Sentencia AP-1252-22 — Registro 17804
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación a la causa por el delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural del País. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO (9): Que el análisis en el presente amparo va referido al cómputo de la interrupción de la prescripción. En ese sentido, se constata en autos el proceso iniciado con la interposición de un requerimiento fiscal, consta a folio 112 de la primera pieza, el auto de admisión del mismo en fecha cuatro de diciembre de dos mil siete. Asimismo, a folio 171, se lee la notificación hecha al imputado Emigdio Ángel Ortega López, de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba Atlántida, mediante la cual se revoca el sobreseimiento dictado por el A-quo en fecha siete de enero de dos mil ocho, y se dicta auto de formal procesamiento por el delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación, imponiéndosele la medida cautelar de no salir del país establecida en el numeral7 del artículo 173 del Código Procesal Penal. Este auto firmado por el imputado, está fechado en treinta y uno de enero de dos mil once. Se manifiesta que transcurrieron seis años con ocho meses y veintidós días, sin que el Ministerio Público ni la defensa del imputado realizarán diligencia de ningún tipo, hasta que el Juez de instancia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, de oficio ordenó a la central de citaciones y notificaciones para que requiriera al Fiscal del Ministerio Público a efecto de que solicite día y hora para la celebración de audiencia preliminar, y menciona que el Poder Judicial está implementando medidas que incidan en la depuración de la mora judicial, resolución de la cual se notificó personalmente el defensor del imputado, abogado Blas Domínguez. Es de hacer notar que desde la fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, hasta el diez de enero de dos mil veintidós, transcurrieron cuatro años con cuatro meses, sin que el Ministerio Público ni la defensa del imputado haya realizado ninguna diligencia. … CONSIDERANDO (11): Una vez expuestas las vulneraciones al debido proceso al aplicar lo dispuesto en los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal, se retoma el análisis del cómputo del tiempo que interrumpiría la prescripción alegado por el recurrente en su recurso de amparo. En ese sentido el delito de Daños Agravados que se le atribuye al encausado tiene prevista una pena que oscila entre los tres y seis años de reclusión, de ahí que desde el plazo requerido para entender que es prescrita la acción para su persecución, es de seis años más la mitad es decir nueve años, y al respecto se manifiesta que, el artículo 99 ya mencionado, dispone que corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia”, se determina que las actuaciones judiciales de fechas treinta y uno de enero de dos mil once, veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete y veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, constituyen actuaciones de “cualquier circunstancia” que paralizaron la prosecución del tiempo de la prescripción, porque será a partir de la actuación judicial de requerimiento al Fiscal Blas Domínguez, (ver folio 173) que deberá a comenzar a correr el nuevo tiempo de prescripción, ello en aplicación al tantas veces mencionado artículo 99 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (15): Que un examen detenido de la resolución venida en amparo, revela que la Corte de Apelaciones, al confirmar el auto recurrido no ha observado las reglas mínimas de la coherencia, la lógica y la experiencia, al inferir que el plazo de prescripción efectivamente ha transcurrido, de tal manera que la confirmatoria del sobreseimiento dictado a favor del encausado ha vulnerado el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso, y el tampoco el principio de competencia reglada, consagrados respectivamente, en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, por lo que se determina otorgar el amparo interpuesto por el Ministerio Público, debiendo el tribunal de alzada, cumplir con su función de corregir las anomalías del proceso ocurridas en primera instancia, desde el momento procesal en que adquirió firmeza la resolución tomada en audiencia inicial, para efecto de que comiencen a correr los sesenta días para que se solicite la celebración de la audiencia preliminar, en su caso, debiendo tomar la alzada las decisiones jurisdiccionales correctas para enderezar el proceso. Es por ello que una vez detectadas las vulneraciones apuntadas, es procedente otorgar el amparo interpuesto.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 300 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 301 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, a favor de los intereses generales de la sociedad, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de mayo de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Emigdio Ángel Ortega López por suponerlo responsable del delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural del País. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1) Que en fecha treinta de noviembre de dos mil siete compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Agente Fiscal, Abogado Belarmino Reyes, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Emigdio Ángel Ortega López, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Daños Agravados, en perjuicio del Patrimonio Cultural del País. (Folios 1-8 del antecedente)2) En fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió: “…1.- Declara Extinguida la Responsabilidad Penal. 2.- Declara Extinguida la Acción Penal. 3.- SOBRESEE DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE CAUSA. MANDA: Que, si no se interpone recurso alguno contra este fallo dentro del término de Ley, quede firme el mismo y procédase a extender la respectiva Carta de Libertad Definitiva, debiendo archivarse definitivamente las presentes diligencias y remitirse al archivo fenecido. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.” (Folios 178-179 de la pieza del A-quo)3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Azariah Lucila Ordoñez Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de mayo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada AZARIAH LUCILA ORDOÑEZ MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y personado en tiempo y forma ante esta instancia el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, también como Fiscal del Ministerio Público y parte Apelante, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se declara EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD PENAL, EXTINGUIDA LA ACCION PENAL Y SOBRESEE DEFINITIVAMENTE LA CAUSA, seguida contra el señor EMIGDIO ANGEL ORTEGA LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DEL PAIS. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución judicial de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós. Y MANDA: PRIMERO: Notificar la presente resolución personalmente a los intervinientes, a más tardar el día siguiente al de su fecha, de no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de Cédula o Edictos. SEGUNDO: Con Certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales. - NOTIFIQUESE.” (Folios 7-13 del expediente del Ad-quem)4) Que la recurrente, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de agosto de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de los intereses generales de la sociedad, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.5) Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, comparece a favor de los intereses generales de la sociedad, interponiendo acción de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de mayo de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual sobreseyó la causa instruida contra el señor Emigdio Ángel Ortega López por suponerlo responsable del delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural del País. CONSIDERANDO (3): Que el Ministerio Público, en su condición de representante de la sociedad, y recurrente en el presente caso, sostiene que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, le vulnera el derecho contenido en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): El recurrente en Amparo expone en la formalización de la acción, que la resolución de la Corte de Apelaciones no es razonable al afirmar que “…TERCERO: De aquí, que el Ministerio Público considere que la Resolución de Sobreseimiento Definitivo, a favor de EMIGDIO ANGEL ORTEGA LOPEZ por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS, dictado por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, vulnera la Tutela Judicial Efectiva garantizada constitucionalmente, por considerar que la prescripción se interrumpió, por el acto de intermediación judicial, en este caso, la actuación que realizara el órgano jurisdiccional de ordenar requerir al ente Fiscal para que solicitara fecha para la celebración de la audiencia preliminar, así como la diligencia de requerimiento (23 y 24 de septiembre del 2017, respectivamente), ya que este acto interruptivo del plazo de prescripción, tenía por objeto lograr la efectiva prosecución del procedimiento contra la persona responsable de la comisión del delito, tal como lo dispone el artículo 99 de la norma sustantiva en comento, al señalar: “La prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia”. De lo cual se advierte que con la eficacia interruptiva de esa diligencia, la causa quedó nuevamente paralizada a partir del 24 de octubre de 2017 y no desde el 2010 como erróneamente lo refiere el Ad-quem. En consonancia con lo anteriormente expuesto, se aprecia que el auto de prisión fue decretado el 20 de septiembre de 2010, y hasta el 23 de septiembre de 2017 habían transcurrido 7 años con 7 días y de conformidad a los parámetros establecidos en el artículo 97 del Código Penal (Decreto 144-83). se aprecia que si el delito de Daños Agravados aparejado una pena de 3 a 6 años de reclusión, el máximo de la pena de 6 años. sumado a la mitad, equivale a 9 años, es decir, ese es el término para que se cumpliera el plazo de prescripción de la acción. razón por la cual resulta evidente que la resolución emitida no se encuentra apegada a Derecho. Fin ese sentido la resolución emitida por el Ad-quem, carece de loa motivación suficiente, ya que no basta únicamente con fundamentar jurídicamente, sino que es preciso que la resolución contenga las consideraciones racionales que justifican su decisión, ya que es una garantía esencial que permite el control jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Él proceso penal, tiene como fin asegurar la realización de la justicia, de los casos sometidos al conocimiento del juzgador, garantizando con ello el acceso adecuado y efectivo, que el mismo se constituya sobre una base de garantías y normas fundamentales, que puedan excluir todas aquellas situaciones procesales que pongan en precario la aplicación correcta de la ley o afectar la continuidad del proceso. De igual forma consideramos se vulnera el Principio de Legalidad, el cual, establece que en un Estado de Derecho, el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho, tomando en cuenta la norma, el hecho, la prueba allegada y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho a aplicarla; si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la ley, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe analizar y en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una contravención a la ley y a la Constitución, la aplicación del principio de legalidad debe ser total, ya que los jueces son los encargados de guardar y hacer guardar las leyes, su cumplimiento y es determinante su estricta aplicación porque de ello depende la validez de su creación...”.CONSIDERANDO (5): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, la recurrente no manifestó vulneración alguna a derechos o garantías constitucionales, faltando con ello a lo dispuesto en el artículo 183 constitucional en relación con el 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que al no apreciarse violación alguna, es procedente en derecho denegar el mismo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 96 del Código Penal establece que entre las causas de extinción de la responsabilidad penal se encuentra la de prescripción de la acción penal, indicando por su parte, el artículo 97 No. 1) del mismo texto normativo, que “…la acción penal prescribe por el transcurso de un período igual al máximo de la duración de la sanción señalada por el delito, aumentada en la mitad, si fuere la de reclusión…”.CONSIDERANDO (7): Que el artículo 98 del Código Penal dice que “la prescripción de la acción penal empezará a correr desde el día en que se cometió la infracción, y en los delitos continuados, desde el día en que se ejecutare el último hecho o se realizare la última acción.”. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 99 del Código Penal prevé que “…la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia…”CONSIDERANDO (9): Que el análisis en el presente amparo va referido al cómputo de la interrupción de la prescripción. En ese sentido, se constata en autos el proceso iniciado con la interposición de un requerimiento fiscal, consta a folio 112 de la primera pieza, el auto de admisión del mismo en fecha cuatro de diciembre de dos mil siete. Asimismo, a folio 171, se lee la notificación hecha al imputado Emigdio Ángel Ortega López, de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba Atlántida, mediante la cual se revoca el sobreseimiento dictado por el A-quo en fecha siete de enero de dos mil ocho, y se dicta auto de formal procesamiento por el delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación, imponiéndosele la medida cautelar de no salir del país establecida en el numeral7 del artículo 173 del Código Procesal Penal. Este auto firmado por el imputado, está fechado en treinta y uno de enero de dos mil once. Se manifiesta que transcurrieron seis años con ocho meses y veintidós días, sin que el Ministerio Público ni la defensa del imputado realizarán diligencia de ningún tipo, hasta que el Juez de instancia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, de oficio ordenó a la central de citaciones y notificaciones para que requiriera al Fiscal del Ministerio Público a efecto de que solicite día y hora para la celebración de audiencia preliminar, y menciona que el Poder Judicial está implementando medidas que incidan en la depuración de la mora judicial, resolución de la cual se notificó personalmente el defensor del imputado, abogado Blas Domínguez. Es de hacer notar que desde la fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, hasta el diez de enero de dos mil veintidós, transcurrieron cuatro años con cuatro meses, sin que el Ministerio Público ni la defensa del imputado haya realizado ninguna diligencia. CONSIDERANDO (10): En el decurso del proceso penal se observa la inactividad absoluta de los representantes del Ministerio Público y de la defensa en el caso de mérito, omisión que deberá ser calificada por los entes administrativos respetivos, a cada uno de los profesionales del derecho en la condición que ostentaban en esos momentos procesales y que estaban en la obligación de actuar, pues del abandono del juicio penal devienen graves vulneraciones al debido proceso. Asimismo, se observa por parte de la judicatura, una violación directa al artículo 300 del Código Procesal Penal, pues el legislador condiciona a que el Ministerio Público o el acusador privado, soliciten la celebración de dicha audiencia, esto en observancia al principio acusatorio, atribución vedada al Juez de Letras quien no puede disponer la celebración de la audiencia preliminar por iniciativa propia, (Ver 2do. Párrafo de la página 386 del Manual Teórico-Práctico; Derecho Procesal Penal de Honduras); y en este caso el A-quo ordenó la celebración de la audiencia preliminar sin que la haya solicitado el Ministerio Público o el acusador privado, como manda la norma, y no conforme con esta vulneración al proceso, dictó sobreseimiento definitivo sin que se celebrara la audiencia preliminar, es decir sin que se formalizara la acusación, sin contestación de la defensa etc. Actuaciones que vulneran lo dispuesto en el artículo 301 de la norma adjetiva penal. Así las cosas, tanto el A-quo como la Corte de Apelaciones se decantó por cumplir con el proyecto institucional de “Cero Mora”, priorizando contabilizar las fechas para concluir que es procesalmente viable el sobreseimiento por prescripción dictado por el A-quo, aun y cuando son evidentes las graves vulneraciones al debido proceso. CONSIDERANDO (11): Una vez expuestas las vulneraciones al debido proceso al aplicar lo dispuesto en los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal, se retoma el análisis del cómputo del tiempo que interrumpiría la prescripción alegado por el recurrente en su recurso de amparo. En ese sentido el delito de Daños Agravados que se le atribuye al encausado tiene prevista una pena que oscila entre los tres y seis años de reclusión, de ahí que desde el plazo requerido para entender que es prescrita la acción para su persecución, es de seis años más la mitad es decir nueve años, y al respecto se manifiesta que, el artículo 99 ya mencionado, dispone que corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia”, se determina que las actuaciones judiciales de fechas treinta y uno de enero de dos mil once, veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete y veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, constituyen actuaciones de “cualquier circunstancia” que paralizaron la prosecución del tiempo de la prescripción, porque será a partir de la actuación judicial de requerimiento al Fiscal Blas Domínguez, (ver folio 173) que deberá a comenzar a correr el nuevo tiempo de prescripción, ello en aplicación al tantas veces mencionado artículo 99 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (12): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “...Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. CONSIDERANDO (14): Que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc….CONSIDERANDO (15): Que un examen detenido de la resolución venida en amparo, revela que la Corte de Apelaciones, al confirmar el auto recurrido no ha observado las reglas mínimas de la coherencia, la lógica y la experiencia, al inferir que el plazo de prescripción efectivamente ha transcurrido, de tal manera que la confirmatoria del sobreseimiento dictado a favor del encausado ha vulnerado el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso, y el tampoco el principio de competencia reglada, consagrados respectivamente, en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, por lo que se determina otorgar el amparo interpuesto por el Ministerio Público, debiendo el tribunal de alzada, cumplir con su función de corregir las anomalías del proceso ocurridas en primera instancia, desde el momento procesal en que adquirió firmeza la resolución tomada en audiencia inicial, para efecto de que comiencen a correr los sesenta días para que se solicite la celebración de la audiencia preliminar, en su caso, debiendo tomar la alzada las decisiones jurisdiccionales correctas para enderezar el proceso. Es por ello que una vez detectadas las vulneraciones apuntadas, es procedente otorgar el amparo interpuesto.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 96, 97 No. 1), 98, 99, del Código Penal, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) , 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO el amparo interpuesto por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, a favor de los intereses generales de la sociedad, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de mayo de dos mil veintidós, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Emigdio Ángel Ortega López por suponerlo responsable del delito de Daños Agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural del País, y MANDA: 1.-Cumplir con su función de corregir las anomalías del proceso ocurridas en primera instancia, desde el momento procesal en que adquirió firmeza la resolución tomada en audiencia inicial, para efecto de que comiencen a correr los sesenta días para que se solicite la celebración de la audiencia preliminar, en su caso, debiendo tomar la alzada las decisiones jurisdiccionales correctas para enderezar el proceso. 2.- Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. REDACTO WAGNER VALLECILLO - NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1252-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL