica que la norma ofrece un catálogo específico para rechazar una prueba cuando ésta sea impertinente, inútil y desproporcional, y en este caso no puede rechazar un medio de prueba sin establecer las razones como lo requiere el referido código

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la revisión de la foliada y de la lectura del Código Procesal Penal se desprende que esta norma ofrece un catálogo especifico de las razones por las cuales un medio de prueba puede ser rechazado, encontrándose dentro de estas, la establecida en el artículo 199 del Código Procesal Penal la cual señala que se rechazara una prueba cuando esta sea impertinente, inútil y desproporcional, es decir que para rechazar un medio de prueba es necesaria que la razón de su inadmisibilidad se encuentre expresamente establecida en la Ley, tal y como se señaló anteriormente y en el presente Recurso venido en consulta se puede observar que la prueba objeto de discusión fue rechazada sin establecer motivo alguno de los establecidos en la Ley Penal, por tanto, siendo que los Jueces y Magistrados de conformidad con el artículo 303 de la Constitución de la República, se encuentran sometidos únicamente a la Constitución y la Ley, no puede rechazar un medio de prueba sin establecer las razones como lo requiere el Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que denegó el recurso de amparo presentado por el Abogado José Dagoberto Martínez, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Gladys Celenia Rodriguez Alvarenga, por suponerla responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso y Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de el Orden Público y la Salud de la Población del Estado de Honduras, respectivamente. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- En fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado José Dagoberto Martínez, presentando recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Gladys Celenia Rodríguez Alvarenga, por suponerla responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso y Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de el Orden Público y la Salud de la Población del Estado de Honduras, respectivamente. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 del antecedente) 2).- Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, Agente Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil veintidós, dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esa Ciudad de La Ceiba.- En la causa registrada bajo el número TSLCP 1101- 2022-00031, contra la señora GLADYS CELENIA RODRIGUEZ ALVARENGA, a quien se le supone responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO, así mismo se le supone responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION; resolución mediante la cual se inadmitió el medio de prueba pericial.- Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo se remitan los autos en consulta obligatoria a la Honorable Corte Suprema de Justicia.- NOTIFIQUESE.” (Folios 48-50 vuelto del antecedente) 3).- Que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que denegó el recurso de amparo presentado por el Abogado José Dagoberto Martínez, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Gladys Celenia Rodríguez Alvarenga, por suponerla responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso y Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de el Orden Público y la Salud de la Población del Estado de Honduras, respectivamente. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022), es violatoria en perjuicio del Ministerio Publico y de los intereses generales de la sociedad hondureña, consistentes en los derechos de defensa y debido proceso, en vista que el Tribunal de Sentencia decidió declarar inadmisible el medio de prueba PERICIAL NUMERO 2, donde se nomina al perito Cristóbal Eduardo Aguilar Oviedo, perito balístico de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula, a efecto de que realice pericia balística al arma de fuego Tipo revolver, marca Taurus, color negro, calibre 38, con serie HN891655, conteniendo en su interior cinco cartuchos calibre 38, a efecto de determinar su estado de funcionamiento tanto operativo como mecánico, medio de prueba que fue declarado inadmisible al considerar que tuvo que practicarse en las etapas anteriores al proceso, dicha resolución es atentatoria al debido proceso y al derecho de defensa, en virtud que la mencionada pericia se realizaría antes de la celebración del juicio por lo que no causaría ningún atraso a la causa, tomando en cuenta que nos encontramos dentro del término establecido de la prisión preventiva previsto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, el cual es de dos años y solo han transcurrido hasta la fecha diez meses, fijándose juicio oral y público para el 5 y 6 de septiembre del dos mil veintidós, fecha para la cual se contaría con la pericia realizada, en virtud que la evidencia se encuentra ya en el almacén de evidencia de medicina forense de San Pedro Sula, Cortes, por lo que no habría dilación para la realización de la misma. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Por lo dicho, es indiscutible que la prueba dentro de un proceso penal es de suma importancia, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la misma resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de la foliada y de la lectura del Código Procesal Penal se desprende que esta norma ofrece un catálogo especifico de las razones por las cuales un medio de prueba puede ser rechazado, encontrándose dentro de estas, la establecida en el artículo 199 del Código Procesal Penal la cual señala que se rechazara una prueba cuando esta sea impertinente, inútil y desproporcional, es decir que para rechazar un medio de prueba es necesaria que la razón de su inadmisibilidad se encuentre expresamente establecida en la Ley, tal y como se señaló anteriormente y en el presente Recurso venido en consulta se puede observar que la prueba objeto de discusión fue rechazada sin establecer motivo alguno de los establecidos en la Ley Penal, por tanto, siendo que los Jueces y Magistrados de conformidad con el artículo 303 de la Constitución de la República, se encuentran sometidos únicamente a la Constitución y la Ley, no puede rechazar un medio de prueba sin establecer las razones como lo requiere el Código Procesal Penal. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 199 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia definitiva venida en consulta de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida; SEGUNDO: OTORGAR el amparo presentado por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, agente Fiscal de los Tribunales del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para dar cumplimiento a lo antes referido.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1351-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL