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Sentencia AP-13-22 — Registro 16137

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de primera instancia que decretó Auto de formal procesamiento en Audiencia Inicial contra recurrente en su condición de Gerente General de Servi Express S de R L y Rapienvios S de R L de C V por suponerla responsable de delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando en perjuicio de la Administración Pública; imponiéndole medida de prisión preventiva; La Autoridad recurrida consideró que con la prueba aportada se determinó que existía la mercadería sin sustento y se establecen las imputaciones por acciones ilìcitas de defraudación y contrabando; Además, en esta etapa únicamente se necesita la evidencia mínima y probatoria de la comisión de un delito y participación en él; por lo que los agravios del impetrante no son de recibo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de la prueba aportada y de los testimonios rendidos en la Audiencia Inicial, sin precisar cuáles fueron los elementos de prueba que le sirvieron de fundamento probatorio a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo en relación a la participación o desvinculación de la encausada Sandra Luz Jovel Lopez en los delitos acusados de Defraudación Fiscal y Contrabando, tal es así que el tribunal recurrido únicamente cita los folios y tomos en donde se encuentra la evacuación de la prueba testifical y documental. Para concluir sin ninguna fundamentación jurídica, que no son de recibo los agravios expuestos en el recurso de Apelación. Aunado a ello el Tribunal recurrido no hace observancia de lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República, en relación a los elementos necesarios para decretar Auto de Formal Procesamiento, evidenciando con ello el quebranto al derecho del debido proceso, que implica la observancia del derecho a la defensa que, incluye el que las partes sean oídas en sus peticiones y a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones, lo que ha obviado el Tribunal de Alzada, pues no ha procedido a dar respuesta a todas las pretensiones expuestas en el recurso de apelación promovido..."..."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada en relación a la encausada Sandra Luz Jovel Lopez, que decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia Inicial, asimismo se transcribe toda la prueba aportada por las partes, para concluir que se confirma la resolución apelada en relación a la imputada Sandra Luz Jovel Lopez, pero no realiza una valoración de esos testimonios y la prueba en conjunto, para en atención a ello confirmar la resolución emitida por el A-quo, aunado a ello no se brinda respuesta a todas y cada una de las pretensiones expuestas en el recurso de apelación promovido..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, en relación a la imputada Sandra Luz Jovel Lopez, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, en relación a la encausada Sandra Luz Jovel Lopez, siendo imperativo dar respuesta motivada, razonada y suficiente a todas y cada una de las pretensiones formuladas en el recurso de apelación promovido..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor de la señora SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL DE DELITOS TRIBUTARIOS, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte; en relación a la causa instruida contra la señora SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, por suponerla responsable de los delitos de DEFRAUDACIÓN FISCAL Y CONTRABANDO, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estima la recurrente, que las garantías constitucionales que se consideran violadas con la resolución de mérito, son las contenidas en los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales MARCIO CABAÑAS CADILLO, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional con competencia en Delitos Tributarios, presentando requerimiento Fiscal contra los señores SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, en su condición de Gerente General de SERVI EXPRESS Sociedad de Responsabilidad Limitada y RAPIENVIOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y PABLO MOISES LANDAVERDE JOVEL, en su condición de Gerente General de la Empresa de Transporte SERVITRANS, S. DE R.L. de C.V., por suponerlos responsables de los delitos de DEFRAUDACIÓN FISCAL Y CONTRABANDO, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE HONDURAS. (Folios del 1–6 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Audiencia Inicial celebrada en fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, resolvió: (Sic) “1) DECRETAR: AUTO de FORMAL PROCESAMIENTO contra de la imputada SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, en su condición de Gerente General de SERVI EXPRESS Sociedad de Responsabilidad Limitada y RAPIENVIOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por suponerla responsable de los delitos de DEFRAUDACIÓN FISCAL Y CONTRABANDO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 2) En relación a la medida cautelar a imponer, considera la suscrita que la medida proporcional es LA PRISION PREVENTIVA, en virtud de la reforma al artículos 184 del Código Procesal Penal, reformando del Decreto legislativo 56-2013; asimismo la contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código procesal Penal, por lo que se orden enviar atento oficio a la Penitenciaria Nacional Femenina De Adaptación Social (PNFAS), para los efectos de su guarda y custodia…” (Folios del 1155-1181 del Tomo III de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, actuando en su condición Defensor Privado de la señora SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, mediante la cual Resolvió: (Sic) “1) Declarar NO HA LUGAR, el recurso interpuesto. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada…”. (Folios del 1457-1470 del Tomo III de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha cuatro de enero del año dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, contra la Resolución de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Alzada y que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de las garantías contenidas en los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios del 1-14 de los autos) 5) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós, este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, asimismo se declara sin lugar la petición de suspensión del acto reclamado. (Folio 60 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra de la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Auto de Formal Procesamiento en contra de la imputada Sandra Luz Jovel Lopez, consecuencia de ello confirma la resolución apelada, adoptada por la Juez A-quo en fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, en cuanto a decretar Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, en