Sentencia AP-1116-19 — Registro 17660
Resumen
Se recurre en amparo de la sentencia que revoca el sobreseimiento definitivo dictado por el juzgado de letras, en relación a la causa instruida por delito de Fraude; Considerando la Sala que la resolución dictada por el Ad quem no es ajena a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia en relacion al indicio racional de participación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que para dictar Auto de Formal Procesamiento bastará la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada, conforme lo establece el artículo 294, párrafo 5 del Código Procesal penal. En este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad …" …"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8,10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AÍDA CERRATO CHINCHILLA a favor del señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el Sobreseimiento Definitivo dictado en audiencia inicial de fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la señora IVING RUTH HEDMAN ALAS. Estimando los recurrentes que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República; en relación al Estado de Inocencia, Debido Proceso e Imparcialidad Judicial; Asimismo se vulneran los artículos 8.1 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en relación a las Garantías Judiciales y el Principio de Legalidad. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ERICKA CASCO actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, por suponerle responsable a título de autor del delito de FRAUDE, en perjuicio de IVING RUTH HEDMAN ALAS. (Folios del 1-5 del Tomo I de la pieza de antecedentes de primera instancia).2) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), se celebró Audiencia Inicial, en la cual el referido Juzgado resolvió: (Sic): “Primero: Se declara Ha Lugar lo solicitado por las Defensas Privadas; y no ha lugar el Auto de Formal Procesamiento solicitado por la representante del Ministerio Público.- Segundo: Se le dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO al señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MURILLO por el delito de FRAUDE en perjuicio de IVING RUTH HEDMAN ALAS.- Tercero: Se le ordena al secretario del despacho que procede a extender la carta de libertad definitiva, esto sin perjuicio del Recurso de apelación al cual tiene derecho el Ministerio Público y que si mi superior jerárquico revoca la resolución mi deber será obedecer…” (Folios del 120–157 del Tomo I de la pieza de antecedentes de primera instancia).3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada JESSICA GEORGINA HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PUBLICO, contra la resolución de Sobreseimiento Definitivo emitida en audiencia inicial y que se deja relacionada en el acápite que antecede, en fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual Resolvió: (Sic) “1) Declarar Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ente Fiscal.- 2) REVOCAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO por el delito de FRAUDE en perjuicio de IVING RUTH HEDMAN ALAS.- 3) Que se dicte el Auto de Formal Procesamiento….” (Folios del 551–556fv del Tomo II de la pieza de antecedentes del tribunal Ad- Quem).4) Que los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AÍDA CERRATO CHINCHILLA, comparecieron ante este Alto Tribunal en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del Señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, contra la Resolución de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República; 8.1 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios del 1–15 de los autos) 5) Que en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 65 de los autos) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la Sentencia dictada en fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la señora IVING RUTH HEDMAN ALAS. CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes, en la Formalización de Acción de Amparo, exponen: ”que la resolución recurrida vulnera los siguientes derechos constitucionales de su representado: Derecho a la Presunción de Inocencia contenido en el artículo 89, El Debido Proceso contenido en el artículo 90, El Derecho a que se cumplan los requisitos para contenidos en el artículo 92, para dictar Auto de Formal Procesamiento, que dispone la existencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. El recurrente invoca además como normas vinculantes el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que contiene las Garantías Judiciales, el artículo 9 del Principio de Legalidad de la misma Convención Americana Sobre Derechos Humanos, según el cual nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. “CONSIDERANDO (5) Que los impetrantes señalan que consideran infringidas las normas antes señaladas, “partiendo del hecho de que en un Estado de Derecho, el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico que impone a los órganos jurisdiccionales la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho, estableciendo el imperativo categórico de que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de interpretaciones doctrinales, sino una expresión razonada del hecho y la norma sometida a conocimiento del juzgador. Exponen los amparistas, que analizada la resolución impugnada esta vulnera las garantías constitucionales reconocidas a su representado, vemos como la misma se limita prácticamente a efectuar una transcripción literal de antecedentes procesales, acontecidos en audiencia inicial, pero lo que resulta verdaderamente lesivo es cómo en el apartado de la “Motivación”, la Corte de Apelaciones acoge como razonamiento propio y sin ningún tipo de censura, la exposición de los antecedentes y de los agravios expresados en el recurso de apelaciones interpuesto por el Ministerio Público, soslayando la autoridad recurrida los argumentos esgrimidos por esta representación en