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Sentencia AP-1351-21 — Registro 16015

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera instancia que dictó Auto de Formal Procesamiento contra recurrentes por suponerlos responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, imponiéndoles medida cautelar de prisión preventiva; La Autoridad recurrida considera que existen los elementos legales que tipifican el delito que se le imputa a recurrente y no procede el beneficio de la retroactividad de la ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."de la simple lectura del Decreto 93-2021 que reformo la tipología del delito del lavado de activos y que se entiende que con la reforma la carga probatoria pasa del imputado al Ministerio Publico, es necesario por consiguiente con la vigencia de este decreto que la acción penal publica presentada por el ente acusador, tenga los requisitos plasmados en la reforma, es evidente que en este punto vale preguntarse cómo se iban a cumplir estos requisitos en aquel momento cuando la reforma todavía no existía, pero precisamente ese es el beneficio de la retroactividad, retrotraer los efectos de un decreto legislativo posterior a circunstancias que ya han acaecido en un proceso judicial como el que nos ocupa en este caso y estando latente el beneficio que representa para los imputados el hecho de que la carga probatoria se invierta ahora al Ministerio Publico, es indudable que la admisión a trámite del requerimiento presentado por parte del ente acusador es inadmisible ahora con la reforma, por lo tanto, se reitera que se debe cumplir ese requerimiento con los procesos y requisitos establecidos en el tipo penal con la reforma, por consiguiente, tal como lo solicita el recurrente en su escrito de amparo como medidas a adoptar para llevar a fiel cumplimiento la restitución de los derechos alegados como vulnerados en el amparo, esta Sala es del criterio que para que los imputados gocen de la retroactividad de esta norma, se debe de dejar sin valor ni efecto todas las actuaciones realizadas en el presente proceso, a partir de la admisión del requerimiento, dejando siempre a salvo del ente acusador la posibilidad de presentar el requerimiento fiscal con los requisitos y los procesos del Decreto N°93-2021 que reformo en ese sentido el Cogido Penal y la Ley de Lavado de Activos, por esa razón, se debe de ordenar también la inmediata liberación de los imputados REYNA SERRANO MELENDEZ y JOAQUIN MELENDEZ BONILLA restituyéndole todos sus derechos y garantías violentadas..."..."esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[4] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso..."..."FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Roger Orellana Pinel, a favor de los imputados M. Reyna Serrano Meléndez y Joaquín Meléndez Bonilla, contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno. SEGUNDO: Dejar sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento.. Que en base a lo que dice el artículo 63 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, se señala en esta sentencia que la conducta a cumplir por parte del órgano recurrido que es la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, es que debe de decretar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la decisión judicial adoptada en fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en el sentido de que no se han observado los procedimientos y lineamientos de obtención probatoria establecidos en el nuevo decreto legislativo que regula el tipo penal de lavado de activos con sus reformas y que por lo tanto ante esas circunstancias, tal y como se pide en apelación, que el órgano competente proceda a dictar el sobreseimiento definitivo de la causa y se ordene la devolución de todo lo incautado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor de los señores REYNA SERRANO MELENDEZ y JOAQUIN MELENDEZ BONILLA, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por los Abogados LUIS MIGUEL LARA HERNANDEZ y ROGER ORELLANA PINEL, contra la resolución de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores M. REYNA SERRANO MELENDEZ y JOAQUIN MELENDEZ BONILLA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 96 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1).- Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS FERNANDO ESTRADA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JOAQUIN MELENDEZ BONILLA Y M REYNA SERRANO MELENDEZ, a quienes se les supone responsables de la Comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 14 de la pieza del Juzgado).-2).- Que en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional del departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1).- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores JOAQUIN MELENDEZ BONILLA Y M REYNA SERRANO MELENDEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se debe imponer a los imputados JOAQUIN MELENDEZ BONILLA Y M REYNA SERRANO MELENDEZ, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal…”(Folios 281 al 296 de la pieza del Juzgado).-3).- Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- 2.- CONFIRMAR la resolución Apelada…” (Folio 409 AL 416 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4).- El recurrente Abogado ROGER ORELLANA PINEL, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de los señores JOAQUIN MELENDEZ BONILLA Y M REYNA SERRANO MELENDEZ SI MISMO, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90, 96 y 321 de la Constitución de la República.-5).- Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL a favor de M. REYNA SERRANO MELENDEZ Y JOAQUIN MELENDEZ BONILLA, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de junio del dos mil veintiuno, que declara sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que se le ha violentado el derecho establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República, al referir que las leyes no tienen efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezcan al procesado, asimismo establece que de conformidad con el artículo 9 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José señala que el principio de legalidad y de retroactividad, establece en el último párrafo, que si con posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de ello, también el artículo 7 del Código Civil, que habla que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezcan al procesado y desarrollado también en el artículo 1 del nuevo Código Penal Vigente, que establece en su párrafo último, que la Ley penal se aplica en forma retroactiva en las disposiciones más favorables al reo o penado y siendo que este nuevo Código Penal beneficia a sus representados, pide sea aplicado en base a los principios de retroactividad de la Ley y que le apliquen las nuevas disposiciones de la Ley en cuanto a las reformas del articulo 2 numeral 18; artículo 26 y 47 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, reformado mediante Decreto 93-2021 y 439 del nuevo Código Penal, llevando esa falta de aplicación de las normas procesales a la violación al debido proceso.- De igual manera señala que se le violento el derecho establecido en el artículo 98 Constitucional, al señalar que la prisión preventiva, tiene carácter excepcional y solo puede ser impuesta mediante resolución judicial motivada y escrita por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, pero que en el presente caso no existen los elementos indispensables para que siga manteniendo dicha medida y siendo que el procedimiento penal iniciado contra sus representados es nulo, por adolecer de falta de requisitos para incoar acción penal, igualmente nula es la orden de privación preventiva de libertad de sus patrocinados. Continua refiriendo que se le ha violentado el derecho a la propiedad, al señalar que siendo nulas las actuaciones de todo el procedimiento, nulos serían también los aseguramientos de sus tiendas el Zapatón.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en el presente caso de autos y de conformidad a la lectura del amparo interpuesto, se desprende que el mismo se ha incoado en contra de la resolución emitida el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, contenido en una sentencia en el recurso de apelación presentado por la defensa contra la resolución de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la que se decreta auto de formal procesamiento dictado en contra de sus representados a quienes también se les aplico la prisión preventiva, declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto. En ese sentido señala el accionista que el órgano contra el cual se recurre es la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Por lo tanto, el presente recurso de amparo guarda relación con el alegato del recurrente en apelación, con respecto al hecho que se le han violado algunos derechos constitucionales entre ellos el debido proceso, señala esto en vista que el proceso penal incoado en contra de sus representados tiene por objeto deducir su responsabilidad penal por el delito de lavado de activos. En ese sentido se observa que cuando sucedieron los hechos que llevaron a la acusación inicial del delito de lavado de activos (03 de mayo de 2019), se encontraba regulado en el Código Penal bajo el Decreto legislativo N°144-83, vigente el doce (12) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), mediante la Gaceta 24,264, sin embargo alega el recurrente que durante la secuela del juicio la disposición del Código Penal mediante el cual le presentan el requerimiento, fue reformada entre otras cosas, en el sentido de invertir la carga probatoria que inicialmente estaba dirigida al imputado. En ese punto nuestra Constitución de la República por ser la que contempla los derechos constitucionales de los que goza cualquier individuo dentro del territorio nacional, establece por un lado el principio de presunción de inocencia, es decir que toda persona es considerada inicialmente inocente mientras no se le demuestre lo contrario, a la par de ello señala el artículo 96 constitucional la retroactividad de la ley en materia penal, es decir que cuando exista una Ley nueva que favorezca al delincuente o procesado se le aplicara la nueva, aun y cuando haya iniciado un proceso penal con una ley anterior. En el presente caso de autos resulta evidente que la reforma al Código Penal y Ley de Lavado de Activos contenida en el Decreto Legislativo 93-2021 vigente a partir del uno (01) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), tiende a favorecer a los recurrentes porque le traslada la carga de la prueba a quien ostenta la acusación penal pública en Honduras, es decir al Ministerio Publico, sustituyendo la obligación de acreditar la legalidad de los bienes a los imputados en este caso. Esto representa de forma obvia un beneficio para los imputados el cual debe de ser aplicado de conformidad con la retroactividad contemplada en el artículo 96 de la Constitución de la República, se señala esto, en vista que de la simple lectura del Decreto 93-2021 que reformo la tipología del delito del lavado de activos y que se entiende que con la reforma la carga probatoria pasa del imputado al Ministerio Publico, es necesario por consiguiente con