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Sentencia AP-1345-22 — Registro 17754

Resumen

Sentencia declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación y reposición; revocó sobreseimiento provisional en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de testigo protegido Tesla y por el delito de Privación Ilegal de la Libertad en perjuicio de Testigo Protegido “Megadolon y Ultron”; Se le impuso Prisión Preventiva por considerar que hay indicio de peligro de fuga y la gravedad de la pena; No se configura el arraigo alegado por recurrente con un Título de Propiedad de dominio pleno de un bien inmueble que no está a su nombre; Se determinó que existe peligro de obstrucción a la investigación, por lo que procede revocar la medida cautelar distinta a la prisión preventiva contra el acusado y que se dicte auto de formal procesamiento contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: ...1), 2), 3), 4); Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben..."..."el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado…el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva...”;..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal;..."..."el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, ..."..."de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito..."..."la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado ...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: ...1), 2), 3), 4); Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben..."..."el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado…el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva...”;..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal;..."..."el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, ..."..."de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito..."..."la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado ...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: ...1), 2), 3), 4); Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben..."..."el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado…el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva...”;..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal;..."..."el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, ..."..."de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito..."..."la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado ...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: ...1), 2), 3), 4); Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben..."..."el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado…el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva...”;..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal;..."..."el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, ..."..."de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito..."..."la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado ...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: ...1), 2), 3), 4); Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben..."..."el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado…el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva...”;..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal;..."..."el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, ..."..."de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito..."..."la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado ...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: ...1), 2), 3), 4); Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben..."..."el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado…el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva...”;..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal;..."..."el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, ..."..."de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito..."..."la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado ...

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CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES Y OSCAR ADAN CLIX ROSALES, a favor del señor JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fechas veinticuatro de febrero y nueve de agosto de dios mil veintidós, que resolvieron un recurso de apelación y reposición interpuesta contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra el señor JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO TESLA.ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal, Abogada WENDY GABRIELA BANEGAS, presentando requerimiento fiscal en contra los señores JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, KEVIN VIDAL BETANCOURT LOPEZ, y VICTOR LEONEL FIGUEROA, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “TESLA” y por el delito de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “MEGADOLON Y ULTRON”. (Folios 11 al 14 de los antecedentes del A-quo) 2) Que en la Cuarta Sesión de la Audiencia Inicial celebrada en fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió: (SIC)… “4) Se decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra de JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO TESLA. 5) Se dicta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, por el delito de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MEGALODON Y ULTRON, teniendo el Ministerio Público cinco (5) años a partir de la fecha para solicitar la Prosecución del Proceso; por lo que se ordena al Secretario del Despacho extender la respectiva CARTA DE LIBERTAD PROVISONAL. 6) Se impone a JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, LAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS A LA PRISION PREVENTIVA ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 173, numeral 5, 6, 7, 8 y 10 del Código Procesal Penal…”(Folios 157 y 158 de loa antecedentes del A-quo).3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada TANIA LETICIA CANO VEGA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en auto motivado de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dictó resolución mediante la cual dispuso: (SIC)…”RESUELVE: 1) HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. 2) REVOCAR el sobreseimiento provisional dictado por el delito de privación injusta de la libertad, debiendo dictar por este delito, auto de formal procesamiento contra Jairo Bladimir Flores RUIZ. 3) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor. 4) CONFIRMAR en lo demás.” (Folios 205 al 211 de los antecedentes del A-quo). 4) Que los recurrentes, Abogados MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES Y OSCAR ADAN CLIX ROSALES, comparecieron ante este Tribunal, en fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 88 tercer párrafo, 90 párrafo primero y 93 de la Constitución de la República.5) Que en fecha doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023), ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por los Abogados MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES Y OSCAR ADAN CLIX ROSALES, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que los recurrentes Abogados MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES Y OSCAR ADAN CALIX ROSALES, comparecieron en fecha ocho de Septiembre del año dos mil veintidós, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, al considerar que las resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de febrero y nueve (9) de Agosto del año dos mil veintidós (2022), vulnera en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 88 tercer párrafo, debido proceso y otorgamiento de caución, que establecen los artículos 88 párrafo tercero y 90 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 93 de la ley suprema. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por los recurrentes en Amparo, es el derecho de valoración de la prueba y debido proceso contenidos en los Artículos 88 tercer párrafo y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, el primero de ellos establece: “Sólo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente.”, el segundo indica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; relacionado con el artículo 93 Constitucional que indica: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.” CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes en el escrito del recurso de amparo, arguyen que la resolución que se recurre vulnera el derecho al debido proceso por haberse declarado sin lugar el recurso de apelación y reposición interpuesto a favor de su representado, revocado el sobreseimiento provisional y que se dicte un auto de formal procesamiento por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD Y QUE SE DICTE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA, en contra de su representado, a pesar de la caución que rindió y cumplir las medidas que se le impusieron, sometiéndose con voluntad al proceso en libertad. A quién el derecho positivo le garantiza, un estado de inocencia, el derecho a circular libremente, al no valorar su libertad a pesar de la fianza depositaria y cumpliendo las medidas que le impusieron en aquel momento; Y que no concurren los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo Robo con Violencia o Intimidación y Privación Ilegal de la Libertad, ya que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones, que de acuerdo al principio de legalidad y retroactividad de la Ley, resuelve con el decreto 130-2017, no resultando ningún indicio de racional de participación alguna de parte de su representado, ya que cuando se sometió al contradictorio en contra de su representado, no concurren los presupuestos legitimadores que tanto la carta magna y del derecho dispositivo que establecen como necesarios para resolver parcialmente la resolución de primera instancia como decretar auto de prisión por robo de vehículo y privación Injusta de la Libertad con la medida de Prisión Preventiva. CONSIDERANDO (5): Que en el escrito de formalización del recurso, los recurrentes arguyen que la resolución de la Corte de Apelaciones violó los derechos contenidos en los artículos 88 párrafo tercero de la Constitución de la República, debido proceso al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y revocar el sobreseimiento provisional por el delito de Privación injusta de la libertad y las medidas cautelares distinta a la Prisión Preventiva impuesta al señor JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ. Dicha resolución no solo violenta el derecho constitucional establecido en el artículo 93, que establece “Aun con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad por la ley”. EL Ad-quem no se refirió si la caución es suficiente o no, sino más bien fundamentada en la gravedad de los delitos por el que está acusado; resolución que fue revocada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que hace un tes de responsabilidad y gravedad de los delitos, violentando el principio constitucional de presunción de inocencia, es así que en esta etapa del proceso es violatorio a toda garantía procesal, que tanto la Corte de Apelaciones esté hablando de la gravedad del delito para negar una medida distinta a la prisión preventiva, por lo cual dicha resolución es abusiva y violatoria a las garantías judiciales de su representado. CONSIDERANDO (6) En ese mismo orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, según siguen manifestando los recurrentes que dicha resolución de fecha nueve (09) de agosto del dos mil veintidós (2022) que colige a folios 221 y 222 del expediente de antecedentes del A-quo, no fue debidamente motivada de acuerdo con el siguiente análisis: 1- Sobre el peligro de fuga. El Ad Quem ha establecido