Sentencia AP-1051-20 — Registro 17631
Resumen
Se interpuso Recursos de Amparo contra la resolución que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, uso de documentos públicos falsos, fraude, usurpación de funciones.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “XII.- No obstante, la defensa de la imputada ha insistido en una supuesta violación al principio de retroactividad de la ley penal más favorable en perjuicio de su representada, que, de hecho, es en sí el argumento toral de la acción de amparo que se conoce a favor de la señora Alvarado Izaguirre, tanto por el argumento de la inexistencia de la figura del cooperador necesario en el nuevo Código Penal, como por aspectos relacionados con la figura del delito continuado frente al concurso real de delitos.- XIII.-En respuesta a este agravio, el Tribunal de Alzada estableció lo siguiente: “…por retroactividad de la Ley Penal, el nuevo Código favorece a la procesada, no sería este el momento procesal para así declararlo, básicamente porque al interpretar el artículo 624 del Código Penal Vigente se determina que solamente en las sentencias dictadas de acuerdo con la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso se aplicará la norma penal más favorable, de conformidad a las reglas que ya se explicaron líneas arriba. Por consiguiente, la forma de aplicar la norma penal más favorable es cuando esté pendiente una apelación contra una sentencia dictada de acuerdo al Código Penal derogado; y que no esté firme…”.-La Alzada concluyó señalando que el momento procesal oportuno para declarar la aplicación de la ley penal más favorable sería hasta el juicio oral y público, postura que es compartida por esta Sala de lo Constitucional y así lo ha declarado de manera reiterada, siguiendo los criterios de aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable determinadas en el Código Penal vigente, por lo que no se advierte violación constitucional ni al principio de legalidad por vía de la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable y por ende tampoco al derecho a un debido proceso legal, por cuanto el mismo se ha desarrollado con las debidas formalidades y garantías en el caso de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, quien ha tenido libre acceso a la jurisdicción, se ha hecho valer su derecho de defensa y demás principios y garantías del proceso, por lo cual es criterio de esta Sala que la acción de amparo instada a su favor debe ser denegada.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 624 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “En el caso del señor HERRERA CARBALLO, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, error, defecto, irrazonabilidad o incoherencia en los razonamientos del fallo de Alzada.-La Sala concluye que en lo concerniente al señor Herrera Carballo, la decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y su probable participación en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho, por lo que la garantía que se invoca a su favor también debe ser denegada.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… XXVI. Del examen de la imputación impetrada contra la señora Noriega Gonzales se logra establecer que su condición de extraneus en el delito de fraude se derivó, según el Ministerio Público, de su relación de amistad y de socia de la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, lo que le valió para recibir los cheques presentados como evidencia, sin embargo, a criterio de esta Sala, del fallo emitido por la Alzada no logra determinarse con la debida precisión cómo la evidencia aportada en el proceso acredita el acuerdo previo para delinquir o la colusión que afirma la defensa, el fallo tampoco logra establecer ni la actividad adyacente, necesaria o imprescindible que realizó o debía realizar la imputada Noriega Gonzales para la producción del resultado típico que se exige para considerar la participación del cooperador necesario en el delito.-Cierto es que la Alzada refiere, a grandes rasgos, que para la valoración del acuerdo colusorio se ha seguido la doctrina de la “prueba de indicios del acuerdo colusorio” pero más allá de citar su conceptualización y referencia, omite establecer cómo los indicios citados en su fallo, en su mayoría actividades financieras, constituyen un acuerdo de la señora Noriega Gonzales con los coimputados para la comisión del delito objeto de la acción, o cual fue esa participación imprescindible para el desarrollo del delito en la forma en la cual fue ejecutado.- Como lo sostienen con buen criterio las amparistas, la Alzada parece haber equiparado la afinidad política de la imputada y su relación comercial con la coimputada Carol Vanessa Alvarado Izaguirre como indicios de participación en el hecho y a la vez como una cooperación sin la cual el hecho no se habría llevado a cabo, una conclusión muy discutible para esta Sala, dados los razonamientos de la Alzada y la evidencia que fue conocida en el proceso, la cual, según considera esta Sala resulta insuficiente para sostener la imputación de la señora Noriega Gonzales, así como para intuir la probable existencia de un acuerdo para delinquir, como exigencia de la conducta del cooperador necesario en este caso, como también resultan escasas las consideraciones del Tribunal de Alzada en este respecto.-XXVII.- Hemos dicho ya que la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito—y en todo caso los indicios de participación—es posible pero está limitada a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, cuando la decisión judicial en torno a ello ha resultado de arbitrariedad, error o defecto en la valoración de la prueba o en la aplicación de las normas, irrazonabilidad o incoherencia en la motivación y/o desafuero a los principios que rigen el proceso.- XXVIII.- Reiterando también nuestros previos razonamientos, hemos dicho que la decisión de la justicia constitucional con respecto a aspectos relacionados con la valoración probatoria (en este caso relativas a las exigencias legales para dictar un auto de formal procesamiento) debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.- XXIX.- En el caso referente a la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzalez la Sala no logra advertir que de las consideraciones que ha plasmado en su fallo el Tribunal de Alzada pueda establecerse que la prueba de cargo presentada en la audiencia inicial y apreciada por la jurisdicción ordinaria en el proceso penal que es objeto de examen, pueda conducir razonablemente a que existió un acuerdo colusorio previo en el que haya intervenido la señora Noriega Gonzales para defraudar al Estado de Honduras y tampoco encuentra que con dicha prueba haya logrado establecerse con la debida precisión la actividad adyacente, imprescindible y/o necesaria realizada por la señora Noriega Gonzales para la producción del resultado delictivo propuesto, ni su contribución al delito como supuesta cooperadora necesaria.-Siendo así, esta Sala concluye que en el caso específico de la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales, la resolución objeto de la acción de amparo que se conoce no satisface los requerimientos de razonabilidad que exige el derecho a una tutela judicial efectiva, por cuanto se ha logrado discernir por parte de esta Sala que las consideraciones expuestas por el Tribunal de Alzada en su fallo no logran establecer la existencia de una mínima actividad probatoria que, cualitativamente pueda conducir razonablemente a que existió un acuerdo colusorio previo en el que haya intervenido la señora Noriega Gonzales para defraudar al Estado de Honduras y tampoco encuentra que la sentencia emitida por la Alzada haya determinado en forma concreta cual fue la actividad realizada por la señora Noriega Gonzales que de manera necesaria e imprescindible contribuyó a la producción del resultado delictivo propuesto.- La Sala advierte entonces que la Alzada ha obviando preceptos legales constitucionales de obligatorio acatamiento, omitiendo garantizar el derecho a un debido proceso legal a la referida imputada, incumpliendo con parte de las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, que incluye el deber que tienen los órganos jurisdiccionales de que todas sus decisiones sean dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. Consecuentemente esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por las recurrentes, a favor de la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales, y así debe declararse."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintitrés.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos: 1° por el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, a favor de la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Registro No.1051-2020); 2° por el Abogado Jacobo Cálix Hernández, a favor del señor Harbis Edulfo Herrera Carballo (Registro No.1130-2020); y, 3º por la Abogada Danelia Ferrera Turcios y Nolvia Judith Montoya, a favor de la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales (Registro No.1151-2020); TODOS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de octubre de dos mil veinte, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra las siguientes personas: 1. Juan Ramón Maradiaga Franco, por considerarlo Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 2. David Eduardo Ortiz Hawit, por considerarlo Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública; y coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.3.Elmer Jeovanny Ordoñez Espinal (Control Interno), por considerarlo Autor de treinta y nueves (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 4. Gonzalo Molina Solórzano (Proveeduría) por considerarlo Autor de treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 5. Carlos Josué Romero Puerto (Coordinador Proyecto PRAF-BANADESA) por considerarlo Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. 6. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Extraneus) por considerarla Cómplice necesario de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública; Autor de un (1) delito de Fraude, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras, un (1) delito de Usurpación de Funciones, en perjuicio de la Administración Pública y de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 7. Claudia Yamila Noriega González, a título de Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. 8. Harbis Edulfo Herrera Carballo: (Gerente Administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo responsable a título de Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 1, 84, 89, 90, 92, 96 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los Abogados Luis Javier Santos Cruz y Abigail Merary Ramos, actuando en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de las siguientes personas: 1. Juan Ramón Maradiaga Franco, por considerarlo Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 2. David Eduardo Ortiz Hawit, por considerarlo Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública; y coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 3. Elmer Jeovanny Ordoñez Espinal (Control Interno), por considerarlo Autor de treinta y nueves (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 4. Gonzalo Molina Solórzano (Proveeduría) por considerarlo Autor de treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 5. Carlos Josué Romero Puerto (Coordinador Proyecto PRAF-BANADESA) por considerarlo Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública.-6.-Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Extraneus) por considerarla Cómplice necesario de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública; Autor de un (1) delito de Fraude, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras, un (1) delito de Usurpación de Funciones, en perjuicio de la Administración Pública y de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.7. Claudia Yamila Noriega González, a título de Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. 8. Harbis Edulfo Herrera Carballo: (Gerente Administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo responsable a título de Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. (Folios 1-48 de la pieza del A-quo).- 2) En la celebración de la audiencia inicial comenzada en fecha veintisiete de septiembre y finalizada en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, DICTÓ AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en relación a: 1) JUAN RAMÓN MARADIAGA FRANCO, 2) DAVID EDUARDO ORTIZ HAWIT, 3) ELMER JEOVANNY ORDOÑEZ ESPINAL y 4) GONZALO MOLINA SOLÓRZANO, SE LES RESPONSABILIZA INDIVIDUALMENTE EN LA COMISIÓN DE 39 DELITOS DE USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA, ENMARCADO EN EL TIPO PENAL DEL ARTICULO 289 DEL CÓDIGO PENAL, a título de autores. En relación a: 1) JUAN RAMÓN MARADIAGA FRANCO, 2) DAVID EDUARDO ORTÍZ,3) ELMER JEOVANNY ORDOÑEZ ESPINAL Y 4) GONZALO MOLINA SOLÓRZANO, 5) HARBIS EDULFO HERRERA CARBALLO, han incurrido en el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS establecido en el 349 (3) (A TÍTULO DE AUTORES) En relación a: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, se considera responsable del delito de VIOLACIÓN DEL DEBER DE FUNCIONARIA CONTENIDA EN EL ART.350 C.P. A TÍTULO DE AUTORA. En relación a: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, se le considera responsable del (1) DELITO DE FRAUDE EN PERJUICIO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS, CONTENIDA EN EL ART.240-A C.P A TÍTULO DE AUTOR. En relación a: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, se le considera responsable DEL DELITO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDO EN EL ART. 354 C.P A TÍTULO DE AUTOR. En relación al delito de FRAUDE ESTABLECIDO EN EL ART.376 C.P: SE LES CONSIDERA RESPONSABLE A: JUAN RAMÓN MARADIAGA DE (43 DELITOS) 2) DAVID EDUARDO ORTIZ HAWIT (43 DELITOS), 3) ELMER JEOVANNY ORDOÑEZ ESPINAL 43 DELITOS), 4) GONZALO MOLINA SOLÓRZANO (43 DELITOS), 5) CARLOS JOSUÉ ROMERO PUERTO (43 DELITOS), 5) CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE (43 DELITOS) TODOS ELLOS A TÍTULO DE AUTORES DEL DELITO ESPECIAL, Y CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALES (EXTRANEUS) (43 DELITOS) A TÍTULO DE CÓMPLICE NECESARIA (Folios 468-485 de la pieza principal I).-3) La Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los abogados Teodoro Cerrato, en su condición de apoderado defensor del señor Juan Ramón Maradiaga Franco, Víctor Francisco Mejía y Pedro Enrique Alonzo Flores, en su condición de Defensores Públicos del señor Elmer Jeovany Ordoñez Espinal, Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en su condición de Defensor de la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Isis Saraí Ordoñez Canales, en su condición de Procurador de la República, el Ministerio Público a través de sus Agentes Fiscales, Luis Javier Santos Cruz y Tania Aracely Pavón, Danelia Ferrera Turcios y Nolvia Judith Montoya, en su condición de Apoderadas legales de la señora Claudia Yamilia Noriega González, Mario José Cárdenas, en su condición de Apoderado Defensor del señor Gonzalo Molina Solórzano, Doris Imelda Madrid Zerón y Ritza Yolanda Antúnez Reyes, en su condición de Defensores Técnicos del señor David Eduardo Ortiz Hawit, todos, contra la resolución referida en el numeral que antecede, en fecha seis de octubre de dos mil veinte, por unanimidad de votos resolvió: PRIMERO: DECLARA parcialmente con lugar un Recurso de Apelación presentado por la Defensa de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE. SEGUNDO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento al señor JUAN RAMÓN MARADIAGA, por su posible participación en la comisión de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos y cuarenta y tres (43) delitos de Fraude. TERCERO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento al señor DAVID EDUARDO ORTÍZ HAWIT, por su posible participación en la comisión de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos y cuarenta y tres (43) delitos de Fraude a título de autor. CUARTO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento al señor ELMER JEOVANNY ORDOÑEZ ESPINAL, por su posible participación en la comisión de treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos y cuarenta y tres (43) delitos de Fraude a título de autor. QUINTO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento al señor GONZALO MOLINA SOLÓRZANO, por su posible participación de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos y cuarenta y tres (43) delitos de Fraude a título de autor. SEXTO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento a la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, por su posible participación en la comisión de un (1) delito de Fraude del Articulo (240-A); un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios y cuarenta y tres (43) delitos de Fraude (376). REFORMA el Auto de Formal Procesamiento en cuanto al posible grado de participación en la comisión de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude (376), debiendo considerarse a título de cómplice necesario. REVOCA el Auto de Formal Procesamiento dictado por el delito de Usurpación de Funciones. SÉPTIMO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento a la señora CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALES, por su posible participación en la comisión de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude a título de cómplice necesario. OCTAVO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento al señor HARBIS EDULFO HERRERA CARBALLO, por su posible participación en la comisión de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios. NOVENO: CONFIRMA las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los procesados en primera instancia. (Folios 991-1026 de la pieza del Ad-quem)
- Que los recurrentes, Abogados Jaime Erick Rodríguez Ordoñez y Jacobo Antonio Cálix Hernández, comparecieron ante este Tribunal en fechas diecinueve de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, interponiendo acción de amparo a favor del Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y de Harbis Edulfo Herrera Carballo, respectivamente, ambos afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1, 84, 89, 90, 92, 96 y 321 de la Constitución de la República.-5) En fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, esta Sala, dispuso: 1° Al apreciarse de los autos que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resuelve su acumulación, y 2° Que se continúe en ambos recursos, con el procedimiento de ley correspondiente. (Folio 59 del recurso de amparo).-6) Que en fechas veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por formalizados en tiempo y forma los escritos presentados, por los Abogados Jaime Erick Rodríguez Ordoñez y Jacobo Cálix Hernández, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, presentada por el Abogado Jacobo Cálix, se declara sin lugar la suspensión del acto reclamado, en virtud de no ajustarse su petición a los requisitos establecidos por el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, se ordena continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 88 del recurso de amparo).- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL- 1.- La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-2.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.- 3.- La acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 4.-En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- 5.- Corresponde a la Sala de lo Constitucional la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN.-OBJETO DEL RECURSO
6.-El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha seis de octubre del año dos mil veinte por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la cual se denuncia ante esta Sala por parte de los recurrentes, de ser violatoria del principio de legalidad, del derecho a un debido proceso legal, del principio de retroactividad de la ley penal más benigna y el estado de inocencia.- 7.- En el proceso que se sigue en contra de los ya referidos imputados, el Tribunal de Apelaciones decidió:Confirmar el auto de formal procesamiento a la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre por su posible participación en un delito de Fraude del artículo 240-A[1]; un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios; y cuarenta y tres (43) delitos de Fraude conforme al artículo 376[2], reformándose el auto con respecto al grado de participación de la imputada debiendo considerársele a título de cómplice necesario; .Confirmar el auto de formal procesamiento a la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales por su posible participación en cuarenta y tres (43) delitos de Fraude del artículo 376[3]; debiendo considerársele a título de cómplice necesario, revocando el auto de formal procesamiento dictado por el delito de Usurpación de Funciones; . Confirmar el auto de formal procesamiento al señor Harbis Edulfo Herrera Carballo por su posible participación en la comisión de un delito de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios.-EXTRACTOS DE LAS ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES : 8.En el escrito de interposición de la acción de amparo incoada a favor de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, su apoderado defensor sostuvo la existencia de una violación al principio de legalidad reconocido por nuestra Constitución, así como el derecho a un debido proceso legal y al principio de retroactividad penal.9.En sus argumentos, el abogado JAIME ERICK RODRÍGUEZ censuró el hecho que la imputación instruida en contra de su defendida por suponerla responsable a título de cómplice o cooperadora necesaria del delito de FRAUDE conforme con el artículo 376 del Código Penal de 1985 contraría estos derechos constitucionales porque la figura del cooperador necesario no está contemplada en el Código Penal vigente, de ahí que procedía entonces la superposición de la retroactividad de la ley penal más favorable en beneficio de su defendida, entendiendo el recurrente que existe una imposibilidad legal de imputarla como cooperadora necesaria en virtud de la derogación del Código Penal de 1985 que contemplaba esa forma de participación en el delito.- 10.- En cuanto a las alegaciones presentadas en el escrito de interposición de la acción de amparo promovida a favor del señor HARBIS EDULFO HERRERA CARBALLO, su apoderado defensor. Abogado JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ censuró que el Tribunal de Alzada no llevó a cabo un examen razonable del “cuadro fáctico” atribuido a su representado. El quejoso cuestionó la inexistencia del elemento objetivo del tipo penal imputado a su defendido estimando su proceder como atípico, cuestionando ampliamente las valoraciones y razonamientos hechos por el Tribunal de Alzada en su sentencia.-11.