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Sentencia AP-1229-22 — Registro 17630

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de cohecho cometido por particular en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras. Invoca los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “ONSIDERANDO (11): Que al estudiarse la foliada, ha motivado, la honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que es aplicable al caso por conexión, lo prescrito en el tipo penal de “Cohecho por consideración al cargo”, contemplado en el artículo 495 párrafo segundo, del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017), el cual discerniría típicamente un parámetro monetario (L 5, 000), para definir el objeto del delito; lo cual no sería el caso, porque el ofrecimiento hecho por el imputado a la supuesta autoridad policial, no sobrepasaría dicha suma. Asimismo, que descartaría la concurrencia del delito, la insuficiencia probatoria en que incurriría la Fiscalía del Ministerio Público, al no lograr acreditar documentalmente, o mediante otra prueba idónea, la condición de autoridad pública del testigo directo de los hechos, señor JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ; a quien simultáneamente, sin embargo, se le confiere credibilidad por la Alzada, al manifestar ninguna de las personas en el lugar de los hechos se encontraba conduciendo. CONSIDERANDO (12): Que, aparte de la mencionada contradicción, al restarle credibilidad a un testigo respecto a la condición en que comparece (en el presente caso, la cualidad no controvertida en instancia, de ostentar el cargo de agente de policía), pero concedérsela para acreditar las circunstancias accidentales del hecho; resulta también notoria la divergencia entre tal calificación judicial, respecto a los hechos e imputación legal específicamente formulada en Audiencia Inicial (Título II, Capítulo III del Libro Segundo del Código Procesal Penal), por la Fiscalía del Ministerio Público. Así lo ha hecho saber la garantista, en formalización de su garantía constitucional, censurando tal razonamiento de la Alzada como erróneo e incongruente, al pretender obviar que el artículo 496 del Código Penal previene especialmente el acto, o actos, del particular que ataquen la rectitud y el buen proceder de un funcionario, o servidor público, en el cumplimiento de sus funciones, para obtener un beneficio a su favor; en consideración a los fines de calificación penal descritos en los artículos precedentes (Título XXVII, Capítulo VI, del Libro II, Parte Especial, del Código Penal); no guardando correlación a la conducta reprochada penalmente a los funcionarios, o empleados públicos, por consideración al cargo; supuesto para el cual el artículo 495 del Código Penal acota, expresamente, para los efectos del referido artículo, que la dádiva o regalo es la obtención de una ventaja económica equivalente a una cantidad superior a cinco mil lempiras (L 5, 000.00). Ello no resultaría aplicable al delito de Cohecho cometido por los particulares, en el cual, la referencia que hace el tipo penal es para los fines descritos en los artículos precedentes; lo cual estaría probado a través de un testigo directo de los hechos, como es el policía don JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ; no quedando duda que fue a él, en su condición de empleado público, con el cargo de agente de policía, a quien el imputado JOES FÉLIX GALDÁMEZ PÉREZ ofreció aceptar una cantidad de dinero, a cambio de dejarle en libertad, en contrariedad a los deberes de su cargo. Tal y según lo acredita la investigación policial de los hechos acontecidos en fecha 23 de mayo de 2021, a eso de las 21:20 horas, en el Municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara; y por tratarse, además, su condición o cargo de policía, de una cuestión no debatida, ni en el curso de la Audiencia Inicial, ni en el contenido propio del recurso de apelación.CONSIDERANDO (13): Que, la jurisdicción penal deberá, en todo caso, atender los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), siguiendo los cauces trazados por la ley penal; así como las orientaciones científicas que demarca la interpretación racional del derecho, según desarrollada en la dogmática jurídico - penal. En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita de Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución». CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso exige que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (15): Que, en cumplimentación al deber de motivación y fundamentación judicial, como parte integrante de la tutela judicial efectiva, se tienen tales derechos constitucionales como omisos en la resolución del Ad-Quem, objeto de estudio; al no ajustarse a las garantías y requisitos del debido proceso, ni a la estricta observancia del principio de legalidad constitucional, el sobreseimiento definitivo dictado por la alzada a favor del ciudadano JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ, en el delito imputado de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; si bien, argumentando la falta de tipicidad de tal conducta imputada, más sin efectuar un análisis completo del reenvío, que claramente establece el artículo 496 del Código Penal vigente, a los fines descritos en los artículos precedentes. - Por todo lo cual, debe otorgarse el amparo demandado, a efectos que la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, se sirva dictar una nueva resolución, apegada a los principios constitucionales relacionados en la presente sentencia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BARBARA, SASNTA BARBARA, en fecha dos de junio de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECIONAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, con relación a la causa instruida contra el señor JOES FELIX GADAMEZ PEREZ, por suponerlo responsable del delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Invoca los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales, Abogada LARISSA ROMERO MALDONADO, compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial del Departamento de Santa Bárbara, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ, por suponerle responsable del delito de CONDUCCION TEMERARIA Y COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 1 y 2 de la pieza de primera instancia)2) Que, una vez efectuada la audiencia inicial, en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, resolvió: “1.- DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ por los delitos de CONDUCCION TEMERARIA Y COHECHO COMETIDO POR EL PARTICULAR Y COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2.- Se le REVOCA al imputado JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ, la medida cautelar contemplada en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal, librándose el oficio correspondiente al Juzgado de Paz correspondiente. 3.- Se declara sin lugar el Auto de Formal solicitado por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.” (Folios 52-54 de la primera pieza de antecedentes de primera instancia)3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada MARIELA MENDOZA SUAZO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó resolución en fecha dos de junio de dos mil veintidós, mediante la cual en su parte dispositiva dice: (sic) “…RESUELVE : PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARIELA MENDOZA SUAZO, en su condición de Fiscal y representante del Ministerio Publico. TERCERO: SE CONFIRMA la resolución impugnada…”. (Folios 12-19 del expediente del Ad-quem).4) Que la recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de agosto de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.5) Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción de mérito, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la resolución dictada, por unanimidad de votos de sus miembros, por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, en fecha dos de junio de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada, en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y el de CONDUCCION TEMERARIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL; al establecer, en el primero de los casos, que del ofrecimiento hecho por el imputado por la cantidad de L 5, 000.00, al señor JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ, según los hechos probados de la causa, no se desprende que se haya efectuado a la autoridad policial; pues este únicamente dio sus datos generales al Juez de que es miembro de la policía, pero no dio ninguna otra prueba que respaldare tal aseveración. Además, esta Corte comparte el razonamiento del A Quo, en cuanto a que el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, no reúne la característica descrita en el artículo 495, párrafo segundo, del Código Penal; al cual se remitiría, expresamente, el artículo 496 del mismo Código; con la condicionante que la dadiva sea superior a Cinco Mil Lempiras. Y que ha quedado probado, ante el Sub Judice, según acta acreditativa de indicios y la prueba testifical, que la cantidad dineraria ofrecida a la supuesta autoridad pública por el imputado, no supera dicha cantidad. En tanto, que, en el segundo de los delitos imputados, de los cuales se conociera en apelación, como es el de CONDUCCION TEMERARIA, se considera que tampoco se comprobó la ejecución del verbo rector del delito, ya que el mismo testigo de cargo, señor JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ, manifestó que nadie de las personas que estaba en el lugar se encontraba conduciendo; por lo que a nadie se le puede atribuir la responsabilidad descrita en la norma penal imputada por el Ministerio Público, sin contrariar a la razón y a la lógica, al hacer tal imputación.CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de la garantía constitucional de amparo, ha afirmado la recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, que tal decisión del Ad-Quem, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; con relación a lo preceptuado en los artículos 1, 2, 3, 492, 495 y 496 del Código Penal; al dictar la Corte de Apelaciones concernida, confirmación al dictado de sobreseimiento definitivo en el caso, mediando una interpretación desacertada de la norma sustantiva en mención. La motivación esencial de la resolución jurisdiccional bajo estudio, en cuanto al sobreseimiento del tipo penal COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, argumenta la falta de tipicidad de tal conducta imputada; en razón que el presente caso no reúne la característica requerida en el artículo 495, párrafo segundo, del Código Penal vigente; “A los efectos de este Artículo, se entiende que constituye dádiva o regalo la obtención de una ventaja económica equivalente a una cantidad superior a Cinco Mil Lempiras (L 5, 000.00)”; lo cual asistiría, según el Ad Quem, a dictar denegatoria al recurso de apelación, así planteado; al comprobarse que la cantidad ofrecida por el imputado no supera dicha cantidad. El otro motivo esgrimido por la Alzada, para descartar la concurrencia del delito en mención, sería la insuficiencia probatoria de la Fiscalía del Ministerio Público, la cual no logró acreditar documentalmente, o mediante otra prueba idónea, la condición de autoridad pública en el testigo directo de cargo. CONSIDERANDO (5): Que, en seguimiento a tal argumento motivacional, señala la Censora, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, que dicho razonamiento constituye una interpretación errónea e incongruente, por parte de la Alzada, ya que lo que exige el artículo 496 del Código Penal, es que basta el acto del particular, que ataca la rectitud y el buen proceder de un funcionario, o servidor público, en el cumplimiento de sus funciones, buscando corromperlo a base de dinero para obtener un beneficio a su favor; ya que, para se acredite el delito de cohecho en la modalidad enunciada, no exige que dicha dádiva sea superior a cinco mil lempiras (L 5, 000.00); sino que el tipo penal hace referencia a los fines descritos en los artículos precedentes. Y es lo que acontece en el presente caso, al subsumirse la conducta del señor JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ en dicho tipo penal, al pretender que el agente policial JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ le dejara en libertad injustamente; dejando de realizar un acto propio de su cargo, mediando el ofrecimiento de cinco mil lempiras, en total. También es importante acotar que, para la consumación del delito, basta con el ofrecimiento, no requiriéndose que el donativo o ventaja ofrecido al funcionario, sea aceptado, o que se realice el acto esperado. En tal sentido, resulta desacertado parangonar la conducta penal reprochada, única y exclusivamente, con los supuestos contenidos en el artículo 495 del Código Penal, que acotan, para los efectos de dicho artículo, que la dádiva o regalo es la obtención de una ventaja económica equivalente a una cantidad superior a cinco mil lempiras (L 5, 000.00); lo cual no resulta aplicable al Cohecho cometido por los particulares, con el fin que la autoridad realice, en el ejercicio de su cargo, un acto contrario al deber; infiriéndose que, la referencia que hace el tipo penal en referencia, no sería exclusiva para los supuestos funcionales allí expresados; sino que para los fines descritos en los artículos precedentes (Título XXVII, Capítulo VI, del Libro II, Parte Especial, del Código Penal).CONSIDERANDO (6): Que la Abogada Fiscal, siempre en formalización de su recurso, manifiesta que también resulta desacertado el otro motivo esgrimido por la Alzada, para descartar la concurrencia del delito de Cohecho cometido por los particulares; según referido, debido a la insuficiencia probatoria de la Fiscalía del Ministerio Público; la cual no habría logrado acreditar documentalmente, o mediante otra prueba idónea, la condición de autoridad pública en el testigo directo de cargo. Tal requerimiento probatorio sería sobre abundante, a juicio de la garantista.CONSIDERANDO (7): Que, finaliza su alegato fiscal, la recurrente, sin efectuar pronunciamiento, ni referencia alguna, en lo concerniente al sobreseimiento definitivo otorgado por el Tribunal Ad-Quem al señor JOES FÉLIX GALDÁMEZ PÉREZ, por el delito de CONDUCCION TEMERARIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL; según prescrito en el artículo 323, numeral 2), del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017). - Concluye su planteamiento de formalización recursiva, manifestando que tal resolutivo de sobreseimiento definitivo vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como el principio de legalidad; solicitando se otorgué amparo, al considerar la resolución impugnada no fue emitida conforme y en estricto apego a derecho. CONSIDERANDO (8): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido.CONSIDERANDO (9): Que, para la Sala de lo Constitucional, el respeto al estado de inocencia como derecho fundamental del justiciable, no se vería comprometido constitucionalmente con la procedibilidad que se dictaré al proceso; siempre y cuando se acreditare la comisión de un ilícito penal y el establecimiento de indicios racionales de participación del imputado en el mismo; conforme a lo prescrito en forma garante por el artículo 92 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (10): Que, al no efectuar pronunciamiento la Fiscalía del Ministerio Público, en su carácter de garantista, respecto al dictado de sobreseimiento definitivo, por el Tribunal Ad-Quem, al señor JOES FÉLIX GALDÁMEZ PÉREZ, por el delito de CONDUCCION TEMERARIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL; no cabe tampoco efectuar pronunciamiento correlativo, por parte de la Sala de lo Constitucional.CONSIDERANDO (11): Que al estudiarse la foliada, ha motivado, la honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que es aplicable al caso por conexión, lo prescrito en el tipo penal de “Cohecho por consideración al cargo”, contemplado en el artículo 495 párrafo segundo, del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017), el cual discerniría típicamente un parámetro monetario (L 5, 000), para definir el objeto del delito; lo cual no sería el caso, porque el ofrecimiento hecho por el imputado a la supuesta autoridad policial, no sobrepasaría dicha