cuanto a la improcedencia del recurso y en consecuencia formulando una motivación carente de un razonamiento intelectivo derivado de su análisis particular, constatándose fácilmente con solo la lectura del referido acápite la infracción a ese esencial deber que tiene el Ad quem de explicar de manera clara y exhaustiva como las acciones sometidas a juzgamiento son o no subsumibles en el tipo penal de estudio, señalando la concurrencia o no de cada elemento de tipificación legal (objetivos y subjetivos), en relación con el hecho imputado. En otras palabras, no se visualiza por ningún lado de la motivación la consignación previa y taxativa de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación, con lo cual se fundamenta la infracción al debido proceso al no darse cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 constitucional, ya que no se acredita la actividad probatoria mínima de la existencia de un delito. “CONSIDERANDO (6) Que los amparistas sigue exponiendo: “que, continuando con el análisis de la resolución impugnada, se observa que el Ad quem efectúa en el numeral 1 del apartado de la “Motivación”, una relación bastante aproximada de los medios de prueba que fueron ofertados por cada una de las partes procesales, no así de los que verdaderamente fueron evacuados y llevaron a la juez conocedora de la causa a adoptar una resolución de Sobreseimiento Definitivo. La Corte de Apelaciones no emitió pronunciamiento alguno sobre los elementos de prueba incorporados como medios de prueba documental, a través de un auto para mejor proveer dictado por la señora Juez y que consistió en la incorporación del Permiso de Construcción y del escrito mediante el cual se le entregaron a la Fiscalía del Consumidor y de la Tercera Edad, por ser la dependencia que inicialmente conocía de las investigaciones de este caso – los planos de construcción de la edificación de la casa de habitación de la señora IVING RUTH HEDMAN ALAS que se encontraban en el expediente investigativo del Ministerio Público; planos sobre los que vale decir, en el curso de la audiencia inicial la Fiscal pretendió establecer habían sido ocultados por su representado con ánimo doloso, cuando en realidad siempre estuvieron en poder de la señora representante de los interés de la sociedad. Al respecto de esta incorporación de estos dos medios de prueba, vale reseñar que tal omisión del Ad quem, va más allá de no referirse a la incorporación de los mismos, pues lo verdaderamente relevante es que su ocultación obedeció a evitar a toda costa que, con el conocimiento de estos documentos por parte de la juez, se desbaratara la forzada tesis acusatoria fundamentada en supuestos actos omisivos por parte del constructor de la vivienda. Lo relevante de la incorporación de estos medios de prueba y de los cuales la Corte de Apelaciones no hace ni el mínimo asomo de análisis, es que estando en la evacuación de la prueba pericial, el perito OMAR FRANCISCO SIERRA, ratificó su dictamen y explicó entre otros aspectos, la importancia que revestía contar con los planos de construcción y el permiso de construcción; de hecho la propia recurrente en su escrito de apelación hizo referencia a tal importancia, estableciendo que al no existir el mismo, el dictamen no podía ser concluyente. Habiendo escuchado la explicación brindada por el perito, esta representación le consultó sobre las razones por las cuales no había examinado tan importantes documentos, respondiendo que su análisis no había sido posible porque aún y cuando había solicitado que le fueran provistos, la Fiscalía nunca se los proveyó, aduciendo que no existían y que más bien era de su conocimiento, por información proporcionada por la Fiscal, que la edificación se había construido sin permiso de la alcaldía, pero que de haber contado con ellos, su dictamen hubiera podido establecer, algunas condiciones técnicas cuyo cumplimiento no había sido posible verificar.” CONSIDERANDO (7) Que los recurrentes siguen manifestando, “que no obstante la omisión al pronunciamiento de la prueba antes descrita, en el numeral 3 del apartado de “Motivación” el Tribunal de Alzada transcribe un segmento de la resolución de la juzgadora de instancia relacionando que: “… el A quo, ha considerado en la resolución impugnada que el hecho antes relacionado no es típico del contenido del artículo 242 No. 1 del Código Penal, calificándolo como OTROS FRAUDES, en consideración a que se defrauda a otro en la sustancia, calidad, cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato obligatorio, elementos objetivos del mismo, pero en el caso del imputado no existía dolo que constituye el elemento subjetivo, pues el ente fiscal señala que no puede acreditar que el imputado haya construido en una tierra con asentamiento diferencial y aun sabiendo eso construye y en la propiedad, que sería el requisito de tipo penal de fraude, ya que el mismo acudía a los llamados realizados por la señora IVING en dos ocasiones y que al ver el problema solicitó al SANAA un estudio del mismo acreditando dicha institución que el problema es de fuga de agua en tuberías y lavandero y de las aguas negras, produciendo esta fuga de agua el asentamiento diferencial y en consecuencia la rotura de paredes”. Además, señalan que en el numeral 4 de la resolución la Alzada estable que en efecto, se realizó un contrato entre la ofendida y el imputado a través del cual se realiza la compra venta del inmueble, vivienda que al tiempo de la compra que serviría de vivienda para la señora Hedman Alas, y que finalmente resultó un inmueble defectuoso, al grado de volverse inhabitable, ocasionándole perjuicios a la ofendida, tanto por haber hecho una inversión económica que no se le ha resarcido como por no obtener el inmueble que pudiera habitar con su familia, produciendo un quebranto en el patrimonio. Señala, que el Ad quem solo efectuó una relación de la prueba de la fiscalía y una equivocada