perjuicio de la Administración Pública; al concluir el Ad-quem que: (Sic) “así mismo es importante señalar que los agravios del Impetrante no son de recibo, pues contrario en las diligencias se arroja documentación que señala que una vez que ha descubierto mediante el respectivo inventario de la mercadería de las bodegas y en custodia del mismo señor José Luis Hernández fue sustraída; en relación al inventario también se puede acotar que no es de recibo el agravio, pues este fue realizado en presencia de los representantes del de la imputada en ese momento como así consta y las testigos que se presentaron en la audiencia lo señalaron, así como la oficial de Aforos LILIAM ARIAS no violentándose ninguna garantía como la describe el Impetrante, en consecuencia como se reitera, existía la mercadería sin sustento; en consecuencia con la prueba testifical y la documental que se agrega en los Tomos 1 folios 16 al 188, Tomo II Anexo 1, folios 820, Tomo III, 1023 al 1154, se establecen las imputaciones por acciones ilícitas de defraudación y contrabando, siendo esta una calificación provisional, ya que este etapa se necesita únicamente la evidencia mínima y probatoria de la comisión de un delito y la participación en el delito…” -Lo subrayado es nuestro- (Ver folio 1469 del Tomo III de la pieza de antecedentes del A-quo). CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y formalización del recurso de amparo promovido, la recurrente hace una relación de las incidencias desarrolladas en el proceso, que culminaron con el dictado del Auto de Formal Procesamiento en la Audiencia Inicial, por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, para concluir que a su representada se le han vulnerado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; desarrollando en forma la falta de motivación de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada. Expone la recurrente que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y que en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresara los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución y en su caso las pruebas tenidas en cuanta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. Continúa exponiendo la peticionaria que la única vía para poder saber si sus argumentos han sido tomadas en cuenta y se ha aplicado el derecho de manera adecuada es conociendo e informándose a través de la resolución acerca de las razones que las respaldan y los argumentos facticos, probatorios y jurídicos que se han adoptado. En aplicación al control de convencionalidad deviene obligado a desarrollar el proceso penal conforme a ese conjunto de normas tanto domesticas como internacionales que han venido a ser parte del derecho interno, respetando los procedimientos establecidos previamente en la ley de acuerdo al principio de legalidad que es parte inherente al debido proceso; por todo ello, la impetrante concluye que los juzgadores han de motivar sus resoluciones y esto es así porque se trata de una resolución mediante la cual los derechos de los acusados pueden ser vulnerados. CONSIDERANDO (5): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5] -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (8): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de la encausada Sandra Luz Jovel Lopez y confirmar respecto a ella la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, contiene la motivación suficiente y exteriorizada de la justificación razonada que permita llegar a esa decisión. CONSIDERANDO (9): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[6]. CONSIDERANDO (10): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. Asimismo, establece la norma en comento que la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de la prueba aportada y de los testimonios rendidos en la Audiencia Inicial, sin precisar cuáles fueron los elementos de prueba que le sirvieron de fundamento probatorio a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo en relación a la participación o desvinculación de la encausada Sandra Luz Jovel Lopez en los delitos acusados de Defraudación Fiscal y Contrabando, tal es así que el tribunal recurrido únicamente cita los folios y tomos en donde se encuentra la evacuación de la prueba testifical y documental. Para concluir sin ninguna fundamentación jurídica, que no son de recibo los agravios expuestos en el recurso de Apelación. Aunado a ello el Tribunal recurrido no hace observancia de lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República, en relación a los elementos necesarios para decretar Auto de Formal Procesamiento, evidenciando con ello el quebranto al derecho del debido proceso, que implica la observancia del derecho a la defensa que, incluye el que las partes sean oídas en sus peticiones y a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones, lo que ha obviado el Tribunal de Alzada, pues no ha procedido a dar respuesta a todas las pretensiones expuestas en el recurso de apelación promovido. CONSIDERANDO(12): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada en relación a la encausada Sandra Luz Jovel Lopez, que decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia Inicial, asimismo se transcribe toda la prueba aportada por las partes, para concluir que se confirma la resolución apelada en relación a la imputada Sandra Luz Jovel Lopez, pero no realiza una valoración de esos testimonios y la prueba en conjunto, para en atención a ello confirmar la resolución emitida por el A-quo, aunado a ello no se brinda respuesta a todas y cada una de las pretensiones expuestas en el recurso de apelación promovido. CONSIDERANDO (13): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decretó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, en relación a la imputada Sandra Luz Jovel Lopez, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (14): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Defraudación Fiscal y Contrabando, en relación a la encausada Sandra Luz Jovel Lopez, siendo imperativo dar respuesta motivada, razonada y suficiente a todas y cada una de las pretensiones formuladas en el recurso de apelación promovido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor de la señora SANDRA LUZ JOVEL LOPEZ, contra la Resolución proferida en fecha DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, siendo imperativo se dicte nueva resolución en la que en atención a los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución dictada por el A-quo en audiencia inicial, en relación al Auto de Formal Procesamiento dictado en contra de la encausada Sandra Luz Jovel Lopez, asimismo brindar respuesta a todos y cada uno de los agravios expuestos en el recurso de Apelación promovido. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0013-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.

[6] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.