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Sentencia AP-1135-21 — Registro 17661

Resumen

Recurso de Amparo contra la de segunda instancia que declaró ha lugar recurso de apelación interpuesto por el ministerio publico, con relación a la solicitud de libertad condicional en la sentencia firme por delito de Extorsión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (10): Que analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA a favor del señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró HA LUGAR recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE EJECUCION PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa instruida contra el señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL 353. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 y 96 de de ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de junio del año dos mil catorce (2014), el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO AL 353.- (Folio 1 AL 8 la pieza de los antecedentes).2) Que continuando con el proceso, en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015), el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la cual falló: “PRIMERO: Condenar por conformidad de las partes al señor Cesar Reynaldo Moreno Sosa cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautor responsable penalmente del delito de Extorsión En Su Grado De Ejecución De Tentativa en perjuicio del Testigo Protegido AL-353, a la pena de Diez Año de Reclusión y una Multa de Treinta y siete punto cinco (37.5) Salarios Mínimos, la cual deberá enterarse en la Tesorería Nacional de Honduras. Dicha pena deberá ser cumplida por el condenado en el Centro Penitenciario ubicada en la Aldea de Támara, Departamento de Francisco Morazán, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa…” (Folios 111 al 115 de los antecedentes).3) Que en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), el señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, presentó ante el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitud de Libertad Condicional por la Pena de Reclusión y Conmuta de la Pena de Multa por Trabajo Comunitario, en virtud de haber cumplido hasta esa fecha la mitad de su condena y haber tenido buena conducta durante su permanencia en el centro penitenciario donde se encontraba recluido. (Folio 135 de los antecedentes).4) Que en Audiencia de Extinción de la Acción Penal celebrada en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE EXTINGUIR LA PENA DE MULTA, en virtud que ese acto constituirá una impunidad, ya que la suscrita estaría dejando de ejecutar la pena de multa que fue impuesta en la sentencia como pena principal…SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL, en beneficio de CESAR REYNALDO MORENO SOSA, quien ha sido condenado a LA PENA DE DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION Y UNA PENA DE MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS equivalentes a TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.318,348.00) por el delito de EXTORSION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de “TESTIGO PROTEGIDO “AL 353” y a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. TERCERO: Decretar de conformidad al artículo 81 del Código Penal derogado para el beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL las medidas reguladoras de libertad siguientes: 1) Prohibición de acudir a determinados lugares siendo estos el lugar de comisión de los hechos, al domicilio o lugar de trabajo del ofendido, así como lugares donde vendan bebidas alcohólicas o drogas. - 2. Prohibición de ausentarse del país sin previa autorización de este Juzgado por causa justificada.- 4) Queda obligado a presentarse a la secretaria del Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, los días quince (15) de cada mes, a firmar el libro de medidas reguladoras por el tiempo que le falta por cumplir siendo este tres (3) años cinco (5) meses y veintiséis (26) días hasta la fecha de cumplimiento de la pena que será el nueve de junio del dos mil veinticinco (09-06-2025) haciéndole saber que el incumplimiento a esta medidas dará lugar al Revocación de este beneficio y que en este caso de cambiar de domicilio deberá notificar inmediatamente a este Juzgado el nuevo domicilio. CUARTO: Se fijan como condición para el cumplimiento del Trabajo Comunitario el plazo de UN (1) AÑO COMPLETO TRABAJANDO OCHO (8) HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES a tiempo completo, beneficios estos que comenzara a partir del mes de enero del año 2021 un enero del 2022, haciéndole saber que el incumplimiento a esta medidas dará lugar a la Revocación de este Beneficio para lo cual deberá presentarse a este Juzgado a efecto de darle instrucciones por parte del equipo técnico de trabajo social para realizar los mismos.- QUINTO: Se designa como lugar de cumplimiento de trabajo comunitario en la Alcaldía Municipal del Distrito Central.- Haciéndole saber que en caso de incumplimiento se informara al Ministerio Público para que proceda a presentarle requerimiento Fiscal por el delito de DESOBEDIENCIA QUEDANDO NOTIFICADAS LAS PARTES EN ESTRADOS JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE TEGUCIGALPA. (Folios 145 al 150 de los antecedentes). 5)Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno (2021), de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “1).- DECLARAR CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el MINISTERIO PUBLICO.- 2.- REVOCA la resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa que se le siguió contra el señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, que es autor del delito de TENTATIVA DE EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AL 353” en lo que corresponde a la sustitución de la pena de multa por trabajo a favor de la comunidad; 3) CONFIRMA en lo demás la resolución apelada; Jurisdicción Nacional…”.-(Folios 173 al 175 de los antecedentes).6) La recurrente abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 96 de de la República. 7) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 36 del Recurso de Amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, con relación a la causa instruida contra el señor CESAR REYNALDO MORENO SOSA, por suponerlo responsable del delito de extorsión en su grado de ejecución de tentativa. CONSIDERANDO (4): Que expone la recurrente en la interposición del presente recurso que con la resolución impugnada, la referida Corte de Apelaciones, niega al imputado la posibilidad de tener el beneficio de la retroactividad de la ley, aun y cuando se ha acreditado mediante estudio socioeconómico su incapacidad económica y por tanto la insolvencia para el pago de la multa impuesta como pena principal, que corresponde a la cantidad de trescientos dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho lempiras exactos (L.318,348.00) debido a que la norma penal vigente no establece de manera clara que hacer en cuanto a las multas sino pueden ser pagadas por falta de ingresos económicos por parte del requerido. CONSIDERANDO (5): Continua manifestando la recurrente que considera inhumano y degradante que se exija al condenado pagar esa cantidad de dinero cuando ha quedado acreditada la insolvencia que tiene el imputado para el pago de la misma; y que por ello, la juez de ejecución penal consideró que era un pasaje oscuro y que se debía interpretar de manera favorable, otorgándole la conmuta por trabajo comunitario para que este respondiera al Estado por su condena, de la manera en que este pudiera honrarla, respetando su dignidad como ser humano.CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en la motivación de su resolución, que el A-Quo consideró que, si el señor Cesar Reynaldo Moreno fue condenado con base al Código Penal derogado, con ese mismo código se deben otorgar todo tipo de beneficios al penado. Siendo así, se aprecia que el juez de Ejecución, al momento de resolver el pedimento del condenado en cuanto a la aplicación del régimen especial de libertad condicional y conmuta de la pena de multa, aplicó el artículo 53 del Código Penal derogado, en cuanto a la sustitución de la pena por trabajo comunitario y el artículo 81 del Código Penal vigente en cuanto a la libertad condicional; resoluta no ser dable jurídicamente en virtud de lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente. CONSIDERANDO (7): Que el referido artículo 616 del Código Penal vigente en su primer párrafo establece que para determinar cual es la ley mas favorable, se comparará la pena que hubiere podido corresponderle al hecho concreto con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor y en ese sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. CONSIDERANDO (8): En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que no son de recibo los argumentos esgrimidos por la recurrente, puesto que del estudio de los antecedentes se aprecia que ciertamente la Corte de Apelaciones Penal, al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocar la resolución dictada por el A-Quo, aplica correctamente lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente, puesto que el Juzgado de Ejecución hizo una indebida aplicación de la figura de la retroactividad de la ley mas favorable, al omitir la prohibición que el articulo antes referido ya establece claramente en cuanto a la fragmentación de las dos normas. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (10): Que analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de de ; 1 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; artículo 81, 615, 616 Código Penal vigente; FALLA: DENEGANDO de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1135-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.