que su es susceptibles de darse a la fuga sin estar presente en el proceso, desvalorizando la presentación voluntaria del mismo. Por otra parte la Corte establece de 2- Que existan indicios suficientes para sostener razonablemente que la persona imputada es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito. 3- Sobre el peligro de obstrucción a la investigación la Corte argumenta que existen motivos fundados para temer qué, puesto en libertad el imputado tratará de destruir y manipular las fuentes de prueba. Argumento que según los recurrentes es arbitrario, ya que el imputado fue puesto en libertad mediante fianza depositaria que no hizo mención el Ad-quem en su resolución, por lo que resulta una decisión arbitraria. CONSIDERANDO (7): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar Ha lugar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, revocando las medidas cautelares impuestas al imputado JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, bajo los argumentos siguientes: “3.- De la prueba relacionada en audiencia, esta alzada considera que la prueba para acreditar el arraigo del acusado presentada en audiencia y consiste en un título de propiedad de dominio pleno de un bien inmueble a nombre de Pedro Celestino Videa Flores y no a nombre del acusado, no constituye una probanza de arraigo suficiente por parte del acusado que tienda a asegurar el sometimiento ineludible de este a la Justicia, finalidad procesal de las medidas cautelares. La Ley adjetiva Penal, establece una serie de requisitos que deberán ser observados y apreciados por el Juez para acceder a una medida distinta a la prisión preventiva a fin que la finalidad procesal pueda alcanzarse. De los hechos y de la prueba se establece que la pena a imponer por los delitos atribuidos (robo de vehículo agravado y privación injusta de la libertad), conllevan a una pena que al tenor de la norma procesal resulta gravosa, pues las mismas exceden de cinco (5) años, lo que podría conllevar a que existe en el acusado el indicio de peligro de fuga. Aunado a lo anterior, aparece en autos que existen indicios suficientes que vinculan al acusado con los hechos imputados, pero además de que los hechos se desprende que el mismo fue cometido con la participación de varias personas armadas que no han sido habidas en juicio, además que para la imposición de la medida cautelar el Juez deberá considerar y analizar los antecedentes de los hechos en su conjunto a fin de establecer cuál o cuales de las medidas son las más idóneas además proporcionales a los hechos imputados y a las circunstancias de cada caso en particular, así como considerar aspectos de la personalidad del imputado que tiendan a establecer su mayor o menor peligrosidad; siendo que de acuerdo a lo ya señalado, en cuanto a que el acusado cometió el hecho junto con otras personas que portaban armas de fuego, son circunstancias que develan una peligrosidad en el actuar y la personalidad del imputado, por lo que corresponde imponer la medida cautelar de prisión preventiva como lo solicita el impetrante y deviene que esta Corte de Apelaciones reponga aquella resolución únicamente en cuanto a la procedencia del recurso de apelación y mandando que se revoque la resolución del Juez y se imponga a Jairo Bladimir Flores Ruiz la medida cautelar de prisión preventiva, debiéndose mantener la resolución en todo lo demás”.CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (9): La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (10): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda, en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (11): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 69 establece: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.”. CONSIDERANDO (12): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras. CONSIDERANDO (13): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 literal 3) establece: “… La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo….” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (14): Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante, a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el Código Procesal Penal, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.CONSIDERANDO (15): Que la finalidad de las medidas cautelares personales es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que el órgano jurisdiccional pueda adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad es preciso que: 1) Existan indicios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito; 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba. En ese orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 174 del CPP determina que el órgano jurisdiccional, al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado.CONSIDERANDO (16): Que de la resolución que se recurre en amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, así como la posible obstrucción de la investigación. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: 1) La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto; 2) La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado, como resultado del proceso; 3) La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular su falta de voluntad reparadora; y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso. Asimismo, el artículo 180 de la norma procesal en comento, establece que para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado pueda realizar cualquiera de las acciones que señala el precepto, inter alia, el destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas existentes relacionadas con el delito; influir en los testigos o peritos para que informen falsamente sobre lo que saben.CONSIDERANDO (17): Que de los derechos fundamentales instituidos en nuestra Constitución, la libertad personal, constituye uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor importancia después de la vida; tan es así que una de las características para la aplicación de la medida cautelar de privación de la libertad es la excepcionalidad; para Armenta Deu, “La excepcionalidad significa que la ley procesal opta decididamente por la libertad provisional como regla general y primera opción que se debe acoger frente a la prisión provisional, en tanto concurran, claro está, los presupuestos legales al efecto…”; aunado a la excepcionalidad, otra característica que reviste mayor importancia para la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad personal es la proporcionalidad; la misma autora sostiene que: “La proporcionalidad exige que la norma restrictiva del derecho a la libertad de movimientos tenga un contenido proporcionado a los fines que con la prisión provisional se pretende alcanzar. Expresado, en otros términos, para privar de libertad a alguien debe exigirse un fin constitucionalmente legítimo. Así, junto a la necesidad e idoneidad de la medida se requiere que concurra la proporcionalidad strictu sensu, es decir, el juicio de ponderación entre intereses en juego, de manera que el sacrificio de la libertad de la persona resulte razonable en comparación con la importancia del fin de la medida.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (18): Que el Ad-quem procedió a revocar lo resuelto por el A-quo en cuanto a imponer la medida de Prisión Preventiva a las medidas distintas de prisión preventiva que venía gozando el imputado; entre los argumentos expuestos el Ad-quem se señala: (Sic) “… veamos que el artículo 178 de nuestro código procesal penal, considera que se puede adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, cuando se cumpla cualquiera de circunstancias como lo es el peligro de fuga del cual hemos desarrollado se dan los presupuestos legitimadores para su adopción, no obstante bajo el espíritu que manda de la Corte Interamericana de Justicia es necesario saber si se cumple otro de las circunstancias que establece el artículo 178 mencionado, concerniente a la posible obstrucción de las investigaciones por parte del imputado….”; no obstante a ello de la resolución que se recurre en Amparo se observa que en el apartado número tres (3) de la resolución del recurso de reposición de fecha nueve (09) de agosto del dos mil veintidós (2022) que obra a folio 221 y 222 de la motivación probatoria y jurídica, el Ad-quem se enfoca en los argumentos del Ministerio Público en cuanto al objetivo principal que manifiesta como ser asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y regular la obtención de la fuente de prueba; sin argumentar si se dan los presupuestos que evidencian peligro de fuga por parte del imputado de ser modificada la medida cautelar a la de prisión preventiva. Tratadistas señalan que las medidas cautelares de prisión y libertad provisional y de fianza son modificables durante el curso del proceso y deben ser revisadas si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción; sostienen que la cautela no atiende, solamente, a la pena a imponer, sino también a otros elementos subjetivos y objetivos como el riesgo de fuga, desaparición de pruebas o el peligro de que se actué contra la víctima. Los relacionados autores sostienen que: “Las decisiones relativas a la adopción y mantenimiento de la prisión provisional han de expresarse a través de una resolución judicial motivada, motivación que ha de ser “suficiente y razonable”, entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad del afectado, ponderando adecuadamente los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la administración de la justicia penal, en atención a los fines que hemos reseñado por otro”. CONSIDERANDO (19): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (20): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; así también la defensa ofreció caución económica conforme lo establecido en el precepto 93 de la Constitución de la República, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena y la posible obstrucción de la investigación, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que estos se suscitaron, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación del Ministerio Público, de esa medida cautelar limitativa de la libertad personal; en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal; buscando por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades del titular de los derechos en conflicto, con atención a los juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto; esto es, sin determinar prima facie la necesidad de la medida, en tanto y en cuanto esta resulte necesaria por no existir otra menos lesiva para la consecución del fin constitucionalmente protegido. CONSIDERANDO (21) Que el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Provisional que decretó el A-quo en cuanto a imponer el auto de formal procesamiento por el delito de Privación Injusta de la Libertad según el artículo 193 del Código Penal derogado, en su resolución en fecha veinticuatro de Febrero del dos mil veintidós, en el punto cuatro (4) de la motivación, establece que “El delito de privación injusta de la libertad se encuentra previsto en el artículo 193 del código penal, el cual dispone que “ quién fuera de los casos previstos en el artículo anterior (secuestro)prive injustamente a otro de la libertad , será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6)años”. En el caso Subjudice, la juez en su resolución, estimó que no acontece acreditada la participación del acusado en el delito de privación injusta de la libertad, pues no se probó que él estuviera en el lugar de los hechos” Y respecto a este delito el Ad-quem manifiesta que de acuerdo a las declaraciones de los testigos protegidos, fueron cuatro las personas que ingresaron al plantel donde laboraban y en el lugar que se encontraba la máquina retroexcavadora que fue sustraída como a eso de las 6.30/7:00 de la noche, uno de ellos se llevó la retroexcavadora mientras los otros tres sujetos encapuchados los mantenían encerrados, amarrados hasta aproximadamente las 3 de la mañana, es decir los tuvieron privados de su libertad más del tiempo necesario para la sustracción de la maquinaria. Pasaron alrededor de 7 a 8 después de la sustracción de la maquinaria y los testigos Megadolón y Ultrón permanecían encerrados y sometidos, por tanto sí acontece el delito de privación injusta de la Libertad como un delito autónomo, no medial para la comisión del delito de robo de vehículo. El haberlos retenido, limitando su libertad ambulatoria más allá de lo necesario para ejercer el robo revela que el delito de privación injusta de la libertad acontece como autónomo de aquel delito. CONSIDERANDO (22) Que de la resolución que se recurre en amparo, esta sala de lo constitucional advierte que el tribunal de alzada fundamentó su resolución en el argumento de que el imputado sabía que tres personas permanecieron en el lugar, aún mucho tiempo después de que se apoderaran y sustrajeran la retroexcavadora y que mantenían encerrados a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón, retirándose del lugar en horas de la madrugada y que por tanto la privación de la libertad de esas personas excede del estrictamente necesario para ejecutar el robo del vehículo, es decir, el indispensable para retener a la víctima mientras la agresión se consuma, esta conducta evidencia que el delito de robo de vehículo pudo perfectamente perfeccionarse desde que se llevaron del lugar la retroexcavadora, por lo que retener y privar a los testigos protegidos Megadolón y Ultrón de su libertad por 7 a 8 horas era totalmente innecesario para la realización de aquel delito. CONSIDERANDO (23) Que la Sala de lo Constitucional ha observado la falta de la función revisora que tiene el tribunal de Alzada, al no revisar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Privación Injusta de la Libertad, en la cual se establece según el ad-quem en el artículo 193 del Código Penal derogado “ Quién fuera de los casos previstos en el artículo anterior, prive injustamente a otro de su libertad, será sancionado con reclusión de tres(3) a seis (6) años; siendo este un delito autónomo y no medial; aunado a ello limitando su libertad ambulatoria; Y es así que la sala ha encontrado que el delito de Privación Injusta de la Libertad se subsume como un medio necesario para cometer el delito más grave como ser el robo de la retroexcavadora; ya que la libertad a que se refiere el título VI del Código Penal Derogado, se refieren a una serie de tipos delictivos que directamente afectan a la libertad de la persona; y con referente al caso en concreto la libertad es el bién jurídico protegido y, al mismo tiempo, el objeto inmediato de ataque, diferenciándose en esto de otros delitos que atacan también a la libertad, pero de un modo indirecto y como medio para conseguir otros fines, como el robo con intimidación y las agresiones sexuales, con los que constituye un delito complejo, en el que la autonomía del delito contra la libertad se pierde, quedando absorbida en el delito complejo, la solución quizás podría estar en la propia dimensión temporal de la detención. Una privación de libertad ambulatoria de escasa duración, por ejemplo, mantener inmovilizada a una persona mientras se roba su casa o su automóvil, no constituye por sí una detención, si no unas coacciones o amenazas que, en su caso, constituye también el medio comisivo de un robo. Por lo que el delito de la privación injusta de libertad al que el Ad-quem ordena se decrete un auto de formal procesamiento se subsume dentro del delito más complejo como ser el de robo de vehículo agravado, siendo este un medio comisivo para cometer el robo de la retroexcavadora, siendo este robo de vehículo agravado. CONSIDERANDO (24): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el fallo que se conoce por vía del presente recurso, no ha recogido adecuadamente las consideraciones en cuanto al dictado de una resolución de fondo y motivada de una manera “suficiente y razonable” a efecto de asegurar una tutela efectiva de las pretensiones del interesado, ello porque: 1) La misma no da respuesta a todos los agravios expuestos por la defensa inter alia el ofrecimiento de caución suficiente, a efecto de revocar la resolución dictada por el A-quo; 2) No realiza una ponderación adecuada de los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; y, la realización de la administración de la justicia penal, por otro; 3) No realiza en conjunto la valoración de los elementos o circunstancias para determinar si existe peligro de fuga del imputado –Artículo 179 del CPP-; y, 4) Falencia argumentativa, en la motivación de una resolución “suficiente y razonable” y por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos en conflicto. CONSIDERANDO (25): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (26): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (27): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por los recurrentes, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 13, 14, 141, 172, 174, 178, 179, 184 y 188 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por los Abogados MARVIN ANTONIO CALIX ROSALES Y OSCAR ADAN CALIX ROSALES a favor del señor JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de febrero y nueve (09) de agosto del año dos mil veintidós (2022), emitida por la CORTE de APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados al ciudadano JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1345-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL”