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Sentencia AP-1152-21 — Registro 16089

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución con relación a la causa instruida por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la economía del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que no son propias de la materia constitucional y que corresponden juzgar con exclusividad al juez ordinario, por ese motivo no pertenecen a la jurisdicción constitucional y que si bien están vinculados con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, no encontrando esta Sala que del tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria por parte del Tribunal de Alzada, además resulta perceptible para esta Corte que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que no son propias de la materia constitucional y que corresponden juzgar con exclusividad al juez ordinario, por ese motivo no pertenecen a la jurisdicción constitucional y que si bien están vinculados con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, no encontrando esta Sala que del tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria por parte del Tribunal de Alzada, además resulta perceptible para esta Corte que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de enero del año dos mil veintitrés. VISTO el recurso de amparo interpuesto el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor de ILSA DAMARIS MOLINA AGUIRRE, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZ, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra de ILSA DAMARIS MOLINA AGUIRRE, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que para la aplicación del principio de retroactividad de la norma penal más favorable, el Juzgador debe considerar los criterios establecidos en los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada indica que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida en apelación, estableció que el A-quo concedió a la señora ILSA DAMARIS MOLINA AGUIRRE, los beneficios contenidos en la ley penal ya derogada al sustituir el trabajo comunitario por la pena de multa según lo dispuesto en el artículo 53 como en lo dispuesto en el Código Penal vigente con respecto al beneficio de libertad condicional contemplado en el artículo 81, con lo cual incurrió en fraude de ley al contradecir lo dispuesto en el artículo 616 del Código Penal Vigente, referente a la no aplicación fragmentada de la ley penal así mismo aprecia dicha Alzada la concurrencia del elemento de la participación en un grupo delictivo organizado, extremo que se encuentra incorporado en su motivación y en el razonamiento jurídico que lo llevaron a confirmar el auto apelado. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que el Ad-Quem indica con claridad los motivos por los que revoca la decisión del A-quo, mismos que esta Sala observa son congruentes con la decisión a la que arribó, la que ha sido dictada con arreglo a las garantías que la ley establece. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que contrario a lo que señala el recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra los derechos que indica han sido quebrantados con el acto reclamado o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que no son propias de la materia constitucional y que corresponden juzgar con exclusividad al juez ordinario, por ese motivo no pertenecen a la jurisdicción constitucional y que si bien están vinculados con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, no encontrando esta Sala que del tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria por parte del Tribunal de Alzada, además resulta perceptible para esta Corte que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 81 del Código Penal; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor de ILSA DAMARIS MOLINA AGUIRRE, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZ, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno, al existir pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha seis de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1152-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL