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Sentencia AP-1075-21 — Registro 17578

Resumen

Con relación a la Solicitud de Medidas de Aseguramiento Sobre Bienes Muebles, Inmuebles y Productos Financieros contra recurrente, argumentando éste que supuesta nueva medida cautelar se dirige contra los mismos bienes de su propiedad y sobre el mismo asunto iniciado hace cuatro años, que se desprende del mismo caso operación SULTAN, por lo cual ha transcurrido un plazo más allá de lo razonable que justifique el mantenimiento de la medida de aseguramiento acordada en el marco de un proceso penal por la supuesta comisión del delito de lavado de activos hace pocos meses y ahora por una acción de privación definitiva de dominio,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

9): Que, la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 33 primero y último párrafo señala que: “En cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, el Órgano Jurisdiccional competente a solicitud del Ministerio Público puede, decretar, sin notificaciones, ni audiencias previas, medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los mismos.”. “Trascurrido el termino de doce(12)meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación de dominio, estas pueden ser revocadas. El término indicado en este Artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente.” Sumado a lo anterior el artículo 69 de la ley de Lavado de Activos estipula lo siguiente: “DURACION DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. La situación jurídica de los bienes se debe resolver en el menor tiempo posible, cuando se obtenga los elementos de juicio para ello, atendiendo al respeto de los derechos de legalidad, debido proceso y defensa y preservando las garantías inherentes al derecho de propiedad. De los antecedentes en estudio, esta Sala advierte que la medida de aseguramiento sobre bienes muebles, inmuebles y productos financieros, de los cuales es titular el señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, fue solicitada por el ente fiscal en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve y decretada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, misma que a solicitud del Ministerio Público, fue prorrogada por siete meses más, en fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, prorroga que vencería el veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. Examinados los mismos se establece que la ampliación de medida aseguramiento otorgada, se encuentran dentro del plazo señalado en el artículo 33 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, relacionado líneas arriba, por lo que no se vislumbra violación del debido proceso con la resolución de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, pues la resolución dictada por el Ad-Quem, recurrida mediante la garantía de amparo está motivada y fundamentada en derecho; asimismo no consta en los antecedentes que la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros del recurrente haya sido dictada hace cuatro años, como lo argumenta el pedidor de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (10): De lo anterior, concluye esta Sala de lo Constitucional que no se observa en el caso sub júdice, vulneración del derecho de debido proceso, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. XXIV (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 33 Párrafo ultimo (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley contra el delito de lavado de activos, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. XXIV (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 33 Párrafo ultimo (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley contra el delito de lavado de activos, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