interpretación de la intervención del consultor técnico, concluyendo que el imputado tenía conocimiento del lugar donde se estaba construyendo la casa, siendo además ingeniero de profesión, como se acreditó, y fue él quien solicitó los permisos de construcción, construye la casa y fue él quien proporcionó el terreno donde se edificaba la casa, señalado que en cada uno de los estudios se establece los daños estructurales de la casa ocasionando los perjuicios económicos en el patrimonio de la ofendida….”CONSIDERANDO (8) Que los impetrantes manifiestan la vulneración a la Garantía de Imparcialidad Judicial, contenida en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez< o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Al ser una garantía fundamental del proceso, el Principio de Juez Imparcial se incardina dentro de la garantía o derecho genérico al Debido Proceso legal que consagra el artículo 90 Constitucional. Manifiestan que el Comité de Derechos Humanos ha aplicado a los dos aspectos mencionados a lo largo de sus decisiones; invocan la Observación General No. 32 que dice: “21 …. En primer lugar, los jueces no de permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o perjuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes y detrimento de la otra. En segundo lugar, el Tribunal también debe parecer imparcial a u observador razonable”. CONSIDERANDO (9) Que el Ad quem, expone detalladamente los hechos que provocan el requerimiento fiscal, así como la descripción de las pruebas sometidas a estudio, tiene por acreditado, que la ofendida compro una casa de habitación en la colonia Lomas del Guijarro Sur, Lote 3, Bloque T, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL Dólares ($205,000.00), la que fue vendida por el imputado MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, que realizó los planos estructurales de la vivienda, quedado evidenciado que desde hace aproximadamente un año de adquirir la vivienda que fue habitada por la ofendida se empezaron agrietar las paredes las que fueron reparadas, con conocimiento del imputado, así mismo la Empresa Geocosult recomendó a la ofendida saliera de la casa pues era un peligro que estuviera viviendo en ella. Por lo antes señalado el A quo consideró que en el hecho relacionado no concurren los elementos para la tipificación legal del delito de otros fraudes, en razón de que se defrauda a otro en la sustancia, calidad, cantidad de las cosas que se le entregue en virtud de contrato obligatorio, elementos objetivos del mismo, pero en el caso del imputado no existía Dolo, que constituye el elemento subjetivo, pues el Ente Fiscal señala que no puede acreditar que el imputado haya construido en una tierra con asentamiento diferencial y aun sabiendo eso construya y venda la propiedad, que sería el requisito del tipo penal de fraude, ya que él mismo acudió a los llamados de la señora IVING en dos ocasiones y que al ver el problema solicitó al SANAA un estudio del mismo, acreditando dicha institución que el problema era una fuga de agua en tuberías y lavandero y de las aguas negras, produciendo esta fuga de agua el asentamiento diferencial y en consecuencia la rotura de paredes. CONSIDERANDO (10) Que el Tribunal de Alzada expone en su resolución que han quedado probados todos los elementos de la tipificación legal del delito de FRAUDE, declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada JESSICA GEORGINA HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, revocar el Sobreseimiento Definitivo y dictar Auto de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO: (11) Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia, que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, invocando los recurrentes el quebranto al Debido Proceso y demás garantías relacionadas con el mismo. La conducta del imputado ha sido calificada como un delito de Fraude, que se caracteriza por el engaño o el aprovechamiento del error mediante el cual se obtiene ilícitamente una cosa o se alcance un lucro indebido, es decir, que el engaño o aprovechamiento del error debe ser previo a la obtención ilícita de la cosa o al alcance del lucro indebido, y al mismo tiempo, la causa determinante de una o de otra. CONSIDERANDO: (12) Que para dictar Auto de Formal Procesamiento bastará la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada, conforme lo establece el artículo 294, párrafo 5 del Código Procesal penal. En este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.CONSIDERANDO: (13) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO: (14) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la no Retroactividad de la Ley; 24 Igualdad ante la Ley; 25 Protección Judicial. CONSIDERANDO: (15) Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. CONSIDERANDO: (16) Que analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones impugnada, ésta Sala considera, que la resolución dictada por el Ad quem no es ajena a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, aplicadas al contexto factico y al acervo probatorio incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, sustentando su resolución con la motivación y fundamentación jurídica suficiente. De ahí que al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del recurrente y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se Deniegue el Amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el Estado de Inocencia, que la misma Constitución le garantiza. CONSIDERANDO: (17) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo, interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del señor MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, contra la Sentencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, Dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada SONIA MARLINA DUBON. - NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 1116-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.