Sentencia AP-1328-21 — Registro 17964
Resumen
Resolución que revoca Sobreseimiento Definitivo por excepción de retroactividad de la ley penal con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Adquisición de Vehículo Robado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."13): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Esmelin Edgardo Yanez Gomez, que fuera dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional de defensa y debido proceso invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo.CONSIDERANDO (14): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de sobreseimiento definitivo en respuesta a la excepción de falta de acción y aplicación al principio de retroactividad penal, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales"
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DINABEL LOPEZ DURON, a favor del señor ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinte de octubre del año dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con relación a la causa instruida contra el señor ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ por suponerlo responsable del delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de YESI ARACELY PINEDA ABRIEGO. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el Abogado FERNANDO JOSE TRIMINIO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ por suponerlo responsable del delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de YESI ARACELY PINEDA ABRIEGO. (Folios 01–06 de la pieza del A-Quo)2) En la continuación del trámite, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dicto en audiencia de Juicio Oral y Público en la cual Resolvió: “PRIMERO: Declarar con lugar la excepción por falta de acción, alegada por la parte defensora por los argumentos jurídicos de hecho y de derecho anteriormente expuestos; por ende, se ordena sobreseer las presentes diligencias. SEGUNDO: Se revoca las Medida Cautelar de prisión preventiva impuesta durante la tramitación de la presente causa, así mismo se ordena se emitan las cartas de libertad y la orden de excarcelación sin perjuicio de que se encuentre privado de libertad por otro delito.” (Folios 51–59 de la pieza del A-Quo)3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANA LIZETH VASQUEZ ALVARES, Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinte (20) de octubre del dos mil veintiuno (2021), Falló: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado El Ministerio Público contra EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por la excepción de retroactividad de la ley penal, de fecha veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, en la causa seguida contra el imputado ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de YESI ARACELY PINEDA ABREGO.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA.- EN CONSECUENCIA: Que el Tribunal siga con el curso del proceso, y respecto a la retroactividad, una vez planteada, se determine conforme al artículo616 del código Penal de decreto 130-2017 respecto a la pena señalada en la norma vigente para los hechos.-” (Folios 07–12 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que la Abogada DINABEL LOPEZ DURON, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. (Folios 01–04 del Presente Recurso)5) Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha veinte de octubre del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el proceso incoado en contra del imputado ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de YESI ARACELY PINEDA ABREGO, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y reforma la resolución dictada por el A-quo, en el sentido de revocar el sobreseimiento definitivo dictado al señor ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, ordenando en consecuencia que el Tribunal siga con el curso del proceso, y respecto a la retroactividad, una vez planteada, se determine conforme al artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017 respecto a la pena señalada en la norma vigente para los hechos. CONSIDERANDO (3): Que a juicio de la recurrente el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como el derecho de defensa y debido proceso; argumenta que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones a todas luces contradice el espíritu del legislador hecho norma en los artículos 615 y 616 del Decreto 130-2017 en relación al artículo 82, 90 y 96 de la Constitución de la República, en el sentido que privan al señor ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, de defenderse de forma efectiva por el delito que le fue notificado en su apertura a juicio y han dejado de aplicar el principio de retroactividad contenido en el artículo 615 párrafo segundo, que literalmente dice: Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” Argumenta el pedidor que la conducta ilícita por la cual se ha venido defendiendo el señor ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, ha sido ADQUISICIÓN DE VEHICULO ROBADO, tipificado en el artículo 218-D del Código Penal decreto 144-83, conducta que no está regulada en ninguna norma penal, ha sido despenalizada por la actual normativa, por lo cual amerita dictar sobreseimiento definitivo, tal cual lo hizo el Tribunal de Sentencia, pues de seguir el juicio oral y público, como lo ha resuelto la Corte de Apelaciones, se estaría vulnerando el derecho que tiene el imputado de defenderse por la acusación vertida por el Ministerio Público en el requerimiento fiscal, inicial y apertura a juicio, por lo cual cualquier nueva tipificación del delito viene a violentar ese legitimo derecho de tener conocimiento y ser informado del delito por el cual se le sigue proceso y de defenderse del mismo. (lo negrito es del recurrente). CONSIDERANDO (4): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por la abogada DINABEL LOPEZ DURON, al considerar que el Tribunal Ad-Quem ha vulnerado derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República; relacionándolos con lo dispuesto en los Artículos 615 y 616 del Código Penal Decreto 130-2017. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de la recurrente el derecho de Defensa y Debido Proceso preceptuado en los artículos 82 párrafo primero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que por su orden disponen: “El derecho de defensa es inviolable…”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente expone en sus argumentos que la Corte de Apelaciones a dejado de aplicar el artículo 615 párrafo segundo del Código Penal en relación al principio de retroactividad, al revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado por el Tribunal de Sentencia, arguye que, de continuar con el juicio oral y público por una nueva tipificación del delito, se violenta el derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que la disposición constitucional contenida en el Artículo 96 de la Constitución de la República, dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.”; ahora bien, en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 615 del Código Penal dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más Favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.”. (Lo negrito es nuestro) CONSIDERANDO (9): En el presente caso, el A-quo en Audiencia de incidentes ha procedido a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Esmelin Edgardo Yanez Gómez, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, decisión que por unanimidad de votos ha sido revocada por el Tribunal de Segunda Instancia, argumentando este órgano jurisdiccional que los hechos de la acusación contra el imputado según la formalización de la audiencia preliminar, no se encuadran dentro de los supuestos del Encubrimiento que regula el artículo 513 de la nueva normativa penal (Decreto 130-2017) como lo solicita el ente fiscal, concluyendo que en la nueva norma no se regula la conducta de adquisición de vehículo robado o hurtado, sin embargo existe una nueva figura que por sus verbos rectores y la finalidad de la misma, abraza la conducta de recibir o adquirir bienes o efectos provenientes de un delito, tipificado como Receptación contenido en el Decreto 130-2017, que debe ser objeto de prueba y contradicción. En consecuencia, aún y cuando en la nueva ley haya desaparecido la calificación jurídica de Adquisición de Vehículo Robado o Hurtado, la conducta de recibo o adquisición de bienes o efectos del delito se encuentran regulados en la nueva ley. Por lo cual estando sentado el criterio de la Corte, corresponde la revocatoria de la decisión del a-quo sobre la procedencia de la retroactividad de la nueva ley conforme el párrafo segundo del artículo 615 del Código Penal Decreto 130-2017. CONSIDERANDO (10): Que en el caso sub judice, el amparista argumenta que, de continuar con el juicio oral y público por una nueva tipificación del delito, se le violenta a su representado el derecho de defenderse de la acusación vertida por el Ministerio Publico en el Requerimiento Fiscal, inicial y auto de apertura; En ese orden de ideas el artículo 321 del Código Procesal Pena, dispone: “Ampliación de la acusación. Si durante el juicio se tienen nuevas noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el fiscal o el acusador privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Si las circunstancias o hechos señalados en la ampliación exigen nuevos elementos de prueba, cualquiera de las partes podrá pedir la suspensión del juicio y el imputado, por su parte, tendrá derecho a pedirse amplíe su declaración. Aun no siendo necesario la practica de prueba, el defensor del acusado podrá solicitar igualmente la suspensión del juicio por el tiempo preciso, para preparar la defensa frente a la ampliación de la acusación. …”. Vista la norma señalada, esta Sala advierte que en la misma se indica que el Ministerio Publico o acusador privado está facultado para ampliar o modificar la acusación en la etapa de juicio oral y Público, sin que con ello se lesione el derecho de defensa del imputado, la misma norma posibilita que los hechos sean controvertidos, pues se permitirá la suspensión del juicio a solicitud de la defensa, para que las partes puedan aportar prueba frente a la ampliación de la acusación. CONSIDERANDO (11): Que continuando con el argumento del amparista, en relación a que el delito de Adquisición de Vehículo Robado, no está regulada en ninguna norma penal en el nuevo Código Penal y que, al no estar regulada, dicha conducta ha sido despenalizada por la actual normativa, por lo cual en relación al párrafo segundo del artículo 615 del Código Penal, debía dictarse Sobreseimiento tal cual lo hizo en su momento el Tribunal de Sentencia de Comayagua. La Sala advierte que este es un alegato de mera legalidad el cual debe ser resuelto por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, y al efecto el Ad-Quem ha revocado el Sobreseimiento Definitivo dictado en la causa que se le sigue al señor Esmelin Edgardo Yanez Gómez, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, argumentando que si bien en la nueva norma no se regula la conducta de adquisición de vehículo robado o hurtado, existe una nueva figura que por sus verbos rectores y la finalidad de la misma, abraza la conducta de recibir o adquirir bienes o efectos provenientes de un delito, tipificado como Receptación contenido en el Decreto 130-2017. Criterio que en principio ha sido plasmado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes sentencias[3], mediante las cuales ha determinado que en supuestos como el presente, la conducta debe tipificarse en el delito de receptación, el cual establece que: “Quien, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibo, adquiere u oculta tales efectos debe ser castigado…”. En el caso presente, sin entrar al fondo del asunto en relación a la conducta que se le imputa al amparista, o hacer el análisis jurídico respecto a la suficiencia fáctica para conformar los elementos del tipo penal recalificado por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, se verifica por esta Sala de lo Constitucional que la segunda instancia ha realizado un análisis jurídico de los hechos traídos a juicio en contraste con la resolución recurrida, sin que ello implique una lesión o vulneración a los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, porque tal y como se ha dicho anteriormente, constituyen aspectos de mera legalidad que deben conocerse y resolverse en instancia.CONSIDERANDO (12): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[4], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[5]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[6]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[7], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[8].CONSIDERANDO (13): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Esmelin Edgardo Yanez Gomez, que fuera dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional de defensa y debido proceso invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo.CONSIDERANDO (14): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de sobreseimiento definitivo en respuesta a la excepción de falta de acción y aplicación al principio de retroactividad penal, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DINABEL LOPEZ DURON, a favor del imputado ESMELIN EDGARDO YANEZ GOMEZ, contra la resolución de fecha VEINTE (20) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1328-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Recursos de Casación SP-337-2017 y 238-2018.
[4] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[7] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[8] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.