- Para el impetrante no se cumplen, en el caso de su defendido, los requisitos de ley para dictar un auto de formal procesamiento, el cual, al ser ratificado por la Alzada transgredió en perjuicio de su defendido su estado de inocencia, el derecho a un debido proceso legal y las garantías de protección judicial reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-12.- En lo concerniente a la garantía de amparo solicitada a favor de la señora CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZÁLES, se censuró que la resolución de la Alzada también violentó en su perjuicio el derecho a un debido proceso legal, derecho de defensa, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la igualdad.-13. Las recurrentes, DANELIA FERRERA TURCIOS y NOLVIA JUDITH MONTOYA señalaron la omisión por parte del Tribunal de Alzada en valorar prueba que fue ofertada, admitida y evacuada en audiencia, censurando el hecho que la Alzada emita pronunciamientos que podrían vincular un prejuzgamiento en perjuicio de la imputada.-La acción de amparo denuncia además que, en el caso de su representada, el Tribunal de Alzada se limitó a reseñar la prueba aportada, pero sin vincular la participación de la imputada más que por medio de (sic) “conjeturas”, según las impetrantes, al no lograrse determinar indicios racionales de participación de la imputada, aduciéndose una colusión que no logró ser determinada en el proceso.-RAZONAMIENTO DE LA SALA: I.-Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.- II.Se advierte de los pronunciamientos de los reclamantes, que las acciones de amparo que presentan, si bien se invoca la transgresión de distintos derechos y principios fundamentales, todas coinciden en que la resolución impugnada ha violentado el derecho a un debido proceso legal en perjuicio de sus representados.- III.-Al respecto, esta Sala ha señalado que el derecho a un debido proceso implica que, a toda persona sometida a un proceso legal, sea este judicial o administrativo tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez o autoridad que corresponda.- IV.Hemos sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. V. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- VI. Hemos manifestado también repetidamente que coincidimos con lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable sino el de obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.- VII.- Dicho lo anterior, la resolución que se denuncia de ser violatoria de este fundamental derecho constitucional, fue dictada, como hemos dicho ya, en un procedimiento penal de apelación por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, observándose tres posturas puntuales por parte de los recurrentes, cada una basada en argumentos y razonamientos propios, por lo que serán objeto de pronunciamientos individuales por parte de esta Sala en el desarrollo del presente fallo.- VIII.-Agraviada Carol Vanessa Alvarado Izaguirre Primeramente, nos referiremos a las afirmaciones expuestas por el apoderado defensor de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE de quien se aduce es víctima de violaciones al principio de legalidad y al derecho a un debido proceso sosteniéndose que impera una “imposibilidad legal” de ser sujeta de imputación en el caso de mérito porque la jurisdicción ordinaria ha establecido que el grado de participación en el delito de fraude que le ha sido imputado es el de cómplice necesario, un modo de participación que recogía el Código Penal anterior pero que, según el quejoso, no es reconocido por el actual. IX. Es oportuno acotar que, aún y cuando la imputación y el consecuente auto de formal procesamiento dictado contra la referida señora ALVARADO IZAGUIRRE ha sido asentado bajo la denominación de “cómplice necesario”, la Sala estima más afortunado emplear en su lugar el término de cooperador necesario, que es en sí la conceptualización aceptada tanto legal como doctrinariamente de esta forma de participación en el delito.- En el derogado Código Penal de 1985 al cooperador se lo consideraba como autor del delito y así lo establecía en su artículo 32:“…Artículo 32. Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.”.-Este concepto de autoría, fue tomado por nuestro legislador casi textualmente de la legislación penal española[4].- X.-De la sentencia de la Alzada se observa que ésta ha coincidido con la tesis del Ministerio Público y ha formado su postura con respecto a la participación de la encartada como extraneus en un delito de fraude en perjuicio del Estado, siendo su inclinación dogmática hacia la teoría de la unidad del título de imputación la que apoya la noción de que, si bien el extraneus no puede ser autor de un delito especial en sentido estricto, si puede ser partícipe del mismo. -Esta teoría, al igual que la del dominio del hecho cuyo precursor lo fue el jurista alemán Frank Hegler, fue posteriormente desarrollada con profundidad por otros tratadistas, destacándose sobre todo Hans Welzel y Klaus Roxin[5].-Se advierte además que la Alzada aplica el denominado principio de la conditio sine qua non cuando se afirma que el cooperador necesario apoya al ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se hubiera cometido.- XI.-Dicho esto, la Sala no encuentra cuestionamiento alguno con respecto a los razonamientos del Tribunal de Alzada en cuanto a la aplicación de esta teoría al proceso que se le sigue a la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y advierte que los órganos jurisdiccionales han establecido sus consideraciones basándose en razonamientos jurídicos en forma motivada y acorde con la evidencia aportada en el proceso, no observándose arbitrariedad ni quebramiento de sus formas esenciales en las apreciaciones que la Alzada llevó a efecto para la apreciación de los elementos del tipo y los indicios racionales de participación de la imputada en el hecho.- XII.