Jerarquía: Reiterativa

9): Que, la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 33 primero y último párrafo señala que: “En cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, el Órgano Jurisdiccional competente a solicitud del Ministerio Público puede, decretar, sin notificaciones, ni audiencias previas, medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los mismos.”. “Trascurrido el termino de doce(12)meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación de dominio, estas pueden ser revocadas. El término indicado en este Artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente.” Sumado a lo anterior el artículo 69 de la ley de Lavado de Activos estipula lo siguiente: “DURACION DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. La situación jurídica de los bienes se debe resolver en el menor tiempo posible, cuando se obtenga los elementos de juicio para ello, atendiendo al respeto de los derechos de legalidad, debido proceso y defensa y preservando las garantías inherentes al derecho de propiedad. De los antecedentes en estudio, esta Sala advierte que la medida de aseguramiento sobre bienes muebles, inmuebles y productos financieros, de los cuales es titular el señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, fue solicitada por el ente fiscal en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve y decretada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, misma que a solicitud del Ministerio Público, fue prorrogada por siete meses más, en fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, prorroga que vencería el veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. Examinados los mismos se establece que la ampliación de medida aseguramiento otorgada, se encuentran dentro del plazo señalado en el artículo 33 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, relacionado líneas arriba, por lo que no se vislumbra violación del debido proceso con la resolución de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, pues la resolución dictada por el Ad-Quem, recurrida mediante la garantía de amparo está motivada y fundamentada en derecho; asimismo no consta en los antecedentes que la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros del recurrente haya sido dictada hace cuatro años, como lo argumenta el pedidor de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (10): De lo anterior, concluye esta Sala de lo Constitucional que no se observa en el caso sub júdice, vulneración del derecho de debido proceso, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor del Señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CON COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha veintidós (22) de enero dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, con relación a la Solicitud de Medidas De Aseguramiento Sobre Bienes Muebles, Inmuebles Y Productos Financieros, instruida contra el señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, el Abogado MIGUEL CHIRINOS, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, solicitando se decreten medidas de aseguramiento sobre bienes muebles, inmuebles y productos financieros de los Titulares de Derecho LIGIA MARIA MENDOZA MOUTHINO, LEYLA KARLOTA MENDOZA MOUTHINO, GABRIEL CACERES PONCE, JUSTO RUFINO PORTILLO GARCIA, JOSE ROBERTO TERCERO HERNANDEZ, MARTIN JULIO CESAR TERCERO, JOSE PRESENTACION BARAHONA LAINEZ, LUIS ALFREDO BAQUEDANO, ALFONSO LARIOS MENDOZA, JOSE ARMANDO MENDOZA MOUTHINO, ROBERTO ANTONIO CALDERON BETANCOURT, JOSE PRESENTACION BARAHONA SANCHEZ, HECTOR HUGO PINTO AGUILAR, HECTOR HUGO PINTO PEREZ Y OTROS. (Folios 01–21 de la pieza del A-Quo) 2) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal del Señor Luis Alfredo Baquedano; ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES, en su condición de Apoderado Legal de los Señores Ligia Maria Mendoza Mouthino, Leyla Karlota Mendoza Mouthino Y Alfonso Larios Mendoza; WAGNER VALLECILLO PAREDES, en su condición de Apoderado Legal del Señor Justo Rufino Portillo García; BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ en su condición de Apoderada Legal de los Señores José Roberto Tercero Hernández y Martín Julio Cesar Tercero; LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS en su condición de Apoderado Legal del Señor José Presentación Barahona Sánchez, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, dicto resolución en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC): “1) NO HA LUGAR los recurso de apelación interpuestos.- 2.- CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 117-132 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo en su condición de Defensor Privado a favor del Señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que dictó resolución en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01–09 del Presente Recurso)5) Que en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 81 del Presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (3): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con relación a la solicitud de Medidas de Aseguramiento Sobre Bienes Muebles, Inmuebles y Productos Financieros, promovida por el Ministerio Público en contra del señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar NO HA LUGAR los Recursos y confirma la sentencia apelada de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en amparo expone en el libelo de la acción constitucional promovida, que se violenta el debido proceso ante la falta de motivación de la Corte de Apelaciones al confirmar la resolución recurrida, pues el Ad-quem obvió referirse que hace tres años el Ministerio Publico inició la investigación contra su representado, en el cual se ha acreditado el origen lícito de los bienes; argumenta también que se vulnera el debido proceso al confirmar la resolución del A-quo que otorga una prórroga sobre imposición de medidas cautelares que por más de cuatro años han gravado los inmuebles de su representado y sin argumentación alguna conceden la prórroga solicitada por el Ministerio Público, el cual simplemente presenta una nota de un perito que tiene cuatro años de estar realizando un análisis patrimonial, argumentando que por la situación de pandemia que atraviesa el país el perito no ha concluido el análisis patrimonial, no obstante esas investigaciones iniciaron el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, que han transcurrido cuatro años desde que inició el proceso investigativo y su imposición de medidas cautelares como si se tratare de investigaciones y confiscaciones a perpetuidad sin existir ningún control constitucional, pues no es posible que el órgano jurisdiccional a cargo de juzgar y ejecutar lo juzgado, sin control alguno otorgue un título en blanco al Ministerio Publico para que continúe ultrajando a perpetuidad los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país, puesto que la supuesta nueva medida cautelar se dirige contra los mismos bienes de su representado y sobre el mismo asunto iniciado hace cuatro años, que se desprende del mismo caso operación SULTAN, por lo cual ha transcurrido un plazo más allá de lo razonable que justifique el mantenimiento de la medida de aseguramiento acordada en el marco de un proceso penal por la supuesta comisión del delito de lavado de activos hace pocos meses y ahora por una acción de privación definitiva de dominio, ya que no se constata la concurrencia de hechos nuevos que motiven conceder una prorroga sobre dicha medida de aseguramiento, siendo que las mismas son de carácter esencialmente provisional y han transcurrido más de cuatro años desde la fecha en que se decretaron las medidas cautelares de aseguramiento, sin que la unidad de lavado de activos de la Fiscalía especial contra el crimen organizado tomara alguna determinación para deducir responsabilidad a alguien, por lo que sobrepasa el plazo señalado por la ley, que de manera excepcional puede prorrogarse por un término de un año más. CONSIDERANDO (5): Que tal y como ya hemos referido, en este Libelo, la presente acción Constitucional de amparo fue promovida por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, al considerar que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado las disposiciones contenidas en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, siendo de importancia para el estudio de la presente acción constitucional determinar a continuación lo prescrito en ésta disposición constitucional que en su literalidad dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO: (6) Que el amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera garantías o derechos fundamentales, en relación a lo preceptuado en el artículo 183 constitucional, por lo que, en el caso de autos en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Segunda Instancia vulnera en perjuicio del recurrente los derechos alegados como vulnerados. El Tribunal de alzada en la motivación argumenta: “2.- El artículo 33 párrafo quinto de la Ley Sobre Privación Definitiva del dominio de bienes de Origen Ilícito, señala, “Transcurrido el termino de doce meses (12) meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas de aseguramiento, sin que el Ministerio Público, haya promovido la acción de privación del dominio estas pueden ser revocadas.”.- Pero la acción de privación de dominio se inició, el 25 de noviembre de 2019; de conformidad con el mismo artículo dicho término podrá ser prorrogado, por un término igual y se empezara a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente. 3.- El Artículo 5 del mismo cuerpo de leyes, establece las características de la acción de privación definitiva del dominio, las cuales son: Es de orden público, autónomo e independiente de cualquier otra acción en los términos establecidos en esta ley, ya sea se trate de acción o acciones de naturaleza, penal, que se haya o hayan iniciado simultáneamente con la acción de privación definitiva del dominio o de la cual esta última se haya desprendido o en la que se hubiese originado.- Es una acción de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y se tramita como proceso especial siguiendo el tramite establecido en la ley respectiva.- es decir este proceso es independiente de las acciones que ante los Juzgados con Jurisdicción Penal se hubieren interpuesto. 4.- Si bien los agravios de los apelantes se refieren exclusivamente al hecho de que desde 2016, se inició el proceso de aseguramiento de los bienes; pero no, por orden del Juzgado A-quo, en el expediente sometido a nuestro conocimiento, consta que la acción de privación de dominio se inició el 25 de noviembre de 2019, y a partir de la resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve es que el Juzgado ordena el aseguramiento de los bienes, y tal como consta en la resolución de fecha 27 de noviembre del 2021, concede una prórroga de siete meses, es decir, vence el veintiséis (26) de mayo del dos mil veintiuno, que esta dentro de los términos legales y las facultades que otorga la ley. 5.- Relacionado los fundamentos legales transcritos, las fechas de presentación de las solicitudes, y los argumentos expuestos por las partes, esta corte considera que la prórroga concedida es procedente por estar dentro de los plazos que determina la Ley y por lo mismo procede su confirmación.”. En consecuencia, FALLA. NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos y CONFIRMA la resolución apelada. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (8): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”. CONSIDERANDO (9): Que, la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 33 primero y último párrafo señala que: “En cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, el Órgano Jurisdiccional competente a solicitud del Ministerio Público puede, decretar, sin notificaciones, ni audiencias previas, medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los mismos.”. “Trascurrido el termino de doce(12)meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación de dominio, estas pueden ser revocadas. El término indicado en este Artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente.” Sumado a lo anterior el artículo 69 de la ley de Lavado de Activos estipula lo siguiente: “DURACION DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. La situación jurídica de los bienes se debe resolver en el menor tiempo posible, cuando se obtenga los elementos de juicio para ello, atendiendo al respeto de los derechos de legalidad, debido proceso y defensa y preservando las garantías inherentes al derecho de propiedad. De los antecedentes en estudio, esta Sala advierte que la medida de aseguramiento sobre bienes muebles, inmuebles y productos financieros, de los cuales es titular el señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, fue solicitada por el ente fiscal en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve y decretada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, misma que a solicitud del Ministerio Público, fue prorrogada por siete meses más, en fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, prorroga que vencería el veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. Examinados los mismos se establece que la ampliación de medida aseguramiento otorgada, se encuentran dentro del plazo señalado en el artículo 33 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, relacionado líneas arriba, por lo que no se vislumbra violación del debido proceso con la resolución de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, pues la resolución dictada por el Ad-Quem, recurrida mediante la garantía de amparo está motivada y fundamentada en derecho; asimismo no consta en los antecedentes que la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros del recurrente haya sido dictada hace cuatro años, como lo argumenta el pedidor de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (10): De lo anterior, concluye esta Sala de lo Constitucional que no se observa en el caso sub júdice, vulneración del derecho de debido proceso, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos: 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo XXIV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo 33 último párrafo de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; Artículo 69 de la ley de Lavado de Activos. FALLA: FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor del señor LUIS ALFREDO BAQUEDANO, contra la resolución de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONALFRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ.WALTER RAUL MIRANDA SABIO, MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1075-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.