Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1142-21 — Registro 17662

Resumen

Se recurre en amparo de la sentencia que deniega apelación contra resolución del Tribunal de Sentencia que denegó solicitud de nulidad de actuaciones en relación a supuesta notificación en estrados efectuada en la causa instruida por el delito de Usurpación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, en el caso de autos, se reconoce la no infracción a la intangibilidad del debido proceso, al motivarse de manera clara y específica, las razones que formaron la convicción del Tribunal de Alzada para denegar la apelación promovida contra la denegatoria del incidente de nulidad absoluta promovido ante el Tribunal de Sentencia competente. Sobre todo, al razonarse la supuesta violación de garantías constitucionales, no comprobada en el presente caso; en vista de haberse operado la preclusión de los términos y plazos para promover legalmente la acción de nulidad, según ha quedado estrictamente relacionado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LESLI ROSANA ARGUETA RODRIGUEZ a favor del señor NELSON EDGARDO GARCIA CUBAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, relacionadas a la denegatoria de la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones, sobre una supuesta notificación en estrados, efectuada en la causa instruida contra el señor FRANCISCO LUIS HANDRES FLORES por suponerle responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor NELSON EDGARDO GARCÍA CUBAS. Estima la recurrente que, mediante la resolución judicial reclamada, se han violentado, en perjuicio de su representado, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, celebró Audiencia de Nulidad en fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el cual resolvió: “… en este caso han sucedido dos cosas una: no solo se ha solicitado la nulidad extemporáneamente, se ha consentido la misma porque no se ha planteado, ni en la Audiencia Inicial, ni en la Audiencia de apertura de Juicio, por lo que al haber consentido y no alegado esta nulidad en su momento oportuno ya no puede ser solicitada, pero habrá un momento Procesal para presentarla y está el margen impugnativo que está a folio 213 por lo que se declara SIN LUGAR LA NULIDAD presentada por la Acusadora Privada y de la cual se allanó el Ministerio Publico....” (Folio 01 de los antecedentes).2) Que conociendo del recurso de Apelación presentado contra la resolución de que se hace relación en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la cual resolvió: 1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la acusación privada Abogada Lesli Rosana Argueta Rodríguez. 2.- CONFIRMAR la resolución impugnada; destacando en sus considerandos motivos, lo señalado en el Considerando 6.-, revisadas las diligencias de mérito, a la luz de lo establecido en los artículos 170 y 171 del Código Procesal Penal, relativos a la subsanación y preclusión de los actos viciados; consideración jurídica que la Alzada estima concerniente al presente caso, en vista haberse consentido los hechos constitutivos del recurso por las partes procesales, quedando firme el acto; por lo que los agravios impetrados por la acusación privada no son de recibo.3) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada LESLI ARGUETA RODRÍGUEZ, reclamando amparo a favor del señor NELSON EDGARDO GARCIA CUBAS, afirmando que la resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, y que se deja relacionada en el numeral precedente resulta violatoria a lo establecido en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.4) Que en fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la recurrente para que formalizara su acción, asimismo, y conforme se desprende del escrito de interposición del amparo, se aprecia que desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual estimó procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 26 del presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, en interposición de la presente garantía constitucional de amparo, promovida por la Abogada LESLI ROSANA ARGUETA RODRIGUEZ a favor del señor NELSON EDGARDO GARCIA CUBAS, señala que la expresada resolución contraviene, en perjuicio de su representado, las garantías procesales constitucionales, agrupadas en la denominación genérica de debido proceso, tales como la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, según contenidas en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; con relación a los artículos 151, 166, 167, 198, 202, 294, 297, 298 y 300 del Código Procesal Penal; los cuales se habrían visto violentados por la Alzada al declarar sin lugar el recurso de apelación sobre la nulidad absoluta presentada por la parte acusadora privada; en vista a soslayar la concurrencia de la misma ante una supuesta notificación en estrados, la cual no se notificó a los comparecientes en legal y debida forma, a raíz de una supuesta anomalía que denomina de “dualidad de audiencia”, al convertirse una audiencia inicial en una audiencia preliminar; obligando al Ministerio Público y Acusador Privado a formalizar acusación, quienes solicitan a la vez el desalojo: “… pese a la obligación del A QUO a cumplimentar la resolución de apelaciones (Sic.)”. Obviándose, asimismo, en forma relevante, que la audiencia estaba suspendida y que el Juzgado A Quo no expresó contestación alguna a la solicitud de desalojo presentada oportunamente. CONSIDERANDO (4): Que, siempre en formalización de la presente garantía constitucional promovida a favor del señor NELSON EDGARDO GARCIA CUBAS, en su condición de poderdante de la parte acusadora privada y amparista en esta sede de justicia constitucional, que tal resolución resulta lesiva a los expresados derechos constitucionales en vista a la inobservancia en que habría incurrido la Corte Ad Quem, al motivar una extemporaneidad de la interposición de la nulidad solicitada, o sea la caducidad del término; en vista a que el Juzgado A Quo omitió garantizar este derecho fundamental, tanto en el auto de apertura de juicio, como en la notificación del mismo, siendo el único momento procesal oportuno en la etapa de incidentes, previo al debate. Por todo lo cual, solicita se dicte sentencia otorgando el amparo solicitado ante esta alta sede de justicia constitucional, a efecto se tenga por violentado el derecho o garantía que motiva el recurso. CONSIDERANDO (5): Que, vistos los antecedentes del caso y escuchados los argumentos esgrimidos en la presente garantía de amparo, observa esta Sala de lo Constitucional la discrepancia de ésta respecto a la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones, que deniega la apelación intentada por la Acusación Privada en los términos antes expuestos; por considerarla congruente a lo establecido en los artículos 170 y 171 del Código Procesal Penal, relativos a la subsanación y preclusión de los actos viciados; siendo la consideración jurídica de la Alzada, en el caso concreto, al haberse consentido tales actos, por las partes procesales constituidas, quedaron firmes por preclusión; no pudiendo, salvo los casos expresamente previstos en el Código Procesal Penal, retrotraerse el proceso a periodos ya precluidos; por lo cual, se considera los agravios impetrados por la acusación privada no serían de recibo. Considera la representación garantista, por su parte, que tal resolución resulta atentatoria al derecho de defensa y al debido proceso, junto a otras disposiciones del plexo procesal penal que declaran, protegen y garantizan los derechos que asisten a las partes en el proceso. CONSIDERANDO (6): Que lo anteriormente relacionado guarda enorme relevancia para la tutela constitucional, dado que la doctrina y jurisprudencia consultada ha conceptuado a las notificaciones en el núcleo del debido proceso, manifestando que éste: “… ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción gubernamental”, esto es: “… que las personas no sean privadas de vida, libertad o propiedad por aplicación judicial de la Ley (adjudication) sin que ello no sea precedido por una notificación y oportunidad de una audiencia apropiada a la naturaleza del caso”. CONSIDERANDO (7): Que los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, establecen la potestad de impartir justicia, la cual emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado; lo cual se vincula intrínsecamente al reclamo constitucional formulado, por la profesional del Derecho, compareciente aquí como garantista, pues disputa el supuesto de no aplicación de las disposiciones procesales que regulan la etapa intermedia del proceso, ya en fase preparatoria del juicio oral y público.CONSIDERANDO (8): Que ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías convencionales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; a través del cual se desarrollan en una serie de derechos establecidos a favor de los justiciables; entre los cuales, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, la cual deberá ser también fundada en derecho, y, en congruencia a lo debatido; racionalidad procesal que posibilita, a la vez, obtener cierto grado de legitimidad democrática en las decisiones acordadas por la jurisdicción; así como el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, con base a parámetros racionales y en el marco de la ley, que así lo configure y habilite; todo lo cual se expresa a título meramente enunciativo, dado el carácter genérico y reforzado del que goza esta garantía y derecho constitucional. CONSIDERANDO (9): Que vistos los antecedentes del caso considera la Sala de lo Constitucional, que la resolución judicial objeto de amparo, ha fundamentado precisamente la declaratoria de no ha lugar a la nulidad absoluta, solicitada por la Defensa; en lugar de manifestar su inconformidad e instar las acciones y recursos pertinentes en el momento procesal oportuno, llámese transcurso de la audiencia preliminar; por lo que resulta de aplicabilidad lo preceptuado en el artículo 170, numerales 1) y 2) del Código Procesal Penal, en relación a que, salvo disposición contraria de la ley, los actos viciados se tendrán por subsanados cuando ninguna de las partes procesales haya reclamado oportunamente la declaración de nulidad. Asimismo, el artículo 171, párrafo segundo del Código Procesal Penal, es toral al prescribir que, salvo los casos expresamente previstos por dicho Código, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, bajo pretexto de renovación del acto, de rectificación del error o cumplimiento del acto omitido; lo cual se tiene por premisa normativa fundamental, en orden a racionalizar el régimen de los recursos e impugnaciones en el marco del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que, al producirse las alegadas anomalías procesales, durante la celebración de la etapa intermedia del proceso, fue justamente allí que la Defensa Técnica responsable debió interponerse el o los incidentes de nulidad que estimare del caso; lo cual, al ser omiso por la parte actora, produjo la subsanación del vicio alegado, al tenor del artículo 170 del Código Procesal Penal; norma que requiere inter alia para la subsanación de un acto viciado, que las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto viciado; lo cual sería el caso, a juzgar la resolución impetrada, la alegación de la garantista y lo que se desprende de los Antecedentes. CONSIDERANDO (11): Que, para la Sala de lo Constitucional, concurre a fundamentar la improcedencia del amparo solicitado, la inexistencia de vulneración alguna al debido proceso en el fallo que resuelve denegatoriamente la apelación contra la resolución del incidente de nulidad interpuesto, el no haberse interpuesto la nulidad en los momentos procesales expresamente dispuestos en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que a la letra dice: “Artículo 167. Personas que pueden solicitar la nulidad y las oportunidades procesales. Los actos en los cuales concurra causa de nulidad, serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, interpuesta en las oportunidades procesales siguientes: 1) La nulidad de los actos realizados durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia; 2) La de los realizados durante la audiencia preliminar, antes del auto de apertura de juicio oral; 3) La de los realizados en el auto de apertura del juicio o en el momento de la notificación de éste, en fase de preparación del juicio; 4) Las causas de nulidad por hechos sobrevenidos con posterioridad, o por hechos precedentes que no hubieran sido conocidos con anterioridad, en la audiencia anterior al debate, de conformidad con lo previsto por el artículo 316 de éste Código; y, 5) Las producidas en el curso del debate o durante la tramitación de un recurso, antes de que (1) uno u otro concluyan. La pretensión anulatoria deberá ser motivada y será resuelta en audiencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición. Las que se presenten durante una audiencia, se formularán verbalmente y serán resueltas de inmediato. No podrá pretender la anulación la parte que dio lugar a la causa de nulidad. El órgano jurisdiccional rechazará la pretensión anulatoria, cuando mediante ella se intente tan solo dilatar indebidamente el procedimiento o corregir cualquier deficiencia imputable al reclamante, cuando éste haya dejado precluir la oportunidad de subsanarla.” CONSIDERANDO (12): Que, por todo ello, considera la Sala de lo Constitucional que no se ha evidenciado aquí vulneración alguna al debido proceso y que la resolución que emitiera la Corte de Alzada se tiene por fundada en derecho congruente y de fondo, sobre bases de legalidad constitucional, en aplicación de los principios de trascendencia del agravio y de subsanación del proceso; los cuales se tienen por regla esencial del debido proceso legal. CONSIDERANDO (13): Que en tal virtud y como consecuencia del principio de jurisdiccionalidad, así consagrado constitucionalmente, los Juzgados y Tribunales deben motivar sus resoluciones judiciales y fundamentarlas en derecho congruente. Obligación normativizada en lo concerniente a la jurisdicción penal ordinaria, en el artículo 141 del Código Procesal Penal, el cual establece, bajo pena de nulidad, que los actos y sentencias contendrán una clara y precisa motivación, la cual expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya conferido, función atribuida al juez o tribunal competente; lo cual se considera cumplido ampliamente en el caso sub iudice. CONSIDERANDO (14): Que, en el caso de autos, se reconoce la no infracción a la intangibilidad del debido proceso, al motivarse de manera clara y específica, las razones que formaron la convicción del Tribunal de Alzada para denegar la apelación promovida contra la denegatoria del incidente de nulidad absoluta promovido ante el Tribunal de Sentencia competente. Sobre todo, al razonarse la supuesta violación de garantías constitucionales, no comprobada en el presente caso; en vista de haberse operado la preclusión de los términos y plazos para promover legalmente la acción de nulidad, según ha quedado estrictamente relacionado.CONSIDERANDO (15): Que, no habiéndose comprobado la infracción denunciada a los derechos fundamentales del señor NELSON EDGARDO GARCIA CUBAS, en su condición de poderdante de la parte acusadora privada y, a la vez, de amparista en esta sede de justicia constitucional; se sostiene habérsele respetado las formalidades, garantías y derechos que la ley establece, en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, mediante la aplicación congrua y razonada de la normatividad procesal penal que se tiene como aplicable al caso concreto; resultando lo procedente en derecho dictar sentencia denegatoria a la presente acción constitucional de amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 93, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR La presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fechas dos de agosto de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1142-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.