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Sentencia AP-1127-21 — Registro 17276

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió un recurso de Apelación interpuesto con relación a la causa instruida por el delito de trafico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. - Los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “.CONSIDERANDO (10): Esta Sala de lo Constitucional señala que la resolución recurrida tomó como basamento jurídico lo que establece el Código Procesal Penal en el Titulo VII DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, específicamente en lo dispuesto en el artículo 198 que establece: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.” Al respecto el párrafo tercero del artículo 294 de la ley procesal penal señala: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.” (lo remarcado es nuestro). Consta en la sentencia que la Corte de Apelaciones, entró a valorar la prueba aportada, que en el caso del imputado-recurrente su defensa no aportó ningún elemento probatorio para desacreditar los hechos que lo pudieran inculpar, fundando su conclusión el tribunal de alzada, en el análisis de toda la prueba en su conjunto, es decir las actas desde la recepción de la información que dio inicio a la diligencia investigativa, pasando por las actas de inspección a los vehículos, por las actas de decomiso de los paquetes que contienen supuestamente cocaína, los álbumes fotográficos, y la declaración testifical del policía José Demetrio Ávila Chacón, y concluye que como mero indicio racional de la supuesta participación del imputado Oscar Elí Medina Ramírez, lo constituye el conocimiento que si debía tener al haber aceptado conducir un vehículo y viajar en caravana formada por tres vehículos, desde Danlí hasta San Pedro Sula, aparentemente sin ninguna carga que vigilar, siendo los tres conductores procedentes de La Entrada departamento de Copan: La supuesta droga fue encontrada solamente en un vehículo, en otro vehículo se encontró caletas, es decir, compartimientos falsos vacíos, y en el tercer vehículo conducido por Oscar Elí Medina Ramírez, no se encontró indicio alguno, no obstante, la Corte de Apelaciones en aplicación de la sana crítica, manifiesta que en efecto el imputado tenía conocimiento de su responsabilidad como vehículo bandera. CONSIDERANDO (11): Está cumplida la exigencia de la motivación en la sentencia respecto a la concurrencia de indicios, que es requisito indispensable del artículo 294 del Código Procesal Penal, para decretar un auto de formal procesamiento, por lo que no se observa vulneración alguna al derecho a la defensa ni al debido proceso, pues para esta fase del proceso, basta con la mínima actividad probatoria que aporte material indiciario, lo que en efecto

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALEJANDRA MARIA DIAZ REYES, a favor del señor OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de Apelación interpuesto contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HOMDURAS.- Los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) enero de dos mil veintiuno (2021), el Ministerio Público, a través de su Agente Fiscal, el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, CARLOS RENE RIVAS AGUILAR Y JAIRON ESTUARDO RAMIREZ COREA, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-04 del antecedente)2)En fecha doce (12) enero de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia inicial resolvió: “DECRETA: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, JAIRON ESTUARDO RAMIREZ COREA Y CARLOS RENE RIVAS AGUILAR, por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGARAVADO en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que debe imponérsele a los imputados OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, JAIRON ESTUARDO RAMIREZ COREA Y CARLOS RENE RIVAS AGUILAR, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la Prisión Preventiva, por el supuesto legitimador del peligro de fuga de los acusados, posible obstrucción de la investigación, falta de arraigo suficiente de los imputados, la gravedad de la pena a imponer como resultado del proceso, la importancia del daño que se deba indemnizar, además por la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, del Decreto 36-2020, último párrafo, que especifica que en ningún caso procederá la aplicación de otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva de los delitos de narcotráfico, asimismo el ilícito se da en la modalidad de grupo delictivo organizado, como lo establece la de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.- 3) Dicha Medida Cautelar de Prisión Preventiva la deberán cumplir los encausados OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, JAIRON ESTUARDO RAMIREZ COREA Y CARLOS RENE RIVAS AGUILAR, en el Centro Penitenciario del Municipio del Morocelí, Departamento de El Paraíso (Tolva), para lo cual se deberá girar atentos oficios al Director de dicho Centro Penitenciario para su reclusión.” (Folios 16-30 vuelto del antecedente)3)Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de la que se ha hecho relación, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, dictó resolución mediante la cual: “…RESUELVE 1,. Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las Defensas abogado Javier Gómez Diaz, Defensor Privado de Carlos Rene Rivas Aguilar; II Abogada Alejandra Maria Díaz Reyes Defensora Privada de Oscar Eli Medina Ramirez y 2.- CONFIRMAR la resolución apelada......” (Folios 111-119 del expediente del antecedente4)Que la recurrente, Abogada ALEJANDRA MARIA DIAZ REYES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del señor OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5)Que en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que, del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha siete enero de dos mil veintiuno, cuando el Ministerio Público, a través de su Agente Fiscal, el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, CARLOS RENE RIVAS AGUILAR Y JAIRON ESTUARDO RAMIREZ COREA, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO(3): Que, siguiendo el decurso del proceso, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha doce de enero del dos mil veintiuno, decretó Auto de Formal Procesamiento contra Oscar Eli Medina Ramírez, Jairon Estuardo Ramírez Corea y Carlos Rene Rivas Aguilar, por el delito de Tráfico De Drogas en perjuicio de La Salud Pública Del Estado De Honduras.- con la imposición de la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la Prisión Preventiva. Esta decisión fue recurrida en apelación, a lo que la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de agosto del dos mil veintiuno, emitió resolución confirmando el auto de formal procesamiento de tráfico de drogas.CONSIDERANDO (4): La defensa del imputado-recurrente, se basa en que el vehículo Pick up Toyota Hilux, color gris metálico, con matricula No. HAB5081, Vin, No. 8AjHA8CD802614858, en el cual se conducía su defendido, no se encontró ninguna evidencia, hecho plasmado en el acta de inspección del vehículo y en el álbum y secuencia fotográfica firmado por los agentes policiales, el que se puede ver a folios del 45 al 53 de la primera pieza. Expone la recurrente que al no existir en contra de su representado ningún indicio procede la revocatoria del auto de formal procesamiento y en consecuencia se dicte un sobreseimiento definitivo. Expone que le causa agravios al recurrente Eli Medina Ramírez, la no valoración de la prueba de una forma armónica, por parte del juez, sino que, solamente valoró la declaración testifical rendida por el testigo José Demetrio, olvidando que en el vehículo del recurrente no se encontró droga.CONSIDERANDO (6): La Corte de Apelaciones recurrida, enumera y valora en el acápite “MOTIVACIÓN” de su sentencia, cada uno de los elementos de prueba aportados al juicio, es así que, con relación al recurrente, motiva la alzada que no se desliga que Oscar Eli Medina Ramírez, a pesar de que en su vehículo no se encontró evidencia alguna, sí sabía lo que se transportaba en los otros vehículos, señala la alzada que todos iban juntos en seguimiento al vehículo al cual le fabricaron caleta, es decir compartimiento secreto, sabían de la cantidad importante de droga pues era necesario dar seguridad. Apunta la alzada que estas evidencias no fueron desacreditadas por ningún medio de prueba aportados a favor de los imputados, por lo que declaran no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirman el auto de formal procesamiento dictado en contra de Oscar Eli Medina Ramírez.CONSIDERANDO (7): Un estudio responsable de las diligencias revela que el indicio tomado por la alzada es la declaración testifical rendida por José Demetrio Ávila Chacón, quien es un agente de investigación de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, y declara que el cinco de enero del dos mil veintiuno, recibieron información de que una estructura criminal dedicada al tráfico de droga, iba a movilizar cierta cantidad de droga de Danlí, hasta el San Pedro Sula. Les informaron que se utilizarían varios vehículos entre ellos: “…un turismo, color blanco, placa PDR 7549, que lo iban a utilizar como bandera, un Pick Up, plateado, con placa HAW1148, ese vehículo lo iban a utilizar para trasladar la droga, un vehículo Pick Up, color gris, con placas HAB5081, que utilizarían como bandera y un vehículo blanco, placa HBB2225, en ese vehículo se conducían los señores que coordinaron la compra de la droga; al tener la información se realizan operativos en la Posta de El Durazno, salida Norte, en ese operativo se requirió el vehículo marca Toyota, tipo pick up, color blanco, placa HBB 2225, en ese vehículo se conducía el señor Elmer David, quien iba acompañado Fredy Omar Ramírez León,…”. Se lee en la declaración testifical referida, (ver folio 18 f y v), que los supuestos hechores se hospedarían en un hotel en la ciudad de Siguatepeque, el Park Place Hotel, y al movilizar varios equipos de investigadores señala que así sucedió, saliendo al día siguiente a las cinco de la mañana, saliendo primero el vehículo con matrícula 5081, conducido por Oscar Elí Medina Ramírez, cuya participación según la denuncia era ser vehículo bandera.CONSIDERANDO (8): La Sala de lo Constitucional estima que con lo expuesto por la recurrente al señalar que no se valoró la prueba de una manera armónica, debe entenderse como una vulneración a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal que establece que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida;”.CONSIDERANDO (9): Que el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”.CONSIDERANDO (10): Esta Sala de lo Constitucional señala que la resolución recurrida tomó como basamento jurídico lo que establece el Código Procesal Penal en el Titulo VII DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, específicamente en lo dispuesto en el artículo 198 que establece: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.” Al respecto el párrafo tercero del artículo 294 de la ley procesal penal señala: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.” (lo remarcado es nuestro). Consta en la sentencia que la Corte de Apelaciones, entró a valorar la prueba aportada, que en el caso del imputado-recurrente su defensa no aportó ningún elemento probatorio para desacreditar los hechos que lo pudieran inculpar, fundando su conclusión el tribunal de alzada, en el análisis de toda la prueba en su conjunto, es decir las actas desde la recepción de la información que dio inicio a la diligencia investigativa, pasando por las actas de inspección a los vehículos, por las actas de decomiso de los paquetes que contienen supuestamente cocaína, los álbumes fotográficos, y la declaración testifical del policía José Demetrio Ávila Chacón, y concluye que como mero indicio racional de la supuesta participación del imputado Oscar Elí Medina Ramírez, lo constituye el conocimiento que si debía tener al haber aceptado conducir un vehículo y viajar en caravana formada por tres vehículos, desde Danlí hasta San Pedro Sula, aparentemente sin ninguna carga que vigilar, siendo los tres conductores procedentes de La Entrada departamento de Copan: La supuesta droga fue encontrada solamente en un vehículo, en otro vehículo se encontró caletas, es decir, compartimientos falsos vacíos, y en el tercer vehículo conducido por Oscar Elí Medina Ramírez, no se encontró indicio alguno, no obstante, la Corte de Apelaciones en aplicación de la sana crítica, manifiesta que en efecto el imputado tenía conocimiento de su responsabilidad como vehículo bandera. CONSIDERANDO (11): Está cumplida la exigencia de la motivación en la sentencia respecto a la concurrencia de indicios, que es requisito indispensable del artículo 294 del Código Procesal Penal, para decretar un auto de formal procesamiento, por lo que no se observa vulneración alguna al derecho a la defensa ni al debido proceso, pues para esta fase del proceso, basta con la mínima actividad probatoria que aporte material indiciario, lo que en efecto ha ocurrido en este caso, por lo que procedente denegar el amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 93, 183, 233, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 198, 199, del Código Procesal Penal, 311 párrafo tercero, 321 y 323 del Código Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada ALEJANDRA MARIA DIAZ REYES, a favor del señor OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de Apelación interpuesto contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; en la causa instruida contra el señor OSCAR ELI MEDINA RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HOMDURAS y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1127-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.