suma. Asimismo, que descartaría la concurrencia del delito, la insuficiencia probatoria en que incurriría la Fiscalía del Ministerio Público, al no lograr acreditar documentalmente, o mediante otra prueba idónea, la condición de autoridad pública del testigo directo de los hechos, señor JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ; a quien simultáneamente, sin embargo, se le confiere credibilidad por la Alzada, al manifestar ninguna de las personas en el lugar de los hechos se encontraba conduciendo. CONSIDERANDO (12): Que, aparte de la mencionada contradicción, al restarle credibilidad a un testigo respecto a la condición en que comparece (en el presente caso, la cualidad no controvertida en instancia, de ostentar el cargo de agente de policía), pero concedérsela para acreditar las circunstancias accidentales del hecho; resulta también notoria la divergencia entre tal calificación judicial, respecto a los hechos e imputación legal específicamente formulada en Audiencia Inicial (Título II, Capítulo III del Libro Segundo del Código Procesal Penal), por la Fiscalía del Ministerio Público. Así lo ha hecho saber la garantista, en formalización de su garantía constitucional, censurando tal razonamiento de la Alzada como erróneo e incongruente, al pretender obviar que el artículo 496 del Código Penal previene especialmente el acto, o actos, del particular que ataquen la rectitud y el buen proceder de un funcionario, o servidor público, en el cumplimiento de sus funciones, para obtener un beneficio a su favor; en consideración a los fines de calificación penal descritos en los artículos precedentes (Título XXVII, Capítulo VI, del Libro II, Parte Especial, del Código Penal); no guardando correlación a la conducta reprochada penalmente a los funcionarios, o empleados públicos, por consideración al cargo; supuesto para el cual el artículo 495 del Código Penal acota, expresamente, para los efectos del referido artículo, que la dádiva o regalo es la obtención de una ventaja económica equivalente a una cantidad superior a cinco mil lempiras (L 5, 000.00). Ello no resultaría aplicable al delito de Cohecho cometido por los particulares, en el cual, la referencia que hace el tipo penal es para los fines descritos en los artículos precedentes; lo cual estaría probado a través de un testigo directo de los hechos, como es el policía don JOSÉ ANTONIO URREA PÉREZ; no quedando duda que fue a él, en su condición de empleado público, con el cargo de agente de policía, a quien el imputado JOES FÉLIX GALDÁMEZ PÉREZ ofreció aceptar una cantidad de dinero, a cambio de dejarle en libertad, en contrariedad a los deberes de su cargo. Tal y según lo acredita la investigación policial de los hechos acontecidos en fecha 23 de mayo de 2021, a eso de las 21:20 horas, en el Municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara; y por tratarse, además, su condición o cargo de policía, de una cuestión no debatida, ni en el curso de la Audiencia Inicial, ni en el contenido propio del recurso de apelación.CONSIDERANDO (13): Que, la jurisdicción penal deberá, en todo caso, atender los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), siguiendo los cauces trazados por la ley penal; así como las orientaciones científicas que demarca la interpretación racional del derecho, según desarrollada en la dogmática jurídico - penal. En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita de Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución». CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso exige que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (15): Que, en cumplimentación al deber de motivación y fundamentación judicial, como parte integrante de la tutela judicial efectiva, se tienen tales derechos constitucionales como omisos en la resolución del Ad-Quem, objeto de estudio; al no ajustarse a las garantías y requisitos del debido proceso, ni a la estricta observancia del principio de legalidad constitucional, el sobreseimiento definitivo dictado por la alzada a favor del ciudadano JOES FELIX GALDAMEZ PEREZ, en el delito imputado de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; si bien, argumentando la falta de tipicidad de tal conducta imputada, más sin efectuar un análisis completo del reenvío, que claramente establece el artículo 496 del Código Penal vigente, a los fines descritos en los artículos precedentes. - Por todo lo cual, debe otorgarse el amparo demandado, a efectos que la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, se sirva dictar una nueva resolución, apegada a los principios constitucionales relacionados en la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de sus miembros; haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 60, 68, 82, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5), 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones Penal de su procedencia, a efecto se dicte nueva resolución supliendo las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto; en lo pertinente al dictado de sobreseimiento definitivo otorgado al imputado, señor JOES FELIX GADAMEZ PEREZ, por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad.- Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, para los efectos legales consiguientes, se devuelvan los antecedentes al Tribunal Colegiado de su procedencia. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1229-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.