- No obstante, la defensa de la imputada ha insistido en una supuesta violación al principio de retroactividad de la ley penal más favorable[6] en perjuicio de su representada, que, de hecho, es en sí el argumento toral de la acción de amparo que se conoce a favor de la señora Alvarado Izaguirre, tanto por el argumento de la inexistencia de la figura del cooperador necesario en el nuevo Código Penal, como por aspectos relacionados con la figura del delito continuado frente al concurso real de delitos.- XIII.-En respuesta a este agravio, el Tribunal de Alzada estableció lo siguiente: “…por retroactividad de la Ley Penal, el nuevo Código favorece a la procesada, no sería este el momento procesal para así declararlo, básicamente porque al interpretar el artículo 624 del Código Penal Vigente se determina que solamente en las sentencias dictadas de acuerdo con la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso se aplicará la norma penal más favorable, de conformidad a las reglas que ya se explicaron líneas arriba. Por consiguiente, la forma de aplicar la norma penal más favorable es cuando esté pendiente una apelación contra una sentencia dictada de acuerdo al Código Penal derogado; y que no esté firme…”.-La Alzada concluyó señalando que el momento procesal oportuno para declarar la aplicación de la ley penal más favorable sería hasta el juicio oral y público, postura que es compartida por esta Sala de lo Constitucional y así lo ha declarado de manera reiterada, siguiendo los criterios de aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable determinadas en el Código Penal vigente, por lo que no se advierte violación constitucional ni al principio de legalidad por vía de la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable y por ende tampoco al derecho a un debido proceso legal, por cuanto el mismo se ha desarrollado con las debidas formalidades y garantías en el caso de la señora CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, quien ha tenido libre acceso a la jurisdicción, se ha hecho valer su derecho de defensa y demás principios y garantías del proceso, por lo cual es criterio de esta Sala que la acción de amparo instada a su favor debe ser denegada.-Agraviado Harbis Edulfo Herrera Carballo.- XIV. Se afirma en la acción de amparo impetrada a favor del imputado HARBIS EDULFO HERRERA CARBALLO que las violaciones constitucionales denunciadas en su contra surgen de que los hechos en los que se le acusa de haber tenido participación carecen de tipicidad, es decir que no tienen relevancia penal, según lo ha dejado plasmado el recurrente en su escrito.- XV. Se sostuvo entonces que existe vulneración a preceptos constitucionales por cuanto el supuesto agraviado no podía ser objeto de un auto de formal procesamiento, al no existir, de acuerdo con la tesis del recurrente, hecho típico alguno en el que pueda atribuírsele responsabilidad penal al referido imputado.- XVI. Como se logra observar de la exposición del reclamante HERNÁNDEZ CÁLIX, sus apreciaciones se encuentran relacionadas casi estrictamente con aspectos de valoración probatoria, al censurarse por parte del quejoso el valor que el Tribunal Ad Quem ha otorgado a los elementos probatorios de cargo, la que ha catalogado de insuficiente para sostener la imputación en contra de su representado. XVII.- En reiterados pronunciamientos relacionados a acciones de amparo en materia penal hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-XVIII. Hemos declarado reiteradamente que no corresponde a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo por parte de un imputado pues estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal, excepto cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad, error o defecto en la valoración de la prueba o en la aplicación de las normas, irrazonabilidad o incoherencia en la motivación y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, lo que ciertamente conllevaría al menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas en todo proceso judicial.- XIX. En esta misma línea, la Sala ha venido asintiendo con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia.- XX.- No obstante, como también lo hemos asentido, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como los que ya hemos mencionado, arbitrariedad, defecto, error, etc. XXI. Así, ha habido concordancia en esta Sala en que la decisión en torno a estos aspectos relacionados con la valoración probatoria con respecto a esta formación inicial de convencimiento, que en el caso de la etapa preparatoria del proceso penal está ligada a los requisitos legales para dictar un auto de formal procesamiento o en su caso un sobreseimiento debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.- XXII. Dicho lo anterior, la Sala no encuentra sustento en las alegaciones del peticionario HERNÁNDEZ CÁLIX, puesto que según advierte esta Sala, en lo que respecta al señor HERRERA CARBALLO, el Tribunal de Alzada fundó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en su contra en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual, según ha podido observar esta Sala de la motivación expuesta por la Alzada, conduce razonablemente a suponer que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo.- XXIII. En el caso del señor HERRERA CARBALLO, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, error, defecto, irrazonabilidad o incoherencia en los razonamientos del fallo de Alzada.-La Sala concluye que en lo concerniente al señor Herrera Carballo, la decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y su probable participación en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho, por lo que la garantía que se invoca a su favor también debe ser denegada.- XXV. Agraviada Claudia Yamilia Noriega Gonzales De manera equivalente a los alegatos de la defensa del señor Herrera Carballo, las peticionarias FERRERA TURCIOS y MONTOYA, han censurado la forma en la que cual han sido apreciados los elementos probatorios aportados en audiencia inicial, no obstante, las recurrentes han hecho hincapié en el hecho que con el acervo probatorio presentado en el proceso, la imputación de su defendida no tiene sustento, por cuanto no se ha logrado determinar con precisión el acuerdo colusorio necesario para verificar la intervención del cooperador necesario en el delito.-Sobre este punto la Sala asiente que, para estimar la participación del cooperador necesario en un hecho delictivo ha de constatarse lo que la doctrina ha designado como el “acuerdo previo para delinquir” también denominado pactum scaeleris y esto es así porque la cooperación en el delito requiere de la concurrencia de personas ajenas a él, que—como hemos dicho ya— no son consideradas autores en el concepto jurídico más puro de la teoría general, pero a quienes la ley equipara como tales[7].- XXVI. Del examen de la imputación impetrada contra la señora Noriega Gonzales se logra establecer que su condición de extraneus en el delito de fraude se derivó, según el Ministerio Público, de su relación de amistad y de socia de la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, lo que le valió para recibir los cheques presentados como evidencia, sin embargo, a criterio de esta Sala, del fallo emitido por la Alzada no logra determinarse con la debida precisión cómo la evidencia aportada en el proceso acredita el acuerdo previo para delinquir o la colusión que afirma la defensa, el fallo tampoco logra establecer ni la actividad adyacente, necesaria o imprescindible que realizó o debía realizar la imputada Noriega Gonzales para la producción del resultado típico que se exige para considerar la participación del cooperador necesario en el delito.-Cierto es que la Alzada refiere, a grandes rasgos, que para la valoración del acuerdo colusorio se ha seguido la doctrina de la “prueba de indicios del acuerdo colusorio” pero más allá de citar su conceptualización y referencia, omite establecer cómo los indicios citados en su fallo, en su mayoría actividades financieras, constituyen un acuerdo de la señora Noriega Gonzales con los coimputados para la comisión del delito objeto de la acción, o cual fue esa participación imprescindible para el desarrollo del delito en la forma en la cual fue ejecutado.- Como lo sostienen con buen criterio las amparistas, la Alzada parece haber equiparado la afinidad política de la imputada y su relación comercial con la coimputada Carol Vanessa Alvarado Izaguirre como indicios de participación en el hecho y a la vez como una cooperación sin la cual el hecho no se habría llevado a cabo, una conclusión muy discutible para esta Sala, dados los razonamientos de la Alzada y la evidencia que fue conocida en el proceso, la cual, según considera esta Sala resulta insuficiente para sostener la imputación de la señora Noriega Gonzales, así como para intuir la probable existencia de un acuerdo para delinquir, como exigencia de la conducta del cooperador necesario en este caso, como también resultan escasas las consideraciones del Tribunal de Alzada en este respecto.-XXVII.- Hemos dicho ya que la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito—y en todo caso los indicios de participación—es posible pero está limitada a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, cuando la decisión judicial en torno a ello ha resultado de arbitrariedad, error o defecto en la valoración de la prueba o en la aplicación de las normas, irrazonabilidad o incoherencia en la motivación y/o desafuero a los principios que rigen el proceso.- XXVIII.- Reiterando también nuestros previos razonamientos, hemos dicho que la decisión de la justicia constitucional con respecto a aspectos relacionados con la valoración probatoria (en este caso relativas a las exigencias legales para dictar un auto de formal procesamiento) debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.- XXIX.- En el caso referente a la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzalez la Sala no logra advertir que de las consideraciones que ha plasmado en su fallo el Tribunal de Alzada pueda establecerse que la prueba de cargo presentada en la audiencia inicial y apreciada por la jurisdicción ordinaria en el proceso penal que es objeto de examen, pueda conducir razonablemente a que existió un acuerdo colusorio previo en el que haya intervenido la señora Noriega Gonzales para defraudar al Estado de Honduras y tampoco encuentra que con dicha prueba haya logrado establecerse con la debida precisión la actividad adyacente, imprescindible y/o necesaria realizada por la señora Noriega Gonzales para la producción del resultado delictivo propuesto, ni su contribución al delito como supuesta cooperadora necesaria.-Siendo así, esta Sala concluye que en el caso específico de la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales, la resolución objeto de la acción de amparo que se conoce no satisface los requerimientos de razonabilidad que exige el derecho a una tutela judicial efectiva, por cuanto se ha logrado discernir por parte de esta Sala que las consideraciones expuestas por el Tribunal de Alzada en su fallo no logran establecer la existencia de una mínima actividad probatoria que, cualitativamente pueda conducir razonablemente a que existió un acuerdo colusorio previo en el que haya intervenido la señora Noriega Gonzales para defraudar al Estado de Honduras y tampoco encuentra que la sentencia emitida por la Alzada haya determinado en forma concreta cual fue la actividad realizada por la señora Noriega Gonzales que de manera necesaria e imprescindible contribuyó a la producción del resultado delictivo propuesto.- La Sala advierte entonces que la Alzada ha obviando preceptos legales constitucionales de obligatorio acatamiento, omitiendo garantizar el derecho a un debido proceso legal a la referida imputada, incumpliendo con parte de las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, que incluye el deber que tienen los órganos jurisdiccionales de que todas sus decisiones sean dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo. Consecuentemente esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por las recurrentes, a favor de la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales, y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: DENEGAR la acción de amparo promovida por el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, a favor de la señora Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Registro No.1051-2020); SEGUNDO: DENEGAR la acción de amparo presentada por el Abogado Jacobo Cálix Hernández, a favor del señor Harbis Edulfo Herrera Carballo (Registro No.1130-2020); y, TERCERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por las Abogadas Danelia Ferrera Turcios y Nolvia Judith Montoya, a favor de la señora Claudia Yamilia Noriega Gonzales (Registro No.1151-2020); TODAS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de octubre de dos mil veinte, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra las siguientes personas: 1. Juan Ramón Maradiaga Franco, por considerarlo Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 2. David Eduardo Ortiz Hawit, por considerarlo Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública; y coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.3.Elmer Jeovanny Ordoñez Espinal (Control Interno), por considerarlo Autor de treinta y nueves (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 4. Gonzalo Molina Solórzano (Proveeduría) por considerarlo Autor de treinta y nueve (39) delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública y Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 5. Carlos Josué Romero Puerto (Coordinador Proyecto PRAF-BANADESA) por considerarlo Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. 6. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Extraneus) por considerarla Cómplice necesario de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública; Autor de un (1) delito de Fraude, en perjuicio del Patrimonio del Estado de Honduras, un (1) delito de Usurpación de Funciones, en perjuicio de la Administración Pública y de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. 7. Claudia Yamila Noriega González, a título de Coautor de cuarenta y tres (43) delitos de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública. 8. Harbis Edulfo Herrera Carballo: (Gerente Administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo responsable a título de Autor de un (1) delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- WALTER RAUL MIRANDA SABIO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1051, 1130 y 1151-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Del Código Penal de 1985
[2] Ídem
[3] Del Código Penal de 1985
[4] El Artículo 28 CP español refiere que serán considerados autores los que cooperan a la ejecución [del hecho] con un acto sin el cual no se habría efectuado
[5] ROXIN en su obra “Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal” señala que: “…Fue HEGLER el primero que empleó en Derecho penal la expresión "dominio del hecho". En su monografía de 1915 sobre Los elementos del delito ^ introduce en numerosos lugares ^ el término "dominio del hecho" o "dominio sobre el hecho" como concepto básico de la sistemática del Derecho penal. Pero HEGLER aún no anuda a esta palabra el contenido que hoy tiene. Bien es verdad que considera ya el dominio del hecho como elemento de la figura del autor o, más exactamente, del sujeto del delito, pero lo entiende referido sólo a los requisitos materiales de la culpabilidad jurídico-penal, o sea, imputabilidad, dolo e imprudencia, así como la ausencia de causas de exculpación. Según HEGLER ^, actúa culpablemente sólo el que tiene en este sentido "pleno dominio del hecho", esto es, quien como autor imputable y no coaccionado ha sido "señor del hecho en su concreta manifestación" "*. También atribuye tal dominio del hecho al autor imprudente, donde consistiría en la «falta de la voluntad de evitar el hecho tal como es, aun cuando era de esperar tal repercusión» …”.
Roxin refiere que para determinar la autoría es necesario, no solo estudiar la teoría del dominio del hecho —al que define como el dominio de la acción final que dará el resultado típico—, sino también, analizar los delitos de infracción de deber, ya que, después de todo, el intraneus es quien ha obtenido una obligación moral o institucional y, por ende, el extraneus no puede considerarse como autor o coautor, toda vez que en estricto sentido y tomando en cuenta la teoría del dominio del hecho, él es quien domina la acción final y sería suficiente para ser autor; sin embargo, no ostenta esa obligación de custodiar un deber.
[6] Principio penal universalmente aceptado que constituye una excepción a la irretroactividad de la ley pudiendo aplicarse únicamente cuando la ley penal favorezca al reo.
Sobre este principio Cerezo Mir refirió con acierto que “...no son únicamente razones de humanidad las que sirven de fundamento al principio de retroactividad de las leyes penales favorables. La aplicación de la nueva pena más leve es justa y la de la pena más severa de la ley derogada, innecesaria...”. (en su Curso de Derecho Penal Español. Parte General 2006)
[7] “Cooperador necesario en los delitos contra la Hacienda pública: especial referencia al asesor fiscal”. Iberley