la vigencia de este decreto que la acción penal publica presentada por el ente acusador, tenga los requisitos plasmados en la reforma, es evidente que en este punto vale preguntarse cómo se iban a cumplir estos requisitos en aquel momento cuando la reforma todavía no existía, pero precisamente ese es el beneficio de la retroactividad, retrotraer los efectos de un decreto legislativo posterior a circunstancias que ya han acaecido en un proceso judicial como el que nos ocupa en este caso y estando latente el beneficio que representa para los imputados el hecho de que la carga probatoria se invierta ahora al Ministerio Publico, es indudable que la admisión a trámite del requerimiento presentado por parte del ente acusador es inadmisible ahora con la reforma, por lo tanto, se reitera que se debe cumplir ese requerimiento con los procesos y requisitos establecidos en el tipo penal con la reforma, por consiguiente, tal como lo solicita el recurrente en su escrito de amparo como medidas a adoptar para llevar a fiel cumplimiento la restitución de los derechos alegados como vulnerados en el amparo, esta Sala es del criterio que para que los imputados gocen de la retroactividad de esta norma, se debe de dejar sin valor ni efecto todas las actuaciones realizadas en el presente proceso, a partir de la admisión del requerimiento, dejando siempre a salvo del ente acusador la posibilidad de presentar el requerimiento fiscal con los requisitos y los procesos del Decreto N°93-2021 que reformo en ese sentido el Cogido Penal y la Ley de Lavado de Activos, por esa razón, se debe de ordenar también la inmediata liberación de los imputados REYNA SERRANO MELENDEZ y JOAQUIN MELENDEZ BONILLA restituyéndole todos sus derechos y garantías violentadas.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[1], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[2]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[3].-CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[4] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[5]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a todos los extremos planteados.-CONSIDERANDO DOCE (12): La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. Para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un proceso, la Corte ha señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido ha manifestado, compartiendo el criterio establecido por la Corte Europea de Derechos humanos, que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso se deben tomar en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.- Asimismo, la Corte Interamericana ha considerado importante tomar otro criterio desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso: el análisis global del procedimiento. En ese orden de ideas debe existir un plazo razonable, con la finalidad de impedir que los acusados, sospechosos, imputados, permanezcan largo tiempo bajo acusación o investigación sin resultados y asegurar que su situación jurídica se decida de manera pronta y con justicia. Entendiendo de este modo que el Plazo Razonable, es inherente al Debido Proceso por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como ha pasado en este caso.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; el articulo 90 de la Constitución de la República establece que “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[6]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[7]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.-CONSIDERNADO QUINCE (15): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[8]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERNADO DIECISEIS (16): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, así como las convenciones internacionales. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales de los recurrentes, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41, 42 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 439 reformado del Código Penal; Decreto 093-2021; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Roger Orellana Pinel, a favor de los imputados M. Reyna Serrano Meléndez y Joaquín Meléndez Bonilla, contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno. SEGUNDO: Dejar sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento. Que en base a lo que dice el artículo 63 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, se señala en esta sentencia que la conducta a cumplir por parte del órgano recurrido que es la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, es que debe de decretar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la decisión judicial adoptada en fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en el sentido de que no se han observado los procedimientos y lineamientos de obtención probatoria establecidos en el nuevo decreto legislativo que regula el tipo penal de lavado de activos con sus reformas y que por lo tanto ante esas circunstancias, tal y como se pide en apelación, que el órgano competente proceda a dictar el sobreseimiento definitivo de la causa y se ordene la devolución de todo lo incautado; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de enero del (2023) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1351-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[2] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[3] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[4] AP 259-12;

[5] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55

[6]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[7] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[8] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.