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Sentencia AP-1249-22 — Registro 15762

Resumen

Auto declaró inadmisible recurso de apelación contra Resolución dictada por Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal que declaró sin lugar Excepción por Falta de Acción interpuesta por la defensa privada de imputados a quienes se les supone responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró que dicha Excepción no procede ya que el proceso no ha iniciado al no haber sido habidos los imputados, por lo que no es el momento procesal oportuno para interponerla; Además, no debe confundirse la falta de acción y la falta de tipicidad o inexistencia del delito ya que ésta no es una excepción oponible sino un extremo de fondo que se resolverá en juicio oral y público por lo que no se ha vulnera el derecho de defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso…"…"esta Sala no coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en virtud de que ya se encuentra establecido en el artículo 267 del Código Procesal Penal, que el proceso penal inicia con la denuncia del hecho criminal; denuncia que en el caso de autos fue presentada en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete ante la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y resultado de las diligencias se derivó la presentación del requerimiento fiscal en contra de los señores Javier Adaly López Alvarado, Karen Ondina Alvarado López. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes se aprecia que efectivamente en el ejercicio del control de convencionalidad de los fundamentos que encaminaron a la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán a emitir la resolución judicial en fecha diez de marzo de dos mil veintidós se observa que la resolución judicial en referencia, adolece de una interpretación analógica y extensiva in malam partem, que trasgrede la exigencia de la tipificación de los ilícitos donde se prefija la lex previa, scripta y certa, en consecuencia adolece de una debida motivación interna de razonamiento al no existir coherencia entre su decisión y los argumentos que la sustentan, que resulta ser aparente, pues no justifica en el marco de la legalidad penal las premisas de que se vale para sumir su decisión, lo que acarrea su incongruencia e insuficiencia, producto de todas estas deficiencias en la motivación judicial deriva ser patentes las vulneraciones a los derechos constitucionales en perjuicio de los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO, KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, por lo que debe estimarse ha lugar la garantía constitucional de Amparo interpuesta y restablecerse sus derechos..."..."en virtud de lo anteriormente expuesto y a la luz de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como parte de su derecho interno conforme a la jurisprudencia, ejerciendo control de convencionalidad que se advierte “Que de lo expuesto se puede colegir que el control de convencionalidad consiste en que la interpretación del derecho contenido en las convenciones y los tratados de que un Estado sea signatario, es competencia propia y peculiar de los tribunales. Una convención o tratado internacional son, de hecho y deben ser mirados por los Jueces cono normas contentivas de derecho fundamental, que forma parte de nuestro bloque constitucional, y por ello corresponde a los Jueces concretar su significado, tanto como el significado de cualquier ley particular que proceda del cuerpo legislativo, precaviéndose ya en la carta magna que: En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero.”..."..."como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna, en los convenios y tratados internacionales sobre los derechos humanos inherentes del mismo modo a las personas investigadas, sospechosas, denunciadas, procesadas, querelladas etc. así como a lo dispuesto y aplicable del ordenamiento jurídico..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso…"…"esta Sala no coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en virtud de que ya se encuentra establecido en el artículo 267 del Código Procesal Penal, que el proceso penal inicia con la denuncia del hecho criminal; denuncia que en el caso de autos fue presentada en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete ante la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y resultado de las diligencias se derivó la presentación del requerimiento fiscal en contra de los señores Javier Adaly López Alvarado, Karen Ondina Alvarado López. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes se aprecia que efectivamente en el ejercicio del control de convencionalidad de los fundamentos que encaminaron a la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán a emitir la resolución judicial en fecha diez de marzo de dos mil veintidós se observa que la resolución judicial en referencia, adolece de una interpretación analógica y extensiva in malam partem, que trasgrede la exigencia de la tipificación de los ilícitos donde se prefija la lex previa, scripta y certa, en consecuencia adolece de una debida motivación interna de razonamiento al no existir coherencia entre su decisión y los argumentos que la sustentan, que resulta ser aparente, pues no justifica en el marco de la legalidad penal las premisas de que se vale para sumir su decisión, lo que acarrea su incongruencia e insuficiencia, producto de todas estas deficiencias en la motivación judicial deriva ser patentes las vulneraciones a los derechos constitucionales en perjuicio de los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO, KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, por lo que debe estimarse ha lugar la garantía constitucional de Amparo interpuesta y restablecerse sus derechos..."..."en virtud de lo anteriormente expuesto y a la luz de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como parte de su derecho interno conforme a la jurisprudencia, ejerciendo control de convencionalidad que se advierte “Que de lo expuesto se puede colegir que el control de convencionalidad consiste en que la interpretación del derecho contenido en las convenciones y los tratados de que un Estado sea signatario, es competencia propia y peculiar de los tribunales. Una convención o tratado internacional son, de hecho y deben ser mirados por los Jueces cono normas contentivas de derecho fundamental, que forma parte de nuestro bloque constitucional, y por ello corresponde a los Jueces concretar su significado, tanto como el significado de cualquier ley particular que proceda del cuerpo legislativo, precaviéndose ya en la carta magna que: En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero.”..."..."como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna, en los convenios y tratados internacionales sobre los derechos humanos inherentes del mismo modo a las personas investigadas, sospechosas, denunciadas, procesadas, querelladas etc. así como a lo dispuesto y aplicable del ordenamiento jurídico..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1.- El Abogado WILFREDO RUBIO BARAHONA, a favor del señor JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO (Reg. 1249-2022), y 2.- La Abogada DANIA LIZBETH ZAVALA REYES, a favor de la señora KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, ambos recursos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON JURISDICCION NACIONAL, en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha once de noviembre de dos mil veintiuno; en relación a la Excepción por Falta de Acción, por no poder proseguirse la acción penal alegada causa instruida contra los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ y OTROS, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, los Abogados MIGUEL ANGEL CHIRINOS y CLAUDIA ELENA ERAZO, actuando en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, comparecieron ante Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, interponiendo Requerimiento Fiscal contra los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO, KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, JOSE MARIA ROJAS, MARIO CRUZ PÉREZ CUELLAR, Y ERIKA LETICIA GOMEZ GAVARRETE, a quienes se les supones responsables a Título de Autores Directos de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 02–53 del Tomo I de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil veintiunos, el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, actuando en su condición de Defensor Privado de los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO y KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, compareció ante el citado Juzgado de Letras, interponiendo Excepción por Falta de Acción, y que por lo tanto se detuviera el proceso y se dictara sobreseimiento definitivo. (Folios 635-636 del Tomo II de la pieza de antecedentes) 3) Que el Juzgado de Letras con Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió: ”I)… II).- DECLARAR SIN LUGAR, la interposición de la excepción por falta de acción, interpuesta por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, Defensor Privado de los acusados antes mencionados. …” (Folios 637-638 del Tomo II de la pieza de antecedentes) 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha diez de marzo de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) Declarar INADMISIBLE, el Recurso de apelación interpuesto por la Defensa privada.” (Folios 214 al 219 del Extracto de antecedentes) 5) Que en fecha quince de agosto de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado WILFREDO RUBIO BARAHONA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO, contra la Resolución de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos, 82, 90, 96 y 183 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 47 del presente Recurso) 6) Que en fecha quince de agosto de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada DANIA LIZBETH ZAVALA REYES, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, contra la Resolución de que se ha hecho relación anteriormente, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos, 82, 90, 96 y 183 de la Constitución de la República. (Folios 90 al 131 del presente Recurso) 7) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional, al apreciar que los recursos anteriormente relacionados, fueron interpuestos contra el mismo acto reclamado, y para efectos de mantener la continencia y unidad de la causa y que ambas acciones produzcan una misma sentencia, dispuso ordenar su acumulación; asimismo ordenó dar vista de los autos a los recurrentes por el término de cuarenta y ocho horas para que formalizaran sus acciones. (Folio 167 del expediente de mérito) 8) Que en fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 184 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que los abogados WILFREDO RUBIO BARAHONA Y DANIA LIZBETH ZAVALA REYES, interpusieron acción de amparo contra el auto de fecha diez de marzo del dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el abogado Walter Leonel Ramirez Garcia, contra la resolución dictada en fecha once de noviembre de dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, donde se declara sin lugar la excepción por falta de acción por no poder proseguirse la acción penal interpuesta en la causa que se le sigue a los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO, KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ Y OTROS por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes exponen en sus escritos de anteposición que con la resolución de fecha diez de marzo de dos mil veintidós se le han violentado a sus patrocinados la garantía constitucional de debido proceso al no ser aplicado por parte del Ad-Quem el principio de retroactividad de la ley penal más favorable que imperativamente debe aplicarse conforme lo establece los artículos 96, 98 y 321 de la Constitución de la República; de igual manera no se aplicó por parte del Ad-Quem el principio de legalidad, el cual es obligatorio aplicar bajo las exigencias que establece el artículo 64 de la constitución de la Republica relacionado con los artículos 1 y 615 del Código Penal y los artículos 3, 14 párrafo segundo, 18, 20, 46 numerales 2 y 3, 47 y 101 del Código Procesal Penal, donde se establece la obligación activa y oficiosa que tienen los jueces de ser vigilantes de la legalidad y poner en la balanza del proceso penal, los derechos humanos a favor de la persona imputada para que no sea sometida a un enjuiciamiento penal injusto y arbitrario por actos que no constituyen delito ni falta penal. En ese orden de ideas, el criterio jurídico de la Corte de Apelaciones Penal es violatorio de los derechos humanos, no solo de personas procesadas penalmente que se encuentran en libertad (por no haberse presentado voluntariamente a los Juzgados o que no hayan sido habidos por la autoridad judicial; sino también afecta aquellas personas que están denunciadas o investigadas de oficio ante los órganos de investigación criminal, policía o fiscalía, dado que para el Ad-Quem, solo lo puede invocar jurídicamente la persona imputada que esta sometida físicamente ante el juez competente, ya sea porque fue capturada, aprehendida, detenida o se le haya dictado la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, por lo tanto, según dicha Corte de Apelaciones, la persona imputada que se encuentra en libertad tiene vedado, limitado y restringido poder invocar a su favor lo regulado por la Constitución de la Republica, Tratados y Convenios Internacionales sobre los derechos, garantías y declaraciones constitucionales que puede hacer valen toda persona imputada. CONSIDERANDO (5): Que los impetrantes exponen además que, la indefensión que provoca el Ad-Quem no a un asunto relacionado con la falta de fuerza normativa del derecho de defensa sino de la tergiversación y disminución de su alcance normativo con la cual lo interpretan, olvidando que un principio, declaración, derecho o garantía constitucional jamás debe ser desconocido o limitado en beneficio de concepciones judiciales procedentes de interpretaciones caprichosas de la ley procesal, que por antonomasia esos razonamientos judiciales se encuentran contaminadas con explicaciones especulativos, restrictivos y limitativos del alcance que establece el artículo 101 del Código Procesal Penal que desarrolla la norma constitucional del derecho a la defensa y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que instruye que toda persona imputada ya sea que se encuentre detenida o en libertad puede hacer uso de todos sus derechos constitucionales desarrollados en la normativa procesal. CONSIDERANDO (6): Que para los amparistas, la resolución judicial de fecha diez de marzo de dos mil veintidós comprende motivaciones arbitrarias porque resuelven contra legem, no solo porque deponen sus potestades y facultades que como jueces y magistrados les otorga la Constitución de la República, donde les impone la obligación de garantizar en todo proceso penal que llegue a su conocimiento, el respeto y la aplicación efectiva del imperio de la ley vigente. En ese sentido, esa obligación y deber, no la han cumplido en el presente caso sobre la aplicación inmediata de la retroactividad de la ley penal mas favorable pues de hecho desconocen los efectos jurídicos que provoca la reforma al artículo 439 del Código Penal acorde al decreto legislativo 93-2021 donde se despenaliza el acto del tipo penal concerniente a la no justificación económica patrimonial del origen de los bienes o que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia. Por lo que, en base a la vigencia de la ley penal, ese delito despenalizado, no puede seguir produciendo los efectos derivados del proceso penal, persecución penal, encarcelamiento, privación de la libertad, enjuiciamiento inclusive no puede producir efectos punitivos en personas condenadas con sentencias firmes porque surge a la vida jurídica desde ese preciso momento de vigencia de la reforma de la ley penal, la normativa constitucional de favorabilidad o retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO (7): Que del análisis de la resolución de fecha diez de marzo de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, esta deja establecido en su motivación que si bien el artículo 46 del Código Procesal Penal establece que la excepción de falta de acción se puede interponer en cualquier etapa del proceso, es precisamente cuando al imputado se le notifica el hecho del requerimiento fiscal, que esté enterado de que se le acusa, que puede hacer uso de todos los medios para defenderse, porque se debe tomar en consideración que el Ministerio Público puede ampliar el requerimiento fiscal y los hechos y circunstancias pueden cambiar; en el presente caso, el proceso no se ha iniciado por no haber sido habidos, consecuentemente, no puede interponer excepciones por no ser el momento procesal. Además, no se debe confundir la falta de acción y la falta de tipicidad ya que la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado en el juicio oral y público. Por lo que se desprende que al impetrante no se le ha impedido el derecho de defensa, pues al tener una resolución contraria a sus pretensiones, no es razón suficiente para que se produzca una vulneración al pretender que a sus representados se les escuche sin haber sido habidos, se les aplique parcialmente un delito, en este caso lavado de activos, sin haber pasado por el orden establecido como ser, el debido proceso penal y el contradictorio en un juicio oral y público y definirse su participación o no en los hechos investigados; por lo que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores Javier Adaly López Alvarado y Karen Ondina Alvarado López. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): Que los recurrentes consideran que con la resolución por la cual intentan el presente recurso de amparo, se le han violentado derechos y garantías a sus representados, las contenidas en los artículos 82, 90, 96, 98 y 321 de la Constitución de la República, por tergiversar y disminuir los derechos fundamentales de los que goza los referidos señores. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 96 de nuestra Constitución establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", pudiendo ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14.1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (13): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[1], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[2]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[3]. CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva procede en todas las oportunidades para precaver la violación de un derecho fundamental, pues constituye una protección con caracter preventivo y garantizador de los derechos fundamentales, ya que su naturaleza lo constituye en un mecanismo judicial de caracter extremo, para ser invocado para el restablecimiento o protección de derechos y garantias constitucionales y comprende un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[4]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[6]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a todos los extremos planteados. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala no coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en virtud de que ya se encuentra establecido en el artículo 267 del Código Procesal Penal, que el proceso penal inicia con la denuncia del hecho criminal; denuncia que en el caso de autos fue presentada en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete ante la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y resultado de las diligencias se derivó la presentación del requerimiento fiscal en contra de los señores Javier Adaly López Alvarado, Karen Ondina Alvarado López. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes se aprecia que efectivamente en el ejercicio del control de convencionalidad de los fundamentos que encaminaron a la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán a emitir la resolución judicial en fecha diez de marzo de dos mil veintidós se observa que la resolución judicial en referencia, adolece de una interpretación analógica y extensiva in malam partem, que trasgrede la exigencia de la tipificación de los ilícitos donde se prefija la lex previa, scripta y certa, en consecuencia adolece de una debida motivación interna de razonamiento al no existir coherencia entre su decisión y los argumentos que la sustentan, que resulta ser aparente, pues no justifica en el marco de la legalidad penal las premisas de que se vale para sumir su decisión, lo que acarrea su incongruencia e insuficiencia, producto de todas estas deficiencias en la motivación judicial deriva ser patentes las vulneraciones a los derechos constitucionales en perjuicio de los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO, KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, por lo que debe estimarse ha lugar la garantía constitucional de Amparo interpuesta y restablecerse sus derechos. CONSIDERANDO (17): Que en virtud de lo anteriormente expuesto y a la luz de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como parte de su derecho interno conforme a la jurisprudencia, ejerciendo control de convencionalidad que se advierte “Que de lo expuesto se puede colegir que el control de convencionalidad consiste en que la interpretación del derecho contenido en las convenciones y los tratados de que un Estado sea signatario, es competencia propia y peculiar de los tribunales. Una convención o tratado internacional son, de hecho y deben ser mirados por los Jueces cono normas contentivas de derecho fundamental, que forma parte de nuestro bloque constitucional, y por ello corresponde a los Jueces concretar su significado, tanto como el significado de cualquier ley particular que proceda del cuerpo legislativo, precaviéndose ya en la carta magna que: En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero.” CONSIDERANDO (18):Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna, en los convenios y tratados internacionales sobre los derechos humanos inherentes del mismo modo a las personas investigadas, sospechosas, denunciadas, procesadas, querelladas etc. así como a lo dispuesto y aplicable del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 incisos 2, 3, 4, 5; 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 96, 98, 183, 221, 303, 304, 305, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por los abogados WILFREDO RUBIO BARAHONA Y DANIA LIZBETH ZAVALA REYES a favor de los señores JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Y KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ, en contra de la resolución judicial de fecha diez de marzo del año dos mil veintidós, emitida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que el Órgano Jurisdiccional Competente proceda en base al artículo 96 constitucional y 615 del código penal a dictar la resolución judicial del sobreseimiento definitivo garantizando el ejercicio de los principios y normas de derecho internacional relacionadas con el principio de retroactividad de la ley; y que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia para los fines legales que corresponden. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1249 y 1251-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[2] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[3] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[4] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[5] AP 259-12;

[6] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55