Sentencia AP-1317-22 — Registro 16014
Resumen
Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación contra resolución dictada por Juzgado de Primera Instancia que declaró sin lugar Excepción por Falta de Acción en atención a la reforma de la tipicidad obejtiva del delito de lavado de activos (Decreto 93-21), en causa contra recurrente por suponerla responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró que el proceso contra recurrente no se ha iniciado por no haber sido habida por lo que no puede interponer excepciones por no ser el momento procesal; no se debe confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad, ya que la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado en el juicio oral y publico por lo que no se ha vulnerado el derecho de defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso…"…"esta Sala no coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en virtud de que ya se encuentra establecido en el artículo 267 del Código Procesal Penal, que el proceso penal inicia con la denuncia del hecho criminal; denuncia que en el caso de autos fue presentada en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete ante la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y resultado de las diligencias se derivo la presentación del requerimiento fiscal en contra de la señora Villatoro Ortiz. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes se aprecia que efectivamente, tal como lo plantea el recurrente existe vulneración de los derechos constitucionales de la recurrente, por lo que debe estimarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta y restablecerse sus derechos, sin mas perturbaciones en la administración de sus bienes..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 439 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 267 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Walter Leonel Ramirez García, a favor de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortíz, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa que instruida contra la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortíz por suponerla responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Agente Fiscal, la Abogada Karla Marcela Reyes Herrera, presentando requerimiento fiscal en contra los señores Mario Roberto Girón Maldonado, Gladys Orfilia Villatoro Ortíz, Julio Cesar Villatoro Ortíz, Bertha Waldina Villatoro Ortíz, Ana Isabel Calix Lobo, Francisco Rubén Molina Calix, José Fermín Batrez Romero, Wilfredo Lainfiesta Dubón, Luis Felipe Torres Alfaro, Daniel Eduardo Meléndez de Vicente, Maritza Isabel Gallardo Funes, Juan Pablo Iscoa Guzmán, Bertín Cruz Cárdenas, a quienes se les supone responsables del delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para Lavar Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, cuya participación es a título de autores, del delito de Usurpación del Estado Civil en contra del señor Mario Roberto Girón Maldonado, también conocido como Oscar Ayala López, asimismo, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras. (Folios 2-23 del antecedente) 2) En fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, resolviendo el escrito de excepción por falta de acción presentado por el Abogado Walter Leonel Ramirez García, en su condición de apoderado legal de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortíz, emitió resolución mediante la cual dispuso: “…I).-Admitir el escrito de excepción por falta de acción, que antecede, presentado por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCÍA, en su condición de Apoderado Legal de la imputada GLADYS ORFILIA VILLATORO ORTÍZ, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS y ASOCIACIÓN ILICITA PARA LAVAR ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; mismo que se manda agregar a sus demás antecedentes procesales.-II).-DECLARAR SIN LUGAR, la interposición de la excepción por falta de acción interpuesta por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCÍA, Defensor Privado de la acusada antes mencionada.-NOTIFÍQUESE.-” (Folio 236-237 vuelto del antecedente). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Walter Leonel Ramirez García, en su condición antes indicada; contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…1) Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada.” (Folios 268-272 del antecedente) 4) Que el recurrente, el Abogado Walter Leonel Ramirez García, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortíz, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha cuatro de enero de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Walter Leonel Ramirez García, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, interpuso acción de amparo contra la resolución dictada en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortiz, contra la resolución dictada en fecha once de noviembre de dos mi veintiuno por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en el proceso que se sigue contra la señora Villatoro Ortiz por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone en el escrito de interposicion del recurso de amparo que presenta el mismo contra la resolución en forma de auto dictado por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Territorial Nacional en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se declaro inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial a nivel Nacional, en el que a su vez se declaro sin lugar la excepción por falta de acción presentada en atención con la aprobación y puesta en vigencia del Decreto 93-21 que reformo la tipicidad objetiva del delito de lavado de activos, contenido en el articulo 439 del Código Penal; decisión judicial que se constituye en una indudable violación a los derechos y garantías constitucionales del debido proceso en virtud de la infracción del derecho de defensa y la inaplicación de la retroactividad penal a favor del reo; sustentando esta defensa que la imputación penal contra la señora Villatoro Ortiz se fundamento y fundamenta en la supuesta no justificación legal y económica de su patrimonio y de la empresa mercantil INVERSIONES VILLATORO SOCIEDAD ANONIMA (INVISA), partiendo del requerimiento fiscal sustentado por el Ministerio Publico en el articulo 36 párrafo primero de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto 144-2014). CONSIDERANDO (5): Que el impetrante expone además que, siendo una realidad la reforma de elementos objetivos y descriptivos del delito de lavado de activos, en la que se deroga lo concerniente a la hipótesis que se refería a la sanción penal por la no justificación económico-legal del patrimonio, esto es, los bienes o activos objeto de la imputación; tipo penal que hasta entonces era considerado como un delito autónomo. Asimismo, el mismo decreto 93-2021, reforma el numeral 18 del articulo 2 de la ley Contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014) que hoy lo define en plena concordancia con lo establecido en la Convención sobre Criminalidad Organizada (Convención de Viena, Palermo y Mérida respectivamente), entendiéndose como delito de blanqueo de capitales o lavado de activos, a los activos, bienes, ganancias o productos que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas, principalmente de los delitos denominados de criminalidad organizada. CONSIDERANDO (6): Que para el accionante, pese a que la acción penal fue interpuesta sobre la base de una norma penal que en el momento de la presentación del requerimiento fiscal se encontraba vigente, hoy en día, la misma ha sido derogada, por ende, correspondería la aplicación retroactiva de la ley penal por cuanto resulta mas beneficiosa para la señora Gladys Orfilia Villatoro; consecuentemente, la acción penal no puede proseguirse puesto que la conducta atribuida a la misma ya no es constitutiva de delito. CONSIDERANDO (7): Que la controversia surge con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha diez de marzo de dos mil veintidós al considerar esta Corte que el proceso en el caso de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortiz no se ha iniciado por no haber sido habido y por tanto, no se puede interponer excepciones y el recurrente expone que al declararse inadmisible el recurso de apelación, se le han vulnerado derechos y garantías de orden constitucional contenidos en los artículos 61, 64, 80, 82, 84 párrafo primero, 90, 96, 320 y 321 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (8): Que del análisis de la resolución de fecha diez de marzo de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, esta deja establecido en su motivación que si bien el articulo 46 del Código Procesal Penal establece que la excepción de falta de acción se puede interponer en cualquier etapa del proceso, es precisamente cuando al imputado se le notifica el hecho del requerimiento fiscal, que este enterado de que se le acusa, que puede hacer uso de todos los medios para defenderse, y en el presente caso de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortiz, no se ha iniciado el proceso por no haber sido habida, consecuentemente no puede interponer excepciones por no ser el momento procesal. Además, no se debe confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad, ya que la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado en el juicio oral y publico. Por lo que se desprende que al impetrante no se le ha impedido el derecho de defensa, pues al tener una resolución contraria a sus pretensiones, no es razón suficiente para que se produzca una vulneración al pretender que a su representada se le escuche sin haber sido habida, se le aplique parcialmente un delito, en este caso lavado de activos, sin haber pasado por el orden establecido como ser, el debido proceso penal y el contradictorio en un juicio oral y publico y definirse su participación o no en los hechos investigados; por lo que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortiz. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente considera que con la resolución por la cual se intenta el presente recurso de amparo, se le han violentado derechos y garantías a la señora Gladys Orfilia Villatoro Ortiz, contenidas en los artículos 82 referente a la tutela judicial efectiva, relacionado con el articulo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 90 contentivo del principio-derecho del Debido Proceso y articulo 96 de la Constitución de la Republica, por tergiversar y disminuir los derechos fundamentales de los que goza la referida señora. CONSIDERANDO (10): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (11): Que el articulo 96 de nuestra Constitución establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", pudiendo ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. (las negritas son nuestras). CONSIDERANDO (12): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14.1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (14): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[1], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[2]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[3].(Lo negrito y subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (15): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[4]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[6]. Es por ello que el Órgano Jurisdiccional Competente debe proceder en base al artículo 96 constitucional y 615 del código penal a dictar resolución judicial, sobreseyendo definitivamente la causa, para así garantizar el ejercicio de los principios y normas de derecho internacional relacionadas con el principio de retroactividad de la ley. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala no coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en virtud de que ya se encuentra establecido en el artículo 267 del Código Procesal Penal, que el proceso penal inicia con la denuncia del hecho criminal; denuncia que en el caso de autos fue presentada en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete ante la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y resultado de las diligencias se derivo la presentación del requerimiento fiscal en contra de la señora Villatoro Ortiz. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes se aprecia que efectivamente, tal como lo plantea el recurrente existe vulneración de los derechos constitucionales de la recurrente, por lo que debe estimarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta y restablecerse sus derechos, sin mas perturbaciones en la administración de sus bienes. CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 incisos 2, 3, 4, 5; 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de la señora GLADYS ORFELIA VILLATORO ORTIZ, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo del año dos mil veintidós y que como consecuencia de ello el cese de toda perturbación en la libre administración de sus bienes. Y MANDA: Que el Órgano Jurisdiccional Competente proceda a dictar resolución garantizando el ejercicio de los principios y normas de derecho internacional relacionadas con el principio de retroactividad de la ley; y que con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia para los fines legales que corresponden. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL. ”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de febrero de dos mil veintitrés. VISTA: La solicitud de ACLARACIÓN DE SENTENCIA promovida por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCÍA, a favor de la señora GLADYS ORFILIA VILLATORO ORTÍZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la cual fallo lo siguiente: “…OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de la señora GLADYS ORFELIA VILLATORO ORTIZ, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo del año dos mil veintidós y que como consecuencia de ello el cese de toda perturbación en la libre administración de sus bienes. Y MANDA: Que el Órgano Jurisdiccional Competente proceda a dictar resolución garantizando el ejercicio de los principios y normas de derecho internacional relacionadas con el principio de retroactividad de la ley; y que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia para los fines legales que corresponden...”, notificándose de la sentencia el abogado Ramirez García en fecha uno de febrero de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO UNO (1): Que el Abogado Walter Leonel Ramirez García, solicitó en tiempo aclaración de la sentencia proferida en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, a efecto que este Tribunal de Justicia proceda a aclarar algunos aspectos de la sentencia, en dicha solicitud el recurrente expone lo siguiente: “… 2. Al examinar el considerando 16 logramos apreciar en la motivación de esta Sala que hace alusión a la sombra del artículo 96 Constitucional y en aplicación del articulo 615 del Código Penal, en la presente causa debe de dictarse el sobreseimiento definitivo de la misma. Siendo la forma de cumplir las normas Constitucionales e internacionales que regulan el asunto. 3. Asimismo, en la parte resolutiva del fallo, al establecer los efectos del amparo se limita a señalar que se proceda a dictar resolución garantizando los principios y normas del derecho internacional relacionados al principio de retroactividad de la ley. 4. Siendo lo que se ordena en el fallo (lo que se manda en la parte resolutiva), constituye el parámetro a través del cual los órganos jurisdiccionales inferiores deberán de darle cumplimiento al fallo, y siendo que el mismo no se hace a que deba de dictarse el sobreseimiento definitivo, podría generarse la confusión si debe o no dictarse ese sobreseimiento definitivo, lo que produce la necesidad de la aclaración peticionada.” CONSIDERANDO (2): Que el artículo 321 de la Constitución de la República preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (3): Que conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “DEL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, ACLARACION. CORRECCION DE ERRORES. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto obscuro o corregir errores materiales de la mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día siguiente hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el órgano jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del día hábil siguiente al de presentación de la solicitud”. CONSIDERANDO (4): Que en relación con lo antes señalado el articulo 50 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial señala: “El juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas, en la medida que sean procedentes y oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica”. CONSIDERANDO (5): Que, vista la petición aclaratoria, se aprecia que los aspectos solicitados ya están claramente establecidos en la sentencia de mérito y de la simple lectura del último párrafo del considerando 16 dispone lo siguiente: “…CONSIDERANDO (16): ... Es por ello que el Órgano Jurisdiccional Competente debe proceder en base al artículo 96 constitucional y 615 del código penal a dictar resolución judicial, sobreseyendo definitivamente la causa, para así garantizar el ejercicio de los principios y normas de derecho internacional relacionadas con el principio de retroactividad de la ley.”; en este considerando se deja establecido cual es el camino que tiene que tomar el Juez de Instrucción para asegurar el debido cumplimiento a la sentencia dictada por la esta Sala y así asegurarle que se respete el derecho de defensa y debido proceso a la señora GLADYS ORFILIA VILLATORO ORTÍZ. Además, esta es una función exclusivamente que le compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto y no a la Sala Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que por lo antes mencionado esta sala es del criterio que debe declarase SIN LUGAR la solicitud de aclaración de sentencia presentada por el recurrente ya que la sentencia está sumamente clara y debidamente motivada y la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán y el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal deben cumplir a cabalidad lo establecido en la sentencia dictada por esta Sala aplicando todas y cada una de las consideraciones establecidas. POR TANTO: La Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 80 y 303 de la Constitución de la República; 1 y 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR la Solicitud de Aclaración de la sentencia de fecha 24 de enero de 2023. Y MANDA: Que en virtud de estar firme dicha sentencia se cumpla en lo ordenado en la parte dispositiva, devolviéndose los antecedentes al Tribunal de su procedencia.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia y la Resolución de fechas veinticuatro de enero y tres de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1317-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[2] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[3] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[4] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod
[5] AP 259-12;
[6] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55